Independientemente de cómo votemos cada uno de nosotros y de las motivaciones que nos lleven a ello (anti Fujimori, anti Humala, pro Fujimori, pro Humala, anti los dos), el 28 de julio alguno de los dos candidatos que pasaron a 2da vuelta será el presidente o la presidenta del Perú. Ambas opciones tienen sus riesgos. Me gustaría comentar aquí cuáles pueden ser algunas de las razones por las cuales se podría votar a favor o en contra de Fujimori o Humala.
Mi impresión personal es que si hay gente que está contenta o por lo menos medianamente satisfecha (o por último no tan descontenta) con el actual estado de la economía y quiere o está dispuesta a aceptar que las cosas sigan más o menos igual que como ha sido con el gobierno aprista, la opción por Fujimori podría ser lo más conveniente para ellos. Es una opción que puede garantizar una continuidad del statu quo actual y que para muchos puede darles cierta estabilidad, es decir “business as usual”. Difícilmente un nuevo gobierno fujimorista recurrirá a medidas como las del 5 de abril, pero puede seguir con la habitual costumbre suya (y del gobierno aprista) de tratar de controlar ciertos espacios de decisión en el poder judicial que permitan algunas cosas... como por ejemplo la libertad de Alberto Fujimori, uno de los principales objetivos declarados de su hija cuando deslizó la posibilidad de lanzarse a la presidencia apenas se conoció el fallo de condenó a Fujimori a 25 años de prisión.
El riesgo de un gobierno de Fujimori es aceptar la alta probabilidad de que el manejo del Estado se haga más corrupto que lo que es ahora. Muchos de los operadores políticos del Fujimorismo en su etapa final son los que acompañan a la actual candidata Fujimori. Es cierto que Fujimori dice que “no cometerán los mismos errores” y que ella no es su padre, aunque más allá de ser una hija que lo defiende como puede y una muy buena candidata, no se conocen mayores méritos en la trayectoria política de la Sra. Fujimori. Hay varios implicados en casos de corrupción en el gobierno fujimorista que han purgado o están purgando condenas de prisión, pero sería iluso pensar que los intereses mafiosos o empresariales que incentivaron esa corrupción (tráfico de armas, narcotráfico, empresas que negocian ventajas con el Estado) han dejado de existir o cortaron completamente los vínculos con los operadores más mafiosos o más políticos del fujimontesinismo.
La opción por Humala ofrece para algunos la posibilidad de un cambio de rumbo en el manejo de la economía, en principio dirigido hacia quienes no suelen beneficiarse tanto de la misma en la actualidad. No creo que ese cambio llegue a ser tan radical, pero en este país hablar de una mayor regulación estatal, mayores derechos sociales, o incluso de la posibilidad de reforzar la actividad empresarial del Estado, es casi una herejía que conlleva todos los anatemas posibles de los defensores de la sacrosanta libertad de los empresarios (que no es la misma que la libertad del mercado). Lo del chavismo parece más un espantapájaros (que ya tiene 5 años) repetido por algunos medios y políticos que un peligro real en la actualidad. Por lo que se ha visto en los últimos días, las (auto)restricciones a la libertad y neutralidad de la prensa y de información vienen más de quienes simpatizarían con un gobierno fujimorista que con uno humalista.
Uno de los riesgos con la opción por Humala es que haya una fuerte resistencia de diversos grupos de poder económico (incluidos medios de comunicación afines) y de la oposición política en el Congreso que fuercen un conflicto institucional y entremos en un periodo de inestabilidad política e incluso económica. Una confrontación política que lleve a una crisis institucional, puede terminar en escenarios similares a los experimentados por Ecuador, como en el caso de Lucio Gutiérrez (si se impone la oposición) o de Rafael Correa (si se impone el gobierno). La diferencia con Ecuador es que Humala no está llegando al poder con un amplio respaldo en primera vuelta, no tiene un mandato popular inconfundible para imponer su agenda de reformas económicas y políticas sin necesidad de negociar con otros actores políticos. Su “movida hacia el centro”, independientemente que sea o no del gusto del humalismo, es un gesto de que es conciente de ello.
Muchos temen que se caiga en manejos irresponsables o populistas de la economía para financiar los programas sociales del Estado, pero el Perú no es Venezuela (no tenemos petróleo) y, por lo que puede verse, en el entorno del Humalismo hay economistas (incluyendo los que se han sumado recientemente) que saben que la estabilidad macroeconómica es un tema central de la política económica del Estado. Más bien de lo que se ha hablado es de elevar la presión tributaria para que por lo menos se sitúe en el promedio regional (4 puntos por encima de nuestra presión actual), objetivo medianamente realista que podría permitir que se financien algunas (no todas) promesas sociales del humalismo. Sin embargo el riesgo es que el cambio en la política fiscal enfrente al gobierno con poderosos intereses económicos, conflicto que puede promover la inestabilidad política y económica. Además en ese escenario de conflicto, la impaciencia puede ganarle al gradualismo y llevar al gobierno a tomar medidas poco prudentes en el campo económico.
Ojo que no se descarta que un eventual gobierno humalista tenga problemas de corrupción (por ejemplo, ¿cómo se negociaría con empresas brasileñas que tienen intereses en el Perú?), aunque por este lado, parafraseando a Levitski, puede haber dudas, pero las pruebas de una trayectoria en esa dirección son abrumadoras en el otro lado.
Evitar los riesgos de una u otra opción no está sólo en manos de los candidatos y sus partidos (de su sinceridad o de si les creamos o no). Si las garantías democráticas o de manejos responsables del Estado dependen únicamente de la honestidad o buena voluntad de los políticos (quienes quiera sean éstos) estamos fritos. La democracia no funciona sobre la base de la buena voluntad de los políticos sino a partir de la existencia de instituciones tanto del sistema de político (los partidos, el congreso, el poder judicial, los órganos de control) como de la sociedad civil (medios, opinión pública, organizaciones sociales, ciudadanos interesados) que generen los contrapesos necesarios para contrarrestar la tendencias hacia una concentración del poder en manos del ejecutivo o el ejercicio del mismo sin controles ni transparencia. Sabemos que estas instituciones no son muy fuertes que digamos, pero ¿son más débiles que hace 11 años?.
Creo que una posible interpretación de la actual disyuntiva electoral es entre elegir “casi” más de lo mismo (con crecimiento económico pero sin mayor redistribución más su corrupción extra) y la posibilidad de un cambio hacia un modelo algo más redistributivo, pero que puede ser algo (o bastante) “movido” e incluso terminar mal. ¿Cuáles son las implicancias de esas opciones para el sistema democrático?, complicado de juzgar. Por lo que se ha visto en los últimas semanas el tema de la democracia y los “principios” democráticos ha pasado a un segundo plano y los electores, tanto los de arriba como los de abajo, están ponderando más su decisión en función sus bolsillos y billeteras (llenas o vacías), lo que es bastante normal en todas partes del mundo. Ojalá que algún día tengamos una elección donde ese siga siendo el tema central sin que haya preocupaciones acerca de la posible desaparición de las instituciones de un régimen democrático.
