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Minas Buenaventura descarta acudir al PJ o al Indecopi por deudas que mantiene Doe Run

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La República

La Compañía de Minas Buenaventura descartó la posibilidad de acudir al Poder Judicial o al Indecopi por la deuda que mantiene Doe Ru Perú con las empresas productoras del centro.

“No estamos pensando en ir al Poder Judicial de ninguna manera, en todo caso sería el Indecopi, pero como el principal acreedor de Doe Run es una empresa ligada a ésta, ellos tendrían el control en el proceso concursal”, manifestó el gerente general de Buenaventura, Roque Benavides.

En ese sentido, dijo que la solución no es tan sencilla como parece sino más bien es bastante compleja.
Doe Run mantiene una deuda de 110 millones de dólares con sus acreedores, de los cuales 12 millones corresponden a Buenaventura.

Benavides dijo que las empresas afectadas por este incumplimiento financiero esperan llegar a un acuerdo para definir una solución conjunta, entre las que se evalúa castigar la deuda.

Comentó que el presidente de Doe Run Resources, matriz de Doe Run Perú, Bruce Neil, que recientemente se reunió en Perú con sus acreedores, no presentó ninguna propuesta de pago.

“Para nosotros la única propuesta es pagarnos y él no hizo ningún ofrecimiento al respecto”, indicó luego de la inauguración del II Seminario Internacional de Equipos, Suministros, Servicios y Maquinaria Minera – Expomina 2009.

También descartó que Buenaventura tenga interés en hacerse del complejo metalúrgico de La Oroya de propiedad de Doe Run. (Con información de Andina)

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Sentencian a cura pedófilo en Argentina

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Condenaron a un sacerdote católico argentino acusado de pedofilia
Julio César Grassi, de 52 años, fue condenado a 15 años de prisión tras comprobarse que abusó de un niño en una fundación de menores desamparados. “Siento indignación por esta resolución judicial”, dijo el cura.

Perú 21

Grassi abandonó la corte en Buenos Aires entre muestras de apoyo y duras críticas. (AP)
AFP. El sacerdote católico argentino Julio César Grassi, de 52 años, fue condenado el miércoles a 15 años de prisión al ser hallado culpable de abuso sexual y corrupción de un menor al que debía cuidar y educar en una fundación de niños desamparados, según informó el tribunal de ese país.

El órgano judicial determinó que el religioso no cumplirá en forma efectiva la pena hasta que la sentencia quede firme en una corte de apelaciones, aunque estará inhibido de abandonar el país.

Grassi tampoco podrá tomar contacto con los tres menores que lo acusaron ante la Justicia y que estaban bajo su tutela en la privada Fundación Felices Los Niños, de ayuda a unos 6.000 niños desamparados, con fuertes vínculos con el poder político en los años 90.

“El tribunal resolvió por unanimidad la condena a Julio César Grassi a la pena de 15 años de prisión por resultar autor de delitos de abuso sexual y corrupción de menores, agravados por ser responsable de la educación y guarda de la víctima”, según el texto leído en la sesión, con el religioso presente.

El tribunal también dispuso absolverlo de la acusación de dos de los menores de la Fundación que dijeron a la Justicia haber sido víctimas de numerosos casos de abuso sexual.

Consultada sobre el fallo, la agencia oficial católica AICA señaló que la autoridad eclesiástica no emite comentarios sobre la actuación de la justicia en casos que involucran a miembros del clero.

“La Iglesia acata, como siempre lo hizo en casos similares, el veredicto de la justicia civil, que es pareja para todos los ciudadanos”, indicó la agencia en un comunicado.

REACCIONES. Al conocerse la sentencia, se produjeron incidentes entre grupos que se manifestaban frente a las puertas del tribunal, en la ciudad bonaerense de Morón, aunque no se registraron heridos ni detenidos.

“El fallo no dejó conforme a nadie, vamos a apelar”, dijo Nora Schulman, dirigente del Comité por los Derechos del Niño, entidad no gubernamental.

Grassi, quien había ingresado a los tribunales jactándose de una segura absolución, dijo a la salida sentir “tristeza y amargura” y prometió apelar la condena que, según él, “lo único que hace es ensuciarme”.

