El enorme valor económico y estratégico que ahora poseen el agua, la energía, la biodiversidad y las tierras para la economía mundial, riqueza que en el caso de América Latina está ubicada principalmente en la cuenca amazónica, ha puesto en grave riesgo la supervivencia de millones de pobladores indígenas en cuyos territorios están esos recursos que las multinacionales se apoderan a saco partido con la complicidad de los gobiernos.

Gobiernos como el de Alan García en el Perú. Que privilegian y anteponen el interés del gran capital por encima de los intereses de los pobladores indígenas y del país. La secuestrada Ley de Consulta, el intento de aprobar la Ley Forestal y de Fauna 4141 contraviniendo el Convenio 169 y los últimos Decretos de Urgencia son sólo algunas pruebas irrefutables de que el gobierno de Alan García pasará a la historia como uno de los gobiernos más antiindígenas y entreguistas de nuestra historia.

Sin embargo, de los sesenta millones de pobladores indígenas de América Latina, sin duda el millón y medio de habitantes originarios de Colombia son los que viven o sobreviven en las condiciones y situaciones más trágicas.

Quien me revela hechos y testimonios de esta tragedia es Gabriel Muyuy Jacanemejoy, ex vicepresidente de la Organización Indígena de Colombia (ONIC), Senador de la República en dos períodos, consultor de ACNUR y Defensor de los Pueblos Indígenas, en un reciente encuentro en Nueva York, en ocasión de una reunión en las Naciones Unidas.

De acuerdo al líder indígena, de los cuatro millones de desplazados Colombianos como consecuencia de la guerra interna, el 12 por ciento son indígenas, es decir, 50 mil habitantes. Los dos períodos de gobierno de Álvaro Uribe, de acuerdo a Muyuy, han sido los peores para los pueblos indígenas: se expidieron normas de criminalización de la protesta y la resistencia, muchos crímenes cometidos contra pobladores originarios, algunos de ellos líderes destacados, siguen en la impunidad y las acciones represivas del Estado y su propaganda condenatoria han debilitado la organización indígena.

Las mayores amenazas para los pueblos indígenas tanto en el gobierno de Uribe y ahora de Juan Manuel Santos son, dice Muyuy, la implantación y ejecución de megaproyectos de extracción de la riqueza amazónica y que se superponen a los territorios indígenas y las políticas de estado que alientan esas inversiones sin tener en cuenta la ancestral propiedad indígena de esos territorios. A todo ello se agrega la violencia armada de paramilitares y guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“Toda la población indígena de América Latina sólo recibe el 0.95 por ciento del total del presupuesto de nuestros países y es la población más pobre de nuestro continente. Para cambiar esta situación en Colombia, tenemos que recurrir a la denuncia y la solidaridad nacional e internacional, a las herramientas de la justicia, a las mingas (marchas) y a toda forma de resistencia”, expresa finalmente Gabriel Muyuy Jacanemejoy.