El gobierno argentino propuso reemplazar el régimen de capitalización de los fondos privados de pensiones por un régimen estatal de reparto mediante la creación del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) según el cual las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) sólo estarían encargadas de los aportes voluntarios, mientras que para el gobierno representaría el manejo de un fondo que asciende a cerca de US$ 30 mil millones y de un flujo de ingresos anuales equivalentes a US$ 4 mil millones por concepto de las contribuciones.
Quienes impulsan el proyecto argumentan que se busca evitar que la crisis financiera actual licúe las futuras prestaciones de los jubilados, por lo que la administración en manos del Estado buscaría garantizar a los jubilados la obtención de una pensión mínima. Por otro lado, los opositores a la propuesta señalan que la medida se origina en la necesidad de asegurar las finanzas públicas. Sin embargo, y más allá de la coyuntura de la crisis financiera internacional, las iniciativas asociadas a obtener financiamiento a partir de los fondos de pensiones no son una novedad en Argentina. Por ejemplo, en el año 2001 el gobierno obligó a las AFJP a comprar Letras del Tesoro argentino para cubrir el déficit fiscal, las mismas que entraron en default a fines de dicho año. Asi también, en el año 2007, el Estado estuvo promoviendo la opción de retorno al sistema de reparto estatal la cual fue fuertemente criticada por considerarse un intento por obtener ingresos en el corto plazo.
Esta medida ha sido recibida negativamente por los mercados; luego del anuncio de la propuesta el índice Merval de la Bolsa de Buenos Aires cayó 10% y el riesgo-país aumentó en más de 278 puntos básicos. Ello estaría reflejando tanto la desaprobación del mercado por la reforma del sistema de pensiones, como la desconfianza frente al propio gobierno argentino por la estatización de los fondos. Durante esta semana, el Parlamento argentino debatirá los principales aspectos de este proyecto; la principal demanda de la oposición es que se garantice que el fondo que se trasladará al gobierno no será usado para hacer frente a los compromisos fiscales.
Este asunto de la estatización de los fondos de las AFJP tiene su raíz en diciembre de 2001 con el tristemente célebre "corralito" y la posterior reestructuración de la deuda en 2005, ya con el Sr. Kirchner al mando. Los acreedores de entonces tuvieron que "tragarse el sapo" de reducir la deuda en más del 50% pero dejaron a la Argentina con el sello indeleble de "mal pagador" y eso se ha reflejado desde entonces en el indicador de riesgo país (ver EMBI+ histórico). Con el descalabro financiero actual es totalmente previsible que el crédito se secará en los países emergentes y en particular para los que tienen mala reputación como pagadores. El Perú, con grado de inversión, puede aún emitir bonos y encontrar interesados en comprarlos; pero para Argentina el panorama es mucho más sombrío y no les ha quedado otra que perpetrar un latrocinio vestido de legalidad para hacer frente a los fuertes vencimientos de deuda que tienen para el período 2009-2011. No llamará la atención que si la estatización prospera, aquellos acreedores que optaron por no canjear deuda en 2005 y prefirieron entablar juicios, serán los primeros en abalanzarse sobre las inversiones de las AFJP en el exterior.