“Siento vergüenza por la justicia que tenemos. Siento indignación por esta resolución judicial”, dijo el cura.

La fiscalía y los abogados querellantes, que habían pedido hasta 37 años de prisión y también apelarán el fallo, manifestaron su indignación por la decisión de dejar en libertad al sacerdote hasta que esté firme la sentencia.

“El fallo no cubre el total de nuestras expectativas pero es mucho más que nada. No hay ningún triunfo pero está muy lejos de ser una derrota”, dijo salomónico el fiscal federal de Morón, Federico Nievas Woogate.

“No compartimos que Grassi quede en libertad. Con 15 años de condena a prisión, ¿quién va a garantizar que no se fugue?”, se preguntó el fiscal Alejandro Varela, quien había pedido inmediata cárcel efectiva.

Juan Pablo Gallego, abogado de uno de los acusadores, destacó que “la condena demuestra que estamos frente a un pedófilo, un pederasta, un abusador de menores”, pero consideró “un disparate que el tribunal lo deje libre”.

En Argentina, donde el culto católico es mayoritario, tres sacerdotes fueron condenados desde 2002 por abuso sexual de menores, con penas de ocho a 24 años de prisión, mientras que dos obispos renunciaron al verse envueltos en escándalos sexuales.

El juicio contra Grassi comenzó en agosto de 2008 a raíz de un escándalo que salió a la luz en 2002, cuando un joven de 19 años contó en un programa de televisión que había sido sometido sexualmente por Grassi cuando tenía 15 años y vivía en la Fundación.

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El Poder Judicial ordenó la detención de los barristas que agredieron a policías

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El Comercio

Las penas que recibirían estos sujetos podrían alcanzar los 12 años de cárcel, según artículo del Código Penal

El procurador público especializado en asuntos de la Policía Nacional del Perú (PNP), Ricardo José Vega Guerrero, informó que el 40º Juzgado Especializado en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó mandato de detención a los barristas de Universitario involucrados en actos violentos y agresión a varios efectivos policiales.

Tal como se informó ayer, la referida procuraduría los denunció ante la Primera Fiscalía Provincial Penal de Santa Anita por los disturbios cometidos el pasado domingo en los exteriores del estadio Momunental, donde provocaron daños materiales y físicos al personal policial que controlaba el orden público, como parte de su función, bajo el mando del coronel PNP Juan Quiroz Chávez.

En ese sentido, el despacho del juez penal Julio Díaz Paz abrió instrucción contra Andree Gabriel Sierra Vásquez, Cristhian Paul Olaya Jiménez y Eduar Jesús Caro Hinostroza, señalándolos como presuntos autores de los delitos contra la tranquilidad pública (disturbios y asociación ilícita para delinquir) y contra la vida, el cuerpo y la salud (lesiones graves con posible desfiguración de rostro).

De acuerdo al artículo 121º del Código Penal, aquel que cause lesiones graves a un miembro de la PNP, en el cumplimiento de sus funciones, recibirá pena privativa de libertad hasta de doce años.

Caro Hinostroza sería el responsable de las lesiones ocasionadas al coronel PNP Quiroz Chávez, mientras que Sierra Vásquez y Olaya Jiménez lo habrían hecho contra la sociedad.

Por la gravedad de los hechos, Caro Hinostroza y Olaya Jiménez tienen la condición de detenidos, y Sierra Vásquez deberá mantenerse bajo una serie de reglas de conducta y pagar una fianza de 800 nuevos soles.

En las próximas horas, los denunciados darán su declaración ante el Poder Judicial, acto que también deberán realizar los agraviados y testigos.

Se informó que se valorizará el monto del perjuicio ocasionado y se determinará las consecuencias de las lesiones ocasionadas al oficial PNP Quiroz Chávez.
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Separan a oficial de PNP que habría violado a cadete

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Separan a oficial de la policía implicado en delito contra la libertad sexual

El Comercio

Se le acusa de violación sexual en agravio de una alumna de una escuela de formación policial de la ciudad de Tarapoto

La Policía Nacional dispuso la separación inmediata sin derecho a remuneraciones del capitán PNP Cristian Morales Medina, destacado en la Unidad de Emergencia 105 de la Tarapoto (San Martín), por ser presunto autor del delito contra la libertad sexual, en agravio de una alumna de la Escuela Técnico Superior PNP de dicha jurisdicción.