Mi impresión personal es que si hay gente que está contenta o por lo menos medianamente satisfecha (o por último no tan descontenta) con el actual estado de la economía y quiere o está dispuesta a aceptar que las cosas sigan más o menos igual que como ha sido con el gobierno aprista, la opción por Fujimori podría ser lo más conveniente para ellos. Es una opción que puede garantizar una continuidad del statu quo actual y que para muchos puede darles cierta estabilidad, es decir “business as usual”. Difícilmente un nuevo gobierno fujimorista recurrirá a medidas como las del 5 de abril, pero puede seguir con la habitual costumbre suya (y del gobierno aprista) de tratar de controlar ciertos espacios de decisión en el poder judicial que permitan algunas cosas... como por ejemplo la libertad de Alberto Fujimori, uno de los principales objetivos declarados de su hija cuando deslizó la posibilidad de lanzarse a la presidencia apenas se conoció el fallo de condenó a Fujimori a 25 años de prisión.
El riesgo de un gobierno de Fujimori es aceptar la alta probabilidad de que el manejo del Estado se haga más corrupto que lo que es ahora. Muchos de los operadores políticos del Fujimorismo en su etapa final son los que acompañan a la actual candidata Fujimori. Es cierto que Fujimori dice que “no cometerán los mismos errores” y que ella no es su padre, aunque más allá de ser una hija que lo defiende como puede y una muy buena candidata, no se conocen mayores méritos en la trayectoria política de la Sra. Fujimori. Hay varios implicados en casos de corrupción en el gobierno fujimorista que han purgado o están purgando condenas de prisión, pero sería iluso pensar que los intereses mafiosos o empresariales que incentivaron esa corrupción (tráfico de armas, narcotráfico, empresas que negocian ventajas con el Estado) han dejado de existir o cortaron completamente los vínculos con los operadores más mafiosos o más políticos del fujimontesinismo.
La opción por Humala ofrece para algunos la posibilidad de un cambio de rumbo en el manejo de la economía, en principio dirigido hacia quienes no suelen beneficiarse tanto de la misma en la actualidad. No creo que ese cambio llegue a ser tan radical, pero en este país hablar de una mayor regulación estatal, mayores derechos sociales, o incluso de la posibilidad de reforzar la actividad empresarial del Estado, es casi una herejía que conlleva todos los anatemas posibles de los defensores de la sacrosanta libertad de los empresarios (que no es la misma que la libertad del mercado). Lo del chavismo parece más un espantapájaros (que ya tiene 5 años) repetido por algunos medios y políticos que un peligro real en la actualidad. Por lo que se ha visto en los últimos días, las (auto)restricciones a la libertad y neutralidad de la prensa y de información vienen más de quienes simpatizarían con un gobierno fujimorista que con uno humalista.
Uno de los riesgos con la opción por Humala es que haya una fuerte resistencia de diversos grupos de poder económico (incluidos medios de comunicación afines) y de la oposición política en el Congreso que fuercen un conflicto institucional y entremos en un periodo de inestabilidad política e incluso económica. Una confrontación política que lleve a una crisis institucional, puede terminar en escenarios similares a los experimentados por Ecuador, como en el caso de Lucio Gutiérrez (si se impone la oposición) o de Rafael Correa (si se impone el gobierno). La diferencia con Ecuador es que Humala no está llegando al poder con un amplio respaldo en primera vuelta, no tiene un mandato popular inconfundible para imponer su agenda de reformas económicas y políticas sin necesidad de negociar con otros actores políticos. Su “movida hacia el centro”, independientemente que sea o no del gusto del humalismo, es un gesto de que es conciente de ello.
Muchos temen que se caiga en manejos irresponsables o populistas de la economía para financiar los programas sociales del Estado, pero el Perú no es Venezuela (no tenemos petróleo) y, por lo que puede verse, en el entorno del Humalismo hay economistas (incluyendo los que se han sumado recientemente) que saben que la estabilidad macroeconómica es un tema central de la política económica del Estado. Más bien de lo que se ha hablado es de elevar la presión tributaria para que por lo menos se sitúe en el promedio regional (4 puntos por encima de nuestra presión actual), objetivo medianamente realista que podría permitir que se financien algunas (no todas) promesas sociales del humalismo. Sin embargo el riesgo es que el cambio en la política fiscal enfrente al gobierno con poderosos intereses económicos, conflicto que puede promover la inestabilidad política y económica. Además en ese escenario de conflicto, la impaciencia puede ganarle al gradualismo y llevar al gobierno a tomar medidas poco prudentes en el campo económico.
Ojo que no se descarta que un eventual gobierno humalista tenga problemas de corrupción (por ejemplo, ¿cómo se negociaría con empresas brasileñas que tienen intereses en el Perú?), aunque por este lado, parafraseando a Levitski, puede haber dudas, pero las pruebas de una trayectoria en esa dirección son abrumadoras en el otro lado.
Evitar los riesgos de una u otra opción no está sólo en manos de los candidatos y sus partidos (de su sinceridad o de si les creamos o no). Si las garantías democráticas o de manejos responsables del Estado dependen únicamente de la honestidad o buena voluntad de los políticos (quienes quiera sean éstos) estamos fritos. La democracia no funciona sobre la base de la buena voluntad de los políticos sino a partir de la existencia de instituciones tanto del sistema de político (los partidos, el congreso, el poder judicial, los órganos de control) como de la sociedad civil (medios, opinión pública, organizaciones sociales, ciudadanos interesados) que generen los contrapesos necesarios para contrarrestar la tendencias hacia una concentración del poder en manos del ejecutivo o el ejercicio del mismo sin controles ni transparencia. Sabemos que estas instituciones no son muy fuertes que digamos, pero ¿son más débiles que hace 11 años?.
Creo que una posible interpretación de la actual disyuntiva electoral es entre elegir “casi” más de lo mismo (con crecimiento económico pero sin mayor redistribución más su corrupción extra) y la posibilidad de un cambio hacia un modelo algo más redistributivo, pero que puede ser algo (o bastante) “movido” e incluso terminar mal. ¿Cuáles son las implicancias de esas opciones para el sistema democrático?, complicado de juzgar. Por lo que se ha visto en los últimas semanas el tema de la democracia y los “principios” democráticos ha pasado a un segundo plano y los electores, tanto los de arriba como los de abajo, están ponderando más su decisión en función sus bolsillos y billeteras (llenas o vacías), lo que es bastante normal en todas partes del mundo. Ojalá que algún día tengamos una elección donde ese siga siendo el tema central sin que haya preocupaciones acerca de la posible desaparición de las instituciones de un régimen democrático.
Los resultados de la primera vuelta electoral han originado una multiplicidad de análisis en los últimos días. A riesgo de ser repetitivo y poco original, me lanzo con algunas apreciaciones acerca del significado de la jornada del 10 de abril y de las perspectivas que tendremos que considerar en las próximas semanas (y años).
