Abstract: A reflective analysis of environmental policies in Peru, require a reference to several environmental indicators. In consequence having a general idea about the environmental situation of this country, we will focus in those indicators that are related with the international commitments.

El debate introductorio al tema, dentro del contexto latinoamericano, ya fue analizado por Conte Grand y D ́Elia1 para quienes la política ambiental es uno de los tres pilares del desarrollo sostenible. Análisis, que mantiene aún la hipótesis recogida después de la Conferencia de Estocolmo (Junio, 1972) en el Informe Brundtland2, que ya muy difundidamente hoy, estableció que “…el desarrollo debe responder a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras”(…)3; ambos autores, señalan además que alcanzar este pilar, nos recuerda los compromisos asumidos al adoptarse el denominado “Programa 21”4, conocido también como “Agenda 21”, en la Cumbre de Rio 92.

El Perú, como los demás países de la región, al adoptar estos compromisos, trazaron por igual el diseño de políticas ambientales hacia el desarrollo sostenible; naturalmente, a veinte años de transcurrido esta aceptación política internacional, no existe Estado alguno que haya logrado alcanzar la plenitud de los objetivos de la Agenda 21 y el Perú, tampoco es la excepción.

¿En qué radica entonces la eficiencia o eficacia de los países que han desarrollado algunos objetivos dentro de sus políticas ambientales como Estado?. Pensamos que la respuesta varía según la realidad de cada uno de ellos, que como en el caso del Perú, en el mismo periodo de las dos últimas décadas transcurridas, se ha sometido a cambios económicos y turbulencias políticas que menoscabaron el régimen democrático de gobierno; así como a flagelos sociales que incidieron en su desarrollo, representado por una administración pública con taras de formación, ausencias de dinamismo y cultura organizacional por ejemplo; y en algunos otros casos, gravemente sumido en instrumentos y actores de corrupción dentro del mismo sistema estatal.

Un análisis del documento oficial difundido por el Ministerio del Ambiente, en el mes de junio del año 2012 pasado, como “Perú: Informe País 20 años después de Río 92”5, nos advierte y responde, sobre el desarrollo sostenible que el Estado considera avanzado y logrado, en una aproximación y versión gubernamental muy escueta. Si bien es cierto, después de dos décadas de ajustes y reajustes económicos, no podría negarse los indicadores azules del crecimiento económico del país, con incidencia en la reducción de la pobreza y extrema pobreza; los publicitados avances logrados, no son tan significativos en los indicadores de las dimensiones fundamentales del desarrollo sostenible; aún, el desafío con relación a la “Agenda 21” sigue siendo muy grande y en este extremo se sincera el mismo Informe6, considerando la ejecución de las metas en una realidad heterogénea desde el punto de vista territorial, geográfico, ecosistémico, social, cultural y económico; sumándose a ello, los factores y problemas ambientales globales.

Sinceramiento, que nos retorna a la reflexión primera, para conocer las reales posibilidades que tiene el Estado en el cumplimiento del desarrollo sostenible vinculado desde la “Cumbre de Rio 92”. Como analizan Conte Grand y D ́Elia7, dos son los indicadores elegidos para este análisis, relacionado con la política ambiental: (1) el número de tratados internacionales ratificados por cada uno de los gobiernos; y (2), el número de medidas aplicadas para cumplir las metas de la Agenda 21.

El Perú, en las últimas tres décadas y poco más, se ha adherido a un promedio de quince convenios internacionales, por los cuales se compromete a conservar el medio ambiente, el patrimonio natural y cultural, todo dentro del marco constitucional que le integra como parte del derecho nacional8; no obstante, los datos oficiales revisados9, indican que hasta la fecha no se ha ratificado en dos de los mismos.

El “Programa 21”, es uno de los que se encuentra vigente desde el 14 de junio de 1992; sin embargo, el cuestionamiento adicional que se tiene que hacer, está relacionado con el número de metas del mismo Programa que en la práctica, el Perú ha considerado y cumplido. Aquí, volvemos a referirnos al estudio de Conte Grand y D ́Elia, que precisa con relación a los Estados de Latinoamérica, que “(…) el cumplimiento de Latinoamérica y el Caribe es de 33% de las acciones de la Agenda 21”, (…)10, y consecuentemente, se observa que la proclividad a la ratificación de tratados se condice con la adopción de políticas específicas, como las que contiene ésta Agenda.

