En estos días en Colombia, más precisamente en Santander, organizaciones representativas de ese departamento Colombiano demandan que el gobierno, a través del ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, no otorgue licencia ambiental al proyecto de explotación Angostura que está ubicado en el Páramo de Santurbán, considerado la fábrica de agua por los habitantes del departamento. De aprobarse la licencia social para Angostura, sería además el primer proyecto a tajo abierto en ese país.

El caso no hace sino recordar el caso del Proyecto Majaz, luego conocido como Río Blanco, en Perú, igualmente ubicado en una zona de Páramo, que produjo una activa protesta de las poblaciones asentadas en su área de influencia. Este proyecto fue la razón de que se en Piura estallara uno de los conflictos más agudos de los últimos años en el país, con el saldo de varias personas muertas, dirigentes denunciados judicialmente y una denuncia en la corte británica contra la empresa por violación de derechos humanos.

Las razones para cuestionar el proyecto, actualmente en manos del consorcio chino Zijin, coinciden con las preocupaciones santandereanas, respecto al impacto que tendría la actividad minera en el ecosistema y en el recurso hídrico conservado en lo que en Piura se denominan “esponjas” de agua.

El Páramo es un ecosistema que se extiende en forma discontinua desde el norte del Perú (Cajamarca y Piura), Ecuador, Colombia hasta Venezuela, y tiene mucha importancia porque uno de sus principales servicios es suministrar agua confiable para uso urbano, para la agricultura y la industria. Según los especialistas, ciudades como Quito y Bogotá y Piura en el Perú, dependen del agua de este ecosistema.

Los impactos negativos en los Páramos son producidos por la agricultura desde hace muchos años. Sin embargo su conservación es una demanda que cobra cada vez mayor importancia y genera mayor atención ciudadana en la medida que la inversión minera presiona en los países andinos por el incremento del territorio destinado a esta actividad y porque existe una creciente sensibilidad respecto de las consecuencias de larga duración que puede tener en estos ecosistemas frágiles.

Situaciones como las de Santander y las provincias piuranas de Huancabamba y Ayabaca muestran la existencia de un serio desconocimiento de los servicios que cumplen determinados ecosistemas y de la necesidad que los Estados asuman la responsabilidad de superar esta debilidad y se hagan responsables, con participación de las comunidades, de su conservación.