John Oliver explains “the most influential media company that you’ve never heard of”

Sinclair Broadcast Group’s conservative bias, according to John Oliver.

John Oliver investigated the media company Sinclair Broadcast Group on the latest episode of Last Week Tonight, calling it “maybe the most influential media company that you’ve never heard of.”

The largest owner of local news stations in the country, Sinclair is finalizing a deal to acquire Tribune Media, making it an even larger force in local media. This is particularly important because of the company’s documented conservative lean.

As Vox’s Jeff Guo noted in his explainer on Sinclair, much of this conservative lean comes directly from company executives and not from a natural political environment in local areas:

For instance, over 80 Sinclair stations regularly air a 90-second segment called Behind the Headlines, where conservative commentator Mark Hyman gives his opinions on the news. In a recent spot, Hyman defended Trump’s first 100 days, claiming that the media was unfairly harsh on the president. In February, Hyman criticized the US Court of Appeals for the Ninth Circuit for ruling against Trump’s travel ban on people from seven Muslim countries.

The company also produces national news segments — often with a conservative tinge — that it requires stations to run during their local news broadcasts.

A Washington Post investigation revealed that during 2016 election, Sinclair executives often forced their stations to run pro-Trump or anti-Clinton segments during their evening or morning local news programs. One of the mandatory segments emphasized problems about Clinton’s health and questioned her trustworthiness.Another mandatory segment featured Ivanka Trump talking about her potential role in her father’s White House.

Oliver mentions these mandatory Sinclair-produced segments, noting Hyman’s commentary as well as the daily “Terrorism News Desk,” which features pieces that just sometimes generally concern Muslims.

If the company was biased toward Trump during the election, then the hiring of people like Boris Epshteyn, a former Trump surrogate and White House staffer, as its chief political analyst earlier this year would only further such questions.

To emphasize Sinclair’s reach in light of the company’s upcoming acquisition, Oliver did the math, saying, “when you combine the most watched nightly newscasts on Sinclair and Tribune stations in some of their largest markets, you get an average total viewership of 2.2 million households, and that is a lot. It’s more than any current primetime show on Fox News. …”

After Sinclair’s acquisition of Tribune Media, Oliver worries that in this new local media environment, “there’ll be even more unsuspecting audience members who’ll be getting a heaping dose of Sinclair’s content, possibly without realizing it.”

In: vox 

Seguidores de Maduro irrumpen con violencia en el Parlamento y hieren a diputados

El vicepresidente de Venezuela había llamado poco antes “al pueblo de a pie” a acudir a la Asamblea Nacional

https://youtu.be/-EqvKhuXyrs

Grupos de choque del chavismo irrumpieron este miércoles en la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, y agredieron a diputados y visitantes que en ese momento asistían a una sesión solemne en conmemoración de los 206 años de la declaración de independencia del país suramericano.

Según las primeras informaciones, el ataque se inició a las 11:50 de la mañana. Manifestantes progubernamentales, que hasta entonces mantenían bajo asedio el edificio, ganaron el paso al Palacio Federal Legislativo, en el centro de Caracas. Periodistas, personal de la AN y parlamentarios fueron blanco de golpes y robos. Al momento de redactar esta nota, se sabía de al menos cinco diputados heridos, algunos de consideración: Nora Bracho, Armando Armas, Américo De Grazia, Luis Padilla y José Regnault Hernández, todos de oposición. Todavía se escuchaban detonaciones en los alrededores del lugar, adyacente a la plaza Bolívar de Caracas y a las sedes de Cancillería, la gobernación de la capital y el palacio arzobispal.

En el hemiciclo se celebraba entonces la sesión conmemorativa de la firma de la declaración de Independencia el 5 de julio de 1811, cuando los representantes de las provincias que entonces constituían la Capitanía General de Venezuela, reunidos en Congreso, proclamaron su separación de la Corona española.

El acta original de la declaración se conserva en el Palacio Federal Legislativo. Es tradición que en esta fecha se realice un evento conmemorativo. Este miércoles, el discurso de orden estaba a cargo de la historiadora Inés Quintero.

Sin embargo, desde que en las elecciones de diciembre de 2015 la oposición agrupada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD) conquistó la mayoría absoluta en el parlamento, el Ejecutivo chavista, que ha hecho al Tribunal Supremo declararlo en desacato, se niega a participar en eventos del Legislativo.

Por eso fue una sorpresa -tanto como, quizás, una demostración del poder de los símbolos- que a primera hora de la mañana de este miércoles se presentara en la misma sede de la Asamblea Nacional el vicepresidente Tareck El Aissami, para rendir honores al acta y llamar a los fieles de Maduro a acercarse al Parlamento. “Al pueblo de a pie a que venga a este salón a tomar juramento de nuevo y asumir esta proclama para conducir en los tiempos futuros nuestro país hacia una gran victoria. Es la hora de los pueblos”, afirmó, “es la hora de los revolucionarios”. El Aissami invitó a reaccionar contra los que, según su la propaganda del Gobierno, “pretenden entregar la patria a los intereses oscuros del imperialismo”. “Los que se vayan quedando en el camino por traiciones, ambiciones y por proyectos personales, que se queden. Por cada traidora o por cada traidor vendrán miles de millones de revolucionarios a alzar la bandera de Bolívar y de Chávez para seguir empujando esta causa”, mantuvo.

En la breve ceremonia, efectuada en un salón del Palacio Federal, se vio a El Aissami (sobre quien pesa una sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por acusaciones de participar en actividades de narcotráfico y legitimación de capitales) flanqueado por el coronel Bladimir Lugo, comandante del destacamento de la Guardia Nacional encargado de la custodia de las instalaciones del parlamento.

En días recientes, el coronel Lugo adquirió notoriedad pública por un video que circuló a través de las redes sociales, en la que aparecía discutiendo con el presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, y al que finalmente dio un empujón.

Apenas minutos después de la inesperada visita de El Aissami, dio inicio la sesión solemne de la Asamblea Nacional. La duplicidad de eventos da testimonio del acelerado tránsito hacia una realidad de institucionalidades paralelas a la que marcha Venezuela en medio de una profunda crisis socioeconóimica y de gobernabilidad.

Cuando los comúnmente llamados “colectivos” del Gobierno atacaron la Asamblea, no se vio a los efectivos de la Guardia Nacional cumplir sus labores de resguardo.

Simultáneamente con el ataque, todo el sistema de radio y televisión del país transmitía en cadena nacional el desfile militar con que las Fuerzas Armadas tradicionalmente saludan la fecha patria, desde el paseo Los Próceres de la capital venezolana. El evento cuenta con la presencia del presidente Nicolás Maduro y miembros de su Gobierno y de otros poderes del Estado.

A pesar del asalto, los diputados de oposición consiguieron aprobar en la cámara un acuerdo para convocar a un plebiscito popular el próximo 16 de julio.

Se anticipa que la violencia política se recrudezca en Venezuela durante este mes de julio. El 30 de julio debe realizarse las votaciones para elegir los diputados a la Asamblea Nacional Constituyente que Maduro ha convocado como un recurso para sortear la grave crisis política que su Gobierno enfrenta. La oposición, que califica esa convocatorio como un fraude, se ha adelantado a llamar para el 16 de julio un plebiscito popular en el que se preguntará a los ciudadanos si desean una nueva Constitución.