Para mucha gente de determinados círculos de clase media limeña (el limitado espacio en el que suelo moverme cotidianamente), los resultados del 10 de abril son considerados un desastre, en ciertos medios circula la impresión de que ha sido el peor de los escenarios posibles, y varios suscriben la idea que los peruanos nos hemos visto obligados a elegir entre el cáncer y el sida. Estoy totalmente en desacuerdo con esa idea. En lo personal puede no gustarme nada el resultado, pero creo que una elección debe ser significativa, es decir plantear disyuntivas claves que reflejen problemas serios para el país y posiciones diferentes respecto de cómo enfrentarlos. De eso se trata una elección significativa, de situarse en la disyuntiva de optar entre posiciones claramente diferenciadas.
La campaña electoral empezó con discusiones acerca de quién se corta el pelo; quién se droga con qué; quién es más machito para debatir con uno u otro en determinado lugar; cuánto wiskey se toma en palacio de gobierno; cómo son los genitales de un candidato; etc., y terminó poniendo sobre el tapete temas como: el problema de la pobreza; la (in)eficacia pasada o presente de los programas sociales; la desigualdad; la viabilidad social del modelo económico primario exportador; el rol del Estado; la corrupción y la reforma de las instituciones; las libertades ciudadanas; etc.
Estos problemas emergieron en el debate político cuando los candidatos “moderados” o “prosistema” empezaron a anularse entre sí y fueron “flanqueados” por Keiko Fujimori y Ollanta Humala. La incapacidad de Toledo, PPK y Castañeda para coordinar entre sí o plantear ofertas electorales claramente distintas; la eficacia de Fujimori para mantenerse firme en su base; y la buena estrategia electoral de Humala para salirse de la suya, nos han permitido a los peruanos confrontarnos nuevamente con los problemas y disyuntivas cruciales de nuestra sociedad, que no se han desvanecido a pesar de que “el Perú avanza”. Además hay que considerar que estamos confrontando estos problemas no debido a un protesta social violenta, un impasse político institucional o un golpe de Estado, sino gracias a un proceso electoral democrático, conducido ejemplarmente por la ONPE y el JNE (que se están reivindicando luego de su mediocre performance en las elecciones municipales).
Otro punto a considerar es que han pasado a segunda vuelta aquellos candidatos que tienen mayor arraigo en los sectores populares y que su discurso de campaña ha estado especificamente dirigido a ellos. Obviamente ofreciendo cosas desde posiciones muy diferentes, aunque el común denominador es que ambos apelaban al recuerdo o la promesa de un Estado que esté más del lado de los “ignorados”, ya sea asistencialistamente o “redistributivamente”.
De acuerdo con el INEI, en el año 2009 el ingreso per cápita promedio mensual de los hogares del decil 5 era de 285 soles. Eso quiere decir que el 50% de los peruanos contaba en promedio con menos de 10 soles diarios para vivir (comer, pagar los servicios, movilizarse, vestirse, etc.). El ingreso promedio diario del decil más rico (el 10% de peruanos con más ingresos) era de 57 soles, casi seis veces más.
Fujimori y Ollanta le hablaron y fueron más escuchados por esos peruanos que tienen menos de 10 soles diarios para vivir, mientras que los otros candidatos se peleaban por la paternidad del modelo económico que beneficia más a los que están varios soles más arriba que eso.
Una pregunta central de esta elección es por qué los candidatos “moderados” no logran llegar y sobre todo convencer a una proporción más importante de los peruanos que están en el lado menos favorecido de la brecha social. No es un problema de falta de comunicación de los beneficios del modelo (¿hay que avisarle a la gente que el “Perú Avanza”?) sino de lo que efectivamente el Estado en manos de los “moderados” hace por cerrar las brechas y ponerse realmente del lado correcto de las mismas.
En estos primeros días post primera vuelta hemos visto que los radicales de ambas orillas se moderan, van hacia el centro, hablan de concesiones y de garantías para atraer a quienes no votaron por ellos. El hecho de que tienen que llegar al poder convenciendo a más gente de la que votó por ellos los está obligando a asumir esas conductas y compromisos. No lo hacen porque es “realmente” lo que quieren hacer, sino porque las instituciones democráticas (una elección) los están forzando o “incentivando” a ello. Y así es como se supone que deben funcionar las instituciones democráticas, generar incentivos para que los actores políticos asuman determinadas conductas que apunten a que “el sistema político” siga funcionando, y no estalle en mil pedazos por la intransigencia o la imposición por la fuerza de uno sobre otro.
Las instituciones y procedimientos democráticos sirven para que los políticos que buscan o llegan al poder no hagan lo que les da la gana, sino lo que les permiten las reglas del juego democrático. Una de ellas es que si no se tiene mayoría hay que llegar a acuerdos, compromisos y alianzas. Claro, algunos dirán que no son sinceros, que “en el fondo” quisieran otra cosa y probablemente tengan razón, pero querer no es poder, y la democracia funciona cuando los políticos tienen que actuar según las posibilidades que les ofrecen las reglas, el contexto y las circunstancias y no porque son buena gente (elegimos a políticos, no a santos, y dicho sea de paso, los santos no son elegidos por la gente sino por Dios).
Las elecciones han obligado a los políticos (perdedores y ganadores) a escuchar al pueblo, el que votó por ellos y el que no votó por ellos, para ver si esta vez hacen algo que realmente le sirva al pueblo (o a una buena parte de él, por lo menos). Otras instituciones, como el congreso, el poder judicial, la prensa, la opinión pública, pueden generar nuevos incentivos para que los políticos ganadores no hagan lo que les de la gana sino lo que es posible, necesario y razonable de lograr. Es obvio que nuestras instituciones democráticas (del Estado y la sociedad civil) son débiles y a veces no hacen las cosas que se supone deberían hacer, pero de vez en cuando funcionan cuando la gente las hace funcionar: hemos podido deshacernos de un dictador; se han derogado leyes impopulares (la ley de la selva por ejemplo); algunos ministros malos han sido censurados o han tenido que renunciar (algunos buenos también); se han destapado varios casos de corrupción; etc. Seguramente es insuficiente, pero la alternativa es que alguien patee el tablero o busque imponerse sin ningún tipo de control.
Tal vez podemos mejorar estos incentivos y generar algunos que hagan que los ciudadanos sean escuchados con más frecuencia o más fuerza por los políticos y por otros que tienen poder: ¿elecciones parlamentarias intermedias?; ¿fortalecer organizaciones sociales para negociar acuerdos?; ¿sindicatos?; ¿partidos políticos?.
Hay que darle una oportunidad a la democracia para que funcione y produzca resultados (contenidos y no solo formas). Ya sabemos cómo es cuando no hay democracia. Esperemos que en esta segunda vuelta los políticos tengan buenos incentivos para ofrecerle a la ciudadanía opciones realmente significativas y diferenciadas para escoger. Cada quién escogerá en función de su mejor parecer (mis amigos de Facebook ya saben hacia donde me inclino...)
