Meta Política

Una pregunta central antes de elegir sería: ¿Cómo queda el equilibrio de fuerzas políticas si se elige a uno u otro candidato en esta segunda vuelta electoral?
Para uno de los casos, casi no habría oposición política formal (contrapeso), con lo cual estaríamos a merced de un probable "autoritarismo, totalitarismo o símil" debido a la concentración de poder desmedido; mientras que en el otro caso sería un gobierno con fuerte oposición, y un compromiso declarado sujeto a rendición de cuentas. Ahora, también es cierto que un gobierno con fuerte oposición tendrá sus grandes limitantes para gobernar; sin embargo, sí logra ampararse en el marco democrático resultará provechoso para la gobernabilidad.

Saquen sus propias conclusiones:

foto: taringa.net

1. Combate contra la desigualdad y la infantilización de la pobreza

La pobreza y la desigualdad, desde los ochentas hasta nuestros días, siguen siendo dos de los principales tópicos de preocupación social en los que el estado está llamado a ejercer un rol clave. Si bien el Perú ocupa el quinto lugar de institucionalización en las políticas sociales, las mismas no garantizan per sé el efectivo combate contra la pobreza y la desigualdad; ni siquiera el mero crecimiento económico reducirá la pobreza o acortará las brechas de desigualdad, sino que en buena medida corresponde una mejor redistribución de ingresos, transferencias de recursos a sectores desfavorecidos y otras medidas de articulación.
Tras las reformas de la década pasada, las crisis económicas y los ajustes, según la CEPAL, la pobreza infantil viene superando a la de la población adulta en los últimos veinte años. Al respecto el estado peruano ha fijado entre sus principales objetivos sociales la lucha contra la desnutrición infantil crónica en niños menores de cinco años, e incentivos indirectos para asegurar la inserción escolar en los primeros niveles educativos. Combatir la pobreza infantil es un imperativo en términos éticos, pero, también en costes sociales futuros; con estos avances se podrá menguar la reproducción social de la pobreza y generar condiciones favorables de desarrollo para este segmento poblacional.

2. Redes de protección social y de activación de capacidades y capital social coordinadas por el estado

Bajo la premisa de que el estado nunca logró garantizar un estado de bienestar mínimo sobre su población, además de ser un estado con competencias mínimas y desactivado en sus estructuras de seguridad social. Existen mecanismos alternativos para potenciar el bienestar social, sin que ello implique la renuncia a sus responsabilidades. Sin duda alguna, el estado, a diferencia de otros actores, cuenta con una gran plataforma de acción, de promoción y de articulación para la protección social, el desarrollo de capacidades y uso del capital social. En ese sentido, en el país se vienen promoviendo acciones de responsabilidad social, redes de cooperación etc. Con esto puede, de modo complementario, fomentarse programas y redes de empleos para determinados segmentos poblacionales, microcréditos y otras acciones.

3. Hacer frente a asimetrías y desigualdades exacerbadas por procesos de descentralización y delegación de responsabilidades en cuasimercados o proveedores privados

Tras las crisis económicas desde los ochenta y las reformas, para el Perú, de inicios de los noventas, se optó por un estado mínimo que privatizó los servicios nacionales e incluso abrió paso a los fondos privados de pensiones. Asimismo se flexibilizó el mercado laboral y se postuló un ?libre mercado? sin restricciones ni regulaciones como con el caso de las ?services? o intermediarios laborales, lo mismo que con el servicio de transporte público.
Como resultado de estas medidas, en términos macroeconómicos, la economía logro estabilizarse, pero a un gran costo social, la pobreza se agudizó y las brechas de desigualdad entre los quintiles superiores e inferiores se ampliaron abismalmente. Así, hacia inicios de la presente década la pobreza extrema bordeaba el 20% y la pobreza casi el 50% de la población.
Tal como da cuenta la CEPAL y otros organismos internacionales, en américa latina se concentra la mayor desigualdad social. Aun cuando se ha registrado un significativo crecimiento económico tras múltiples reformas, ajustes y descentralización, las brechas sociales se han incrementado, dejando rastros de la condición étnica, etaria, estamental, y de género. En ese sentido, y en el particular caso de nuestro país, sea hace necesario una descentralización efectiva (no sólo nominal) que potencie y desarrolle nuevos polos de desarrollo articulado que permita encadenar las fases productivas y demandar empleo intensivo donde se concentra la PEA con menor calificación.