La institución policial indicó en un comunicado, que el pasado 4 de abril Morales Medina -quien también es docente en el referido centro de formación policial- invitó a la alumna del 2do año, de iniciales G. V. L., a una reunión en su habitación, donde la forzó a mantener relaciones sexuales.

El comando policial de Tarapoto dispuesto una exhaustiva investigación bajo la supervisión del representante del Ministerio Publico, para el esclarecimiento de este grave hecho y su denuncia ante la autoridad judicial correspondiente.
La Policía indicó que está comprometido en adoptar acciones correctivas contra todo acto de conducta funcional indebida en que incurran sus miembros.

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Fiscalía pide la detención e impedimento de salida del país sobre Manuel Burga Seoane

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El Comercio

Al titular de la FPF se le imputa haberse apropiado de US$ 300 mil provenientes de la cesión de derechos de transmisión de TV.

El Fiscal Titular de la 57 Fiscalía Provincial Penal de Lima, Jorge Enrique Sanz Quiroz, solicitó al 16 Juzgado Penal de Lima se dicte mandato de detención e impedimento de salida del país sobre el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Manuel Burga Seoane.

Asimismo, mediante la ampliación de denuncia presentada ante el poder Judicial, se solicitó al juez se establezca una garantía de hasta por diez millones de nuevos soles a efectos de asegurar el pago de la reparación civil a favor del Estado.

Ahora dependerá del juzgado que investiga el caso determinar si procede la orden de detención.

CUESTIONA DEMORA DEL PROCESO
De otro lado, el Fiscal Provincial Jorge Sanz, afirmó que “existe una dilación excesiva en la tramitación del proceso que favorece abiertamente a los denunciados”.

Sanz Quiroz señaló que, ante la conducta mostrada por los jueces que ha provocado el retardo en la apertura de la instrucción, evalúa la posibilidad de recurrir ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).

“En enero presentamos la denuncia correspondiente y ya han pasado tres meses y no se dicta el auto apertorio de instrucción, pese a que la Fiscalía ha cumplido con todos los requerimientos establecidos por ley”, enfatizó.

El magistrado señaló que con lo expuesto en la denuncia presentada el pasado 06 de enero, con lo agregado en la primera ampliación de la denuncia de fecha 02 de marzo y con lo fundamentado en la segunda ampliación de denuncia remitida en la fecha al Poder Judicial, no deberían existir más dilaciones innecesarias en este caso.

¿CUÁLES SON LAS DENUNCIAS?
Manuel Burga fue denunciado en enero de este año por ser presunto autor mediato de los delitos contra la Fe Pública en la modalidad de Uso de Documento Falsificado, y Contra la Administración Pública, en la modalidad de Inducción a Error a Funcionario Público; asimismo, en calidad de autor de los Delitos de Peculado Impropio y Asociación Ilícita para Delinquir.

Según las investigaciones, al actual presidente de la FPF se le imputa haberse apropiado indebidamente y no haber entregado hasta la fecha al Fondo Pro Deporte Escolar, la suma de 300 mil dólares americanos, según lo establece la Ley 28036, respecto al contrato suscrito con dos canales de televisión por la cesión de derechos para la transmisión de las eliminatorias de fútbol Sudáfrica 2010.

OTRO DENUNCIADO EN EL CASO HUAPAYA
La denuncia penal incluye también, por los mismos ilícitos penales, a Enrique Alejandro Pacheco Farromeque, por haber realizado las funciones de Director del Instituto Superior Tecnológico “Alfonso Huapaya Cabrera” sin tener designación legal. Este permiso estaba a nombre de su padre, Enrique Pacheco Velarde.

Asimismo, Pacheco Farromeque es denunciado por haber expedido Diplomas y firmado documentación que era enviada al Ministerio de Educación para que otorgue títulos a Nombre de la Nación.

