Estado: urgente cambio de chip, por Gianfranco Castagnola

“La administración pública está asfixiando a los ciudadanos y los funcionarios están atados de manos por sobrerregulaciones”.

Ilustración: Víctor Aguilar. En: elcomercio perú.

Ilustración: Víctor Aguilar. En: elcomercio perú.

Viene siendo frecuente escuchar anécdotas acerca de la irracionalidad a la que está llegando el formalismo y la sobrerregulación en el Estado Peruano. Un amigo nacido en el extranjero, que decidió nacionalizarse luego de su matrimonio, ha encontrado dificultades –irresueltas hasta ahora– por culpa de una tilde. Su expediente ha sido observado porque mientras su pasaporte consigna como su segundo nombre “Jesús”, en mayúsculas y sin tilde, su partida de matrimonio emitida en el Perú lo hace en minúsculas, con tilde.

Una ex funcionaria, que ha sido contratada para una consultoría corta por una importante entidad estatal, presentó su CV documentado, como es la norma hoy, pero el Ministerio de Economía y Finanzas lo observó: en el formulario, ella había consignado como profesión “abogada”, en femenino; pero, la copia de su título universitario decía “abogado” en masculino. El funcionario solicitó que se acercara nuevamente a llenar el formulario para que “todo coincida”. Como en el caso anterior, la consecuencia del formalismo es más tiempo y más gestiones.

Hay historias más dramáticas, como la del empresario que fue descalificado de un concurso público debido a que la renovación de su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores había sido observada por una minucia. La consecuencia para él fue una injusta sanción de inhabilitación, y para el Estado, la pérdida de un honrado y eficiente proveedor (y de muchos más, que terminan espantados de la contratación pública).

Estas anécdotas reflejan la administración pública que ha encontrado el nuevo gobierno: un aparato estatal mucho más grande –no en vano entre el 2004 y el 2014 los ingresos fiscales se triplicaron y entre el 2011 y el 2016 la planilla aumentó en 74%–, pero mucho más ineficiente. La administración pública está asfixiando a los ciudadanos y empresas, y los mismos funcionarios están atados de manos y limitados en su accionar por miles de formalismos y sobrerregulaciones inútiles.

Es razonable y deseable regular temas relacionados al ambiente, la sanidad de los alimentos, la seguridad de las edificaciones, el mantenimiento del patrimonio nacional, entre muchos otros. Para eso está el Estado: para imponer normas que aseguren la convivencia segura y sostenible de las personas. Y también es razonable y deseable que el Estado se regule por normas que imposibiliten la corrupción. El problema es que los instrumentos escogidos para hacerlo son muy malos. La gran mayoría de normas emitidas para esos fines implica la entrega de muchísima documentación –en físico, por cierto, y de forma presencial–; la tramitación de más permisos y autorizaciones; y la realización de inspecciones y fiscalizaciones que pueden terminar en la imposición de sanciones desproporcionadas por el incumplimiento de exigencias meramente formales. Todo ello resulta muy oneroso y no asegura el logro de los objetivos de la regulación.

El nuevo reglamento de licencias de conducir constituye un buen ejemplo. Todos queremos que quienes manejan vehículos cumplan las reglas de tránsito y conduzcan de manera prudente. ¿Pero alguien cree, en su sano juicio, que vamos a lograrlo obligando a todos –los nuevos y los que deben renovar su licencia– a seguir un curso de 20 horas de mecánica y primeros auxilios? Lo que es descorazonador es que nadie, salvo una columnista, ha comentado este despropósito. Hemos perdido nuestra capacidad de rebelarnos ante los dislates de nuestros gobernantes.

El tinglado de mala regulación genera sobrecostos a la actividad productiva y eleva aun más la valla de ingreso a la formalidad. Asimismo, crea amplios espacios para la arbitrariedad y corrupción y promueve la aparición de negocios parasitarios, esto es, aquellos de proveedores y consultores (muchos de los cuales participaron previamente en la gestación de la norma) cuya existencia se debe exclusivamente a estas sobrerregulaciones, pues solo son capaces de vender sus servicios porque la ley les crea este mercado cautivo.

El gobierno tiene pocas balas para reactivar la economía. En el actual contexto mundial, la única receta disponible es el combo “destrabe-simplificación-desregulación-confianza”. Es decir, una mejor gestión del Estado y un mejor entorno de negocios que pasa por poner en marcha proyectos de infraestructura que han estado trabados por la indolencia de las autoridades del gobierno anterior, y apostar fuertemente por promover la competitividad y aumentar nuestra productividad, en un marco donde las encuestas empresariales y de opinión pública reflejan un renovado optimismo sobre nuestro futuro.

