5 de setiembre, 2012.- La situación de los derechos de las mujeres indígenas en América Latina se encuentra condicionada por un problema fundamental y estructural: los pueblos indígenas no somos considerados sujetos de derechos y esto lo podemos evidenciar en los diferentes procesos de implementación de los mecanismos de consulta que se están dando en la región al amparo del Convenio Nro. 169 de la OIT.Un rápido análisis de este proceso nos muestra que los pueblos indígenas somos considerados un obstáculo para los modelos de desarrollo basados en el extractivismo, que se vienen practicando desde siempre, pero que en las últimas décadas han cobrado un nuevo impulso que ha encontrado resistencia en los procesos organizativos y de autoafirmación indígenas.

Ello nos lleva a pensar que se cierra un ciclo y se inicia otro en la última década como fruto de la incidencia de las organizaciones indígenas -en especial las mujeres indígenas- en el ámbito internacional que se traduce en una apropiación de los mecanismos internacionales a partir de nuestras lógicas, necesidades y problemática iniciándose procesos de afirmación de derechos.

La situación de los derechos de las mujeres indígenas no puede ser entendida fuera de este marco, a diferencia de la noción de derechos individuales, los derechos colectivos exigen del entrecruzamiento de varios factores que dependen unos de otros por ejemplo el de territorio, lengua y cultura o el de salud, identidad y género etc.

Pese a que la región no ha experimentado dramáticamente los embates de la crisis económica en sus cifras macroeconómicas, esto no se ha traducido en la mejora de las condiciones sociales y económicas de los pueblos indígenas, de cuyos territorios en gran medida procede la riqueza que está manteniendo las economías de la región.

La violencia contra la mujer también tiene rostro indígena, y la invisibilidad es una de sus dimensiones, pues se tiende a abordar la problemática de la mujer indígena circunscrito a espacios rurales aislados. Los pueblos indígenas desde siempre hemos demostrado una alta movilidad geográfica, y en las últimas décadas los cinturones que se han fortalecido en torno alas grandes urbes son esencialmente indígenas y son donde se presentan altos índices de criminalidad y violencia puesta de manifiesto muchas veces en suicidios.

En este sentido la construcción de procesos de ejercicios de derechos comienza a mediados de la década de los 90´ cuando las mujeres indígenas y afrodescendientes coincidimos en condenar el racismo y la discriminación y denunciar las múltiples formas de violencia contra las mujeres indígenas que no se reducía únicamente al ámbito de los sexual y lo doméstico, si no que se ramificaba en muchas otras más que tienen que ver precisamente con nuestra condición de pueblos.

De parte de los Estados e hay avances al haber suscrito tratados y convenios referidos a los derechos de los pueblos indígenas y al conformarse dentro de sus respectivos gobiernos diferentes instancias referidas a mujeres. No obstante, ponemos estos avances en condicional, pues como vienen mostrando diferentes organismos y nuestra práctica diaria, la implementación de políticas estructurales se dan de cara con escases presupuestal, ajustes estructurales de acuerdo a las agendas de los organismos internacionales y en muchos casos el ampararse en indicadores macro como sucedió en países como Perú que llevaron a la esterilización inconsulta de cientos de mujeres indígenas dentro de las políticas de control natal y de lucha contra la pobreza, crímenes que aún están pendientes de juzgamiento en el fuero internacional.

El principal avance en el proceso de ejercicio de nuestros derechos es una creciente organicidad del movimiento de mujeres indígenas y su traducción en redes que trascienden lo nacional, configurándose en diferentes instancias de incidencia y participación en el ámbito internacional.

De esta manera podemos decir que los principales obstáculos se encuentran al interior de nuestros Estados, principalmente al intentar transformar las imágenes y estereotipos que pesan sobre los pueblos indígenas y las mujeres indígenas, el avance de la agroindustria a costa de nuestros territorios, la erosión de las variedades genéticas de nuestra biodiversidad por una parte y por otra la presencia de empresas extractivas que generan violencia, transformación de patrones culturales, explotación sexual entre otros.

Desde el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA) y el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI) ha sido preocupación fundamental el de la violencia y sus ramificaciones. Entre ellas, la creciente militarización de nuestros territorios; por el desplazamiento y arrinconamiento interno que sufren nuestras comunidades ente la implantación de megaproyectos; por los conflictos armados; por la intolerancia religiosa y política y por el saqueo de nuestros recursos naturales, conocimientos y saberes.

Las mujeres indígenas venimos construyendo espacios de intercambio y sanación espiritual y física, recuperando y construyendo nuestro derecho a la felicidad sin perder de vista que nuestras luchas son las de nuestros pueblos y la de la sociedad en su conjunto, nada – desde nuestra concepción- está separado, todo es interdependiente y es por esta razón que las soluciones parte desde nosotras pero para el conjunto de toda la humanidad.