El Gobierno de Maduro ha establecido que las sesiones de la venidera Asamblea Constituyente tengan lugar en el Palacio Federal Legislativo, lo que implicaría desalojar de allí por la fuerza al parlamento ahora en funciones.

En: elpais 

Una ley anticorrupción tras caso Odebrecht puede asfixiar a Perú

(FILES) This file photo taken on June 23, 2016 shows a logo of Brazilian construction company Odebrecht at the Olympic and Paralympic Village in Rio de Janeiro, Brazil. Brazil-based construction giant Odebrecht on December 21, 2016 agreed to pay fines of at least $2.6 billion to US, Brazilian and Swiss authorities, in what the US is calling the largest foreign bribery case in history. The US Justice Department said the conglomerate pled guilty to paying hundreds of millions to bribe government officials in countries on three continents.
/ AFP / YASUYOSHI CHIBA

LIMA. – Una norma que prohíbe trabajar con el Estado peruano a empresas que admitan actos de corrupción, como Odebrecht, podría desanimar a otras firmas implicadas a confesar irregularidades, para no quedar fuera de proyectos de infraestructura claves para la economía del país.

La brasileña Odebrecht admitió en un preacuerdo judicial que, al igual que en varios países de América Latina, en Perú pagó 29 millones de dólares en sobornos para ganar obras públicas. Mientras en Brasil o Estados Unidos pudo seguir contratando con el Estado tras ser multada y procesada, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski fue más drástico.

Un decreto de febrero del Poder Ejecutivo impide que firmas envueltas en corrupción, ya sea en Perú o en el extranjero, contraten con el Estado, que es usualmente el mayor cliente de muchas compañías.

La norma fue celebrada por políticos y la ciudadanía, que protestó contra Odebrecht y hasta quemó una caseta de peaje de una vía que construyó.

La brasileña se desprendió de un proyecto de transporte de gas de unos 5.000 millones de dólares y apunta a dejar sus participaciones en represas y vías.

De acuerdo con esta ley, nada puede ser vendido ni transferido si el Estado no ha dado su visto bueno, porque antes tiene que garantizar la reparación civil, aún en cálculo. La firma tiene en Perú activos por 2.500 millones de dólares.

Limita las confesiones 
Después de Odebrecht, ninguna otra firma presuntamente implicada en corrupción se ha acercado a la justicia de Perú. Para algunas autoridades, la norma podría estar teniendo un efecto contrario al deseado.

“Es importante reflexionar sobre esta norma, porque una empresa es más que sus socios, tiene que ver con sus empleados, con sus proveedores, con sus consorciados, y desde luego con la propia sociedad”, ha dicho el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, en una conferencia con la prensa extranjera.

“Esto de manera alguna quiere decir que no paguen las multas y que los que han cometido delitos dejen de asumir sus responsabilidades penales. Pero nos preocupa esta medida, porque podría detener el flujo de información, y generar problemas para la investigación”, agregó.

En el mundo, firmas como Volkswagen han reconocido irregularidades, pagado sus culpas y seguido operando, recuerda Gutiérrez. Menciona incluso que “un software que sirve para hacer seguimiento al lavado de activos, utilizado por muchos países en Europa y Estados Unidos, pertenece a IBM, que también ha sido sancionada en su momento por corrupción (en Argentina)”.

El propio juez brasileño del caso “Lava Jato”, como se conoce a este megaescándalo de corrupción, Sergio Moro, dijo a su paso por Lima que el comportamiento de las empresas que reconocieron delitos, “debe ser estimulado”, y pidió “no sancionarlas más severamente” que a aquellas que no han suscrito acuerdos, pues ello puede desincentivarlas.

Daños colaterales 
Odebrecht redujo su fuerza laboral en Perú de 20.000 a 4.000 trabajadores en el último año. El embargo de sus cuentas generó una ruptura de la cadena de pagos con deudas por unos 450 millones de dólares a unos 700 proveedores.

“La corrupción tiene que acabar y los responsables ir a la cárcel. Pero nadie prevé el problema social. Los ejecutivos implicados ya están pagando, por qué tenemos que sufrir los trabajadores”, dice a la AFP César Sarria, gerente de Comunicaciones, a nombre de los trabajadores de la firma.

Lo que empezó como una norma ejemplificadora, salpicó a empresas peruanas que trabajaron en consorcio con la brasileña. La Procuraduría considera que las peruanas Graña y Montero, J.J Camet e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales conocían del pago de 20 millones de dólares que se le hizo al entonces presidente Alejandro Toledo para ganar la licitación de la carretera interoceánica, que une Perú con Brasil.

Graña, el mayor grupo constructor del país, vio afectadas sus finanzas. Ha lamentado que los peruanos “se hayan sentido defraudados por la empresa”, de 28.000 trabajadores, y encargado investigaciones internas, pero no admite culpas.

Las constructoras hoy son vitales para el Perú. La reconstrucción por inundaciones a causa de “El Niño Costero” demandará una inversión de hasta 9.000 millones de dólares, según ha dicho el gobierno.

“Más que prohibir, insto a esas empresas (implicadas con Odebrecht) a no participar en los procesos (de licitación) durante la reconstrucción”, ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala.

La poderosa oposición fujimorista, que controla el Congreso, plantea modificar el decreto del Ejecutivo para que también queden impedidas de contratar con el Estado empresas investigadas, aún sin sanción.
Varios proyectos están detenidos, a la espera de claridad.

El rubro de construcción se contrajo un 3,81% en marzo. “Vamos a salir a un rubro parado a buscar empleo”, asegura Sarria.

En: eldia.com.do 

La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica

Image: http://dailysignal.com/wp-content/uploads/160512_WeThePeople.jpg

La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica esta dividida en tres partes:

  1. El preámbulo
  2. Los 7 artículos
  3. Las 27 enmiendas

1. EL PREÁMBULO

El Preámbulo es el párrafo introductorio a la Constitución. Comienza estableciendo los fines de la Constitución.

We the People  of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defense, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.

Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una Unión más perfecta, establecer la justicia, garantizar la tranquilidad nacional, tender a la defensa común, fomentar el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para nuestra posterioridad, por la presente promulgamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América.

La Constitución fue redactada hace mas de 200 años. Algunas de sus palabras y frases fueron utilizadas de manera diferente a la actual. Debajo podremos leer una declaración mas moderna del referido preámbulo:

We the people of the United States want to form a better country, create a fair  and just legal system, have peace inside the country, defend our country from other countries, help everyone live a better life, and make sure these things last during our lifetimes and our children’s.  Therefore, we make and authorize this plan of government for the United States of America.

2. LOS ARTÍCULOS (7)

Artículo I (1) La Rama Legislativa

Una extensa parte conformada por diez secciones, establece al Congreso como el ente que elabora las leyes, lo divide en un Senado (Senate) y una Cámara de Representantes (House of Representatives), crea reglas para la elección de sus miembros, otorga algunos poderes al Congreso pero le limita otros.