o Agotamiento del modelo Estado-céntrico e inicio del Estado mínimo

Ante el cambio del modelo económico (ahora neoliberal) y las reformas que implicó (privatización de empresas públicas y a apertura a la Inversión Extranjera Directa, cambio de constitución y normativas sectoriales, flexibilización laboral etc.), el estado pasó de tener un rol productor a convertirse en administrador, y progresivamente en ‘partner’ de las grandes inversiones transnacionales.

o Del vínculo representativo a un nuevo sistema de intermediación política

Tras la fuerte crisis económica de finales de los ochenta, además del socavamiento de los fundamentos de la representación política (Coronel y Panfichi 2009; en Plaza, Orlando), los partidos políticos y demás gremios se desconectaron de sus bases por lo que perdieron peso en el escenario político, dando espacio a la intermediación de operadores políticos (brókeres) que buscaban la personalización de la política.

o De la adhesión política al vínculo clientelar y otros instrumentos

Fracturado el sistema social y político, el gobierno se vinculó clientelarmente con diversos grupos sociales, asilados, siguiendo una “lógica electoral mediática”, y sustentada en “la política del miedo” de la lucha contra el terrorismo y otros grupos opositores. Tanaka explica que antes que brindar lealtad política, estos grupos mantuvieron una relación de negociación e intercambio, de costo-beneficio, condicional y selectiva con el estado.

o De la lógica electoral-movimientista a la lógica electoral-mediática

Tras los trascendentales cambios en la estructura social y política, fragmentación social y crisis de representación política, el gobierno de Fujimori encontró en los medios de comunicación una plataforma clave para el logro de sus fines electorales y posicionamiento en el imaginario de su “clientelar y atomizada”audiencia .

o Reinstauración de la democracia y el estado de derecho en tiempos de globalización

A través del gobierno transitorio de Paniagua se restituyó la democracia, el estado de derecho entre otras medidas; pero además de ello, destaca la nueva plataforma de apertura al diálogo y contexto de globalización en el que suceden los procesos de descentralización y el denominado ‘boom participativo’.

o De clientes a Ciudadanos

Durante los períodos de gobierno de Fujimori los grupos sociales y el estado mantuvieron una relación de tipo costo-beneficio; durante el gobierno de la transición, y desde antes, se estaba gestando la apertura al diálogo democrático y promoviendo una mayor participación ciudadana, así como la vigilancia en los procesos y toma de decisiones. Sin embargo, esto aún se ubica en una fase incipiente.

o De la centralización a la descentralización nominal

Habiendo sucedido el gobierno de transición, el gobierno de Alejandro Toledo continuó con el proceso de descentralización; sin embargo, esta no fue una descentralización participativa ni efectiva, en la medida que primó el recelo frente a la aparición de nuevos actores y espacios de compleja representación política. Algunas implementaciones del mismo se continúan haciendo en el vigente mandato de García.

o El Conflicto como forma de vinculación

Ante las altas expectativas de la población al inicio del gobierno de A. Toledo, y posterior frustración por demandas insatisfechas (bonanza macroeconómica y malestar microeconómico), según Coronel y Panfichi, causadas por la falta de intermediarios eficaces, el patrón de vinculación con el estado fue a través del conflicto. Estas acciones fueron alentadas en distintos escenarios ante las respuestas de figuras políticas en su afán de atender los casos oportunistamente.

o Del intento de apertura al gobierno por decreto
Ante las grandes inversiones en las industrias extractivas, se demandaron mayores facilidades para el acceso y control de los recursos naturales, propiedades superficiales de comunidades indígenas y campesinas entre otros. El gobierno de García, de manera similar al gobierno Fujimorista, se ha valido de un sinnúmero de decretos para “darle solución” a esta necesidad gubernamental-corporativa.