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Proyectos para endurecer penas contra choferes ebrios pasarían directo al Pleno

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El Comercio

Paquete legal del ministerio de Justicia sería exonerado de trámites en el Parlamento, indicó el presidente del Congreso

El paquete de normas que modifican el Código Penal para endurecer las penas a los conductores ebrios sería exonerado del trámite de comisiones para ser debatido directamente por el pleno del Congreso.

El presidente del Parlamento, Javier Velásquez Quesquén, señaló ayer que planteará esta propuesta a la Junta de Portavoces con el fin de que se discutan con celeridad los proyectos de ley sobre la materia que enviará en los próximos días el Ministerio de Justicia.

La titular de este sector, Rosario Fernández, propuso eliminar la responsabilidad restringida que rige para los jóvenes de 18 a 21 años y las personas mayores de 65 años que conduzcan vehículos en estado de ebriedad, para que purguen cárcel efectiva y cumplan servicio comunitario.

Fernández sostuvo también que en el caso de los accidentes de tránsito se deben aplicar las penas efectivas y terminar con el principio de oportunidad, que permite resolver el caso pagando una penalidad o los gastos ocasionados a las víctimas.

SI TOMA, NO TOME EL VOLANTE
De acuerdo con un sondeo realizado por la Secretaría Nacional de la Juventud, el 17% de los jóvenes de nuestra capital manifiesta que ha conducido un vehículo a pesar de haber bebido alcohol.

Por ello, Maeg Arriola Escalante, titular de esa secretaría, planteó campañas preventivas dirigidas a este segmento poblacional para sensibilizarlo sobre los riesgos de esta conducta.

EL DATO
Once puntos críticos
Desde las 6 p.m. de ayer la Policía de Tránsito reforzó el control en 11 zonas críticas como el óvalo Monitor, la avenida Javier Prado y la Carretera Central.
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El 18 por ciento de jóvenes maneja ebrio, según sondeo

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La República

La Secretaría Nacional de la Juventud reveló que, mediante un sondeo telefónico a 150 jóvenes, el 18% afirmó que maneja a pesar de haber bebido alcohol y conociendo los riesgos.

Asimismo, su titular Maeg Arriola Escalante manifiesta la necesidad de hacer campañas preventivas dirigidas a este grupo etáreo.

El Secretario Nacional de la Juventud precisó que el sondeo telefónico a 150 jóvenes limeños, de 8 a 30 años, reveló que aunque el 82% prefiere no manejar cuando ha bebido alcohol, un 18% lo hace a pesar de conocer todos los riesgos que conlleva.

Sostuvo que el problema de los jóvenes y la seguridad vial es un tema de preocupación pues son un grupo de edad que a la vez es víctima principal de la inseguridad en las pistas así como causantes de estos siniestros.

Según las últimas estadísticas de la Policía Nacional, de los 137 accidentes del 2009 en Lima Metropolitana (registrados a marzo), la mayoría de estos accidentes involucró a personas de entre 18 y 30 años de edad (31.5%).

Asimismo, la principal causa mundial de muerte de adolescentes, de entre 15 y 19 años, son los accidentes de tránsito, según informes de la Organización Mundial de la Salud. Esto implica que, anualmente, 400 mil jóvenes en el mundo pierden la vida de esta forma.

Arriola Escalante resaltó además que las reformas viales deben ser integrales, con énfasis en la labor preventiva además de las medidas sancionadoras.

Mencionó también el papel de los padres de familia en la prevención de siniestros protagonizado por los jóvenes e hizo una invocación a que vigilen el comportamiento de sus hijos.

De otro lado, manifestó que el reforzamiento de la prevención de accidentes en el público joven permitirá al país ahorrar muchas vidas, pues los jóvenes infractores casi siempre están acompañados de otros jóvenes que resultan heridos o sus vidas terminan perdidas.
(Con información de Andina)

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Paraísos fiscales

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Uruguay, Malasia, Costa Rica y Filipinas acusados de ser paraísos fiscales

Estudio revela que dichos países se han negado a adoptar nuevas reglas sobre apertura financiera

(AP). La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) emitió el jueves una “lista negra” de cuatro países, Costa Rica, Uruguay, Malasia y Filipinas, considerados paraísos fiscales que no cooperan con las autoridades internacionales.