Artículo II (2) La Rama Ejecutiva

Establece la Presidencia y la Vice Presidencia para lleve a cabo o ejecute las leyes, así como las reglas de su elección, los poderes del Presidente y su destitución (impeachment).

Artículo III (3) La Rama Judicial

Establece a la Corte Suprema, los deberes y poderes de esta y de las Cortes Federales, el poder de la revisión jurisdiccional de las leyes. Define el concepto de Traición.

Artículo IV (4) Los Estados

Crea las reglas para los Estados y sus relaciones con otros Estados, además establece las garantías para ellos y la admisión de Estados a la Unión.

Artículo V (5) Elaboración de Enmiendas

Establece el proceso para incorporar enmiendas a la Constitución.

Artículo VI (6) La Ley Suprema de la Nación

La Constitución es la mas alta ley de la nación.

Artículo VII (7) Ratificación

La Constitución entró en vigor cuando 9 de 13 estados lo aprobaron.

3. LAS ENMIENDAS (27)

Primera Enmienda: Libertad de Religión, expresión, prensa, reunión, petición.

Segunda Enmienda: Derecho a portar armas.

Tercera Enmienda: Alojamiento de fuerzas armadas en residencia privada en tiempos de paz o de guerra conforme lo establezca la Ley.

Cuarta Enmienda: Protección contra pesquisas y aprehensiones arbitrarias (search and seizures)

Quinta Enmienda: Garantía del Debido Proceso, Protección Ne Bis In Idem, y contra Autoincriminación.

Sexta Enmienda: Derecho a ser juzgado de forma rápida y pública por un jurado imparcial (Jury Trial). Contar con la asesoría de un abogado.

Séptima Enmienda: Derecho a un juicio ante un jurado en los casos civiles (common law suits).

Octava Enmienda: No exigencia de fianzas o multas excesivas, así como castigos crueles o desusadas.

Novena Enmienda: Artículo abierto. Derechos no mencionados.

Décima Enmienda: Poderes reservados a los Estados.

Undécima Enmienda: Inmunidad de los estados ante demandas judiciales extranjeras. (Lawsuits against a state)

Duodécima Enmienda: Elección del Presidente y del Vice Presidente.

Decimotercera Enmienda: Abolición de la esclavitud.

Decimocuarta Enmienda: Debido Proceso, igual protección, privilegios de los ciudadanos estadounidenses nacidos o naturalizados (citizenship).

Decimoquinta Enmienda: Derechos no serán negados por motivo de raza.

Decimosexta Enmienda: Impuestos federales sobre los ingresos.

Decimoséptima Enmienda: Elecciones directas para el Senado de los Estados Unidos (2 senadores por cada Estado, elegidos por los mismos habitantes por un plazo de 6 años).

Decimoctava Enmienda: Ley Seca Prohibición (Derogada por la Enmienda XXI)

Decimonovena Enmienda: Derecho al voto femenino.

Vigésima Enmienda: Inicio del período del congreso (3 de enero) y del presidente (20 de enero), sucesión presidencial.

Vigesimoprimera Enmienda: Derogación de la prohibición establecida en la Decimoctava Enmienda, aunque se permite que cada estado o gobierno local establezca leyes secas.

Vigesimosegunda Enmienda: Limitación de la elección de un mismo presidente a solo dos períodos.

Vigesimotercera Enmienda: Representación de Washington D. C. en el colegio electoral (Right to vote for president and VP for persons in  D.C.)

Vigesimocuarta Enmienda: Prohibición del pago de impuesto por capitación para participación electoral (No Poll Tax).

Vigesimaquinta Enmienda: Sucesión presidencial en caso de remoción, muerte o renuncia. El Vice Presidente asume la Presidencia.

Vigesimosexta Enmienda: Derecho al voto a la edad de 18 años (universal suffrage).

Vigesimoséptima Enmienda: Compensación para los miembros del Congreso.

***

Bill of Rights (10)

Civil War Amendments (3)

Obsolescencia programada y Obsolescencia percibida

¿Te ha ocurrido en la vida que algunas veces compras un objeto con tanto deseo que luego de obtenerlo sientes que no te llena suficientemente en tu vida? Es algo normal ir perdiendo el interés por los objetos que adquirimos a lo largo de nuestra vida. Generalmente acuñamos un término informal a este comportamiento como es el de “desinterés”, sin embargo, ultimamente se ha denominado a este fenómeno del comportamiento humano como “Obsolescencia”, la cual puede ser de dos tipos: “Programada” y “Percibida”. Piensen en un par de zapatos. En el primer caso pueden dejar de utilizarlos porque ya cumplieron su vida util, mientras que en el segundo lo hacen por simple “moda”. Generalmente el concepto de “comodidad” no tiene mucho que ver con la idea de “obsolescencia”, salvo una cuestión extrínseca a ellos. A continuación se muestra un interesante post del arquitecto Amilcar G. Lopez, quien explica mejor esta relación que muchos tienen con los objetos que adquieren a lo largo de su vida.

Imagen: http://www.areatecnologia.com/imagenes/que-es-la-obsolescencia-programada.jpg

Por Arq. Amilcar G. López

Estos términos, suenan sofisticados pero su comprensión es esencial para que tomemos conciencia del grave problema que enfrenta la sociedad moderna y superpoblada con los residuos que genera.

Se denomina obsolescencia programada u obsolescencia planificada a la determinación o programación del fin de la vida útil de un producto o servicio, de modo tal que tras un período de tiempo calculado de antemano por el fabricante o por la empresa durante la fase de diseño de dicho producto o servicio, éste se torne obsoleto, no funcional, inútil o inservible.

En pocas palabras, los productos que obedecen esta premisa se fabrican para romperse premeditadamente en corto plazo y su reparación resulta dificultosa o anti-económica, lo cual motiva la conveniencia de comprar ese mismo producto nuevo y deshacerse del obsoleto.

Un claro ejemplo de ello son los productos electrónicos. El procedimiento suele ser el siguiente: uno de los aparatos electrónicos de uso habitual falla, entonces, cuando el dueño lo lleva a reparar, en el servicio técnico le advierten que resulta más rentable comprar uno nuevo que arreglarlo.

Claramente el objetivo de este plan es el lucro económico del fabricante o proveedor y la conservación del medio ambiente pasa a un segundo plano de prioridades.

Se denomina obsolescencia percibida a las modas, estas tendencias manipuladas por los fabricantes y distribuidores mediante los medios de difusión con la finalidad de que los productos que ofrecen se vuelvan obsoletos aún cuando se encuentren en perfecto estado de uso y conservación.

De esta manera quedan “socialmente mal vistos” el uso de objetos de otras temporadas, provocando que se desechen o, en el mejor de los casos, se archiven.

Por ejemplo los colores, las formas y los materiales de la ropa, autos, etc, que denotan la temporada de su adquisición. Esta modalidad de obsolescencia se puede aplicar a cualquier bien de uso.

Asimismo, los conceptos de obsolescencia programada y obsolescencia percibida se sumergen en una raíz aún más difícil de desentramar, como es la responsabilidad del consumidor al adquirir dichos objetos.