Para mucha gente de determinados círculos de clase media limeña (el limitado espacio en el que suelo moverme cotidianamente), los resultados del 10 de abril son considerados un desastre, en ciertos medios circula la impresión de que ha sido el peor de los escenarios posibles, y varios suscriben la idea que los peruanos nos hemos visto obligados a elegir entre el cáncer y el sida. Estoy totalmente en desacuerdo con esa idea. En lo personal puede no gustarme nada el resultado, pero creo que una elección debe ser significativa, es decir plantear disyuntivas claves que reflejen problemas serios para el país y posiciones diferentes respecto de cómo enfrentarlos. De eso se trata una elección significativa, de situarse en la disyuntiva de optar entre posiciones claramente diferenciadas.
La campaña electoral empezó con discusiones acerca de quién se corta el pelo; quién se droga con qué; quién es más machito para debatir con uno u otro en determinado lugar; cuánto wiskey se toma en palacio de gobierno; cómo son los genitales de un candidato; etc., y terminó poniendo sobre el tapete temas como: el problema de la pobreza; la (in)eficacia pasada o presente de los programas sociales; la desigualdad; la viabilidad social del modelo económico primario exportador; el rol del Estado; la corrupción y la reforma de las instituciones; las libertades ciudadanas; etc.
Estos problemas emergieron en el debate político cuando los candidatos “moderados” o “prosistema” empezaron a anularse entre sí y fueron “flanqueados” por Keiko Fujimori y Ollanta Humala. La incapacidad de Toledo, PPK y Castañeda para coordinar entre sí o plantear ofertas electorales claramente distintas; la eficacia de Fujimori para mantenerse firme en su base; y la buena estrategia electoral de Humala para salirse de la suya, nos han permitido a los peruanos confrontarnos nuevamente con los problemas y disyuntivas cruciales de nuestra sociedad, que no se han desvanecido a pesar de que “el Perú avanza”. Además hay que considerar que estamos confrontando estos problemas no debido a un protesta social violenta, un impasse político institucional o un golpe de Estado, sino gracias a un proceso electoral democrático, conducido ejemplarmente por la ONPE y el JNE (que se están reivindicando luego de su mediocre performance en las elecciones municipales).
Otro punto a considerar es que han pasado a segunda vuelta aquellos candidatos que tienen mayor arraigo en los sectores populares y que su discurso de campaña ha estado especificamente dirigido a ellos. Obviamente ofreciendo cosas desde posiciones muy diferentes, aunque el común denominador es que ambos apelaban al recuerdo o la promesa de un Estado que esté más del lado de los “ignorados”, ya sea asistencialistamente o “redistributivamente”.
De acuerdo con el INEI, en el año 2009 el ingreso per cápita promedio mensual de los hogares del decil 5 era de 285 soles. Eso quiere decir que el 50% de los peruanos contaba en promedio con menos de 10 soles diarios para vivir (comer, pagar los servicios, movilizarse, vestirse, etc.). El ingreso promedio diario del decil más rico (el 10% de peruanos con más ingresos) era de 57 soles, casi seis veces más.
Fujimori y Ollanta le hablaron y fueron más escuchados por esos peruanos que tienen menos de 10 soles diarios para vivir, mientras que los otros candidatos se peleaban por la paternidad del modelo económico que beneficia más a los que están varios soles más arriba que eso.
Una pregunta central de esta elección es por qué los candidatos “moderados” no logran llegar y sobre todo convencer a una proporción más importante de los peruanos que están en el lado menos favorecido de la brecha social. No es un problema de falta de comunicación de los beneficios del modelo (¿hay que avisarle a la gente que el “Perú Avanza”?) sino de lo que efectivamente el Estado en manos de los “moderados” hace por cerrar las brechas y ponerse realmente del lado correcto de las mismas.
En estos primeros días post primera vuelta hemos visto que los radicales de ambas orillas se moderan, van hacia el centro, hablan de concesiones y de garantías para atraer a quienes no votaron por ellos. El hecho de que tienen que llegar al poder convenciendo a más gente de la que votó por ellos los está obligando a asumir esas conductas y compromisos. No lo hacen porque es “realmente” lo que quieren hacer, sino porque las instituciones democráticas (una elección) los están forzando o “incentivando” a ello. Y así es como se supone que deben funcionar las instituciones democráticas, generar incentivos para que los actores políticos asuman determinadas conductas que apunten a que “el sistema político” siga funcionando, y no estalle en mil pedazos por la intransigencia o la imposición por la fuerza de uno sobre otro.
Las instituciones y procedimientos democráticos sirven para que los políticos que buscan o llegan al poder no hagan lo que les da la gana, sino lo que les permiten las reglas del juego democrático. Una de ellas es que si no se tiene mayoría hay que llegar a acuerdos, compromisos y alianzas. Claro, algunos dirán que no son sinceros, que “en el fondo” quisieran otra cosa y probablemente tengan razón, pero querer no es poder, y la democracia funciona cuando los políticos tienen que actuar según las posibilidades que les ofrecen las reglas, el contexto y las circunstancias y no porque son buena gente (elegimos a políticos, no a santos, y dicho sea de paso, los santos no son elegidos por la gente sino por Dios).
Las elecciones han obligado a los políticos (perdedores y ganadores) a escuchar al pueblo, el que votó por ellos y el que no votó por ellos, para ver si esta vez hacen algo que realmente le sirva al pueblo (o a una buena parte de él, por lo menos). Otras instituciones, como el congreso, el poder judicial, la prensa, la opinión pública, pueden generar nuevos incentivos para que los políticos ganadores no hagan lo que les de la gana sino lo que es posible, necesario y razonable de lograr. Es obvio que nuestras instituciones democráticas (del Estado y la sociedad civil) son débiles y a veces no hacen las cosas que se supone deberían hacer, pero de vez en cuando funcionan cuando la gente las hace funcionar: hemos podido deshacernos de un dictador; se han derogado leyes impopulares (la ley de la selva por ejemplo); algunos ministros malos han sido censurados o han tenido que renunciar (algunos buenos también); se han destapado varios casos de corrupción; etc. Seguramente es insuficiente, pero la alternativa es que alguien patee el tablero o busque imponerse sin ningún tipo de control.
Tal vez podemos mejorar estos incentivos y generar algunos que hagan que los ciudadanos sean escuchados con más frecuencia o más fuerza por los políticos y por otros que tienen poder: ¿elecciones parlamentarias intermedias?; ¿fortalecer organizaciones sociales para negociar acuerdos?; ¿sindicatos?; ¿partidos políticos?.
Hay que darle una oportunidad a la democracia para que funcione y produzca resultados (contenidos y no solo formas). Ya sabemos cómo es cuando no hay democracia. Esperemos que en esta segunda vuelta los políticos tengan buenos incentivos para ofrecerle a la ciudadanía opciones realmente significativas y diferenciadas para escoger. Cada quién escogerá en función de su mejor parecer (mis amigos de Facebook ya saben hacia donde me inclino...)
13/04/11: El Antivoto de Ambos Candidatos
¿Cómo ha evolucionado el rechazo o la posibilidad de votar por los candidatos que han pasado a primera vuelta?
Resultados a partir de las encuestas realizadas por el Instituto de Opinión Pública de la PUCP
Has clic aquí para ver el gráfico en otra ventana.
