Un año después de la tragedia del 5 de junio de 2009 en Bagua, en la que murieron 34 personas –25 policías y 9 indígenas–, es un momento oportuno para evaluar lo ocurrido con la perspectiva de que ayude a entender la profundidad de la naturaleza del problema en lugar de las versiones interesadas que quieren poner toda la responsabilidad en el dirigente amazónico Alberto Pizango.

El legislador Guido Lombardi (UN), presidente de la comisión que investigó los luctuosos sucesos ocurridos en Bagua el 5 de junio del 2009 y que dejaron 34 personas fallecidas, halló responsabilidad política en las ex ministras del Interior y Comercio Exterior, Mercedes Cabanillas y Mercedes Aráoz, respectivamente, así como en el ex primer ministro Yehude Simon.

24 de mayo, 2010.- La gran mayoría de peruanos y peruanas fuimos interpelados por los acontecimientos del 05 de junio 2009, en la Curva del Diablo, cerca de Bagua en el norte del país. Después de un año del “Baguazo”, seguimos constatando la insensibilidad del Gobierno y de la clase política, ante la situación de nuestros hermanos amazónicos. Esta indiferencia sucede también en el campo educativo. La interculturalidad ha sido formalmente aceptada en el sector, pero su aplicación es muy relativa y lenta. Importa revitalizar la Educación Intercultural Bilingüe (EIB).

Servindi, 3 de agosto, 2009.- El ministro peruano de Justicia, Aurelio Pastor, responsabilizó a los pobladores indígenas y mestizos por la muerte de las 34 personas el pasado 5 de junio, en la ciudad de Bagua (Amazonas). (Imagen: riojaperu)

Así lo hizo durante su exposición ante el Comité contra la Discriminación Racial de las Naciones Unidas (CERD-ONU), en la ciudad de Ginebra, lugar al que fue citado para defender al gobierno peruano sobre las denuncias de discriminación.

“La verdad no se dijo como debió decirse. En la muerte de esas personas, 23 de los cuales eran policías, intervinieron indígenas y mestizos y otras personas, alentados por grupos extremistas”, manifestó el nuevo ministro aprista.

Aunque para el gobierno sea lo que menos importe, lo primero que se debe señalar es la tragedia histórica y ética moral que ha significado la torpe recuperación de la carretera Fernando Belaúnde Terry el día de ayer. Esto va a tener consecuencias para el gobierno y me refiero tanto a la muerte de los policías como de la población indígena o no, los heridos y detenidos, la balacera y el escenario de guerra que nos transmitieron las radioemisoras, los periodistas y el personal de los hospitales de Bagua y Utcubamba.

Lo primero que debe entenderse sobre lo que ayer pasó, es que lo realizado no ha sido sólo una decisión práctica, un conjunto de acciones tácticas tomadas por un grupo de técnicos del despeje de vías, como ha presentado a la PNP la Ministra Cabanillas.

La protesta indígena era una medida –pacífica- de presión para que el gobierno derogue un paquete de D.L. reñidos con el derecho e inconstitucionales. Los representantes del gobierno nunca se molestaron en deslindar que lo que habían hecho con los D.L. era ilegal, pues lo importante para ellos es que eran populares.

Con relativa facilidad se le ha vendido a la mayoría de peruanos que estos decretos fomentarían el desarrollo de nuestro país. Ha sido fácil pues forma parte de nuestro subconsciente histórico creer que tenemos ricas montañas, hermosas tierras, cumbres nevadas, risueñas playas, ríos, quebradas y otras melodías que desaprovechamos.

La Nación llora a sus muertos. A sus hijos amazónicos ancestrales que han muerto defendiendo el Estado de derecho y la constitucionalidad al exigir la derogatoria de leyes inconstitucionales que afectan sus derechos. A sus hijos uniformados, los policías, que han fallecido en el ejercicio de su deber cumpliendo decisiones políticas erradas.

La responsabilidad política es del gobierno, crecientemente incapaz de ejercer con mínimos de eficiencia la gobernanza democrática. No se defiende el orden público ni el principio de autoridad disparando bombas lacrimógenas, desde un helicóptero, a miles de indígenas que protestaban para que el gobierno respete la Constitución y los tratados internacionales, que son leyes internas. Un acto violento, innecesario y temerario, en contra de quienes exigían legalidad, produjo el estallido del conflicto.

Escindido y excluyente, el Perú volvió a estallar. La orden de García y su gabinete de desalojar ?a sangre y fuego? a los nativos que ocupaban Corral Quemado y las zonas aledañas de la carretera Fernando Belaunde desató una cruenta ola de violencia. Tropa de choque, vehículos blindados y helicópteros, que lanzaban lacrimógenas y tiros, encendieron el fuego. Rápidamente corrió de los caseríos a Utcubamba y Bagua Chica, hasta la estación de bombeo # 6, donde 38 policías estaban retenidos. El balance es incierto, pues los cadáveres habrían sido echados al río, pero sabemos que decenas de nativos, civiles y policías han muerto, sus familias los lloran sin poder recuperarlos, y viejas cicatrices se reabren.

Cual cruzado medieval contra los infieles, García decidió poner fin a la demanda indígena que ?con gran firmeza? enfrenta su plan de lotizar la Amazonía a favor de grandes extractores de materias primas y avasallar los derechos de las comunidades y al medioambiente.