Servindi, 18 de abril, 2012.- El secretario de Desarrollo Social y Humano (Sedeso) del Estado de Oaxaca, Gerardo Albino González, aceptó que en los 172 municipios de su jurisdicción hay poco más de 900 mil indígenas en riesgo de sufrir algún problema de emergencia alimentaria.

Treinta mil niños muertos de hambre o desnutrición en tres meses. Más de tres millones de personas en riesgo de desfallecer, y fallecer, de inanición. Cientos de miles de desplazados. Una tasa de infección del cólera del 60 %. No se preocupe, es África. Peor aún: es Somalia, un país cementerio, dejado al garete del desprecio y la vileza humana.

Desde que el presidente Ollanta Humala anunció la creación de un ministerio de desarrollo e inclusión social, muchos ‘pobretólogos’ (término que algunos utilizan para referirse a los expertos en pobreza y políticas sociales) empezaron a preguntarse y transparentar sus dudas sobre si realmente era necesario crear un nuevo ministerio (y, por ende, más burocracia) dedicado a mejorar la eficiencia de los programas sociales en el país.

19 de marzo, 2011.- Es un hito en nuestra historia saber que el pasado 9 de febrero el pleno de la LIX Legislatura del Congreso aprobó, sin ninguna objeción, la “Ley de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero”. La clara fundamentación y la incuestionable exposición de motivos que presentó Victoriano Wences Real, propició su adopción por unanimidad. Esta Ley entrará en vigor al siguiente día que el Titular del Poder Ejecutivo lo publique en el Diario Oficial. Es preocupante que antes, durante y después de la aprobación de la Ley, no hubo voces indígenas que discreparan sobre dicha legislación. También estuvo ausente la postura de alguna instancia gubernamental para prevenir o alertar sobre las “ventajas” o “desventajas” de la Ley Indígena.

Una de las combinaciones socialmente más explosivas que existe es la de bajos ingresos con escasa producción de alimentos. En el último semestre de 2010 los alimentos, a nivel mundial, aumentaron sus precios en un 32%. Si tenemos en cuenta que son al menos ochenta los países pobres que no producen lo suficiente para alimentar adecuadamente a su población, concluiremos que se está incubando un estallido social cuyas primeras manifestaciones se han producido en el norte de África y en el Medio Oriente.

Esa frase pertenece a mi abuela italiana, quien solía repetírnosla a menudo. Supongo que muchísimas otras personas, que venían de vivir experiencias de hambre y pobreza, decían exactamente lo mismo.

Hoy, aquel viejo clamor comienza a sonar fuerte en los no siempre atentos oídos de los gobernantes. Un viejo estudio hecho en Francia revela que todas las asonadas populares que precedieron a la Revolución de 1789 y otros que ocurrieron después, estaban en relación directa con el precio del pan: cuando excedía una determinada cifra la gente salía a la calle y hacía tambalear al gobierno de turno.

Nuevamente se están incrementando los precios internacionales de los alimentos. A causa de ello hoy hay 44 millones de personas –estima el Banco Mundial– que se suman al inmenso ejército de más de mil millones de pobres extremos en el mundo. El precio internacional del trigo se triplicó entre junio del 2010 y enero del 2011, y el del maíz creció en un 73%. También subieron los precios del azúcar, aceites comestibles y, en menor medida, el arroz. Aún no se han medido los impactos de este fenómeno en el Perú, pero según el ministro de Agricultura, Rafael Quevedo, los precios internos en el país no se elevarán pues “solo tres productos internacionales: el trigo, el maíz y la soya tienen influencia en el mercado local [y] el resto de alimentos que se consumen en el país son producidos por los agricultores de las diferentes regiones.”

La seguridad alimentaria en el Perú es una cuestión crítica por sus implicancias económicas y sociales. En un país donde la cuarta parte de los niños menores de 5 años padecen de desnutrición crónica y un tercio de la población total padece de algún tipo de déficit calórico; pues no ingieren alimentos suficientes para reponer las calorías que pierden; el acceso a los alimentos debería ser una cuestión prioritaria para nuestras políticas de estado.

Lo anterior tiene relación con el proceso de globalización en que esta inmerso el Perú y lo que ello implica en términos de desarrollo rural, sostenibilidad del agro y, especialmente, de acceso a alimentos, considerando el impacto que podría tener una crisis global de alimentos, tal como sucedió en el 2007-2008, cuando se dio un alza generalizada de precios internacionales, lo que repercutió severamente en la inflación doméstica en el Perú. Así, los recientes incrementos en el precio del trigo y otros alimentos básicos en los mercados internacionales, nuevamente ponen sobre el tapete el tema de la seguridad alimentaria.