La OCDE informó que los cuatro países incluidos se han negado a adoptar nuevas reglas sobre apertura financiera.

El organismo mencionó que los líderes del G-20 , reunidos en Londres, pidieron a la OCDE dar detalles sobre las naciones que funcionan como paraísos fiscales, ya que los países que conforman dicha organización (G-20) han decidido acabar con quienes promueven o permiten esas actividades ilícitas.

La canciller alemana Angela Merkel dijo que el primer ministro británico Gordon Brown y el presidente estadounidense Barack Obama tuvieron una participación importante para tomar medidas decididas contra los paraísos fiscales.

Los líderes en las conversaciones en Londres dijeron que ha terminado la era del secreto bancario, y que la comunidad internacional debe intervenir para impedir que las naciones sean afectadas por ingresos de impuestos, sumamente necesarios en el marco de la crisis económica.

Agregaron que las naciones que se nieguen a intercambiar información fiscal podrían enfrentar en el futuro sanciones severas, incluido el retiro de financiamiento del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.

DESCARGOS
El presidente del Banco Central de Uruguay, Mario Bergara, afirmo que el secreto bancario “no es las base del desarrollo del sistema financiero”.

Las declaraciones fueron la respuesta de las autoridades uruguayas al informe publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que acusa a Uruguay, además de Costa Rica, Filipinas y Malaisia, de no cumplir con las reglas sobre la implementación de los estándares impositivos acordados a nivel internacional en el año 2004.

“Secreto bancario hay en todo el mundo” y las flexibilizaciones que se le piden a algunos países Uruguay ya las hizo hace tres años, cuando se impulsó una reforma del sistema tributario, que está vigente en el país, indicó el funcionario

Por su parte, Suiza y Liechtenstein, naciones con fuerte tradición en materia de secreto bancario, dijeron el mes pasado que adoptarían los reglamentos internacionales sobre cooperación fiscal y que estaban preparadas para cumplir las exigencias del G-20.

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Villa Stein crea Unidad de Ética del Poder Judicial

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Vigilarán cuentas bancarias de jueces

Villa Stein crea Unidad de Ética del Poder Judicial. El objetivo es tratar de detectar casos de enriquecimiento ilícito en magistrados de todos los niveles y a nivel nacional.

Ana Véliz – La República

El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, presentó a los asesores de la futura Unidad de Ética Judicial, que tendrán por función detectar casos de enriquecimiento ilícito de jueces de todos los niveles y de todo el país.

Se trata del embajador Manuel Rodríguez Cuadros, el reverendo Manuel Tamayo Pinto Bazurco y Juan Velit Granda. En los siguientes días se unirá al grupo el abogado y ex procurador Luis Vargas Valdivia.

Villa Stein indicó que este equipo de asesores será la base de la Unidad de Ética tan pronto sea aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, con estricta sujeción a las normas constitucionales y legales.

Una vez en funcionamiento, la Unidad de Ética del Poder Judicial se encargará de investigar la conducta económica de los magistrados y dependerá de la Presidencia de la Corte Suprema. Podrá investigar a todos los jueces, incluyendo a los vocales de instancias superiores.

“En la Corte Suprema no tenemos rabo de paja, por eso podemos mostrar nuestras cuentas. Cuando alguien no es honesto busca diferentes formas de esconder el dinero, como ponerlo a nombre de terceros. Ahí entrará en acción la Unidad, para descubrir estos malos elementos y denunciarlos”, acotó.

Sobre el “chuponeo”

De otro lado, Villa Stein afirmó que no le parecía bien el cambio de la jueza María Martínez Gutiérrez, a cargo del proceso a los directivos de Business Track por espionaje telefónico.

“No entiendo. Por un lado piden rapidez en el proceso, y ahora van a cambiar de jueza y poner un juez nuevo que violaría, a mi parecer, el principio del juez natural. Y no por eso se irá más rápido”, comentó.

