Los conflictos a nivel social, interpersonal o intrapsíquico son una dimensión esencial de la existencia. La manera en que los resolvamos o nos entrampemos define nuestro funcionamiento como individuos o colectividad. De ese desempeño depende, en gran medida, que avancemos, retrocedamos o nos estanquemos. Ya sea una discusión de pareja, entre padres e hijos, socios, políticos o en La Parada, en todos estos casos nos encontramos con intereses contrapuestos, asociados a afectos más o menos enconados o violentos. Mientras que los casos individuales pueden en la medida de lo posible ser tramitados solo por los involucrados, cuando se ingresa en el ámbito social requerimos de la presencia del Estado para que actúe como árbitro, de acuerdo con el imperio de la ley. Es ahí que solemos perder pie.

Uno de los obstáculos con los que nos enfrentamos es que entre nosotros los derechos suelen hacerse valer solo cuando están asociados a un poder que los confirme. La ley no es suficiente. Así, el poder económico a menudo dirime los enfrentamientos. En La Parada, por ejemplo, los comerciantes que se negaban a abandonar ese mercado insalubre y trufado de ilegalidad pagaron cien soles a “milicias” delincuenciales para impedir la labor de la policía. Esto trajo las terribles consecuencias que sabemos, rápidamente subsanadas, felizmente.

Ya que hablamos de la policía, pensemos un instante en ella. En La Parada muchos estuvimos de su parte, entendiendo que su labor era en pro del bien común y en contra de grupos de interés privado, obsoletos e informales. Lo mismo podría decirse cuando enfrenta a los mineros informales en Madre de Dios o a quienes toman carreteras. Pero en Conga la evaluación es más confusa, dividida. Quienes se oponían al proyecto minero no eran delincuentes o comerciantes inescrupulosos sino un sector considerable de la población cajamarquina, más allá de la opinión que uno tenga acerca de sus dirigentes.

Mientras que en La Parada nos hemos conmovido profundamente con el maltrato del agente masacrado en el suelo, en Cajamarca nos causó repudio el abuso de los uniformados. En donde constatamos que el Estado no ha adquirido el nivel de autonomía que le permite –y obliga a– actuar como un eficaz dirimente entre las partes, de acuerdo con las reglas del derecho. Afortunadamente el presidente Humala (que él deba intervenir es elocuente) no tardó en comprender que la terrible chapuza del jueves dejaba al gobierno –no solo al municipio y la policía– mal parado y era urgente restablecer el principio de autoridad. Pero es obvio que en Conga sus marchas y contramarchas contribuyeron a la actual situación de estancamiento.

La resolución de los conflictos no es responsabilidad exclusiva de las autoridades. Quienes se alegraron con el fracaso del jueves pretenden dejar al Perú en esa condición escindida, en la que unos retrógrados o corruptos se benefician del caos en las márgenes de la sociedad: para ellos la ley es solo una herramienta más de su dominio, no la fuerza que nos organiza y equipara a todos.