Estos conceptos deben difundirse masivamente para crear conciencia y responsabilidad ciudadana.

La esperanza radica en un cambio a nivel cultural, en el que debemos trabajar todos juntos diariamente para hacer sustentable y sostenible nuestra presencia en el planeta.

¿Te quedaron dudas? Envíame un correo a amilcarlopez @buenosaires.gob.ar

Arq. Amilcar G. López

Representante de la CABA en el Consejo Ejecutivo ACUMAR
Coord. Gral. de la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza Riachuelo
Ministerio de Gobierno
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En: medium.com 

¿Cómo se interpretan los artículos 333 Y 350 de la Constitución?; por José Ignacio Hernández

Artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en cuestión:

Artículo 333: Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

Artículo 350: El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

Imagen: http://www.2001.com.ve/image_articulos/62e7fdb5809ba89a53fb64d3a153c96b.jpg

Por José Ignacio Hernández G. | 21 de junio, 2017

El 20 de junio de 2017 la Mesa de la Unidad Democrática anunció, a través del Presidente de la Asamblea Nacional, la aplicación de los artículos 333 y 350 de la Constitución, en el marco de las protestas iniciadas desde marzo de 2017, con ocasión al golpe de Estado permanente perpetrado en contra de la Constitución, y que luego avanzó a través de la fraudulenta e ilegítima convocatoria de la asamblea nacional constituyente.

Muchos se preguntan cuáles son las consecuencias prácticas de este anuncio. O en otras palabras: ¿cómo se aplican estos artículos de la Constitución?

1.- Entendiendo el artículo 333 de la Constitución

 El artículo 333 indica que la Constitución, como es la “norma jurídica suprema”, no puede ser desconocida o derogada de manera indebida. Si ello sucediere, ese artículo ordena a ciudadanos y funcionarios a“colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.

Por lo tanto, para que esa norma pueda ser aplicada, es necesario que la Constitución haya sido desconocida, lo que sucede en casos de golpe de Estado, o lo que es igual, ruptura del orden constitucional o del hilo constitucional.

Precisamente, desde el 2016 la Asamblea Nacional ha declarado que en Venezuela hay un golpe de Estado, con ocasión a las decisiones de la Sala Constitucional que invalidaron sus competencias, y luego, con ocasión a la suspensión del referendo revocatorio. En 2017 esa conclusión se reiteró frente a las sentencias 155 y 156, y posteriormente ante la ilegítima convocatoria de la asamblea nacional constituyente. La Fiscal General de la República también ha afirmado conclusiones similares.

2.- Entendiendo el artículo 350 de la Constitución

El artículo 350 de la Constitución reconoce un derecho propio de nuestra tradición republicana, muy estudiado por Juan Germán Roscio: el derecho a desobedecer todo Gobierno que vulnere la Constitución.

Mientras que la monarquía absoluta se basó en la obediencia ciega, la República iniciada en 1810 se basó en la obediencia racional: el ciudadano debe obediencia al Gobierno solo si éste actúa dentro de la Constitución. Pero si el Gobierno actúa fuera de sus facultades, invadiendo la libertad, entonces, el deber de obediencia cesa.

En 2003, la Sala Constitucional interpretó que el artículo 350 permitía invocar la desobediencia cumpliendo con tres esas condiciones: (i) debe existir un Gobierno, Ley o sentencia que usurpa la voluntad popular y actúa al margen de la Constitución; (ii) deben haberse intentado todas las acciones judiciales previstas en la Constitución, pese a lo cual (iii) se mantiene el desconocimiento a la Constitución. La sentencia, sin embargo, trató de limitar el alcance de ese derecho, lo que es una tarea inútil: el derecho a la desobediencia existe, incluso, frente a sentencias que arbitrariamente pretendan limitarlo.

3.- ¿Cómo se aplican en la práctica los artículos 333 y 350?

 Los artículos 333 y 350 son dos caras de una misma moneda. Tal y como Roscio lo explicó hace doscientos años, frente a Gobiernos despóticos, el ciudadano tiene dos derechos: (i) un derecho pasivo que consiste en no obedecer o colaborar con ese Gobierno (artículo 350) y (ii)un derecho activo que consiste en realizar todas las acciones para restablecer la vigencia de la Constitución (artículo 333). Ambas facetas parten del desconocimiento jurídico del Gobierno que actúa al margen de la Constitución, y que por ende, no debe ser obedecido.

El derecho a la desobediencia, como derecho pasivo, tiene un contenido específico: no obedecer órdenes o mandatos derivados de Gobiernos que actúan al margen de la Constitución. Ese derecho debe ser ejercido por los ciudadanos por medio de mecanismos de no-cooperación, mucho de los cuales ya se han venido cumpliendo en el marco de las recientes protestas. Por ejemplo, cuando la UCAB y otras universidades decidieron no colaborar con el CNE en el fraudulento proceso constituyente, estaban actuando al amparo de este artículo, aun cuando no haya sido formalmente invocado.

Para los funcionarios, este derecho es ampliado en el artículo 29 constitucional, el cual reconoce el derecho a no obedecer órdenes violatorias de derechos humanos. Aquí, la desobediencia tiene un grado de eficacia mayor, pues en definitiva, las ordenes contrarias a la Constitución (desde la represión a manifestantes hasta las elecciones de la “constituyente”) requieren de actuaciones de funcionarios, quienes legítimamente pueden negarse a colaborar con esos procesos, impidiendo de esa manera la vulneración de los derechos humanos.

Por su parte, el contenido del artículo 333 es más amplio. En realidad, esa norma solamente establece una obligación de resultado: si la Constitución es desconocida, su eficacia debe ser restablecida. Pero la Constitución no explica cómo puede lograrse ese restablecimiento, lo que es lógico, pues esa norma rige frente a situaciones de hecho excepcionales en las cuales las normas constitucionales han perdido eficacia.

Por ello, para restablecer la vigencia de la Constitución, los ciudadanos y los funcionarios pueden adoptar cualquier acción, bajo dos límites: (i) la acción debe ser necesaria y pertinente para restablecer, en la práctica, la vigencia de la Constitución, y (ii)  no pueden vulnerarse principios superiores como la libertad, el pluralismo y la democracia, así como los derechos humanos. Por ello, el artículo 333 no es un cheque en blanco.

4.- ¿Y qué puede hacer la Asamblea Nacional?

La Asamblea Nacional cumple un rol importante en la aplicación del artículo 333 constitucional, pues en su condición de representante del pueblo, tiene legitimidad democrática suficiente para emprender cualquier acción necesaria para restablecer la vigencia de la Constitución, dentro de los límites ya señalados.

Ese rol debe ser cumplido tomando en cuenta dos particularidades.

Lo primero que debe considerarse es que el artículo 333 se aplica para incidir en las condiciones materiales que impiden que la Constitución tenga vigencia plena. No basta, por ello, con decisiones jurídicas dictadas por la Asamblea: es necesario que en la práctica esas decisiones sean cumplidas.

Lo segundo que debe tomarse en cuenta es que la derogatoria de hecho de la Constitución de 1999 no responde a una única causa, sino a causas complejas. Por lo tanto, para restablecer la vigencia de la Constitución deben adoptarse decisiones complejas, planificadas y articuladas para lograr el objetivo querido por el artículo 333.