Serio problema, entonces, no sólo para el Perú, sino para los demás países de la región latinoamericana y el Caribe. ¿Cómo entonces vincular a las políticas públicas ambientales, estrategias necesarias para un desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza?. La respuesta pasa también, forzosamente, por un análisis de las circunstancias históricas que nuestro país ha enfrentado, como se describe en el Informe presentado ante la Cumbre de Rio + 20, por parte del Ministerio del Ambiente, que refleja que en el país durante los últimos “(…) veinte años transcurridos, han significado cambios en los regímenes políticos y un retorno a la democracia en el nuevo siglo, condición sine qua non para ingresar nuevamente a la senda del desarrollo sostenible con equidad e inclusión social y cultural, y con una creciente participación ciudadana y de sus grupos principales (…)”.11

Entonces, corroboramos también que no sólo la ratificación de los acuerdos, tratados o convenios que ha realizado el Estado, reflejarán de manera visible el ejercicio de las políticas públicas. Ineludiblemente, se deben incorporar y realizar metas concretas, de las contenidas en la Agenda 21, para en la práctica evaluar la eficiencia o eficacia de las mismas políticas públicas ambientales. En este contexto, los factores determinantes para el cumplimiento del compromiso ambiental internacional, como indican Conte Grand y D ́Elia12, tienen variables que no se pueden soslayar en nuestro análisis, toda vez de que la relación directa de las mismas, han tenido y tienen aún influencia decisiva en el desarrollo y éxito de las políticas públicas ambientales, como las condiciones económicas del país, el régimen político de gobierno, las condiciones de los recursos naturales, el crecimiento de la población y otras variables, que determinan valores que no deben dejar de analizarse también.

Como ha ocurrido en otros países de la región, en el Perú, dentro de este proceso de reconstrucción del régimen democrático a partir de la década de los ́80, con sus frustraciones, interrupciones e interregnos dictatoriales cívicos—militares en los ́90; para mantener la hegemonía del poder político de turno, la adicción al voto popular promueve más dependencia a los factores del desarrollo económico y de manera subalterna al desarrollo ambiental; que como consecuencia, pareciera que se alcanza un desarrollo empírico de la Agenda 21, independientemente de serios propósitos construidos, no desde hace veinte años, sino, lamentablemente, en nuestra opinión, quizás recién en el último lustro, con entidades representativas del Estado, a partir (y poco antes del mismo) de la creación del Ministerio del Ambiente, por ejemplo .13

Si bien puede considerarse como alguno de los factores determinantes para la adopción e implementación de ésta Agenda 21, el desarrollo económico alcanzado en el país; la realidad nacional nos muestra que las políticas ambientales tienen relación directa con la propia percepción de las personas por su desarrollo individual o colectivo. Se observa entonces, que las persona están más interesadas por su bienestar individual y excluyen la calidad ambiental de su entorno; situación que ha sido favorecida por muchos años (sobretodo, en las mismas dos últimas décadas) por la ausencia (de parte del Estado) de una regulación ambiental seria, fuerte y comprometida con los objetivos y acciones a implementarse en concordancia con la nombrada Agenda 21. Por ejemplo, dentro de una política ambiental nacional, el nuevo marco normativo, para erradicar la minería ilegal, es absolutamente reciente desde el mes de febrero del año 2012 y aún falta mucho para lograr el ejercicio real de sus alcances.14

La implementación de políticas públicas ambientales, como escriben José Emilio Ortega y otros, en su trabajo “Política Ambiental: Políticas Públicas”15, más que un mero acto de poder, involucra la materialización de las decisiones que imparten quienes se arrogan el poder, comprendiendo a una o varias entidades estatales para las acciones de gobierno y de sus intereses. Acciones de gobierno que deberán “… adecuar, continuar o generar nuevas realidades, deseadas en el nivel territorial e institucional, contrastando intereses sociales, políticos y económicos y articulando los esfuerzos de los actores y organizaciones que ejercen presión en defensa de dichos intereses…”16, extremo que “…reconoce a la política pública en su función de mediadora de diversos intereses (…)”17.