Las facultades legislativas que el Congreso otorgó ayer al Poder Ejecutivo dan el espacio para avanzar en esta dirección. Hay que examinar las regulaciones que están sofocando y paralizando a ciudadanos, empresas y funcionarios. Hay mucho por derogar y sustituir por normas más sensatas, construidas en función de objetivos realistas y pensadas no para los corruptos, sino para ciudadanos y funcionarios honestos. Pero este problema no se soluciona solo con normas. Se necesita un cambio de chip en nuestro Estado y este debe venir del más alto nivel político de nuestras instituciones. Sin su liderazgo, estaremos viendo más de lo mismo en los próximos años: un Estado de espaldas a sus ciudadanos.

En: elcomercio

“Complejidad de la gestión pública: aprendiendo de casos no exitosos. Parte 1”

Dicen algunos que el gobierno de Estados Unidos es la mayor y más compleja organización del mundo. Y es altamente probable que así sea. Baste para convencerse con considerar que su cometido es el de brindar servicios públicos a una de las mayores y más complejas sociedades del planeta, con un rol e influencia que se extiende por todo el globo y que implica coordinar el trabajo de varios millones de servidores públicos y las relaciones con decenas de millones de organizaciones y cientos (quizá miles) de millones de personas.

Conseguir que esa organización funcione razonablemente bien, es sin dudas un logro admirable, que ha sido acompañado por éxitos también formidables en los ámbitos económico, militar, cultural y tecnológico. En particular, en lo concerniente a la gestión pública, Estados Unidos ha tenido un papel gravitante en el desarrollo de marcos teóricos, en el de diversas metodologías de gestión de organizaciones y de proyectos, y en el de la revolución de las tecnologías de la información.

Los avances tan impresionantes y el alto grado de efectividad pueden dar la sensación de que en ese país no se tropieza, que allí el dinero público siempre se gasta adecuadamente y que cada proyecto que emprenden es exitoso o, al menos, casi. En este post, que es el primero de una serie dedicada a este tema, analizaré varios casos que reflejan situaciones difíciles, similares a las que se viven en los países subdesarrollados.

Señalaré fracasos, no con espíritu destructivo, ni para dar consuelo a quienes alguna vez hemos estado en proyectos no exitosos, ni para que dejemos de preocuparnos cuando se nos extienden los plazos o se nos dispara el presupuesto o el producto final no es el adecuado. Lo haré porque entiendo que los fracasos enseñan. Conocerlos puede ayudarnos a evitar algunas piedras. Y puede que contribuya a que tomemos mayor consciencia de que en gestión pública los cracks también le erran.

Todos los casos a los que me referiré han sido investigados y publicados por la prensa. Esto da fe de dos aspectos positivos que no siempre se dan en nuestra región: primero, un alto nivel de transparencia y, segundo y muy relevante, la existencia de periodistas con gran conocimiento de gestión pública, capaces de identificar y entender distintas situaciones y de analizarlas y transmitirlas adecuadamente. Seguramente los casos publicados sean bastante menos que los reales ya que no suele ser fácil obtener buena información de los fallos. Su divulgación suele enfrentar un obstáculo comprensible: detrás de los proyectos estamos las personas, tan dispuestas a hacer conocer nuestros logros como a intentar que no se conozcan los que no lo fueron.

En este post trataré el caso de los reportes del Ejecutivo al Congreso y en los próximos 3 posts otros 4 casos.

Caso 1: Informes que nadie lee pero que la ley prescribe.

En un artículo de David Fahrenthold se informa que el Congreso de Estados Unidos recibe anualmente unos 4.300 informes enviados por el poder ejecutivo. En muchos casos una considerable cantidad de recursos se derrocha en prepararlos sabiendo de antemano que nadie los leerá.

El poder legislativo necesita estar informado de lo que hace el ejecutivo y para ello se instrumentan los informes. El mal aparece cuando se abusa de los instrumentos burocráticos originalmente buenos. En muchos casos la desnaturalización del mecanismo se da al exigir por ley la elaboración y envío de determinados informes sin establecer una fecha de expiración o revisión de la norma. Los informes pasan así a ser inmortales, obligatorios para siempre. Y como sabemos, no es tan fácil hacer aprobar una nueva ley que mate al engendro cuando ya no sea necesario. Hay malas ideas que perviven, consumiendo recursos, simplemente porque nadie se molesta en matarlas. Muchas surgieron por la obsesión pertinaz de algún legislador que ya no pertenece a la cámara. El tema puede haber perdido interés pero su pesado legado sigue allí.

