Servindi, 21 de agosto, 2009.- Diversos académicos de América Latina, Estados Unidos y Europa manifestaron su indignación por el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) que dejó en libertad a 20 indígenas acusados por el asesinato de 21 mujeres, 15 niños y 9 hombres tzotziles en Acteal.

Los 20 encarcelados fueron liberados, según informó la SCJN, porque “en la mayoría de los casos tanto la integración del cuerpo del delito y la de la responsabilidad penal probada, se basan en la valoración de pruebas obtenidas en forma ilícita”.

Para que un medio probatorio sea admitido es imprescindible que su obtención no sea ilícita o de lo contrario todos sus efectos también son ilícitos y por tanto la prueba se convierte en ineficaz o nula.

A consecuencia de esta mala conducta procesal originada por la violación de derechos procesales de los acusados- que derivó a la resolución de la SCJN, existe el riesgo de que lo ocurrido quede impune.

Al respecto, el representante de la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en México, Alberto Brunori, señaló que “los Estados deben garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación de los daños” de acuerdo a diversos instrumentos internacionales reconocidos para combatir la impunidad.

Los académicos indicaron que “su liberación no se realizó con base en su inocencia probada sino argumentando errores en el proceso”.

“Nos sorprende y nos indigna que este fallo no haya implicado una reposición del procedimiento y una investigación confiable que diera la certeza de que no se está liberando a asesinos”, manifestaron en un comunicado.

Asimismo, manifestaron su preocupación por la seguridad de los familiares de las víctimas y de los testigos presenciales que siguen señalando a los campesinos liberados como responsables de la masacre perpetrada en diciembre de 1997.

En el documento señalaron que “de manera enérgica unimos nuestras voces a las de los sobrevivientes de la masacre de Acteal para denunciar la impunidad que sigue existiendo ante la violencia militar y paramilitar en Chiapas que afecta a los miembros de la Organización Sociedad Civil Las Abejas, a los Zapatistas y a los luchadores sociales en general”.

Finalmente, exigieron que se realice una investigación profunda, confiable sobre el caso Acteal y que se castigue a los responsables intelectuales y materiales de la masacre.

Entre los firmantes del comunicado se encuentran Aída Hernández (México), Xochitl Leyva (Chiapas), Jorge Alonso (México), Mariana Mora (México), Eduardo Restrepo (Colombia), Shannon Speed (EU), Michel Osterweill (EU), Lina Rosa Berrío (Brasil), Marcio D’Olne Campos (Brasil).

Asimismo, Mariano Báez, Mónica Gallegos, Rafael Sandoval, Morna MacLeod, María Bertely, Rocio Salcido, Laura Mateos (México), Maribel Casas (EU), Sebastián Cobarrubias (EU), Marilyn Daza (Perú), Ginna Vargas (Perú), Raphsel Hoetmer (Perú), Axel Koehler (Alemania),Gunther Dietz(Alemania), Melissa Forbis (EU), Dana E. Powell (EU), Mario Blaser (Argentina), María José Araya (Chile) y Charles Hale (EU).

Como se recuerda, el 22 de diciembre de ese año, un grupo armado de alrededor de 100 personas mató a 45 indígenas tzotziles en la zona zapatista de Los Altos de Chiapas: 19 niños, 21 mujeres y 6 hombres.

Los habitantes del poblado denunciaron que su simpatía por la causa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) derivó en que el gobierno organizara grupos paramilitares “para hostigar a la población” y “causar enfrentamientos para justificar el ataque en contra de los zapatistas”.

El gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo, por su parte, difundió que el ataque se suscitó a raíz de disputas entre grupos locales tras la conformación del Concejo Municipal Autónomo de Polhó.