De la OCMA y César Vega Vega

Al ser preguntado por la decisión de la OCMA de investigar al presidente de la Corte de Lima, César Vega, por asistir al cumpleaños de su amigo Carlos Roca y participar en el lanzamiento de su candidatura partidaria, Villa Stein dijo creer que evaluar ese tipo de conducta escapa al ámbito de la oficina de control.

“Los magistrados en el Perú tienen libertad de culto, de credo, de asociación, de pensamiento y de expresión. Rechazo las actitudes mojigatas, la persecución en cualquiera de sus formas, el oscurantismo. No se puede dudar de la calidad de un juez por reunirse con amigos de infancia”.

Algunos invitados a la presentación de la Unidad de Ética fueron Vega Vega y la jueza María Martínez Gutiérrez, pero se fueron rápidamente
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Jueces reincorporan a 86 policías expulsados por medidas disciplinarias

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La República

Ministerio del Interior presenta queja al Poder Judicial. Cada año aumenta el número de efectivos expulsados de la PNP que por mandato judicial retornan a la institución. En lo que va del 2009, ya hay 22 reincorporados.

Doris Aguirre. Unidad de Investigación.

La Policía Nacional pasó al retiro al teniente Héctor Layme Mamami por medida disciplinaria debido a su vinculación con un caso de narcotráfico. Tres años después, la Sala Mixta de Puno acogió una demanda de Layme y ordenó su reincorporación en febrero del 2008. La Policía Nacional acató la orden judicial. Tres meses después, el seis de mayo de ese mismo año, cuando Héctor Layme se desempeñaba como comisario de Santa Bárbara, en Juliaca, cayó en un operativo antidrogas. Viajaba en una camioneta en la que agentes antinarcóticos hallaron pasta básica camuflada. Mientras las autoridades deslindan la responsabilidad del policía, el reincidente Layme continúa en actividad.

No es un caso aislado

Héctor Layme Mamani es uno de los 86 policías dados de baja por medida disciplinaria, quienes por la vía judicial consiguieron la reincorporación en el año 2008. Varios habían sido sancionados con la expulsión por cometer graves delitos. Conclusión, la Policía Nacional no puede deshacerse de sus malos elementos.

De acuerdo con fuentes de la Procuraduría de Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior, el notable incremento de la reincorporación de efectivos dados de baja por medida disciplinaria se debe a que el Poder Judicial se ha tomado atribuciones que no le corresponden.

Regreso fácil

Según cifras oficiales del Tribunal Administrativo Disciplinario de la PNP, el organismo sancionador de la institución, en 2006 los jueces reincorporaron a 24 efectivos dados de baja, y en 2007 la cifra se elevó a 83. La tendencia es ascendente. El año pasado fueron 86.

“No siempre los jueces nos notifican para apelar los mandatos de reincorporación, y cuando lo hacen es demasiado tarde para tomar acciones. Últimamente nos indican que antes de aceptar nuestros recursos de apelación, primero debemos cumplir con reincorporar a los efectivos”, explicaron las fuentes: “Ante la enorme cantidad de estos casos, hemos tenido que presentar una queja ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) para tratar de detener este tipo de arbitrariedad de algunos magistrados que afecta a la institución policial”.

Así cualquiera

El 27 de febrero de 1995, el suboficial PNP Mario Vargas Herbas fue pasado al retiro por medida disciplinaria por su implicación en un caso de asalto y robo. Trece años después, el 10 de junio del 2008, el Juzgado Mixto de Puno resolvió la reincorporación de Vargas con todos sus beneficios, devengados e intereses. Ahora labora normalmente.

La misma suerte tuvo el suboficial Aurelio Gallegos Garcés, dado de baja el 28 de agosto de 1999 por su relación en otro caso de asalto y robo. Luego de nueve años, el Juzgado Mixto de San Antonio de Putina, en Puno, mandó a la PNP su reincorporación con todos sus beneficios, el 31 de diciembre del 2008. Gallegos hoy viste de nuevo el uniforme de la PNP.

“Las reincorporaciones por orden judicial de personal policial que cometió delitos es una muy mala señal para la Policía Nacional y para la sociedad porque se trata de efectivos que cometieron actos ilícitos y fueron investigados por la Inspectoría General y sancionados internamente por el Tribunal Nacional Administrativo Disciplinario”, dijeron fuentes del despacho de la Dirección General de la PNP: “La policía ante una orden judicial solamente se limita a acatarla sin murmuraciones. Hemos encontrado varios casos de policías corruptos que han aprendido a urdir artimañas legales para regresar a la institución”.

En julio del 2002, la PNP pasó al retiro al capitán Edmundo Toledo Saucedo debido a su implicación en la fuga de un narcotraficante en Trujillo. La institución lo acusó de abandono de servicio y desobediencia. Toledo incluso recurrió al Tribunal Constitucional para que declare nula la resolución ministerial con la que se le dio de baja. Pero no lo consiguió… hasta ese momento.

Todos vuelven

Sin embargo, en enero del 2008, la titular del Noveno Juzgado Contencioso Administrativo de Lima, Alicia Salinas Larriviere, ordenó la reposición del capitán Edmundo Toledo, alegando que su institución lo había sancionado injustamente porque logró recapturar al delincuente.

“La policía cometió un abuso. Al percatarse el capitán Toledo de la fuga del narcotraficante, solicitó permiso para salir en búsqueda del sujeto. No se lo concedieron, así que por su cuenta lo hizo y diez días después logró recapturar al reo”, señaló Silvio Aguirre, defensor del capitán Edmundo Toledo: “Ahora estamos luchando para que lo asciendan al grado de comandante, como le corresponde”.

De los 86 casos de policías reincorporados, 31 fueron por mandato del Juzgado Mixto de Santiago, en el Cuzco; 19 por el Juzgado Mixto de Huancané, Puno; 10 por juzgados de Lima (Tercero, Quinto y Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo); y 4 por juzgados de Arequipa (Primer Juzgado Civil de Hunter y Juzgado Mixto de Aplao), entre otros (ver infografía).

“El Poder Judicial solo tiene facultad para ordenar la reincorporación de un efectivo siempre y cuando se haya acreditado su inocencia”, explicaron fuentes de la Procuraduría de Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior: “En todo caso, las reincorporaciones por mandato judicial deben ser provisionales hasta que se dicte sentencia. Sin embargo, en la mayoría de casos los jueces ordenan la reincorporación inmediata”.

El 2 de marzo de 1996, la Policía Nacional expulsó por indisciplina al suboficial Eulogio Arqque Suico, acusado de haber dado muerte al alférez PNP Luis Aranzábal. Doce años después, el nueve de agosto de 2008, el Juzgado Mixto de Santiago, Cuzco, ordenó la reincorporación de Arqque. Hoy trabaja en la Décima Región Policial del Cuzco.

Ocurrió lo mismo con el suboficial Arturo Oviedo Guzmán. Le dieron de baja el 30 de marzo del 2000 al ser encontrado responsable de la fuga del terrorista Teófilo Sandoval Durán, recluso del penal de Qenqoro. Luego de ocho años, el mismo Juzgado Mixto de Santiago dictaminó el reingreso de Oviedo el 15 de Agosto del 2008. Ahora labora en la comisaría de Poroy.
El 13 de junio del 2005, la policía expectoró de la institución al suboficial Abel Hallasi Zárate, implicado en un caso de falsificación de documentos y en otro de encubrimiento del presunto asesino de la ciudadana alemana Úrsula Gluck. El Juzgado Mixto del Cusco ordenó la reincorporación inmediata de Hallasi, el seis de marzo del 2008.

En lo que va del 2009, la tendencia continúa siendo ascendente. Ya son 22 efectivos policiales reincorporados por resolución judicial. Uno de los casos más controvertidos lo protagoniza el suboficial Luis Espejo Livano, pasado al retiro el siete de mayo de 1982. Luego de 26 años el Juzgado Especializado Civil de Santiago, Cusco, ordenó su reincorporación el 3 de febrero de este año con todos sus beneficios. Así los premian. La República, edición impresa.

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