En el caso del Perú, en el año 2011, el Ministerio del Ambiente presentó el Plan Nacional de Acción Ambiental18 para la década del 2011—2021. Este instrumento de planificación nacional a largo alcance, se formuló sobre la base de la Política Nacional del Ambiente, integrando metas prioritarias en materia ambiental, que deben lograrse en la misma década. Estas metas, integran a su vez al “Agenda 21” y realmente son un reto y un compromiso con las generaciones presentes y futuras del Perú; pero sobretodo, los resultados de una implementación efectiva de las políticas públicas ambientales, deben generar un marco de seguridad jurídica, sostenibilidad, ética y transparencia; esperando a su vez que se genere también un incremento en las inversiones sostenibles.

Naturalmente, como describen José Emilio Ortega y otros19, la implementación efectiva de las políticas públicas ambientales tiene que superar diferentes obstáculos y limitaciones, como los intereses creados y de las diferentes modalidades de corrupción –muy arraigado en el Perú, como nefasta herencia del periodo republicano, cuya máxima expresión se consolidó durante el fujimorato—, o los problemas que ocasionan la falta de una capacidad técnica, a los que se suma la falta de entidades y mecanismos propios que promuevan el desarrollo sustentable, con una activa participación ciudadana; pero además, con la dotación de suficientes recursos económicos, sin los cuales no hay gestión pública válida ni exitosa.

Por otra parte, estimamos que la implementación efectiva de las políticas públicas ambientales, tienen su correlato propiamente de efectividad, en la ejecución practica de los principios de la política ambiental, concebidos y desarrollados como tal desde los años setenta y descritos por Gonzáles Gutiérrez20 como los principios: del causante, de la cooperación y de la prevención.

En efecto, bajo esta particular concepción, los países que causen el daño ambiental, deben pagar el costo del mismo (principio del causante); pero también se debe considerar a los grupos sociales mediante objetivos políticos de inclusión social (principio de cooperación); y finalmente, se debe desarrollar acciones de abstención, ante un evento cuya relación con el ambiente genere duda, como parte de una política ambiental estratégica (principio de prevención).

Finalmente, consideramos que el mejoramiento del nivel de cumplimiento y efectividad de las políticas públicas ambientales, no puede ser ajeno a los planes de educación ambiental, que como bien señalan José Emilio Ortega y otros21, la necesidad respetar las regulaciones ambientales y de cuidar el medio ambiente que hacen los gobiernos, requieren la adhesión de la comunidad educativa en todos los niveles, por medio de propagandas y publicidad adecuada. Y un instrumento adicional que aún no se pone en práctica en el Perú, es el incluir el “sello verde” como un instrumento exitoso de marketing, que permite reducir los costos que significa el control de las disposiciones legales ambientales y que recibe la participación directa y permanente de los consumidores, quienes finalmente no adquieren un producto que afecte negativamente a la naturaleza y no presente el patrón visible del “sello verde”. Experiencia que ya está en desarrollo emergente en varios países de Latinoamérica.

El Perú, ha iniciado un proceso acelerado por hacer eficientes y eficaces sus políticas ambientales; pero, los logros como Estado, aún no se pueden medir en plazos coyunturales. El desarrollo de los objetivos propuestos viene lográndose paulatinamente, esperando que a mediano plazo, se haya logrado avances significativos, duraderos, estables e irreversibles en la protección del medio ambiente.

1:  CONTE GRAND, Mariana y D ́ELIA Vanesa, “La Política Ambiental en América Latina y El Caribe”, en Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamericana de Economía, Volumen 39, número 154, Julio-Setiembre 2008, Buenos Aires – Argentina. Pág. 113

