Todos los economistas expertos nacionales, el propio Poder Ejecutivo del Perú y los analistas internacionales que estudian nuestra realidad económica actual, coinciden en afirmar que, si bien el impacto económico aún no puede ser medible en una economía como la peruana, después de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional como consecuencia del COVID-19 y posterior a ella; la disciplina fiscal, una deuda pública mínima, el respeto a las libertades de inversión económica y la seguridad jurídica nacional de las últimas décadas en el país, entre otros factores, han permitido tener cifras macroeconómicas favorables para confrontar la pandemia a nivel nacional; pero, la recuperación económica post COVID-19, tiene un horizonte incierto todavía.

Al empezar el 2020, las estadísticas del Banco Central de Reserva del Perú determinaron que, en la tasa de crecimiento del PBI de las principales economías de la región latinoamericana, destacaba el Perú con el 2.3%, la segunda más alta, por debajo de Colombia que había alcanzado el 3.2%, a pesar de que la tasa de crecimiento peruana, era menor que los años anteriores. Sin duda, uno de los indicadores de la misma, lo encontramos en la minería metálica, siendo una de las actividades económicas más importantes del Perú, cuyo aporte al Producto Bruto Interno (PBI), es del 10%; pero, si revisamos los análisis de los supuestos para las proyecciones presentadas en el World Economic Outlook (WEO) este mes, por el Fondo Monetario Internacional, nos encontramos con datos que nos presentan una realidad sombría, determinando que después de la primera fase de contención del contagio en la que nos encontramos, la segunda fase de recuperación y estabilización económica, será aún la más difícil y prolongada; máxime, cuando se vaticina que de las  investigaciones y perspectivas de la economía mundial, de los desarrollos y políticas económicas en los países miembros del FMI, así como de los mercados financieros internacionales y del sistema económico global, como efecto de la pandemia global, el PBI del Perú, el presente año 2020, caería en un 4.5%.

En este contexto, evitar una caída más severa, requerirá nuevos escenarios de recuperación económica. En los últimos días, el Gobierno Central, ha tomado importantes medidas para evitar que las empresas determinen una pérdida masiva de sus puestos laborales, que los empleados ya puedan retirar parte de la CTS y los fondos de AFP; pero, requerirá medidas complementarias para lograr su efectividad, sobretodo para los trabajadores informales y los independientes que trabajan para sobrevivir y no tienen acceso a estas medidas.

La minería metálica, no sólo de la gran minería -principalmente- sino también la mediana, pequeña minería y minería artesanal si está formalizada; se presenta como una actividad de utilidad pública y debería declararse como tal, que no obstante la caída del precio internacional de los minerales como el cobre, el Perú tiene como contraparte una minería diversificada y además proyectos mineros importantes retenidos, que debe merecer un equipo de estudio por promover los mismos post COVID-19; más aún, cuando los ingresos fiscales por impuestos de este sector, permite la creación de empleos directos e indirectos y por igual, atrae inversiones nacionales y extranjeras que coadyuvan al crecimiento potencial de la actividad económica del país; por eso, debería ser el primer frente de la reactivación económica del Perú, post COVID-19, mucho más no sólo por su relevancia económica, sino porque según las estadísticas públicas hasta hoy -conjuntamente con el sector hidrocarburos-, son las actividades de más bajo riesgo de trasmisión del COVID-19.

Naturalmente, pensamos en una minería responsable, no sólo como fiel cumplidora frente al erario nacional, sino también con compromiso social, solidaria con la comunidad nacional y respeto del medio ambiente. Después de todo, las empresas formales, conocen perfectamente la demografía de su fuerza laboral, por lo que implementar controles y protocolos con estándares estrictos de salud y aislamiento social para la reactivación de la actividad minera, tanto en los trabajos de campo como en los de relacionamiento comunitario – como el Protocolo de transporte a unidades mineras aprobado recientemente por la Resolución Ministerial Nº 111-2020-MINEM/DM-, deben sumarse con la portabilidad de un pasaporte médico vigente para cada uno de sus trabajadores; y que sería menos difícil implementarlo con relación a otras actividades económicas también necesarias como la manufactura, con el añadido que una operación minera puede mantenerse aislada más tiempo que otras actividades económicas del país; obviamente, su reactivación requerirá además que replanteen su plan de producción –considerando los mayores costos de producción y el precio internacional de metales a la baja y la demanda China (del 70% de exportaciones de cobre) y su recuperación aún incierta-, proyectándose al 2021 y 2022 inclusive; y, una reorientación de las estructuras orgánicas con nuevos modelos de innovación digital en su relación con el Estado.

Estando aún dentro del periodo delegado por el Poder Legislativo, bajo los alcances de la Ley Nº 31011, estimamos que el Poder Ejecutivo seguirá impulsando medidas de promoción e incentivos también a éste sector para su pronta reactivación; pero, que no sólo se vea estímulos en perspectiva de la minería metálica en gran escala, sino también de la pequeña minería y minería artesanal formalizada, donde no es suficiente prorrogar el plazo de los alcances de la Ley N° 31007 que dispuso la reestructuración de la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera  -REINFO-, de personas naturales o personas jurídicas que se encontraban desarrollando actividades de explotación o beneficio en este segmento de minería de menor escala, como lo comprendió además el Decreto Supremo N° 001-2020-EM con sus disposiciones reglamentarias; aquí, es necesario evaluar el proceso de formalización, su efectividad y eficiencia, el costo-beneficio de facultades descentralizadas y proyectar una Unidad Ejecutora Intersectorial a cargo de la PCM, que retome la labor y experticia, con expectativas reales de generar en el mismo segmento, con su promoción y consolidación, un aliado estratégico de la economía nacional; que sumándose al sector privado de gran escala, puede propiciar nuevas estrategias para el sector minería, como primer frente de reactivación económica en las actuales circunstancias que vive el Perú, y como posibles y nuevos escenarios de su crecimiento económico después del Bicentenario de su Independencia Nacional.

Felizmente, quienes dirigen hoy la Nación peruana, conocen perfectamente que existe una relación directa entre el crecimiento de la economía y la reducción de pobreza, y que se requiere reactivar las actividades que más aportan al PBI y no dejar caer la economía peruana a los estimados numéricos de recesión que proyecta el FMI; porque entonces, la pobreza de la población peruana también crecería y su ya ralentizado esfuerzo por recuperarlo de los últimos años sería mucho más difícil.

 

(*)   Director Ejecutivo de la Fundación Internacional para la Sostenibilidad Ambiental y Territorial FISAT – Socio Director del Estudio Fernández Jeri Asociados.

(*) Publicado también por FISAT (Cáceres-España / Lima-Perú): https://bit.ly/35A2dK6

 

 

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