En el distrito de Tumán (Lambayeque) por enésima vez se ha prorrogado el estado de emergencia hasta el 9 de noviembre. Esta localidad pasará casi todo el 2017 en emergencia por “el conflicto sobre la administración de la empresa azucarera” como dicen las sucesivas extensiones de la medida de fuerza.

Por el sur, en los distritos de Challhuahuacho y Mara de la provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac;  y el distrito de Capacmarca, en Cusco, parece que ocurrirá algo parecido a Tumán. El 16 de octubre de 2017 el Poder Ejecutivo promulgó, una vez más, el Decreto Supremo N° 101-2017-PCM como señala los considerandos, por recomendación de la Policía Nacional de posibles conflictos sociales, alrededor del proyecto minero Las Bambas.

Los conflictos sociales sin un diálogo eficaz conllevan en lo inmediato a situaciones de emergencia, porque estos estados se aplican para “mantener el orden” que en estricto que no se paraliza loa laboral, la economía  y la producción. Sin una solución adecuada de las demandas territoriales, los estados de emergencia son soluciones provisionales que sólo postergan el conflicto que más temprano que tarde aparecerán.

La Presidente del Consejo de Ministros si bien habló de diálogo en varios momentos, lo hizo principalmente en relación con el diálogo político a establecer con el parlamento y el fujimorismo principalmente, pero en las 41 páginas del discurso de investidura, no apareció el tema de los conflictos sociales ni la gestión del territorio.

Sin embargo, semanas antes del discurso de investidura, en el evento de PERUMIN en la ciudad de Arequipa, la Premier fue más explícita. Reconoció que hay viejas formas de hacer minería, que no han sido abolidas y que la percepción de que la minería es una actividad contaminante y generadora de conflicto, hacen que tenga una aceptación social baja. Y con la afirmación de “Vamos a reforzar el Viceministerio de Gobernanza Territorial para que tenga más trabajo predictivo y que tiene al diálogo como instrumento para la promoción de proyectos”.

¿Qué hace que en un escenario como el de los mineros el tema de conflictos sociales y la prevención sea un tema fundamental en el discurso de la Premier, y por otro sea absolutamente dejado de lado cuando de hablar al país se trata en el Congreso de la República, sobre lo que iban a ser sus líneas maestras de gobiernos? ¿Por qué obvió el tema? ¿No era o es lo más importante?

Luego de que se crea la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la PCM para prevenir los conflictos y verlos como una oportunidad de desarrollo, quien más dura en ese cargo es Vladimiro Huaroc, producto de un explícito apoyo político por parte del premier Juan Jiménez. Este apoyo se debilita cuando ingresa Ana Jara, y en diciembre de 2014, Julio Rojas reemplaza a Huaroc. A partir de ese momento, seis o siete meses en promedio fue la duración de los jefes de la ONDS: David Montoya, José Ávila y Rolando Luque. Javier Fernández Concha duró siete meses en el cargo de Viceministro de Gobernanza Territorial.

Las calidades personales y profesionales de las personas que sucedieron a Huaroc e incluso, de Carlo Loret de Mola que ha reemplazado a Fernández Concha, están fuera de toda duda. ¿Cuál es la salida para contar con un diálogo eficaz que sea un verdadero instrumento para prevenir conflictos y generar oportunidades de desarrollo en los territorios donde principalmente existen operaciones extractivas?

La PCM es un coordinador de las políticas con los ministerios (sectores nacionales) y no un jefe al cual los sectores se encuentren obligados a rendirle cuentas o explicaciones de porque no avanzan los proyectos comprometidos en las Mesas de Diálogo, donde son los mismos funcionarios de esos sectores que con su firma en las actas comprometen su accionar. Y, luego como no se puede cumplir por acción u omisión, empieza el paseo.

Se requiere generar una nueva institucionalidad que no es sólo crear un nombre (Viceministerio) y juntar allí a las secretarías de Descentralización, Demarcación Territorial y Diálogo para que parezca algo nuevo. No es un tema de personas que pueden pasar, sino de generar esa institucionalidad que posibilite de verdad gestionar el territorio buscando desarrollo sustentable, desde el lado público.

Mejor aún, sería que el gobierno nacional como el caso de Chile lidere ambos procesos, por un lado fomentado una institucionalidad en el sector público a través de un sistema de prevención de conflictos con la PCM cómo órgano rector y al mismo tiempo posibilite una alianza público-privada para establecer una nueva visión de la minería y lo extractivo, donde el componente del valor compartido deba estar presente.

 

 

 

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