Como se  observa, la aplicación del artículo 333 por la Asamblea no requiere simplemente de un acto que se cumpla de manera instantánea, sino más bien de un proceso a través del cual la actual situación de hecho actual pase a ser una situación de Derecho regida efectivamente por la Constitución.

Ese proceso, en suma, es un proceso de transición hacia la democracia, o lo que es igual, un proceso de transición democrática, al cual recientemente se refirió Luis Ugalde. Fue en este sentido que la Asamblea, en mayo pasado, decidió crear la Comisión de Garantías para la Transición.

De esa manera, la Asamblea Nacional, como legítimo representante del pueblo, es a quien le corresponde planificar y coordinar el proceso de restablecimiento efectivo de la Constitución. Para ello, ciertamente, es necesario continuar con los procedimientos de designación de los magistrados del Tribunal y de los rectores del CNE, entre otras accionesorientadasa la transición hacia una democracia constitucional estable.

Pero nuevamente debo advertir que esas decisiones de la Asamblea, en sí mismas, serían insuficientes, pues se requiere que ademássean cumplidas en la práctica. Para garantizar esa aplicación práctica no solo se precisa del apoyo de la sociedad civil (a través de métodos de protesta y no-cooperación), sino también de los funcionarios, quienes de acuerdo con los artículos 29 y 333 de la Constitución, deben colaborar en el restablecimiento efectivo de la Constitución, como ya ha hecho la Fiscal.

Precisamente, como anunció la Asamblea al crear la citada Comisión de Garantías para la Transición, es necesario establecer incentivos para que los funcionarios desconozcan los actos que configuran el golpe de Estado y colaboren en el restablecimiento de la Constitución.

Sobre estas ideas estaré profundizando en nuevos artículos.

José Ignacio Hernández G.  José Ignacio Hernández es abogado venezolano, Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y Profesor de la UCV y UCAB. Puedes seguirlo en Twitter en @ignandez

En: prodavinci.com 

Beyond Trump’s Big, Beautiful Wall

Trump’s plan to wall off the entire U.S.-Mexico border is just one of a growing list of actions that extend U.S. border patrol efforts far past the international boundary itself.

By: Todd Miller & Joseph Nevins

At the already existing border fence that divides Tijuana, Mexico, from Imperial Beach, California. KATIE SCHLECHTER. Image: http://tandfonline.com/doi/full/10.1080/10714839.2017.1331805

In the fall of 2016, Donald Trump’s “big, beautiful wall” along the U.S.-Mexico divide seemed like an unlikely presidential candidate’s campaign bluster. Since the New York real estate magnate’s swearing-in as Barack Obama’s White House successor on January 20, 2017, it is now a serious Executive Branch threat. Only five days after the inauguration, the Tweeter-in-Chief signed an executive order requiring “the immediate construction of a physical wall on the southern border.” It is to be one “monitored and supported by adequate personnel so as to prevent illegal immigration, drug and human trafficking, and acts of terrorism.” According to the administration’s official request for proposals, released on March 17, the wall should be “physically imposing in height”—about 30 feet high but certainly not less than 18 feet.

The new administration’s walled hopes and dreams face considerable obstacles. Among them are the fact that most people in the United States are opposed to building the new barrier, particularly one with a price tag of somewhere between $15 and $40 billion USD— or somewhere between 101 and 270 times the National Endowment for the Arts’ annual budget, estimates Carolina Miranda in the Los Angeles Times. According to an Associated Press-NORC Center for Public Affairs poll in early April, only 28 percent of respondents support new spending for the border wall, with 58 percent against. The results are consistent with findings of a Quinnipiac survey from February. It found that 59 percent of voters opposed the construction of Trump’s wall, with 39 percent in favor; the gap only grew when voters were asked their opinions of the project if U.S. taxpayers had to finance it.

In addition, and perhaps most significant, is the matter of property. Most of the already-existing walls and fencing stand on federally-owned land. Much of the rest of the land where Trump’s Great Wall would be built is either privately-held or owned by Native tribes. Given this fact, the Trump administration will have a big legal battle on its hands that could involve years of litigation, predicts University of Pittsburgh law professor Gerald Dickinson in the Washington Post.

Regardless of the outcome of Trump’s plans for the wall along the actual international boundary line, it is but one part of a gigantic enforcement regime, one that already is comprised of approximately 18,000 Border Patrol agents in the Southwest borderlands alone (out of a total of roughly 22,000 agents nationally). The U.S.-Mexico borderlands is also already littered with several hundred miles of barricades—in the form of walls, fences, and low-lying vehicle barriers—almost all of which were constructed since the mid-1990s, across administrations, both Democratic and Republican. In some of the most urbanized stretches along the international divide, double-layered barriers exist. In and around San Diego, for example, a corrugated metal wall is paired with a steel mesh fence, portions of which are topped with concertina wire.

Moreover, the apparatus of exclusion goes far beyond the actual U.S.-Mexico divide. It includes a 100-mile-wide “border zone” inside the territorial perimeter of the United States, an area in which U.S. Customs and Border Protection (CBP) has certain extra-constitutional powers, such as the authority to set up immigration checkpoints. And there is also the interior policing apparatus run by Immigration and Customs Enforcement (ICE), an agency with about 5,800 deportation officers, a force that Trump seeks to almost triple in size. Before even setting foot in the White House, Trump already had the largest border enforcement apparatus in U.S. history at his disposal. And with the definition of “operational control” for that apparatus altered in Trump’s January 2017 Border Security Executive Order—it now reads the “prevention of all unlawful entries” (emphasis added) into the United States—there is an anticipation of another massive border policing build-up.

This build-up will not only be at the Mexico-U.S. international boundary line, nor will it simply be within the United States’ own national territory. Rather, under Trump, we can expect an expansion of the apparatus of exclusion beyond the country’s official territorial boundaries. As then head of the U.S. Border Patrol Mike Fisher explained before the House Committee on Homeland Security in 2011, “The international boundary is no longer the first or last line of defense, but one of many.” This means there is not only an internal thickening of the border policing apparatus within the United States, but also a multilayered, extraterritorial extension of the border.

“The U.S. border starts at Guatemala now,” Daniel Ojalvo, a staff member at a migrant shelter in the Mexican state of Oaxaca, told a reporter from In These Times in 2015. In other words, greater efforts to stop migrants in southern Mexico and in Guatemala precede the Trump administration; in many ways, they are the product of Obama administration policies. With General John Kelly, the former head of U.S. Southern Command (SOUTHCOM), now at the helm of the Department of Homeland Security (DHS), it is reasonable to expect such boundary “thickening” efforts—wall-building of a sort that rarely gets attention—to grow.

“South of the Border” and the New Boss

During his January confirmation hearing, General Kelly told senators that “a physical barrier will not do the job.” In an exchange with Senator John McCain (RAZ), he said that, as reported by the New York Times, “It has to be a layered defense. If you build a wall, you would still have to back that wall up with patrolling by human beings, by sensors, by observation devices.” In other words, border policing cannot be an “endless series of goal-line stands on the one-foot line,” to use Kelly’s words. Indeed, Trump’s handpicked Homeland Security chief stressed that he believed “the defense of the southwest border starts 1,500 miles south with great countries as far south as Peru.”