2:  UN Documents: Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future; Cfr.: http://www.un-documents.net/wced- ocf.htm; visto el 18.Mayo.2013. El concepto de desarrollo sostenible, ha sido incorporado en todos los programas de las Naciones Unidas y no sólo de herramienta conceptual base, en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992; sino que además se amplió y renovó en la Cumbre de Rio + 20, ocurrida en Junio del 2012, como lo testificáramos a participar de la misma Cumbre Mundial.
3:  ZAPATA, Pablo E., “Ecología General”, Editorial UBP, Nicaragua. Pág. 39
4:  En los documentos del Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, para el Examen y la Evaluación de la Aplicación del Programa 21 (Conferencia Cumbre para la Tierra +5), realizado en New York, del 23 al 27 de Junio de 1997, se describe que: “En el Programa 21, que contiene más de 2.500 recomendaciones prácticas, se abordan los problemas urgentes de hoy en día. El Programa 21 tiene por objeto preparar al mundo para los retos del próximo siglo e incluye propuestas concretas en cuestiones sociales y económicas, como la lucha contra la pobreza, la evolución de las modalidades de producción y de consumo, la dinámica demográfica, la conservación y ordenación de nuestros recursos naturales, la protección de la atmósfera, los océanos y la diversidad biológica, la prevención de la deforestación y el fomento de la agricultura sostenible. En el Programa 21 se recomiendan maneras de fortalecer el papel de los grupos principales –las mujeres, los sindicatos, los agricultores, los niños y los jóvenes, las poblaciones indígenas, la comunidad científica, las autoridades locales, el comercio, la industria y las organizaciones no gubernamentales– con miras al desarrollo sostenible. Al aprobar el Programa 21, la Conferencia exhortó a los participantes a adoptar varias iniciativas importantes en esferas fundamentales del desarrollo sostenible. Entre esas iniciativas cabe señalar la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, de la cual surgió un Programa de Acción para esos Estados, una Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, de fuerza jurídica obligatoria, y la celebración de conversaciones sobre la prevención del agotamiento de las poblaciones de peces altamente migratorios y de las poblaciones de peces cuyos territorios se encuentran dentro y fuera de las zonas económicas exclusivas (poblaciones de peces transzonales). Cfr.: http://www.un.org/ spanish/conferences/cumbre&5.htm; visto el 01.Diciembre.2013.
5:   MINISTERIO DEL AMBIENTE- MINAM, “Perú: Informe País. 20 años después de Río 92 – Resúmen Ejecutivo”, Impreso por D & M Impresores S.A.C., Lima Perú, Junio de 2012. Pág. 3. Este documento señala que: “El Informe País responde, en términos generales, a la estructura de la Agenda 21, pero, además, da cuenta de una primera aproximación a las acciones de los gobiernos regionales con relación al desarrollo sostenible en su casi primera década de vigencia. El Informe sobre la Agenda 21 en la regiones se complementa con el análisis y conclusiones con respecto a los roles desempeñados por las autoridades locales. Asimismo, da a conocer los progresos realizados en el debate y construcción de consensos sobre la economía verde y la gobernanza ambiental, cuestiones importantísimas tratadas en la Conferencia de Rio + 20”; resalta además que “El proceso de elaboración participativa ha puesto atención sobre diversos aspectos de la actuación de los grupos principales con respecto a sus compromisos con las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible (…)”.
6:   MINISTERIO DEL AMBIENTE- MINAM, “Perú: Informe País. 20 años después de Río 92 – Resumen Ejecutivo”, Ob.cit., Pág. 3
7:   CONTE GRAND, Mariana y D ́ELIA Vanesa. Ob.cit. Pág. 113.
8:   CONSTITUCION POLITICA DEL PERU, Art. 55°: “Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”; Cfr.: http://www.tc.gob.pe/legconperu/constitucion.html; visto el 01.Diciembre.2013.
9:   Cfr.: Convenios Internacionales sobre medio ambiente suscritos y/o ratificados por el Perú, en: http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0351/7234/c7234011.HTM; visto 01.Diciembre.2013.
10:   CONTE GRAND, Mariana y D ́ELIA Vanesa. Ibid. Pág. 114-115.
11:   MINISTERIO DEL AMBIENTE- MINAM, “Perú:  Informe País. 20 años después de Río 92 – Resúmen Ejecutivo”, Impreso por D & M Impresores S.A.C., Lima Perú, Junio de 2012. Pág. 3. Este documento señala que: “El Informe País responde, en términos generales, a la estructura de la Agenda 21, pero, además, da cuenta de una primera aproximación a las acciones de los gobiernos regionales con relación al desarrollo sostenible en su casi primera década de vigencia. El Informe sobre la Agenda 21 en la regiones se complementa con el análisis y conclusiones con respecto a los roles desempeñados por las autoridades locales. Asimismo, da a conocer los progresos realizados en el debate y construcción de consensos sobre la economía verde y la gobernanza ambiental, cuestiones importantísimas tratadas en la Conferencia de Rio + 20”; resalta además que “El proceso de elaboración participativa ha puesto atención sobre diversos aspectos de la actuación de los grupos principales con respecto a sus compromisos con las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible (…)”. 
