2 de febrero, 2011.- En el norte del departamento del Cauca, en Colombia, está la Cxab Wala Kiwe, que en la lengua de sus pobladores originarios significa “territorio del gran pueblo”. Allí, cien mil indígenas nasas y veinte mil campesinos se unificaron en la misma estructura de gobierno, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), tras décadas de convivencia para resistir a la expropiación territorial perpetrada por los hacendados desde la colonia.

La región resume el conflicto territorial y político del país. Son pocos los miles de hectáreas que les pertenecen hoy legalmente de sus territorios ancestrales en la parte plana: las tierras más productivas, recuperadas los últimos cuarenta años en una historia ininterrumpida de movilización comunitaria masiva que ha sido enfrentada con la represión estatal y paraestatal. Más del 80 por ciento del valle del río Cauca está cubierta por plantaciones de caña de azúcar, con una proporción creciente destinada a producir etanol; y en sólo diez años las áreas entregadas en concesión para explotación petrolera y minera se multiplicaron por diez.

En el resto del país la población indígena vive una problemática similar: dos millones y medio de hectáreas de territorios ancestrales sin legalizar, 530.000 superpuestas por concesiones mineras y tres millones y medio por solicitudes en trámite, siete millones de hectáreas en zonas de exploración y explotación petrolera y crecientes plantaciones forestales de palma aceitera y maderables. La simple superposición de mapas muestra a los pueblos indígenas en riesgo evidente de desterritorialización [1], así como de grave degradación ambiental y de biodiversidad.

Reivindicar su territorio ancestral inquieta a comunidades campesinas no-indígenas que se asentaron en estas zonas e irrita a los grandes propietarios de tierras. A los primeros les proponen consolidar acuerdos interétnicos y de lucha unificada; frente a los segundos la estrategia es la recuperación para liberar la Madre Tierra de las dinámicas del mercado.

Es en torno a la liberación de la Madre Tierra donde se concentra gran parte de la lucha para dar viabilidad a los planes de vida indígenas, basados casi todos en la reconstrucción territorial, la consolidación de gobiernos autónomos y la revitalización de culturas e instituciones ancestrales. Implica recuperar la tierra que hoy está en manos de los terratenientes, muchos de ellos ligados al narcotráfico y el paramilitarismo [2], reapropiarla y distribuirla; cambiarle sus usos para recobrar su capacidad de generar vida; consolidar con ello la soberanía alimentaria y crear las bases para una economía propia.

De ahí se deriva la necesidad de reordenar el territorio nacional para enfrentar el orden territorial corporativo que los últimos años ha hecho del país una inmensa zona franca, y dar paso a las entidades territoriales indígenas previstas en la Constitución, a nuevas formas municipales y a los territorios colectivos afrodescendientes y campesinos. La conclusión es que el proyecto autonómico indígena requiere cambiar la estructura de la propiedad agraria y el ordenamiento territorial.

La reivindicación territorial indígena, junto a los territorios colectivos afros y las zonas que el campesinado pretende convertir en zonas de reserva [3], completa el mapa organizativo y político de uno de los departamentos más dinámicos en Colombia. Aquí han tenido origen reciente la consulta popular contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, las tres movilizaciones políticas más fuertes de protesta social al Gobierno de Uribe Vélez (2002-2010), el Congreso Indígena Popular (2004-2006), la Minga de Resistencia (2008) y el Congreso de los Pueblos (2010).

La Minga de Resistencia nació en medio de esas iniciativas. Es un proceso de movilización y construcción colectiva de agenda política de los sectores populares; y también un ejercicio de poder alternativo: a partir de la experiencia indígena de autonomía territorial, económica y política, otros sectores vieron posible articularla o ampliarla a sus propios escenarios rurales y urbanos, y adoptarla como estrategia de construcción de poder y resistencia al capital, al mercado y a la guerra.

La Minga obtuvo en 2008 mayor receptividad por parte de otras organizaciones sociales, que la habían visto hasta entonces como una dinámica exclusivamente indígena. Se sumaron sectores campesinos, urbanos y de “víctimas del desarrollo” que comparten el enfoque de construcción de poder y resistencia, y un método de acción política que definen como masivo, presencial, directo, deliberante y con inmediata traducción de la política en actos territoriales de gobierno y legislación propia.

La Minga fue consciente desde su conformación de otros procesos parecidos o que debieran converger en un mismo espacio. La consigna “solos no podemos” fue un llamado a la Gran Coalición Democrática, la Convergencia de Movimientos Sociales y la Marcha Patriótica, que también tienen como propósito la articulación popular.

Surgió así la convocatoria del Congreso de los Pueblos, que se realizó entre el 8 y el 12 de octubre pasado. El Congreso juntó a más de 300 organizaciones sociales colombianas y marcó el inicio de una dinámica constituyente a nivel local y regional por todo el país.

De este modo, la inicial agenda de la Minga dio paso a un proceso legislativo popular más amplio. La sesión inaugural adoptó como temas centrales los relacionados con la construcción de poder y economía propios y alternativos, consolidación de los territorios y la soberanía, impulso a una cultura democrática y antipatriarcal, construcción de la paz e integración de los pueblos. Estos temas deberán ser abordados por las organizaciones en el próximo período, en un ejercicio constituyente que incluya a sectores que aún no participan del proceso y, sobre todo, a comunidades no organizadas.

La autonomía indígena, reconstruida en los últimos cuarenta años de lucha, ha devenido en el sustento de un proceso nacional que busca cambiar las estructuras políticas y socio-económicas. La esperanza es que las organizaciones indígenas y sociales involucradas no abandonen el espíritu que guía este ejercicio: construir poder alternativo; resistir al capital, el Estado y la guerra; hacer política de forma masiva, presencial, directa y deliberante; y traducir toda consigna en actos legislativos y de gobierno en el territorio.