One of us saw this U.S. border extension up-close in Zacapa, Guatemala, in January 2017. At a Guatemalan military base, not far from Honduras, part of the 300-person-strong entity, called the Chorti border task force—named after the Indigenous people who live in the region—stood at attention. Established in 2014, the force demonstrated the construction of a roadside checkpoint during our visit. This included weaponizing six armored jeeps, which then tore through the roads of the military base at breakneck speeds, as if they were really in action.

When in 2008 the United States initiated the Central American Regional Security Initiative (CARSI)—a military assistance cooperation with Honduras, El Salvador, and Guatemala—U.S. officials pointed to “border deficiencies” in the region as particularly problematic. Approximately $1.7 billion USD later, one of the solutions is the Chorti, which works hand-in-hand with a similar force on the Honduran side of the boundary as a binational border patrol. Guatemala also has a border force along its boundary with Mexico, known as the Tecun Uman. And in the works is a third Guatemalan border patrol, called the Xinca, which will patrol the Guatemala-El Salvador divide.

Before the border security demonstration on that sunny January day, the commanders of the Chorti force detailed, via slide show images, all the resources they obtained from the U.S. Embassy in 2016: assault rifles, night vision goggles, bullet-proof vests, a GPS digital map of Central America, 42 armored Jeeps, seven Ford F-450s, 25 Hilux pickups. Slides displayed pictures of U.S. military personnel training the new Guatemalan border patrol in both 2015 and 2016. Another slide detailed those trainings, which included the U.S. National Guard, BORTAC—the special forces unit of the U.S. Border Patrol—and a trip to Ft. Benning, Georgia, the location of the infamous the School of the Americas, which was rebranded as the Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (WHINSEC) in 2001.

Fernando Archila Gozalvo, an official from the Guatemalan Ministry of Interior, repeatedly stressed how the new security unit was part police force, part military force. For example, during the training operation that we witnessed, the military stood poised with assault rifles, carrying out perimeter surveillance, while the police set up a checkpoint, questioned the driver of a vehicle passing through that checkpoint, and then practiced pulling people from the car and handcuffing them. The Chorti border patrol had both a police commander and a military commander who wore a maroon beret, identifying himself as a Kaibil. Formed in 1975, Guatemala’s Kaibiles were a special counterinsurgency force modeled off, and initially trained by, the U.S. Green Berets. The 1999 report of the internationally supported Guatemalan Commission for Historical Clarification called the Kaibiles a “killing machine.”

Washington has long played a key role in the violence of everyday life in Central America and many Guatemalans see this type of border militarization as a continuation of that violent history. Serving the interests of the Boston-based United Fruit Company, the Eisenhower Administration played a key role in the overthrow of a democratically-elected government in Guatemala in 1954. In doing so, it laid the foundation for a series of military-dominated governments and the Guatemalan military’s reign of terror in the 1970s and 1980s. During that time, over 200,000 people—most of them Indigenous Mayans—lost their lives in the context of a brutal conflict between a U.S.- backed military oligarchy and guerrilla forces. The Commission for Historical Clarification concluded that the Guatemalan state was responsible for more than 90 percent of the deaths and had committed “acts of genocide.” The commission also found that U.S. training of members of Guatemala’s intelligence apparatus and officer corps in counterinsurgency “had significant bearing on human rights violations.” It additionally found that Washington, largely through its intelligence agencies, “lent direct and indirect support to some illegal state operations.”

The legacies of that conflict persist amidst the current wave of re-militarization in Guatemala. Even as the Trump administration threatens to cut different types of economic assistance, the bolstering of police and military to Central America is poised not only to continue, but to drastically increase under his regime, if the $54 billion USD proposed increase to the Pentagon’s already bloated 2018 budget is any indication. Under Trump, in Guatemala, it just might be that the past meets the present with even more force. And the Guatemalan past, as the presence of the Kaibil commander shows, still haunts everyday life. Indeed, the very military base in Zacapa where the Chorti border task force finished its trial operation was one of those places where many human rights violations committed by the U.S.-backed Guatemalan military happened. Former Guatemalan president Manuel Arana Osorio was even dubbed the “Butcher of Zacapa” for running brutal counterinsurgency operations in the region in the late 1960s, killing as many as 15,000 people.

So, it really shouldn’t have been a surprise that during the training that there was a U.S. military advisor—a major—on base, in a year-long detail to support the Chorti border patrol. Only now classic counterinsurgency has a new twenty-first century form: border militarization. As DHS Secretary John Kelly offered to the House of Representatives Homeland Security Committee in February 2017, the U.S. has a “great opportunity in Central America to capitalize on the region’s growing political will to combat criminal networks and control hemispheric migration.” Kelly contended that “leaders in many of our partner nations recognize the magnitude of the tasks ahead and are prepared to address them, but they need our support. As we learned in Colombia, sustained engagement by the United States can make a real and lasting difference.”

Back in Zacapa, after they finish up their checkpoint exercise, the soldiers and police of the Chorti task force talk about how they are separated from their families for weeks at a time to do the work of guarding Guatemala’s border from, according to their mission, the smuggling of narcotics and people heading north, most likely to the United States. Considering that more than 60 percent of the Guatemalan population live below the poverty line, there is no doubt that some of these agents have attempted to go north themselves. According to 2013 numbers, close to one million Guatemalans live in the United States.

In fact, the uniformed U.S. major, who made it quite clear right from the start that he wasn’t talking on behalf of the Embassy nor the military, indicated that he himself was from the U.S.-Mexico border region— more precisely, the city of Brownsville, Texas. On that military base, deep in Guatemala, he explained that his family had to make a choice in the late 1980s when the Reagan administration began to fortify the border: whether to stay in Mexico or move to the United States. He told of how the border had crossed his family: they moved to the United States from Mexico, and shortly thereafter, he joined the U.S. Army. Even as he did his job supporting the Chorti border force, with the blessing of DHS secretary John Kelly, he knew that every time his force drew a militarized boundary they were dividing families, friends, and entire communities.

As the major talked on that hot day at the Zacapa base, we could see the parched mountains surrounding where the Chorti force enacted their border exercise. Not only were we in the middle of the extending U.S. border regime, we were in the middle of the Central American dry corridor that extends through El Salvador, Honduras, and Nicaragua. According to climate scientist Chris Castro, the northern triangle of Central America is “ground zero” in Latin America for ecological upheavals in a changing and destabilizing climate. The thirsty mountains around us were one indication of a drought that was pushing parts of Guatemala into famine. In 2015, hundreds of thousands of people across Central America were pushed to the brink when the annual rains never arrived and harvests failed. Add to the mix the destructive superstorms and hurricanes that have battered the region and the northern triangle region represents a “catastrophic convergence,” to use the term of sociologist Christian Parenti, of political, economic, and ecological issues—all of which are compounding one another. At a global level, the United Nations predicts that by 2050, 250 million people will be displaced because of ecological disasters due to climate change.