12:    CONTE GRAND, Mariana y D ́ELIA Vanesa. Ob. cit. Pág. 119, señalan para la región latinoamericana y el Caribe, que son determinantes para el cumplimiento del compromiso ambiental internacional algunas “(…) variables relacionadas sobre todo con 1) cuestiones económicas y condiciones de vida (ello incluye variables como PIB, población, densidad poblacional, educación, expectativa de vida etcétera), 2) régimen político (nivel de democracia, grado en que se respetan los derechos de los ciudadanos y grado de corrupción), y 3) situación del país en cuanto a sus recursos naturales y a la contaminación (medidas a través de indicadores de cambio climático, de protección de especies en peligro y a la presencia de organizaciones ambientales)…(…)”.
13:    El Ministerio del Ambiente fue creado el 14 de mayo de 2008, mediante el Decreto Legislativo N° 1013 como ente rector del sector ambiental nacional, que coordina en los niveles de gobierno local, regional y nacional. Cfr. http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_ content&view=article&id=3&Itemid=3; visto el 01.Diciembre. 2013.; pero además se considera que “(…) La creación del Ministerio del Ambiente – MINAM, en mayo de 2008, marcó un hito en la institucionalidad ambiental del país, pues se adecuó la estructura del Estado para responder a los desafíos nacionales e internacionales para lograr el desarrollo sostenible. En este contexto, el MINAM conduce la formulación de la Política Nacional del Ambiente, del Plan Nacional de Acción Ambiental – PLANAA Perú: 2011-2021 y de la Agenda Nacional de Acción Ambiental, supervisando su cumplimiento. La Política Nacional del Ambiente, aprobada en mayo de 2009 orienta la gestión ambiental y es de cumplimiento obligatorio por todas las entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental – SNGA, en los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local); constituyendo el marco orientador para la formulación del PLANAA. Cfr.: PLAN NACIONAL DE ACCIÓN AMBIENTAL, PLANAA—PERÚ 2011—2021, en http://www.minam.gob.pe/index.php? option=com_content &view=article&id=871, visto el 01.Diciembre.2013.
14:    César A. Ipenza Peralta, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, describe esta realidad indicando que “(…) el actual Gobierno aprobó una serie de decretos legislativos que buscan brindar el marco legal necesario para impulsar la formalización, a la vez que regulan los procedimientos para la interdicción de la minería ilegal a nivel nacional. Así, además de establecer disposiciones para el proceso de formalización; se establecen medidas para el fortalecimiento de la fiscalización ambiental, así como para mejorar el control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos, maquinarias y equipos que puedan ser utilizados para realizar actividades mineras; e incluso se incorporan en el Código Penal los delitos de minería ilegal. Sin embargo… (…), la aprobación de este nuevo marco legal ha probado no ser más que un primer paso en el camino para poner freno a esta amenaza. En el camino ha sido necesario aprobar una serie de normas complementarias para precisar los alcances del proceso de formalización, y para ajustar algunos de sus requerimientos a la realidad, que ha demostrado ser aún más compleja de lo supuesto (…)”. Cfr.: IPENZA PERALTA, César A. “Manual para entender la pequeña minería y minería artesanal y los decretos legislativos vinculados a la minería ilegal”, Impresión Negrapata SAC, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Lima Perú, Tercera Edición Abril 2013. Pág. 9
15:    ORTEGA, José Emilio y otros, refiere además que por políticas públicas puede entenderse como “el conjunto de iniciativas, decisiones y acciones del régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas y que buscan la resolución de las mismas o llevarlas a niveles manejables”; Cfr. en: ORTEGA, José Emilio; SBARATO, Dario; CAMPOS, Manuel; y TOCALLI, Sergio Hugo. “Política Ambiental: Políticas Públicas”, Trabajo sustentado en la Maestría en Gestión para la Integración Regional y Centro de Información y Documentación Regional. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina. Pág. 3
16:    ORTEGA, José Emilio; SBARATO, Dario; CAMPOS, Manuel; y TOCALLI, Sergio Hugo; Ob. cit. Pág. 3
17:    Ibid. Pág. 3