El resultado es que el Congreso de Estados Unidos ya no es capaz de supervisar su sistema de supervisión del poder ejecutivo. Nadie sabe exactamente cuántos informes se están realmente haciendo anualmente y cuánto cuesta hacerlos. En 1993 se hizo una estimación y el resultado fue de 163 millones (de dólares de 2014).

Esta falla es de tipo regulatorio y podría evitarse aplicando las buenas prácticas de mejora o simplificación regulatoria. El marco regulatorio se debe simplificar todo lo posible con el objetivo básico de minimizar los costos de cumplimiento de las normas.

La enseñanza de este caso es que debemos pensarlo dos veces antes de introducir nuevas normas. Siempre debemos intentar primero introducir los cambios sin agregar complejidad normativa y establecer mecanismos de revisión periódica de la regulación existente.

Continuaremos con el análisis de más casos en el próximo post.

En: blogs.iadb.org

Sobre el autor.- Alejandro Pareja Glass es Especialista en Modernización del estado del BID. Ingeniero en Telecomunicaciones, PMP, con varios años de experiencia en proyectos de implementación de software de negocio, diseño de procesos de negocio, BPM y gobierno electrónico en Argentina, México, España, Chile y Uruguay. Trabajó en proyectos para empresas de servicios públicos y logística y para varios organismos de gobierno (agricultura, medio ambiente, minería, trabajo y atención ciudadana). Sigue a Alejandro en Twitter @aparejagl

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U.K. Communications Act: Una larga lista de actos sexuales prohibidos en el porno del Reino Unido

Todos los trabajadores relacionados a la industria del sexo en el Reino Unido están enojados porque el gobierno ha regulado “lo que es seguro o inseguro en el porno en Internet” a partir de la nueva normativa vigente desde el día de ayer: Audiovisial Media Services Regulations 2014.

Muchas de las fantasías sexuales más comunes ahora han sido prohibidas en la pornografía tanto de paga como gratuita.

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La pornografía producida en el Reino Unido ha sufrido una polémica regulación esta semana tras la aprobación de una enmienda a la Ley de Comunicación de 2003 que establece ciertas medidas respecto a la ejecución de algunos actos sexuales en este tipo de cine. El Reglamento de Medios Audiovisuales de 2014 de este país exige que la pornografía online se adhiera a las mismas pautas establecidas para el género X que se distribuye en DVD, tal y como establece la Junta Británica de Censura en el Cine.

Según este organismo, existen unas reglas que señalan qué tipo de sexo es agradable y cuál no es aceptable en las películas porno, de cara a la protección infantil. De esta manera se prohíben de manera efectiva que las siguientes prácticas sexuales sean representadas por productores de pornografía británicos:

– La palmada
– El azote
– Latigazos agresivos
– Penetración por cualquier objeto “asociado a la violencia”
– Maltrato físico o verbal, independientemente de si está consensuado
– Urolagnia o miccionar sobre la otra persona
– Juego de roles como no adultos
– La restricción física
– La humillación
– La eyaculación femenina
– La estrangulación
– El facesitting o sentarse en la cara del otro
– Juegos con el puño

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La actriz porno Rebecca More ha viajado por todo el Reino Unido para tener relaciones sexuales con personas en la parte trasera de un camión. Esto es totalmente permitido.

Discriminación femenina

Estas medidas no impedirían que cualquier usuario pudiera ver un vídeo que incluyera estos actos sexuales pero que estuviera grabado fuera del Reino Unido y no realiza una distinción entre adultos y adolescentes. Según apunta Jerry Barnett, representante del grupo Sexo y Censura, “se trata de un conjunto de juicios morales diseñado por personas que han luchado sin cesar por impedir que el pueblo británico vea pornografía”.

En un artículo para The Independent, la directora Erika Lust señala que “tenemos que pensar qué es ofensivo y qué es peligroso, diferenciarlo de lo que es fruto de la naturaleza humana y recordar qué es más importante si educar o regular”.

Por su parte, Itxiar Bilbao Urrutia, una famosa dominatrix española que trabaja en el porno británico, asevera que esta nueva regulación ejerce una cenusra negativa sobre los actos sexuales que tradicionalmente favorecen más a las mujeres que a los hombres. “Esta legislación es absurda y surrealista. No entiendo por qué el facesitting es tan peligroso si se trata de una postura que ejecutan muchos artistas vestidos completamente. Su poder es simbólico y representa a la mujer inalcanzable, en la parte superior”.

En: elconfidencial

Imagen: A long list of sex acts just got banned in UK porn

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