The Trump administration will not only be deepening the violence and economic despair that propels people north from places like Guatemala through its border policies; through its embrace of climate change denialism and policies that will only increase U.S. greenhouse gas emissions, it will also be aiding a regional ecological crisis in Central America. And instead of stopping migration, such policies are likely to accelerate the forced displacement of possibly millions.

Where is the Wall?

As founder of the Global Detention Project Michael Flynn (not the Trump administration’s former national security advisor) described in a 2003 article published in the Bulletin of Atomic Scientists and entitled “Donde está la frontera?” (Where is the Border?), the outward expansion of the U.S. border enforcement apparatus gives new meaning to the concept of a “wall.” According to Flynn, a wall is much more than a physical barrier. “U.S. border control efforts,” he argued, “have undergone a dramatic metamorphosis in recent years as the United States has attempted to implement practices aimed at stopping migrants long before they reach U.S. shores.”

These efforts manifest themselves not only in Guatemala, of course. They are present in many countries around the world. Agents from the special forces BORTAC unit have, according to CBP, “global response capability.” Agents from the unit have travelled to countries like Peru, Panama, Belize, Mexico, Honduras, and Ecuador to first provide a “diagnosis” of those countries’ respective borders, and then offer a “prescription” of training and resources to solve border “woes.” BORTAC has done this not only throughout Latin America, but also in other parts of the globe, including Iraq, where it trained border police and its tactical unit from 2006 to 2011.

As part of its own effort to spread “hard” borders across the globe, the U.S. State Department has also run training programs in countries that include Morocco, Algeria, Libya, and Turkey. These efforts are part of an initiative known as the Export Control & Related Border Security Program (EXBS). In addition to conducting trainings, EXBS has provided, as the State Department gushes, “state-of-the-art detection equipment and equipment training” to U.S. allies.

Since 2003, CBP has opened offices abroad, starting in Mexico City, Brussels, and Ottawa. Presently, there are 21 such CBP outposts in cities ranging from Panama City to Johannesburg to Cairo. Homeland Security has even set up “preclearance” sites in the airports of Shannon, Ireland and Vancouver, Canada. It was in this last city where, this past November, U.S. agents blocked Canadian journalist Ed Ou from boarding a flight headed to North Dakota. Ou was on his way to cover the Dakota Access Pipeline (DAPL) stand-off at Standing Rock when CBP detained him for more than seven hours after he declined to give border agents the password to his phone. What Ou experienced in Canada was one small manifestation of an expensive and expansive regime of control and exclusion that will cost U.S. taxpayers approximately $20 billion USD in 2017, if you combine the budgets of both CBP and ICE. This constitutes a mammoth increase of approximately $1.5 billion USD over the annual budgets of the early 1990s.

It is on this already gargantuan budget that the Trump administration seeks to bestow even more largesse. According to the proposed budget for Fiscal Year 2018, Trump has a little over $2.5 billion USD designated for “tactical infrastructure” and other surveillance technology on the border, including money to “plan, design and begin building the wall.” This would amount to just a fraction of the total cost to construct what he promised during his campaign. Regardless, the physical wall that Trump envisions in the U.S.- Mexico borderlands is and should be a concern. As Verlon Jose, tribal chairman for the Tohono O’odham Nation, whose reservation in southern Arizona borders Mexico, declared in November 2016: “Over my dead body will a wall be built.” This sentiment resonates with many border residents along the 2,000-mile divide, who have voiced opposition.

While the U.S.-Mexico border wall may be the most xenophobic of symbols, it is just a small part of a policing apparatus that is spreading far beyond formal U.S. borders on waves of ever-increasing budgets for U.S. border and immigration control. As the pursuit of what is now called, in official parlance, “homeland security” has shown time and time again, such monies exact high human costs—from migrant deaths and divided families to myriad civil and human rights violations, and ecological degradation. It is this larger “prize” upon which we must focus, and that we must resist and ultimately eradicate.

Additional author information:

Todd Miller
Todd Miller is a journalist who lives in Tucson, Arizona. He is the author of Border Patrol Nation: Dispatches from the Front Lines of Homeland Security (City Lights Books, 2014) and the forthcoming Storming the Wall: Climate Change, Migration, and Homeland Security (City Lights, 2017).

Joseph Nevins
Joseph Nevins teaches geography at Vassar College. Among his books are Dying to Live: A Story of U.S. Immigration in an Age of Global Apartheid (City Lights Books, 2008), and Operation Gatekeeper and Beyond: The War on “Illegals” and the Remaking of the U.S.-Mexico Boundary (Routledge, 2010).

In: tandfonline.com 

The Great Transportation Conspiracy – National City Lines and related corporate conspiracies to destroy America’s electrified mass-transit systems from the 1930’s into the present

The BHRA is a non-profit organization, where most of the work is done primarily by volunteers. Although we are a non-profit, we are a real railroad, not just a museum! BHRA is a turn-key engineering organization, certified in electric railroad construction.

Streetcar. Image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Streetcar_in_New_Orleans%2C_USA1.jpg/1200px-Streetcar_in_New_Orleans%2C_USA1.jpg

National City Lines Conspiracy and Conviction in Federal Court:

“Mass transit didn’t just die, it was murdered”  Kwitny, 1981

“When GM and a few other big companies created a transportation oligopoly for the internal-combustion engine  . . . they did not rely just on the obvious sales pitch.  They conspired.  They broke the law. . . in 1949 a jury convicted the corporations and several executives of criminal antitrust violations for their part in the demise of mass transit.  The convictions were upheld on appeal.”   Kwitny, 1981

The above quotes refer to the infamous anti-mass transit “National City Lines Conspiracy” led by General Motors, Standard Oil and Firestone Tires.  The above quotes by Jonathan Kwitny are taken from page 14 of the Feb 1981 edition of Harper’s Magazine (PDF).  It is a truly exceptional article.

In 1949, National City Lines were convicted in Federal court (and in 1951 the conviction was upheld) for destroying the electrified rail and electric bus transit systems in 44 American cities.  Beginning in 1937, National City Lines embarked on a nationwide campaign to induce cities (by aggressively pushing “an offer you can’t refuse” of G.M. /National City Lines financing – at the height of a 12 year long, world-wide economic depression) to scrap electrically powered streetcars and trolley-buses, which G.M. did not make, and to substitute gasoline powered buses manufactured by G.M., burning Standard Oil gasoline, and rolling on Firestone rubber tires.  When National City Lines would aquire a transit system, the trolley rails would be ripped up, the overhead wires would be cut down, and the system would be converted to buses within 90 days.  It’s noteworthy that New York City’s electrified surface transportation system was National City Lines first victim (see the video “Taken For A Ride”).

Strangely, although the Federal Government won the case against G.M., it never imposed any penalty on the company other than extremely small symbolic fines. Perhaps at the time, the Truman administration felt it needed the undivided assistance of G.M. in fighting the Korean War, and pursuing the “Cold War” against the former Soviet Union, more than it needed a national, privately financed and operated all electric mass transit system.

The National City Lines controversy didn’t just go away:

GM’s role in Monopolizing the Sale of Buses for municipal use:

In 1971, the City Of New York led a class action anti-trust lawsuit of 300 localities against G.M. in federal court (PDF) for price fixing and price gouging in the sale of G.M. buses to municipalities. See NY times article (PDF). 