18:   Este instrumento de planificación ambiental nacional, en su parte introductoria, considera que “En el periodo 2006-2010 nuestro país ha tenido un crecimiento sostenido promedio de 7,2% anual, principalmente en los sectores agrario (agroexportación), minero y de servicios. La proyección de la inversión privada entre el 2011 y 2013 muestra que ésta se concentraría en los sectores minería e hidrocarburos, infraestructura e industria, lo cual posibilitará un mayor desarrollo que promoverá la creación de fuentes de empleo, con el consecuente incremento de los ingresos y la mejora en la calidad de vida de la población. Las inversiones requerirán la garantía del Estado, no sólo en calidad de información técnica que las sustente, sino en los recaudos ambientales y sociales que son necesarios adoptar, los cuales no deben calificarse como limitaciones a la economía o a la inversión; por el contrario, deben ser considerados como fuerzas que promueven la competitividad para el desarrollo de oportunidades económicas, sostenibles y amigables con el ambiente (…)”. El mismo documento, precisa en su introducción y presentación, que el “(…) PLANAA es un instrumento de planificación ambiental nacional de largo plazo, el cual se formula a partir de un diagnóstico situacional ambiental y de la gestión de los recursos naturales, así como de las potencialidades del país para el aprovechamiento y uso sostenible de dichos recursos; del mismo modo, se basa en el marco legal e institucional del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. El PLANAA presenta la visión del país en materia ambiental al 2021, siendo sus objetivos los mismos que se proponen lograr en la Política Nacional del Ambiente, los cuales han recogido, entre otros, lo establecido en el Acuerdo Nacional1 principalmente con relación a la gestión ambiental, así como en la propuesta del Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 en su Eje Estratégico 6: Recursos Naturales y Ambiente, cuya formulación fue coordinada por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN de la Presidencia de Consejo de Ministros. Las metas que se han definido como prioritarias responden a la magnitud de los problemas ambientales y de gestión de los recursos naturales identificados en el país; reflejan los cambios esperados al 2021 en materia de: agua, residuos sólidos, aire, bosques y cambio climático, diversidad biológica, minería y energía, y gobernanza ambiental; que por su repercusión en la calidad de vida y el desarrollo del país, resultan de vital importancia. Cada una de estas metas se podrá alcanzar mediante acciones estratégicas y actividades que ejecutarán las entidades responsables y la sociedad en su conjunto en los tres niveles de gobierno, las cuales serán evaluadas mediante indicadores de gestión e indicadores ambientales, bajo la supervisión del MINAM. Concertar el PLANAA ha demandado no sólo esfuerzos institucionales, sino el concurso de los distintos actores con competencia y responsabilidad ambiental en el ámbito nacional, regional y local; en reuniones, talleres nacionales, macroregionales (Lima, Chiclayo, Arequipa, Iquitos, Tarapoto y San Ramón – Chanchamayo) y otros eventos. Este proceso fue facilitado por la Cooperación Técnica Alemana – GIZ y la Corporación Andina de Fomento – CAF. La implementación del PLANAA es una condición necesaria para asegurar el cumplimiento de la Política Nacional del Ambiente y fortalecer la ruta hacia el desarrollo sostenible del país. Dado que la gestión ambiental es de carácter transectorial y descentralizada, el logro de los objetivos y metas del PLANAA es responsabilidad compartida por todas las entidades del Estado, quienes deben asegurar la provisión y asignación de los recursos económicos y financieros necesarios, así como el concurso de otros actores del sector privado y de la sociedad en su conjunto. El resultado de este esfuerzo nacional se verá reflejado en el incremento de la inversión pública y privada bajo un marco de seguridad jurídica, sostenibilidad, ética y transparencia; del mismo modo, impulsará una economía baja en carbono, la generación de nuevas oportunidades de negocios con un enfoque ambiental, la mejora de la competitividad del país y el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia ambiental; así mismo, contribuirá al desarrollo regional y local con el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la mejora de la calidad ambiental, la reducción de los niveles de pobreza, la consolidación de la gobernanza ambiental y el fortalecimiento de la inclusión social y equidad en la gestión ambiental (…)”. Cfr.: PLAN NACIONAL DE ACCIÓN AMBIENTAL, PLANAA—PERÚ 2011—2021, en http://www.minam.gob.pe/index.php? option=com_content &view=article&id=871, visto el 01.Diciembre.2013.
19:    ORTEGA, José Emilio y otros. Ob cit. Pág. 7.
20:    GONZÁLES GUTIERREZ, Mario. “Política Ambiental”, Edit. Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable. Universidad Bolivariana, Chile, 2005. Pág. 12.
21:    ORTEGA, José Emilio y otros. Ob cit. Pág. 7.
Publicada también en: Revista Científica Monfragüe Resiliente. http://www.monfragueresiliente.com/.  Editada en Cáceres, Dpto. Arte y Ciencias del Territorio de la Universidad de Extremadura. Elaborada conjuntamente con las Universidades de Lisboa y la Autónoma de México.
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