Cinco tareas sociales pendientes de resolver en el Perú de hoy (*)
foto: taringa.net
1. Combate contra la desigualdad y la infantilización de la pobreza
La pobreza y la desigualdad, desde los ochentas hasta nuestros días, siguen siendo dos de los principales tópicos de preocupación social en los que el estado está llamado a ejercer un rol clave. Si bien el Perú ocupa el quinto lugar de institucionalización en las políticas sociales, las mismas no garantizan per sé el efectivo combate contra la pobreza y la desigualdad; ni siquiera el mero crecimiento económico reducirá la pobreza o acortará las brechas de desigualdad, sino que en buena medida corresponde una mejor redistribución de ingresos, transferencias de recursos a sectores desfavorecidos y otras medidas de articulación.
Tras las reformas de la década pasada, las crisis económicas y los ajustes, según la CEPAL, la pobreza infantil viene superando a la de la población adulta en los últimos veinte años. Al respecto el estado peruano ha fijado entre sus principales objetivos sociales la lucha contra la desnutrición infantil crónica en niños menores de cinco años, e incentivos indirectos para asegurar la inserción escolar en los primeros niveles educativos. Combatir la pobreza infantil es un imperativo en términos éticos, pero, también en costes sociales futuros; con estos avances se podrá menguar la reproducción social de la pobreza y generar condiciones favorables de desarrollo para este segmento poblacional.
2. Redes de protección social y de activación de capacidades y capital social coordinadas por el estado
Bajo la premisa de que el estado nunca logró garantizar un estado de bienestar mínimo sobre su población, además de ser un estado con competencias mínimas y desactivado en sus estructuras de seguridad social. Existen mecanismos alternativos para potenciar el bienestar social, sin que ello implique la renuncia a sus responsabilidades. Sin duda alguna, el estado, a diferencia de otros actores, cuenta con una gran plataforma de acción, de promoción y de articulación para la protección social, el desarrollo de capacidades y uso del capital social. En ese sentido, en el país se vienen promoviendo acciones de responsabilidad social, redes de cooperación etc. Con esto puede, de modo complementario, fomentarse programas y redes de empleos para determinados segmentos poblacionales, microcréditos y otras acciones.
3. Hacer frente a asimetrías y desigualdades exacerbadas por procesos de descentralización y delegación de responsabilidades en cuasimercados o proveedores privados
Tras las crisis económicas desde los ochenta y las reformas, para el Perú, de inicios de los noventas, se optó por un estado mínimo que privatizó los servicios nacionales e incluso abrió paso a los fondos privados de pensiones. Asimismo se flexibilizó el mercado laboral y se postuló un ?libre mercado? sin restricciones ni regulaciones como con el caso de las ?services? o intermediarios laborales, lo mismo que con el servicio de transporte público.
Como resultado de estas medidas, en términos macroeconómicos, la economía logro estabilizarse, pero a un gran costo social, la pobreza se agudizó y las brechas de desigualdad entre los quintiles superiores e inferiores se ampliaron abismalmente. Así, hacia inicios de la presente década la pobreza extrema bordeaba el 20% y la pobreza casi el 50% de la población.
Tal como da cuenta la CEPAL y otros organismos internacionales, en américa latina se concentra la mayor desigualdad social. Aun cuando se ha registrado un significativo crecimiento económico tras múltiples reformas, ajustes y descentralización, las brechas sociales se han incrementado, dejando rastros de la condición étnica, etaria, estamental, y de género. En ese sentido, y en el particular caso de nuestro país, sea hace necesario una descentralización efectiva (no sólo nominal) que potencie y desarrolle nuevos polos de desarrollo articulado que permita encadenar las fases productivas y demandar empleo intensivo donde se concentra la PEA con menor calificación.
La pobreza y la desigualdad, desde los ochentas hasta nuestros días, siguen siendo dos de los principales tópicos de preocupación social en los que el estado está llamado a ejercer un rol clave. Si bien el Perú ocupa el quinto lugar de institucionalización en las políticas sociales, las mismas no garantizan per sé el efectivo combate contra la pobreza y la desigualdad; ni siquiera el mero crecimiento económico reducirá la pobreza o acortará las brechas de desigualdad, sino que en buena medida corresponde una mejor redistribución de ingresos, transferencias de recursos a sectores desfavorecidos y otras medidas de articulación.
Tras las reformas de la década pasada, las crisis económicas y los ajustes, según la CEPAL, la pobreza infantil viene superando a la de la población adulta en los últimos veinte años. Al respecto el estado peruano ha fijado entre sus principales objetivos sociales la lucha contra la desnutrición infantil crónica en niños menores de cinco años, e incentivos indirectos para asegurar la inserción escolar en los primeros niveles educativos. Combatir la pobreza infantil es un imperativo en términos éticos, pero, también en costes sociales futuros; con estos avances se podrá menguar la reproducción social de la pobreza y generar condiciones favorables de desarrollo para este segmento poblacional.
2. Redes de protección social y de activación de capacidades y capital social coordinadas por el estado
Bajo la premisa de que el estado nunca logró garantizar un estado de bienestar mínimo sobre su población, además de ser un estado con competencias mínimas y desactivado en sus estructuras de seguridad social. Existen mecanismos alternativos para potenciar el bienestar social, sin que ello implique la renuncia a sus responsabilidades. Sin duda alguna, el estado, a diferencia de otros actores, cuenta con una gran plataforma de acción, de promoción y de articulación para la protección social, el desarrollo de capacidades y uso del capital social. En ese sentido, en el país se vienen promoviendo acciones de responsabilidad social, redes de cooperación etc. Con esto puede, de modo complementario, fomentarse programas y redes de empleos para determinados segmentos poblacionales, microcréditos y otras acciones.
3. Hacer frente a asimetrías y desigualdades exacerbadas por procesos de descentralización y delegación de responsabilidades en cuasimercados o proveedores privados
Tras las crisis económicas desde los ochenta y las reformas, para el Perú, de inicios de los noventas, se optó por un estado mínimo que privatizó los servicios nacionales e incluso abrió paso a los fondos privados de pensiones. Asimismo se flexibilizó el mercado laboral y se postuló un ?libre mercado? sin restricciones ni regulaciones como con el caso de las ?services? o intermediarios laborales, lo mismo que con el servicio de transporte público.
Como resultado de estas medidas, en términos macroeconómicos, la economía logro estabilizarse, pero a un gran costo social, la pobreza se agudizó y las brechas de desigualdad entre los quintiles superiores e inferiores se ampliaron abismalmente. Así, hacia inicios de la presente década la pobreza extrema bordeaba el 20% y la pobreza casi el 50% de la población.
Tal como da cuenta la CEPAL y otros organismos internacionales, en américa latina se concentra la mayor desigualdad social. Aun cuando se ha registrado un significativo crecimiento económico tras múltiples reformas, ajustes y descentralización, las brechas sociales se han incrementado, dejando rastros de la condición étnica, etaria, estamental, y de género. En ese sentido, y en el particular caso de nuestro país, sea hace necesario una descentralización efectiva (no sólo nominal) que potencie y desarrolle nuevos polos de desarrollo articulado que permita encadenar las fases productivas y demandar empleo intensivo donde se concentra la PEA con menor calificación.
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