Freddy Escobar
Profesor de la Maestría en Derecho Bancario y Financiero de la PUCP
Contexto
El Fondo Monetario Internacional (“FMI”) y los países de la zona euro han aprobado un segundo desembolso a favor de Grecia (1) debido a que el congreso de este país adoptó una serie de medidas legislativas destinadas a reducir los gastos y a incrementar la recaudación. Por tal razón, Grecia ha evitado un inminente default de su deuda soberana de corto plazo ascendente a 12 billones de euros (2). A pesar de ello, es altamente probable que en los próximos meses la Unión Europea (“UE”) exija a Grecia la implementación un proceso de reestructuración de su deuda soberana como condición para desembolsos posteriores (3).
Históricamente las reestructuraciones de las deudas soberanas han sido realizadas en función de reglas ex post, que, por privilegiar consideraciones políticas, han generado una discriminación de acreedores, forzando a los acreedores privados a tomar las pérdidas por igual (4).
La probable reestructuración de la deuda soberana griega debe servir para eliminar dos prácticas nefastas: la subordinación de facto de los acreedores privados y la repartición de pérdidas bajo un criterio de igualdad.