Las diez materias sobre las que el Poder Ejecutivo ha obtenido delegación de facultades para legislar los próximos 45 días y atender la emergencia sanitaria nacional como consecuencia del COVID-19; motiva recordar que no menos del 66 % de la PEA, realiza actividades económicas informales en todo el país; consecuentemente, el plan de acción y estrategia para reactivar la economía del que formarán parte las nuevas leyes, según el pronunciamiento del Presidente de la República, tiene que evaluar cuál es el impacto para este mayoritario sector que lo reclama; entre los que no sólo están aquellos que día a día se procuran un ingreso económico diario de subsistencia; sino también profesionales y técnicos independientes, es decir aquellos ocupados sin beneficios sociales o que trabajan en unidades de producción no registradas, sin seguro de salud, ni aporte alguno a los sistemas pensionarios.

Si bien, acertadamente se están promoviendo medidas normativas que mitiguen los efectos económicos en los sectores más vulnerables de la población nacional y se encuentran en situación de pobreza y de pobreza extrema; no se puede soslayar a los trabajadores informales que, sin los paliativos normativos oportunos a partir de esta delegación de facultades, corren alto riesgo de formar parte, en pocos meses, de la pobrezaurbana.

En el mes de febrero pasado, el INEI a través de su Informe Técnico del Comportamiento de los indicadores de mercado laboral a nivel nacional, determinó que a diciembre del año 2019, existían 24 millones 511 mil 500 personas que tenían edad para desempeñar una actividad económica y que de ese total, 17 millones 830 mil 500 pertenecen a la población económicamente activa (PEA); es decir el 72,7%, en tanto 6 millones 681 mil (27,3%) a la población económicamente no activa (No PEA), integrada por estudiantes, amas de casa, pensionistas o jubilados, rentistas e incapacitados permanentes para trabajar. El mismo informe, precisa que, la población ocupada urbana con empleo informal alcanzó los 8 millones 871 mil 600, con mayor dimensión en la Costa Centro y Costa Norte del país.

Esta realidad, motiva reflexionar en los millones de trabajadores informales, para quienes se establece como una de las alternativas, por ejemplo, realizar el trabajo remoto o dotar a sus hijos de educación virtual; alternativas válidas, que no podrían hacerlo sin pagar los recursos virtuales necesarios para la comunicación digital, como electricidad, telefonía, internet y los colaterales servicios de agua y gas; todos ellos demandan tener recursos económicos inmediatos que ahora se han dispuesto con prioridad a la alimentación.

No será suficiente legislar delegadamente, la suspensión temporal de reglas fiscales y facilidades del pago de las deudas tributarias administradas por la SUNAT o las complementarias en materia de seguridad ciudadana y orden interno para hacer cumplir a una población díscola aún por acatar el aislamiento social obligatorio, o aquellas normas elementales para la protección a los sectores productivos, extractivos y de servicios, tan necesarios.

Es forzoso suspender el pago de los servicios de agua, electricidad, telefonía, internet y gas los próximos 3 meses; y la deuda acumulada por cada usuario, reprogramándola, fraccionarla en doce cuotas mensuales para ser canceladas prorrateadas a partir del cuarto mes, sin moras, intereses o penalidad alguna. Las empresas prestadoras de estos servicios no restarán una merma significativa en sus arcas, como tampoco lo harán las entidades bancarias y financieras, a quienes se debe sumar por igual, la suspensión del pago por 90 días, para quienes así lo soliciten al no poder pagar préstamos financieros, personales, hipotecarios o de vivienda, créditos de consumo y alquileres. Determinación que algunas entidades bancarias así lo han comprendido, en una situación extrema como la que vivimos y ya lo han anticipado a sus clientes; pero se requiere una norma delegada que proteja al usuario y cliente informal de más de 8 millones a nivel nacional como cifró el INEI. Reflexión como ésta, no es ajena para los nuevos legisladores, que también han promovido algunas iniciativas las que, sin duda, seguirían el debate parlamentario tedioso a veces, y cuyo camino de aprobación se acortaría con una ley delegada, rápida y eficaz.

La actividad económica informal, ya se encontraba deteriorada antes, hoy es de una inminente rescisión y crisis, que demanda leyes delegadas que incorporen este sector nacional, que implica acceder a las reservas internacionales si es necesario, antes que el costo social sea irreparable. La interdependencia económica del sector laboral informal, para superar la crisis y reactivar la economía nacional, no puede ser ajena a las nuevas leyes delegadas a expedirse o discriminamos nuestra indolencia para unos y no otros.

(*)   Director Ejecutivo de la Fundación Internacional para la Sostenibilidad Ambiental y Territorial FISAT – Socio Director del Estudio Fernández Jeri Asociados.

(*) Publicado también en el Diario La República (Lima-Perú):  https://bit.ly/2W2N3dd

(*) Publicado también por FISAT (Cáceres-España / Lima-Perú):  https://bit.ly/2SCfhct