Fuente: Instituto de Opinión Pública de la PUCP
Elaboración: David Sulmont
Resultados a partir de las encuestas realizadas por el Instituto de Opinión Pública de la PUCP
Has clic aquí para ver el gráfico en otra ventana.
Fuente: Instituto de Opinión Pública de la PUCP
Elaboración: David Sulmont
En su última columna de opinión en el diario Correo (ver aqui), Carlos Meléndez critica algunos de los mecanismos de participación ciudadana que existen en nuestro país, haciendo incapié sobre los efectos perversos que podrían tener. Carlos nos recuerda, y nos consta a quienes solemos leer sus interesantes columnas (al margen de estar o no de acuerdo con sus argumentos), que desde hace tiempo critica a quienes consideran que “la participación per se tiene efectos positivos para el fortalecimiento del régimen democrático, cuando en la última década ha quedado demostrado que puede resultar contraproducente en varios sentidos”. Como ejemplos, Carlos menciona que algunos mecanismos de participación ciudadana (como los presupuestos participativos) generan un excesivo incremento en las expectativas de la ciudadanía que cuando no se ven satisfechas, merman la legitimidad de las instituciones de la democracia representativa (como la elección de autoridades). Carlos afirma que el resultado que pueden tener estos experimentos de participación ciudadana es la baja legitimidad de las instituciones democráticas y los conflictos sociales.
Asimismo, Carlos menciona que iniciativas de ciudadanos que buscan tener una presencia más activa o visible en la política, como “adoptar a un congresista” y el plantón que convocó Susana Villarán el lunes pasado para reclamar mayor celeridad al JNE en la resolución de las actas observadas, terminan deslegitimando a instituciones importantes para la democracia como el parlamento y las autoridades electorales. Es más, respecto del plantón, Carlos comparte las críticas del PPC-UN, voceros del gobierno y algunos periodistas de que se trataba de un hecho de “presión politica en pleno proceso electoral” lo que contribuye “al descrédito de nuestra democracia”.
Me gustaría en este post discutir algunos de los argumentos propuestos por Carlos Meléndez. En primer lugar, yo no estoy seguro si la participación efectivamente contribuye a la deslegitimación de las instituciones democráticas y al incremento de los conflictos sociales, aunque tampoco creo (y en eso coincido con Carlos) que la participación per se fortalezca a la democracia. Más bien considero que la participación y el conflicto social son fenómemos propios de una sociedad democrática, es decir hechos que ocurren cuando la gente tiene derecho a protestar, a criticar, a reclamar, independientemente de si estamos o no de acuerdo con sus protestas o reclamos. Si la gente no protestara es obvio que las instituciones gubernamentales estarían más “tranquilas” o “libres de presión”, lamentablemente la gente protesta, está descontenta, y lo seguirá haciendo y estando, por una multiplicidad de razones, coherentes o no.
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Asimismo, Carlos menciona que iniciativas de ciudadanos que buscan tener una presencia más activa o visible en la política, como “adoptar a un congresista” y el plantón que convocó Susana Villarán el lunes pasado para reclamar mayor celeridad al JNE en la resolución de las actas observadas, terminan deslegitimando a instituciones importantes para la democracia como el parlamento y las autoridades electorales. Es más, respecto del plantón, Carlos comparte las críticas del PPC-UN, voceros del gobierno y algunos periodistas de que se trataba de un hecho de “presión politica en pleno proceso electoral” lo que contribuye “al descrédito de nuestra democracia”.
Me gustaría en este post discutir algunos de los argumentos propuestos por Carlos Meléndez. En primer lugar, yo no estoy seguro si la participación efectivamente contribuye a la deslegitimación de las instituciones democráticas y al incremento de los conflictos sociales, aunque tampoco creo (y en eso coincido con Carlos) que la participación per se fortalezca a la democracia. Más bien considero que la participación y el conflicto social son fenómemos propios de una sociedad democrática, es decir hechos que ocurren cuando la gente tiene derecho a protestar, a criticar, a reclamar, independientemente de si estamos o no de acuerdo con sus protestas o reclamos. Si la gente no protestara es obvio que las instituciones gubernamentales estarían más “tranquilas” o “libres de presión”, lamentablemente la gente protesta, está descontenta, y lo seguirá haciendo y estando, por una multiplicidad de razones, coherentes o no.
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28/10/10: Ganar en las ánforas o ganar en la mesa
Finalmente esta semana ya tenemos una virtual alcaldesa de Lima. Al día de hoy falta procesar poco menos del 2% de las actas para que la victoria de Susana Villarán se convierta en un hecho oficial. Ayer Lourdes Flores reconoció su derrota y ofreció su apoyo a la nueva alcaldesa. Sin embargo en esa misma conferencia de prensa afirmó que si el JNE hubiese aplicado sus propias normas, debieron anularse un grupo importantes de actas donde ganaba Fuerza Social, lo que hubiese significado la victoria para la candidata del PPC-UN. En un momento de su alocución, Lourdes Flores afirmó que el JNE había sentado un precedente preocupante al no haber hecho cumplir sus propias normas y anular las actas observadas por falta de un conjunto de requisitos, básicamente la presencia de un número específico de firmas y huellas digitales de los miembros de mesa.
¿Hay un precedente preocupante? ¿el JNE debió anular las actas observadas que menciona Lourdes Flores? Las normas dictadas por el JNE para la observación de actas no forman parte de una ley sino de un reglamento publicado a fines de agosto (Nº 1717-2010-JNE ). Un reglamento no puede estar por encima de una ley ni mucho menos por encima de la constitución, donde lo que prima es el derecho al sufragio y que el voto del ciudadano cuente.
El reglamento del JNE especifica las causales de observación de las actas la forma en cómo los JEE deben proceder para decidir si valida o anula un acta observada. La primera versión del mismo data de las elecciones del 2006. Es un reglamento bastante taxativo (Si A+B entonces C y así por el estilo), por lo que los jueces de los JEE tienen poco margen de interpretación (este tema lo hemos tratado en un post anterior). La modificación que hace el JNE a ese reglamento en agosto de este año es introducir una causal adicional de observación del acta: las famosas firmas y huellas (cuántas tiene que haber y dónde). El resto se mantiene igual. Ojo que en ninguna parte se dice que observación de un acta = anulación de la misma. Un acta observada debe ser evaluada por el JEE para tomar esa decisión y el objetivo es que la anulación de un acta sea un hecho excepcional, ya que privaría a decenas de ciudadanos de su derecho al sufragio. Por eso los JEE han validado casi todas las actas que adolecen de alguno de esos requisitos de las firmas.
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¿Hay un precedente preocupante? ¿el JNE debió anular las actas observadas que menciona Lourdes Flores? Las normas dictadas por el JNE para la observación de actas no forman parte de una ley sino de un reglamento publicado a fines de agosto (Nº 1717-2010-JNE ). Un reglamento no puede estar por encima de una ley ni mucho menos por encima de la constitución, donde lo que prima es el derecho al sufragio y que el voto del ciudadano cuente.