GM’s role in the destruction of intercity rail, suppression of alternative energies and more:

In 1972, then U.S. Senator Ted Kennedy called for a Federal investigation into G.M.’s alleged conspiratorial destruction of the U.S. rail industry and public mass transit industry, in order to facilitate the sale of automobiles.  (see NY Times article (PDF))

At the time, this subject was brought to the attention of Senator Kennedy by NYC based labor attorney and transportation expert Theodore W. Kheel and Ralph Nader associate Bradford C. Snell (see PDF streetcar conspiracy article by Snell and the video “Taken For A Ride”).  Snell was then a San Francisco based attorney, who worked on NYC’s anti-trust bus lawsuit against G.M.

This led to Senate Bill 1167 of 1974 “The Industrial Reorganization Act” and the now little known Ground Transportation Hearings of April 1974 – which were sidetracked by the resignation of then U.S. President Richard Nixon on August 8, 1974 (Watergate). G.M. was literally “saved by the bell”…

In 1974, during the height of the first “Energy Crisis”, the U.S. Senate re-investigated General Motors for its involvement in not only the intentional destruction of the U.S. Streetcar industry, but also G.M.’s direct involvement in the intentional destruction of the U.S. rail freight and passenger rail industry, the systematic suppression of U.S. alternative energy sources, and energy efficient automobile engines, as well as providing direct material aide to Nazi Germany during WWII in the critical areas of military truck manufacture, and military airplane and jet engine manufacture.

Part 4a through appendix  of 1974 Senate Investigation document can be read here (78mb PDF)
Part 4 of 1974 Senate Investigation document can be read here (40mb PDF)

So is the “Unholy Trinity” of the National City Lines Conspiracy still in effect today?

If so in a current corporate context this Unholy Trinity may include:

G.M. = NovaBus (builds CNG buses at the G.M. bus manufacturing plant in Quebec, Canada)
Standard Oil = Trillium USA (provides CNG bus fuel to nearly every U.S. municipal bus fleet)
Firestone Tire = Cato Institute / Wendell Cox / National Highway Users Alliance

Urban transportation planning and system design, pre-National City Lines conspiracy and decimation:

Before the criminal conspiracy that destroyed America’s mass transit systems, Heavy Rail (subways), electrified streetcars and electric bus lines formed an integrated system.  Such a system can still be found in San Francisco (America’s second densest populated city).  Although such an integrated system no longer exists in New York City, we once had such a system. The Brooklyn-Manhattan Transit Company (BMT) and it’s subsidiary Brooklyn and Queens Transit Company (B&QT) actually pioneered this type of integrated transit system.  A new type of vehicle was even created for this system, the PCC. During the 1920’s NYC transportation engineers and planners developed the following hierarchy of all urban electric transportation modes, as a function of corridor ridership density:

1. Heaviest density corridors to be serviced by subway/elevated
2. Electric Streetcar lines to feed subway/elevated lines
3. Electric Bus lines to feed the Streetcar lines

BHRA feels the best way to improve quality of life in urban communities, and truly get a handle on CO2 emissions in densely populated urban settings, is to return to a truly integrated and sensible mode of transportation planning.  This includes switching mass transit vehicles (along densely populated corridors) back from hydrocarbon combustion (in any form), to electric energy derived from low carbon footprint, renewable electrical generating sources.

A fascinating side note: National City Lines was complicit in maintaining Apartheid (“Jim Crow Laws”) in the American south:

“Rosa Parks was arrested for refusing to move to the back of the bus operated by Montgomery Bus Lines, a subsidiary of a National City Lines on 1 December 1955 which led to the Montgomery Bus Boycott. . . The boycott lasted for just over a year and ended only after a successful ruling by the Supreme Court that allowed black bus passengers to sit anywhere they wanted.” (from: National City Lines and the Montgomery Bus Boycott)

In: brooklynrail.net 

‘One Child,’ by Mei Fong

Feng Jianmei recovers from a forced abortion, 2012. Credit Katharina Hesse. Image: https://static01.nyt.com/images/2016/01/10/books/review/10PARKER/10PARKER-master768-v2.jpg

Readers would be forgiven for thinking that the announcement, on Oct. 29, 2015, that China was changing its one-child policy would have turned this book from an account of the daily lives of Chinese people into a work of history. Not so. The event itself came rather late for Mei Fong’s “One Child.” But she makes disconcertingly clear that the repercussions of population control will continue to reverberate throughout China. The policy itself remains a monument to official callousness, and Fong’s book pays moving testimony to the suffering and forbearance of its victims.

It is often assumed that the limitation to a single child was an act of Maoist despotism. In fact, as Fong shows, it was associated with the post-Mao opening. Deng Xiaoping, China’s leader after 1978, had set a target of quadrupling the country’s per capita national income by 2000. China’s planners decided that they could achieve this goal only if, in addition to increasing the size of the pie, there were fewer people to share it.

So they determined, in their words, to “adjust women’s average fertility rate in advance.” The man who ran the program that treated women as if they were production functions was a rocket scientist, Song Jian, who had worked on ballistic missiles. Song went on to help manage the giant Three Gorges Dam on the Yangtze River. His was a world in which unintended consequences were not important.

Population control was not unusual in the 1980s. India also had a fertility-­control program. The United Nations gave its first-ever population award to the Chinese minister for population planning in 1983 (along with Indira Gandhi). But China’s application of population control was particularly ruthless.

In 2012, Feng Jianmei, a factory worker pregnant with her second child, was taken to a clinic, forced to sign a document consenting to an abortion and injected with an abortifacient. She was in her seventh month. Pictures of her lying next to her perfectly formed seven-month dead fetus went viral. But hers was hardly an unusual case. In the 1990s, population targets became a major criterion for judging the performance of officials. It is no surprise that they carried out the one-child policy ruthlessly. Reading this account, one wonders why rape as a weapon of war is (rightly) seen as a war crime, whereas the forcible violation of women’s bodies in pursuit of government policy wins United Nations awards.

As Fong makes clear, the one-child policy was not just a crime. It was a blunder. Fertility would have fallen anyway, as happened in other Asian countries, albeit not quite so far and fast. But the policy further distorted sex ratios, resulting in more boys than girls. And it changed expectations: Most people now want only one child. That is why the policy may prove to be hard to reverse.

The greatest strength of Fong’s book is her reporting (she was a correspondent for The Wall Street Journal in China). Fong meets Liang Zhongtang, who fruitlessly attempted to dissuade China’s leaders from adopting the policy in the 1980s. She interviews people at adoption agencies that are suspected of seizing second children and selling them to Westerners. She sees Tough Pig, a boar that survived for 36 days without food or water under the rubble of a vast earthquake in Sichuan Province. The earthquake highlights how unexpected are the tragedies of China’s population policy: Thousands of only children were killed when shoddily built schools collapsed, leaving their stricken parents childless — a disaster in a country where the importance of family has survived even the one-child restrictions. Unlike the earthquake, that policy was — and remains — an unnatural disaster.

In: nytimes 

1 7 8 9 10