Los propios discapacitados supervisarán y denunciarán a las entidades públicas y privadas, en Arequipa, que no cumplan con las normas que permiten su inclusión en la sociedad, informó Silvia Aguilar, coordinadora regional del Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).
La funcionaria hizo estas declaraciones durante su participación en la audiencia pública para promover la inclusión, participación y cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, evento promovido por el segundo vicepresidente del Congreso, Michael Urtecho.
Por su parte, el parlamentario refirió que la audiencia tiene como finalidad difundir la ley que dispone que los gobiernos regional y locales deben destinar el 0,5 por ciento de su presupuesto a la ejecución de obras que permitan la accesibilidad de las personas con discapacidad a la sociedad.
Así como promover la difusión de la norma que dispone que el 3 por ciento del personal laboral de una entidad debe estar constituido por personas con algún tipo de discapacidad, el incumplimiento de las normas acarreará una multa de hasta 46 mil nuevos soles a la entidad en caso de incumplimiento.
“Las personas con discapacidad deben conocer primero sus derechos y exigir su cumplimiento, caso contrario pueden denunciar su falta para sancionar a la entidad hasta con 46 mil nuevos soles, tal como lo dispone la norma emitida el pasado mes de enero”, sostuvo Urtecho.
Los representantes de las agrupaciones que reúnen a los más de 150 mil discapacitados de Arequipa, durante la audiencia pública manifestaron su intención de supervisar y denunciar a las entidades que no cumplan con las normas que permiten su inclusión social.
Durante la audiencia el congresista se refirió a la propuesta de realizar un censo nacional para conocer cuántas personas con algún tipo de discapacidad existen en el Perú, debido a que los datos sobre el tema no son exactos y ello conlleva a confusión.
“Se conoce que en el Perú son más de tres millones 500 mil personas con discapacidad, cifra que podría ser mayor y que requiere ser reconocida y ejercer sus derechos como cualquier otro ciudadano”, precisó el parlamentario.
Fuente: ANDINA