El reglamento del JNE especifica las causales de observación de las actas la forma en cómo los JEE deben proceder para decidir si valida o anula un acta observada. La primera versión del mismo data de las elecciones del 2006. Es un reglamento bastante taxativo (Si A+B entonces C y así por el estilo), por lo que los jueces de los JEE tienen poco margen de interpretación (este tema lo hemos tratado en un post anterior). La modificación que hace el JNE a ese reglamento en agosto de este año es introducir una causal adicional de observación del acta: las famosas firmas y huellas (cuántas tiene que haber y dónde). El resto se mantiene igual. Ojo que en ninguna parte se dice que observación de un acta = anulación de la misma. Un acta observada debe ser evaluada por el JEE para tomar esa decisión y el objetivo es que la anulación de un acta sea un hecho excepcional, ya que privaría a decenas de ciudadanos de su derecho al sufragio. Por eso los JEE han validado casi todas las actas que adolecen de alguno de esos requisitos de las firmas.
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22/10/10: Sufragio con efecto retardado
Han pasado 17 días desde las elecciones regionales y municipales y en muchas localidades del país todavía no se cuenta con resultados definitivos. En el caso de las elecciones regionales, los JEE todavía tienen que resolver un 10% de las actas, mientras que en el caso de las elecciones municipales provinciales falta un 12%. En poco más de dos semanas los JEE han procesado y devuelto a la ONPE aproximadamente entre la mitad o poco más de la mitad de las actas que fueron observadas, en su gran mayoría debido al cambio de reglas que introdujo el JNE.
La mayoría de actas por resolver sigue estando en la provincia de Lima: de las 8,240 actas que fueron inicialmente observadas, quedan hasta el día de hoy (21/10) 4,526 actas por resolver. En 17 días los JEE han emitido resoluciones sobre el 45% de todas las actas observadas, la gran mayoría en los últimos 5 días donde los JEE han estado trabajando a pleno ritmo. Se espera que en el transcurso de los 4 a 7 días siguientes se pueda terminar con todo este trabajo (sin contar las posibles apelaciones ante el JNE)
En los últimos días hemos visto variar la distancia de votos que separaban a Susana Villarán de Lourdes Flores. Flores parece haber acortado esa distancia, fundamentalmente debido a que la mayoría de actas que han sido resueltas por los JEE hasta la fecha provienen de distritos donde ella ha ganado ampliamente (Lima Centro y Lima Oeste). Esto se revertirá conforme entren las actas de distritos donde gana Fuerza Social, especialmente de Lima Norte, donde todavía subsiste en algunos distritos entre 35% y 25% de actas sin contabilizar. Lo más probable es que la distancia final que separará a ambas candidatas sea de 1% de los votos válidos.
Ya hemos mencionado cómo la incompetencia de los organismos electorales para lidiar con el tema de las actas observadas por errores meramente formales ha debilitado la confianza en estas instituciones. En esta ocasión queremos plantear otro conjunto de consecuencias políticas de esta demora por incompetencia.
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La mayoría de actas por resolver sigue estando en la provincia de Lima: de las 8,240 actas que fueron inicialmente observadas, quedan hasta el día de hoy (21/10) 4,526 actas por resolver. En 17 días los JEE han emitido resoluciones sobre el 45% de todas las actas observadas, la gran mayoría en los últimos 5 días donde los JEE han estado trabajando a pleno ritmo. Se espera que en el transcurso de los 4 a 7 días siguientes se pueda terminar con todo este trabajo (sin contar las posibles apelaciones ante el JNE)
En los últimos días hemos visto variar la distancia de votos que separaban a Susana Villarán de Lourdes Flores. Flores parece haber acortado esa distancia, fundamentalmente debido a que la mayoría de actas que han sido resueltas por los JEE hasta la fecha provienen de distritos donde ella ha ganado ampliamente (Lima Centro y Lima Oeste). Esto se revertirá conforme entren las actas de distritos donde gana Fuerza Social, especialmente de Lima Norte, donde todavía subsiste en algunos distritos entre 35% y 25% de actas sin contabilizar. Lo más probable es que la distancia final que separará a ambas candidatas sea de 1% de los votos válidos.
Ya hemos mencionado cómo la incompetencia de los organismos electorales para lidiar con el tema de las actas observadas por errores meramente formales ha debilitado la confianza en estas instituciones. En esta ocasión queremos plantear otro conjunto de consecuencias políticas de esta demora por incompetencia.
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Han pasado 11 días desde las elecciones municipales y regionales y hasta la fecha falta todavía contabilizar 24.3% de las actas en Lima Metropolitana que están en manos de los Jurados Electorales Especiales (JEE).
Los JEE de Lima Metropolitana empezaron el trabajo de revisión de las actas el día Lunes 11de octubre. Hasta la fecha han resuelto 430 de las 8,240 actas observadas. Eso significa una "velocidad" de 86 actas por día. Si se mantiene el actual ritmo de trabajo podremos tener resultados oficiales en unos 91 días más (si es que trabajan fines de semana), es decir hacia el aniversario de Lima el 18 enero.
Resulta indispensable que los JEE aceleren su trabajo. Si la meta es tener resultados dentro de 2 semanas (es decir casi un mes después de las elecciones), deberían trabajar 6.5 veces más rápido que hasta ahora. Todo eso no toma aun en cuenta las apelaciones. Como han anunciado los personeros del PPC-UN y de FS, existe la legítima intención de apelar las resoluciones que les son desfavorables, ello implica que al final tendremos un número no determinado de actas que terminarán en manos del JNE, que debe resolver no solo las actas de Lima sino de todo el país, que como dijimos en el post anterior suman en el mejor de los casos más de 55 mil actas, ¿cuantas serán apeladas?.
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Los JEE de Lima Metropolitana empezaron el trabajo de revisión de las actas el día Lunes 11de octubre. Hasta la fecha han resuelto 430 de las 8,240 actas observadas. Eso significa una "velocidad" de 86 actas por día. Si se mantiene el actual ritmo de trabajo podremos tener resultados oficiales en unos 91 días más (si es que trabajan fines de semana), es decir hacia el aniversario de Lima el 18 enero.
Resulta indispensable que los JEE aceleren su trabajo. Si la meta es tener resultados dentro de 2 semanas (es decir casi un mes después de las elecciones), deberían trabajar 6.5 veces más rápido que hasta ahora. Todo eso no toma aun en cuenta las apelaciones. Como han anunciado los personeros del PPC-UN y de FS, existe la legítima intención de apelar las resoluciones que les son desfavorables, ello implica que al final tendremos un número no determinado de actas que terminarán en manos del JNE, que debe resolver no solo las actas de Lima sino de todo el país, que como dijimos en el post anterior suman en el mejor de los casos más de 55 mil actas, ¿cuantas serán apeladas?.
