El día de hoy, lunes 28 de mayo, como es de conocimiento la conflictividad social se acrecentó en la provincia de Espinar.

Un equipo de la Vicaria de Solidaridad de Sicuani, integrado por Maritza Quispe Mamani (abogada), Wilmer Quiroz Calli (abogado), Jaime Cesar Borda Pari (coordinador del área cuidado de los bienes de la creación) y Romualdo Ttito Pinto (chofer), se encontraban en la provincia de Espinar, invocando a la población que el Fiscal sea liberado, basando ello en el rol que debía cumplir. Finalmente la población dejó libre al Fiscal, y a la vez se exigía garanticen la
vida de campesinos detenidos y posibles maltratos en el interior del Campamento minero Tintaya Marquiri y Antapacay adonde habían sido trasladados. El fiscal, Dr. Hector Herrera, solicitó el apoyo de la Vicaria, pidiendo desplazarse a dichos lugares en la camioneta de la Vicaria de Sicuani, para ello y ha pedido de la población se sumó en la comitiva de la Vicaría Sergio Huamani (Vice Pdte del Frente Único de los Intereses de Espinar - FUDIE)

Servindi, 17 de mayo, 2012.- El último reporte de conflictos sociales elaborado por la Defensoría del Pueblo, que corresponde al mes de abril, registró 11 nuevos conflictos sociales sumando un total de 243. Desde que se instaló el nuevo Gobierno el total de conflictos sociales se ha incrementado en 29.

Desde hace algunos años, los conflictos sociales por temas mineros se han convertido en un problema muy difícil de afrontar para los gobiernos de turno que se han visto enfrentados a organizaciones sociales y poblaciones que rechazan un determinado proyecto, principalmente por los daños que éstos ocasionarían al medio ambiente.

¿Qué relaciones pueden mantener entre sí los conflictos más agudos o de más impacto? La lista canónica de la Defensoría del Pueblo no elabora acerca de posibles nexos entre conflictos. Desde el inicio asumió que ese no es su papel, y prefirió presentar los conflictos aislados, del mismo modo que lo hacen los medios: un conflicto, una noticia.

Servindi, 28 de marzo, 2012.- El Avatar verdadero es un trabajo documental de 45 minutos sobre la situación de los pueblos indígenas, los recursos naturales y la explotación de hidrocarburos y minerales en la amazonía peruana, dirigida por el científico y documentalista canadiense David Suzuki.

El último informe de la Defensoría del Pueblo reveló que entre enero del 2006 y setiembre del 2011 se registraron 195 muertos y 2 312 heridos entre manifestantes y fuerzas del orden, producto de los actos violentos durante los conflictos sociales en el país.

18 de enero, 2012.- “Cuando exista incompatibilidad entre una norma constitucional y otra de inferior jerarquía, el Juez debe preferir la primera, siempre que ello sea relevante para resolver la controversia y no sea posible obtener una interpretación conforme a la Constitución. Los Jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de acción popular. Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional”. Esta norma sobre control difuso de constitucionalidad se encuentra en el Código Procesal Constitucional peruano (art. VI). Es el término de referencia de una pregunta que se me formula desde Perú acerca de la posibilidad de que la jurisdicción indígena ejerza tal control de constitucionalidad. La sugerencia se efectúa expresamente en el contexto de los avatares actuales sobre la reglamentación del derecho de consulta.

Servindi, 14 de diciembre, 2011.- En el último reporte de la Defensoría del Pueblo sobre conflictos sociales para el mes de noviembre se registraron 220 conflictos sociales, 6 más que en el mes de octubre.

El gobierno central ha cambiado de ministros y previamente declaró el Estado de Emergencia en cuatro provincias de la región de Cajamarca, ante el fracaso del diálogo directo entre autoridades y dirigentes, y el temor por el acrecentamiento de las protestas contra el proyecto minero Conga.