o Mecanismos de intermediación alternativa: Redes ‘glocales’ y movimientos Regionales

Ante la elevada conflictividad entorno a la minería entre otros ámbitos, y la ineficiente intermediación de los partidos políticos para canalizar estas demandas hacia el estado, los demandantes se han vinculado a ONG’S internacionales, algunas redes y movimientos regionales que logran ser escuchados por el gobierno regional, nacional y la comunidad internacional; convirtiéndose de este modo en una plataforma alternativa de gestión pacífica para el abordaje de los conflictos sociales.
P.R.O

Distinguiendo entre derechos de propiedad predial y derechos de concesión minera, con énfasis en el análisis del uso del subsuelo

Distinguir ambos tipos de derecho es esencial, pues existe gran desconocimiento y abuso del derecho, causantes de serísimos conflictos entorno a las actividades de la industria extractiva minera. Como se sabe, la propiedad del predio se extiende al subsuelo y al sobresuelo, tal como lo señala el artículo 954º del código civil. Según el artículo 66º de la constitución, los recursos renovables y no renovables son patrimonio de la nación; es decir que el estado es soberano en su aprovechamiento. La figura del otorgamiento de una concesión minera brinda a su titular un derecho real; esto último, se encuentra normado por el artículo 10º del TUO de la ley general de minería.

Asimismo, cabe precisar que ser el propietario o titular de un predio no otorga derecho a ser propietario del mineral que subyace, o en el caso opuesto, de ostentarse la titularidad de una concesión minera, tampoco implica tener derechos sobre el predio. Es decir, ambos derechos son independientes el uno del otro.

Hasta la descripción de la norma, resulta relativamente sencilla la distinción de cada tipo de derecho; sin embargo, si materializamos la figura legal en un hecho concreto nos daremos cuenta que la complejidad no sólo es de orden técnico legal, sino que también social, en la medida que ambos derechos suelen ubicarse en un área material común. Y además de ello, se ha flexibilizado la normativa concerniente al uso de tierras; lo cual eleva la propensión del conflicto. En tal sentido, para el acceso a predios de terceros la norma prevé dos mecanismos; uno de ellos es que se logre un acuerdo con el propietario (según la modificada ley de la inversión privada nº 26505); el otro, la culminación de un acuerdo de servidumbre. Sin embargo, el primero de ellos se ha visto afectado por el decreto legislativo 1064, en la medida que ya no se hace necesario un acuerdo entre las partes, sino que basta con la aprobación de la autoridad competente.

Algunas normas aplicables al uso del suelo para fines mineros y de hidrocarburos, y las normas que rigen la organización y decisiones de las comunidades respecto de sus tierras

 Como parte de la legislación aplicable al uso de suelo con fines mineros se tiene:

Coincido con Sinesio López en la idea de que "El problema se llama García". Sin tener por ello que hacer afrenta al APRA.

García pasó de un extremo al otro, de izquierda radical (cuasi emerretista) a construir un pontificado 'neoliberal' de naipes (sin base social). Sin querer con ello vetar la opcíon liberal. Él cree que el 'desarrollo' implica civilizar u homogenizar a lo distinto (etnias) a cualquier costo (inversiones). Sobre la derogación del DL 1090 entre otros, ya lo dijeron los expertos: "no afecta la implementación del TLC"; si debiera derogarse o no, es un asunto a revisar con pinzas por un tema de gobernabilidad.

Antes de intentar gobernar, García tiene primero que negarse a sí mismo. Eso implica perdir perdón y decidirse a no derramar más sangre; aún no lo ha hecho, y en el mejor de los casos sólo lo salvaría moralmente más no de la justicia.

Ocurre así: no se recepciona el descontento; sucede una protesta, entonces represión; luego, más represión y 'franqueo'; finalmente estado de emergencia, y a llorar muertos. ¿Y García? inagurando obras con Allison y Heresi porque "El Perú avanza". El sol no puede taparse con un dedo; este gobierno tiene un talón de Aquiles: 'la soberbia hecha imagen en García'.