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10/10/10: El Voto Secuestrado por los Jurados
De acuerdo con la ONPE, hasta la fecha (10/10/10) habían 8,384 actas con observaciones en las elecciones municipales provinciales de Lima Metropolitana. Eso equivale aproximadamente a 1.3 millones de votos. Le compete a los Jurados Electorales Especiales en primera instancia, y al Jurado Nacional de Elecciones en última instancia, decidir si los votos contenidos en esas actas deben ser contabilizados por la ONPE, o de lo contrario, ser anulados.
Sin embargo eso es sólo una fracción de las actas observadas y de los votos en manos de los jueces a nivel nacional. En las elecciones del 3 de octubre, los peruanos en realidad participamos en 5 procesos electorales independientes: Elecciones Municipales Provinciales, elecciones Municipales Distritales, elecciones para Presidente Regional, elecciones para Consejeros Regionales, Referéndum del Fonavi. Los votos se cuentan de manera separada para cada elección. Si bien el acta de resultados de la elección Municipal Provincial - Distrital es una sola (ver aquí[60clicks]), cada columna de resultados (la provincial y la distrital) se debe analizar en forma separada, un error en una de ellas no anula la otra. Además, en el caso de Lima, los miembros de mesa debían llenar otra acta separada para el referéndum (ver aquí[49clicks]). En los lugares donde se realizaban las elecciones regionales (todo el país excepto Lima Metropolitana) se debía llenar una tercera acta para esa elección (ver aquí[60clicks]).
En cada acta se debía consignar la firma y la huella digital de los tres miembros de mesa en tres secciones diferentes: Instalación, Sufragio y Escrutinio. En otras palabras, un miembro de mesa de una localidad donde se llevaban a cabo los tres tipos de elección (Municipal, Regional y Referédum) debía estampar su firma y su huella digital por lo menos en 36 lugares diferentes (3 por acta, por 3 elecciones, por 4 copias), más las copias de las actas a los personeros que las soliciten.
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Sin embargo eso es sólo una fracción de las actas observadas y de los votos en manos de los jueces a nivel nacional. En las elecciones del 3 de octubre, los peruanos en realidad participamos en 5 procesos electorales independientes: Elecciones Municipales Provinciales, elecciones Municipales Distritales, elecciones para Presidente Regional, elecciones para Consejeros Regionales, Referéndum del Fonavi. Los votos se cuentan de manera separada para cada elección. Si bien el acta de resultados de la elección Municipal Provincial - Distrital es una sola (ver aquí[60clicks]), cada columna de resultados (la provincial y la distrital) se debe analizar en forma separada, un error en una de ellas no anula la otra. Además, en el caso de Lima, los miembros de mesa debían llenar otra acta separada para el referéndum (ver aquí[49clicks]). En los lugares donde se realizaban las elecciones regionales (todo el país excepto Lima Metropolitana) se debía llenar una tercera acta para esa elección (ver aquí[60clicks]).
En cada acta se debía consignar la firma y la huella digital de los tres miembros de mesa en tres secciones diferentes: Instalación, Sufragio y Escrutinio. En otras palabras, un miembro de mesa de una localidad donde se llevaban a cabo los tres tipos de elección (Municipal, Regional y Referédum) debía estampar su firma y su huella digital por lo menos en 36 lugares diferentes (3 por acta, por 3 elecciones, por 4 copias), más las copias de las actas a los personeros que las soliciten.
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Comparto con ustedes algunas reflexiones sobre la representatividad de las encuestas nacionales que se publican periódicamente en diversos medios de comunicación. Este tipo de encuestas, como por ejemplo la última encuesta del Instituto de Opinión Pública de la PUCP realizada entre el 5 y 8 de junio, o la última encuesta de Ipsos Apoyo publicada en el diario El Comercio el 22 de Junio, son en realidad “encuestas nacional-urbanas”, tal y como se precisa en sus fichas técnicas respectivas. Es decir representan la opinión de la población de las principales ciudades del país (16 en el caso de Ipsos Apoyo; 14 en el caso de la encuesta de la PUCP).
El llamar a estas encuestas “nacionales”, cuando excluyen de su muestra a cerca de la mitad de la población peruana, requiere adoptar algunas precauciones importantes. Los siguientes comentarios se refieren en especial a la encuesta de la PUCP, puesto que desde el 2004 trabajo en el Instituto de Opinión Pública de dicha casa de estudios y tengo una participación directa en la elaboración de esos estudios.
Sobre el alcance de las encuestas y su nivel de representatividad
La reciente encuesta del IOP-PUCP es una encuesta "Nacional Urbana", la población objetivo que busca ser representada es la que vive en las ciudades, en concreto las 14 ciudades más importantes del país (incluyendo Lima y Callao). En esas ciudades vive el 49% del conjunto de la población peruana y el 64% de la población urbana del país. Eso quiere decir que no se está representando a cerca de la mitad de la población del país que vive ya sea en otras ciudades más pequeñas (un 27% de la población nacional) o en zonas rurales (un 24% del total nacional).
El motivo principal de esa exclusión es de carácter financiero. Se puede hacer una muestra representativa del país con unos 1200 casos (el tamaño de la muestra de la PUCP) distribuyéndola en más ciudades y zonas rurales pero sus costos resultarían bastante más elevados. Encuestas de opinión de ese tipo, con muestras distribuidas en forma más dispersa (varias provincias más, incluyendo zonas rurales) se hacen usualmente en coyunturas electorales.
La exclusión de cerca de la mitad de la población nacional en sus muestras es probablemente la limitación más seria del conjunto de encuestas de opinión regulares que se hacen el país. Las encuestas nacionales mensuales que últimamente viene publicando Ipsos Apoyo tienen casi la misma cobertura que la encuesta nacional (bianual) de la PUCP aunque con un poco menos de casos (1000). Dicho sea de paso, es necesario indicar que muchas instituciones también hacen encuestas más representativas del conjunto del país. En el caso de la PUCP ello ocurrió durante la cobertura de la campaña electoral del 2006 (encuesta de mayo del 2006) o en otros estudios e investigaciones especiales que se realizan para proyectos específicos (como la encuesta mundial de valores realizada en diciembre del 2006)
Sin embargo hay que tomar en cuenta que si bien la opinión de la gente en las grandes ciudades puede ser diferente a la del resto de localidades del país, difícilmente será diametralmente opuesta, especialmente considerando que muchos de los que viven en las ciudades mantienen vínculos constantes con gente que vive en otros lugares. Lamentablemente, la única forma de medir qué tan diferentes son estas opiniones es haciendo encuestas más amplias y representativas del conjunto del país, lo que no sucede muy a menudo. Cuando se hace se puede ver que en efecto hay diferencias importantes, pero los efectos de esas diferencias sobre el resultado “nacional” no son tan abismales como se cree.
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El llamar a estas encuestas “nacionales”, cuando excluyen de su muestra a cerca de la mitad de la población peruana, requiere adoptar algunas precauciones importantes. Los siguientes comentarios se refieren en especial a la encuesta de la PUCP, puesto que desde el 2004 trabajo en el Instituto de Opinión Pública de dicha casa de estudios y tengo una participación directa en la elaboración de esos estudios.
