Nadie imaginó llegar al 2020 y celebrar el Día Internacional de la Tierra, enfrentando una pandemia sanitaria mundial; y en cada país, en la búsqueda del bien común, tener que reinventar nuevas políticas públicas para su contención y recuperación de millares de enfermos contagiados y a su vez, superar el luto por otros tantos de fallecidos; pero más aún, confrontar lo que el mismo virus representa en su relación con la salud de nuestro ecosistema en todo el planeta.

En estas circunstancias, tenemos que abogar por que esta celebración internacional sea de mayor sensibilización en el desarrollo sostenible y la salud; y que los gobiernos no tarden en adoptar, por esta amarga experiencia global, nuevas políticas como medidas de Estado, que permita que los nacionales de cada país, puedan conocer la relación de este problema con la biodiversidad y la solución que exige el mismo, en su interrelación con otros países del orbe mundial que requieren de ayuda humanitaria y económica; más allá de no ignorar en este día, otros temas también relevantes como importantes para la convivencia y vida en el planeta, como el mantenimiento de la paz y la defensa de los derechos humanos.

No necesitamos hoy día, de un registro de opinión nacional o internacional, que nos diga la gravedad del problema humanitario que alberga la Tierra y la obligación que tienen las agencias internacionales humanitarias y órganos financieros mundiales para coadyuvar la mitigación urgente y pronta solución a la salud en su relación con el desarrollo sostenible; la realidad lo impone y es evidente sobre cualquier registro estadístico, del que no podrían estar ajenos tampoco la vida silvestre y la naturaleza en general, tanto como la vida humana; por cuyo interés debemos plasmar reformulando políticas públicas, que la Tierra como planeta, no será la misma cuya rotación giraba sobre su eje hasta el 2019 en que acabamos aturdidos viendo los efectos nocivos que dejaba en el aire de del globo terráqueo, los incendios ocurridos en Australia que llegaban hasta Sudamérica y que la Organización Meteorológica Mundial (OMM), calificaba que se había liberado a la atmósfera unas 400 megatoneladas de dióxido de carbono -como nunca antes había ocurrido-, lo que contribuiría al calentamiento global; dejando a su vez destrucción, muerte y un devastador panorama de la vida silvestre y los ecosistemas de Australia, con un fuerte impacto nocivo en la salud.

Lo que ahora atestiguamos no es nada igual. Concordando los datos que registra el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, afirmando que en el mundo emerge, cada 4 meses, una nueva enfermedad infecciosa, cuyo 75% de las mismas, provienen de animales, debemos tener un nuevo enfoque, considerando que el origen y causa del coronavirus COVID-19, aún es un debate científico y académico no finiquitado; pero sin duda, el contacto y la transmisión de enfermedades infecciosas de animales a humanos, es un riesgo que debe cautelarse, observando los cambios inducidos por el hombre en la naturaleza, así como los delitos que alteran la biodiversidad de la Tierra, como la deforestación y tala ilegal, la minería ilegal, el cambio de uso del suelo de miles de hectáreas promoviendo una extendida producción agrícola y ganadera o el progresivo e incontrolable comercio ilegal transnacional de fauna silvestre; todo lo cual debe reformularse como nuevas políticas públicas ambientales, -imperativas-, en relación al desarrollo sostenible del planeta y su íntima relación con la salud humana, animal y ambiental.

A veces, parece que son idealismos y una utopía sin fin, difundir desde la academia y los foros internacionales, pensando que la biodiversidad no sólo ayuda a la naturaleza, sino también a la salud humana; que es indiscutible la presencia de los ecosistemas saludables porque ayudan a la protección de la propagación de enfermedades -como el COVID-19-; y que la existencia de la diversidad de especies en la Tierra, hace más difícil la transmisión de patógenos perniciosos contra la salud humana. Pero, las políticas públicas ambientales, son muchas veces poco eficientes y eficaces, y son más declaraciones líricas de utilidad e interés público, sin practica real; sin entender que las personas dependemos de la biodiversidad en la vida cotidiana, de los bienes y los servicios de los ecosistemas indispensables para proteger la salud humana como el agua dulce, los alimentos, la energía y las fuentes de combustible. Realidad que vemos plasmada hoy en día, pidiendo un permanente lavado de manos para salvar la vida, cuando, millones de poblaciones en el mundo, no tienen agua apta para consumo humano y su angustia es mayor cada hora que pasa.

Desde la última gran conflagración mundial que enfrentó con horror el planeta, en este Día Internacional de la Tierra, nuestra mirada observa con pavor, ansiedad y estremecimiento por igual la pandemia mundial. Nuestro reto, en consecuencia, debería también ser integrar en las políticas públicas ambientales, la ejecución de proyectos y programas promoviendo la biodiversidad de la Tierra, y los que tiene cada país, para promover la investigación médica y farmacológica, contra diversas enfermedades, como el virus COVID-19.  Si no protegemos la biodiversidad de la Tierra, estaremos perdiendo también la posibilidad de poder descubrir sustancias naturales e información genética con innumerables beneficios sanitarios tan necesarios en medio del declive, amenaza y perturbación ambiental que azota la Tierra.

Afinar, como oportunidades de perfeccionamiento de las políticas públicas ambientales, demanda orientar a corto, mediano y largo plazo, una migración más acelerada de combustibles fósiles a energía limpia y de sancionar el pago efectivo de quienes contaminan.  Muchos países, como el caso de Perú, están tomando sus reservas internacionales que es la alcancía de sus contribuyentes reunidas en tres décadas anteriores, con mucho sacrificio y grandes privaciones de su población, en lucha interminable contra la recesión e hiperinflación monetaria de los años 80; consecuentemente, la ayuda económica que otorguen los gobiernos para la recuperación de la pérdida que significa para las economías de las grandes empresas, como las medianas y pequeñas empresas, debe pasar también por incorporar empleos verdes como un desafío mundial que promueva el desarrollo sostenible con inclusión social; aumentando la resiliencia de las sociedades y las personas en el futuro más próximo.

En este Día de la Tierra, nos sumamos a la necesidad de armonizar las políticas publicas ambientales integrando la importancia de la biodiversidad para los humanos, como una constante lucha a favor de nuestro planeta.

(*)   Director Ejecutivo de la Fundación Internacional para la Sostenibilidad Ambiental y Territorial FISAT – Socio Director del Estudio Fernández Jeri Asociados.

(*) Publicado también por FISAT (Cáceres-España / Lima-Perú):  https://bit.ly/3cDjC6J