En el Perú, ante unas políticas entreguistas, los intereses corporativos no cejan y se crecen. El Gobierno emite de nuevo decretos que, para la concesiones a empresas, relajan cautelas y garantías, como las de carácter medioambiental, e ignoran por completo obligaciones contraídas mediante tratados internacionales, como las de respeto de derechos indígenas y consulta a los respectivos pueblos, obligaciones que pueden ser afectadas en algunos de los casos contemplados por dichas nuevas medidas.

Afectándoles de pleno, en su labor legislativa, el Congreso, aun con minorías resistentes en su seno, va a la zaga de esas mismas políticas. ¿La historia se repite? Esperemos que no por lo que respecta a la impunidad de quienes siguen impulsando el atropello de derechos humanos como lo sean expresamente para las Naciones Unidas los derechos de los pueblos indígenas.

El Gobierno reincidente se cubre las espaldas granjeándose actitudes cómplices, como del Tribunal Constitucional, o deferentes, como de la Defensoría del Pueblo, en el interior, y prestando buena cara y oídos sordos a instancias de supervisión del exterior, como a la Organización Internacional del Trabajo o al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.