Sobre el alcance de las encuestas y su nivel de representatividad
La reciente encuesta del IOP-PUCP es una encuesta "Nacional Urbana", la población objetivo que busca ser representada es la que vive en las ciudades, en concreto las 14 ciudades más importantes del país (incluyendo Lima y Callao). En esas ciudades vive el 49% del conjunto de la población peruana y el 64% de la población urbana del país. Eso quiere decir que no se está representando a cerca de la mitad de la población del país que vive ya sea en otras ciudades más pequeñas (un 27% de la población nacional) o en zonas rurales (un 24% del total nacional).
El motivo principal de esa exclusión es de carácter financiero. Se puede hacer una muestra representativa del país con unos 1200 casos (el tamaño de la muestra de la PUCP) distribuyéndola en más ciudades y zonas rurales pero sus costos resultarían bastante más elevados. Encuestas de opinión de ese tipo, con muestras distribuidas en forma más dispersa (varias provincias más, incluyendo zonas rurales) se hacen usualmente en coyunturas electorales.
La exclusión de cerca de la mitad de la población nacional en sus muestras es probablemente la limitación más seria del conjunto de encuestas de opinión regulares que se hacen el país. Las encuestas nacionales mensuales que últimamente viene publicando Ipsos Apoyo tienen casi la misma cobertura que la encuesta nacional (bianual) de la PUCP aunque con un poco menos de casos (1000). Dicho sea de paso, es necesario indicar que muchas instituciones también hacen encuestas más representativas del conjunto del país. En el caso de la PUCP ello ocurrió durante la cobertura de la campaña electoral del 2006 (encuesta de mayo del 2006) o en otros estudios e investigaciones especiales que se realizan para proyectos específicos (como la encuesta mundial de valores realizada en diciembre del 2006)
Sin embargo hay que tomar en cuenta que si bien la opinión de la gente en las grandes ciudades puede ser diferente a la del resto de localidades del país, difícilmente será diametralmente opuesta, especialmente considerando que muchos de los que viven en las ciudades mantienen vínculos constantes con gente que vive en otros lugares. Lamentablemente, la única forma de medir qué tan diferentes son estas opiniones es haciendo encuestas más amplias y representativas del conjunto del país, lo que no sucede muy a menudo. Cuando se hace se puede ver que en efecto hay diferencias importantes, pero los efectos de esas diferencias sobre el resultado “nacional” no son tan abismales como se cree.
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17/03/07: Una sociedad persistentemente machista
Por David Sulmont
De acuerdo con los resultados la última encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú, realizada en marzo del 2007, el 71% de los limeños entrevistados consideran que la sociedad peruana es “muy” o “bastante” machista (ver resultados de la encuesta aqui). Hace un año, en la encuesta de la Universidad Católica de fines de febrero del 2006, se obtuvieron exactamente los mismos resultados. Resulta interesante señalar que en agosto del 2004, el Estudio para la Defensa y los Derechos de la Mujer (DEMUS) realizó una encuesta donde se hizo una pregunta similar y se encontró que, en Lima, el 74% de los entrevistados consideraban que la sociedad peruana era muy o bastante machista (para ver informe del estudio de DEMUS, hacer clic aqui).
Como resulta comprensible, las mujeres son más sensibles que los hombres respecto de este tema: 80% de las mujeres entrevistadas en la última encuesta consideran que somos una sociedad muy o bastante machista, en contraste con 63% de los hombres. Esta evaluación diferenciada según el género tampoco ha cambiado significativamente a lo largo del tiempo.
Por lo visto estamos ante una situación donde la percepción de que el Perú es una sociedad machista no sólo está bastante difundida en la población (particularmente la femenina), sino que no ha variado de manera sustantiva en por lo menos los últimos 3 años y medio. Ello a pesar de que más del 70% tanto de hombre como mujeres entrevistadas en marzo del 2007 consideran que en el Perú las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres de conseguir un buen empleo, ganar un salario similar, acceder a una buena educación o asumir la responsabilidad de un cargo público.
Aparentemente existiría una percepción paradójica en la opinión pública: por un lado no se aprecian mayores cambios en relación a qué tan machista es la sociedad peruana; mientras que al mismo tiempo se opina que en determinados ámbitos públicos (el trabajo, la educación y la política) existiría una relativa igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Sin embargo, no debemos olvidarnos que el terreno donde se juega la igualdad de género generalmente se encuentra más bien en el ámbito privado y doméstico. Allí, a pesar del crédito que los varones parecen querer atribuirse, en su gran mayoría son las mujeres las que siguen asumiendo las tareas que permiten que una casa y una familia funcionen. El día en que aprendamos a compartir entre hombres y mujeres con equidad estas responsabilidades esenciales, tal vez empecemos a percibir (sobre todo las mujeres) que nuestro país va siendo “poco” o “nada” machista.
De acuerdo con los resultados la última encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú, realizada en marzo del 2007, el 71% de los limeños entrevistados consideran que la sociedad peruana es “muy” o “bastante” machista (ver resultados de la encuesta aqui). Hace un año, en la encuesta de la Universidad Católica de fines de febrero del 2006, se obtuvieron exactamente los mismos resultados. Resulta interesante señalar que en agosto del 2004, el Estudio para la Defensa y los Derechos de la Mujer (DEMUS) realizó una encuesta donde se hizo una pregunta similar y se encontró que, en Lima, el 74% de los entrevistados consideraban que la sociedad peruana era muy o bastante machista (para ver informe del estudio de DEMUS, hacer clic aqui).
Como resulta comprensible, las mujeres son más sensibles que los hombres respecto de este tema: 80% de las mujeres entrevistadas en la última encuesta consideran que somos una sociedad muy o bastante machista, en contraste con 63% de los hombres. Esta evaluación diferenciada según el género tampoco ha cambiado significativamente a lo largo del tiempo.
Por lo visto estamos ante una situación donde la percepción de que el Perú es una sociedad machista no sólo está bastante difundida en la población (particularmente la femenina), sino que no ha variado de manera sustantiva en por lo menos los últimos 3 años y medio. Ello a pesar de que más del 70% tanto de hombre como mujeres entrevistadas en marzo del 2007 consideran que en el Perú las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres de conseguir un buen empleo, ganar un salario similar, acceder a una buena educación o asumir la responsabilidad de un cargo público.
Aparentemente existiría una percepción paradójica en la opinión pública: por un lado no se aprecian mayores cambios en relación a qué tan machista es la sociedad peruana; mientras que al mismo tiempo se opina que en determinados ámbitos públicos (el trabajo, la educación y la política) existiría una relativa igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Sin embargo, no debemos olvidarnos que el terreno donde se juega la igualdad de género generalmente se encuentra más bien en el ámbito privado y doméstico. Allí, a pesar del crédito que los varones parecen querer atribuirse, en su gran mayoría son las mujeres las que siguen asumiendo las tareas que permiten que una casa y una familia funcionen. El día en que aprendamos a compartir entre hombres y mujeres con equidad estas responsabilidades esenciales, tal vez empecemos a percibir (sobre todo las mujeres) que nuestro país va siendo “poco” o “nada” machista.