El diálogo es un buen instrumento para generar confianza e intentar el camino pacífico, pero no puede tomarse a la ligera. Las condiciones no están dadas; primero porque la situación apremia, se quiere solución a corto plazo y se esta en pie de lucha (enfrentamientos, movilizaciones de resplado etc); segundo, los interlocutores (pcm, ministerio interior etc) se encuentran deslegitimados; tercero, antes que un político carismático se requiere la participación de especialistas (técnicos en la facilitación y conducción de espacios de diálogo); y finalmente, que ninguna de las partes involucradas en el conflicto sea excluida.

"Conflicto entre los pueblos amázonicos y el estado. Aportes para un diálogo genuino y sostenido"; Así se titula el reciente artículo publicado por Javier Caravedo.

Aquí un extracto:

"El actual proceso conflictivo entre pueblos amazónicos y el gobierno evidencia una vez más dos rasgos persistentes de nuestras relaciones sociales que atentan contra la posibilidad de constituirnos en un país verdaderamente democrático y moderno: la dificultad de establecer un sincero diálogo intercultural desde donde se articulen distintas visiones de desarrollo; y, la tendencia a prestar atención a los conflictos sólo cuando estos han hecho crisis y acecha su potencial destructivo.

A casi tres años de la publicación del libro Diálogo y Concertación (Agosto de 2006), se presenta la sistematización de esta experiencia modelo, en su versión electrónica (ver descargar).

Esta experiencia de descentralización y democracia participativa en la Región Pasco, fue llevada a cabo por ProDiálogo y CECI; la misma que tuvo lugar en las provincias de Daniel Carrión, Oxapampa y Pasco, bajo el enfoque integral transformador (Proceso, Espacios y Actores), y una metodología de tipo Participativa.

Esta intervención se efectúo a través del proyecto Fortalecimiento de la Gobernabilidad Democrática y Participativa en el Marco de la Descentralización: Una propuesta para el Gobierno y Región de Pasco; El ámbito en el que se desarrollo fue dentro de los espacios ya existentes (CCR y MCLCP) y uno nuevo que se impulsó: Mesas de diálogo sobre minería y desarrollo sostenible de Pasco (MDMD).

Con todo ello se buscó:

• Impulsar y fortalecer espacios de dialogo concertación identificados como prioritarios para el gobierno regional de Pasco y los diversos actores de la sociedad civil.

• Fortalecer las capacidades de

Descargar libro: Diálogo y Concertación[330clicks]

"Entre el crecimiento económico y la insatisfacción social. Las protestas sociales en el Perú actual". Así ha sido titulado el reciente libro, editado por Romeo Grompone y Martín Tanaka, que reúne un conjunto de casos que permiten comprender no sólo la dinámica de las protestas sociales; sino que, de modo particular, a los movimientos sociales peruanos en su actual contexto socio político.Los casos que se presentan son parte de lo que los editores denominan ‘las nuevas relaciones entre protestas sociales y política’; estos casos emblemáticos tuvieron lugar durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), pudiéndose tener hoy una mejor interpretación de los hechos.

Entre los casos vistos se tiene el conflicto por la municipalidad de Asilo en Puno, el conflicto entorno al magisterio en Ayacucho, las protestas cocaleras en el valle del río Apurimac, y el caso de los conflictos entre comunidades y la empresa minera Yanacocha en Cajamarca.

En este último caso de Carlos Meléndez, titulado Movilización sin movimientos, se describe y analiza principalmente el conflicto suscitado en Quillish, teniendo como antecedente principal el derrame de mercurio en Choropampa. En el estudio se observa la cronología de hechos, los actores del conflicto, las instancias gubernamentales (gobierno regional y local), los espacios de concertación como las mesas de la CAO, CTAR y MCLP.

El autor se pregunta: ¿De qué manera un conflicto entre una empresa minera y las comunidades aledañas a su actividad puede convertirse en una movilización regional que involucra a una diversa complejidad de actores en un escenario político caracterizado por la fragmentación y la ausencia de mecanismos institucionalizados de intermediación? De lo que concluye: