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Constitucional, Derechos Humanos, Derechos Fundamentales, Derecho Parlamentario, Reforma del Estado

Poder Judicial pide debate sobre contiunidad del Tribunal Constitucional (caray, que bueno)

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Villa Stein pide un debate sobre continuidad del Tribunal Constitucional

El presidente del Poder Judicial dice que una sala de Corte Suprema podría reemplazar las funciones del organismo

(Andina) El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein , pidió un debate nacional sobre la desaparición o continuidad del Tribunal Constitucional (TC) o para que una Sala de la Corte Suprema de Justicia de la República esté a cargo de este tipo de temas.

“Se debe abrir un debate nacional para ver si conviene un Tribunal Constitucional a la forma de los países detrás de la Cortina de Hierro o si queremos un modelo constitucional compatible con nuestras tradiciones jurídicas, es decir, dentro de la Corte Suprema”, refirió.

Villa Stein mencionó que de esta manera se evitarán “fallos contradictorios” que puedan establecer una “fisura” en la línea jurídica del país.

“Siempre he planteado eso (la eliminación del Tribunal Constitucional), me parece razonable, lo que no comparto es que frente a un determinado fallo del Tribunal Constitucional hagamos eso, porque eso sería castigarlos”, agregó.

MECANISMO DE CONTROL
En ese sentido, el titular de la Corte Suprema dijo que si bien el TC tiene que controlar la constitucionalidad, se han presentado algunos “casos de interferencia” que resulta necesario “controlar”.

La propuesta de desaparece el Tribunal Constitucional surgió luego de una serie de sentencias recientes, las cuales fueron criticadas, como la posible liberación de Antauro Humala – que finalmente no ocurrió – así como la inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley que autoriza el uso de la fuerza a los institutos armados en casos puntuales.

De otro lado, Villa Stein afirmó en declaraciones a Frecuencia Latina que era una persona “apolítica”, por lo que la política es “un misterio” para él.

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¿Despenalizar el aborto y la eutanasia? Empieza la polémica en el Congreso

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Ministro Pastor se opone a ello. En tanto, la comisión revisora del Código Penal también aprueba la eutanasia. ¿Usted qué opina?

Por José Santillán / Fabiola Torres
El Comercio

¿Tiene alguien derecho a decidir sobre la vida? La pregunta ha cobrado especial importancia luego de conocerse que la comisión especial revisora del Código Penal, integrada por 14 personas, acordó hace solo dos días —con cuatro votos a favor, dos en contra y dos abstenciones— despenalizar tanto el aborto eugenésico como el mal llamado aborto sentimental, que tiene como fin impedir el nacimiento de un feto cuando la mujer ha sido víctima de violación sexual.

“Debo lamentar la decisión adoptada… No estoy de acuerdo porque soy un defensor de la vida y de los derechos humanos”, dijo el presidente de esa comisión, el congresista Carlos Torres Caro (no agrupado).

TAMBIÉN LA EUTANASIA
La misma comisión que preside ese parlamentario aprobó, hace solo dos semanas, una modificación al artículo 112 del Código Penal relativo al homicidio piadoso (eutanasia).

Aunque dentro del cambio propuesto se aumenta la pena de cárcel de dos a cuatro años (el Código Penal solo considera una pena privativa de libertad no mayor de tres años), se hace un agregado que deja abierta la posibilidad de que el juez pueda eximir de sanciones “cuando la muerte hubiera sido solicitada de modo consciente por el enfermo, herido o quien sufrió graves quemaduras”. Lo que llama la atención de esa modificación es que esta no haya sido puesta en conocimiento público en su debido momento y que, más bien, se mantuviera casi en secreto hasta ayer, cuando El Comercio tuvo acceso a esa información. “¿Cómo se enteró usted?”, preguntó el congresista Torres Caro.

EL ABORTO
Pero además de la eutanasia, la comisión modificó los artículos 114 al 120 del Código Penal relativos al aborto. El más polémico es el último, referido tanto al aborto eugenésico —llamado así porque se interrumpe la vida de un feto con graves malformaciones congénitas, o taras físicas o psíquicas que han sido comprobadas por un médico especialista— como al aborto por violación sexual. Ambos casos son castigados por el actual Código Penal con solo tres meses de pena privativa de libertad, aunque en la práctica no hay cárcel efectiva.

Para Torres Caro, este es el quid del asunto, toda vez que una investigación para sancionar la responsabilidad de los involucrados en cualquiera de los delitos señalados puede llevar hasta medio año, lo que conlleva a la prescripción de la pena.

Aun así, un hecho que llamó la atención es que uno de los miembros de la comisión nombrado por el Ministerio de Justicia votó a favor de la despenalización del aborto, no obstante que esa cartera había expresado su posición en contra con antelación.

Debido a esta contradicción, anoche el titular de Justicia, Aurelio Pastor, lamentó que uno de los comisionados, Rosa Mavila León, haya votado en sentido contrario, por lo que se le ha pedido un detallado informe al respecto. El ministro ratificó la posición institucional en contra de la despenalización del aborto.

La comisión revisora también examinó las propuestas para aprobar el aborto por necesidad (embarazo no deseado) y el aborto por indigencia, pero ambas fueron rechazadas.

LO QUE SE VIENE
Por ahora, la comisión especial revisora del Código Penal continuará con su trabajo hasta mediados de diciembre, aunque es probable que soliciten una ampliación, detalló Torres Caro.

Una vez concluidas las modificaciones del Código Penal, estas serán elevadas al presidente del Congreso, quien decidirá si son llevadas al pleno para su discusión y aprobación, o son remitidas a la Comisión de Justicia para su revisión.

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Comisión parlamentaria aprueba Ley que afectaría independencia del CNM

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La República

La Comisión de Constitución del Congreso aprobó el Proyecto de Ley No. 3395, que propone que los tres representantes de los Colegios Profesionales (de abogados y otras profesiones) que integran el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), ya no sean elegidos con el voto de todos los colegiados, sino únicamente de los Decanos de dichas instituciones.

El Instituto de Defensa Legal (IDL) considera que la decisión de la Comisión de Constitución es gravísima, pues representa un cambio súbito de reglas; va contra la propia Constitución, que en su artículo 155 señala que esta elección la efectúen “los miembros” de los colegios profesionales; y porque la modificación ha sido propuesta por el Poder Ejecutivo, que nunca antes había realizado aportes para la regulación de esta elección.

Este hecho da lugar a serias sospechas sobre un mecanismo de injerencia política.

Ante la gravedad del cambio aprobado por la Comisión de Constitución, ¿qué han señalado los Decanos de los Colegios Profesionales, quienes se deben a sus electores y son a quienes representan? Se espera que tomen una posición.

El mismo proyecto será debatido mañana a las 3 pm, en la Comisión de Justicia del Congreso. Siendo este el grupo donde se desarrollará el principal debate, es probable que asuma una posición similar a la adoptada por la Comisión de Constitución.

Como se recuerda, el CNM está compuesto por 7 integrantes, dos de ellos, elegidos por instancias del Estado, y 5 elegidos por entidades de la sociedad civil: dos por las universidades públicas y privadas, uno por los colegios de abogados del país y, los dos restantes, por los demás colegios profesionales. Este proceso debe ser preocupación de todos, porque el CNM resuelve quiénes serán los jueces y fiscales que decidirán aspectos fundamentales de nuestras vidas.
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Ipys: Cierre de Radio La Voz de Bagua es una advertencia del Gobierno

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La República

El integrante del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Jaime Cisneros, sostuvo que la decisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de quitar la licencia a Radio La Voz de Bagua, es una clara advertencia para los medios que pretendan “salirse de la línea”.

Cisneros resaltó que el caso de la emisora amazonense pone en evidencia la preocupación del Ejecutivo por las radios en provincias, que son numerosas y poderosas en términos de alcance regional, y donde paralelamente hay muchos intereses en juego.

Indicó que los abogados de Radio La Voz han agotado la vía administrativa para que el Estado dé marcha atrás en su resolución, asumida a mediados de junio último, de cancelar la licencia a la emisora bajo el argumento de la homologación de sus equipos.

Agregó que pese a que la radio ha cumplido con seguir los canales regulares para gestionar su pedido de reposición, el portafolio encabezado por Enrique Cornejo opta por el silencio.

“Las autoridades no se han rectificado en el retiro de licencia (…) Consideramos que se trata de una medida arbitraria e ilegal porque las autoridades (del MTC) no han sabido fundamentarla”, anotó.

Sin embargo, Cisneros dijo que la negativa del MTC a rectificarse abre un abanico de posibilidad para que el IPYS llame la atención de la opinión pública en este caso, el cual dijo mancha la trayectoria de libertad de expresión del régimen de turno.

En ese sentido, resaltó que cada vez más medios de comunicación toman conciencia de las implicancias de la situación que atraviesa Radio La Voz y asumen una postura solidaria.

Por último, adelantó que, si el MTC se pronuncia en contra del pedido formulado por la estación radial, el IPYS evaluaría acciones institucionales a nivel nacional y regional. “Lamentablemente, (este caso) coloca al Perú en una esfera cuyo ámbito es muy negativo para la libertad de expresión”, concluyó.

Como se recuerda, este sábado, el IPYS divulgó un comunicado donde afirma que el caso de Radio La Voz de Bagua configura “una manifiesto caso de atentado contra la libertad de expresión” la cual está protegida por la Constitución Política y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“En tal sentido, el IPYS rechaza la cancelación de la autorización (de funcionamiento de la radio), exhorta al MTC a restituirla a la brevedad y acompañará al medio en todas las reclamaciones y denuncias necesarias para la restitución de su derecho”, concluye el documento.

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Derechos Paterno Filiales: Licencia por paternidad aprobada en Ley

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Presidente García promulgó Ley que concede Licencia de Paternidad

La República

Ahora los padres también gozarán de licencia por cuatro días luego del nacimiento de su hijo, ya que luego de que el Congreso promoviera este proyecto de ley, el presidente Alan García lo convirtió en un hecho.

Esta mañana (sábado) la autógrafa de ley fue promulgada por el presidente de la República, Alan García Pérez,la cual precisa que el derecho se otorga a todo trabajador de la actividad pública y privada, incluidas las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, en armonía con sus leyes especiales.

La licencia deberá otorgarse durante cuatro días hábiles y consecutivos, desde la fecha que el trabajador indique, comprendida entre la fecha de nacimiento del nuevo hijo o hija y la fecha en que la madre o el hijo o hija sean dados de alta por el centro médico respectivo.

El trabajador deberá comunicar a su empleador sobre la fecha probable del parto
o con una anticipación mínima de 15 días, refiere la norma.

Esta licencia también incluye al sector privado.

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Condenados por terrorismo no podrán acogerse a los beneficios penitenciarios

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El presidente Alan García promulgó un decreto supremo que regula ejecución penal en materia de delitos de terrorismo

(Andina). El presidente Alan García Pérez promulgó esta noche en Palacio de Gobierno una Ley, aprobada por el Congreso, la cual dispone que no proceden los beneficios penitenciarios para los condenados por delitos de terrorismo, como parte de la lucha frontal contra el terrorismo.

“Los condenados por delitos de terrorismo no podrán acogerse a los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación, la semilibertad y la libertad condicional”, señala la norma que deroga el Decreto Legislativo Nº 927, el cual regulaba la ejecución penal en materia de delitos de terrorismo.

La Ley promulgada también establece que los condenados por los delitos de secuestro y/o extorsión podrán acogerse a los beneficios penitenciarios siguientes: redención de la pena por el trabajo y la educación, y liberación condicional, a razón de un día de pena por siete días de labor efectiva, bajo la dirección y el control de la administración penitenciaria.

Para ello la norma modifica el artículo 3º de la Ley Nº 28760, que a su vez modifica los artículos 147, 152 y 200 del Código Penal y el artículo 136ª del Código de Procedimientos Penales.

También precisa las normas a las que se sujetarán los beneficios penitenciarios en el caso de sentenciados por delito de secuestro.

Los condenados a pena temporal por delito de secuestro y/o extorsión podrán acogerse al beneficio penitenciario de liberación condicional cuando hayan cumplido efectivamente los tres cuartos de la pena impuesta, siempre que no tengan proceso pendiente con mandato de detención y previo pago del íntegro de la cantidad fijada por reparación civil y de la multa.

La ejecución de los beneficios penitenciarios que han sido otorgados a los sentenciados por delitos de terrorismo continuarán regulándose al amparo de lo previsto en la normativa bajo la cual les fue otorgado. .

La Ley, firmada por el jefe de Estado y el titular del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, será publicada mañana sábado en la separata de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

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El Congreso aprobó ley que otorga a trabajadores licencia por paternidad (al fin reconocen derechos paterno filiales)

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El Comercio

El pleno dio e beneficio remunerado de cuatro días a los empleados de la actividad privada y pública, que incluye a policías y militares

Los trabajadores de la actividad pública y privada tendrán derecho a una licencia remunerada por paternidad, en caso de que de su cónyuge o conviviente dé a luz, de cuatro días hábiles consecutivos, a fin de promover y fortalecer el desarrollo de la familia.

La propuesta también incluye a los efectivos policiales y militares, adecuando la norma a las leyes del sector. La iniciativa fue aprobada por 72 votos y una abstención.

La presidenta de la Comisión de la Mujer y Desarrollo Social, Karina Beteta (UPP), pidió una nueva votación para exonerarla de una segunda, y consiguió aprobación unánime.

Según la norma, dicha licencia, otorgada por el empleador al padre, es por cinco días consecutivos. El inicio se computa desde la fecha en que el trabajador indique, comprendida dentro de los 30 primeros días del nacimiento de su hijo.

El presidente de la Comisión de Trabajo, Juan Carlos Eguren (UN), sustentó la iniciativa señalando que el objetivo es el fortalecimiento de la familia. Más adelante, incorporó a los efectivos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional al beneficio de la norma, a pedido de algunos congresistas.

La legisladora Lourdes Alcorta (UN) expresó su preocupación por los efectivos de este sector que tienen, dijo, expuesta su vida en todo momento y merecen ser tratados como todos los ciudadanos.

La congresista Mercedes Cabanillas (PAP), autora de una de las propuestas, consideró que existen circunstancias en que el referido beneficio no puede ser utilizado por el efectivo policial o militar, como en el caso de estar destacado en zonas especiales de combate.

Sobre el tema, el congresista Luis Negreiros Criado (PAP) planteó una fórmula basada en experiencias registradas en la Organización Internacional de Trabajo (OIT), señalando que el beneficio de la norma puede ser adecuada a las leyes que rigen al sector, con lo cual quedó superada la controversia.

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Plagios parlamentarios: ¿Los congresistas leen lo que firman?

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Acusan plagio en dictamen sobre igualdad religiosa

El autor de la denuncia, Marco Huaco Palomino, pide que se investigue este delito contra los derechos de autor. Asesor de la bancada aprista asume su responsabilidad y asegura que no actuó con dolo.

Perú 21

¿Simple error? Vargas sostiene que el dictamen no ha perdido validez.
Un nuevo ‘papelón’ por plagio afecta otra vez la imagen de la institución parlamentaria. El abogado Marco Antonio Huaco Palomino denunció que el dictamen de la Comisión de Constitución sobre la Ley de Libertad e Igualdad Religiosa transcribe literalmente 12 páginas de una obra suya sin haberle consultado.

El documento congresal reproduce, sin la autorización del autor, la obra inédita Posición jurídica de las agrupaciones políticas en la experiencia europea y sudamericana, publicada en Internet por una institución mexicana con la siguiente advertencia: “Todos los derechos reservados. La presente ponencia tiene carácter de preliminar, por lo que no podrá ser citada ni reproducida sin previo consentimiento expreso de su autor”.

Así lo precisa Huaco Palomino en la carta remitida a la presidenta de la Comisión de Constitución del Parlamento, Mercedes Cabanillas –a la que Perú.21 tuvo acceso–, en la que le informa que presentará la denuncia ante Indecopi y el Ministerio Público para que investiguen este delito contra los derechos de autor.

Este proyecto fue aprobado por la Comisión de Constitución en la legislatura anterior, cuando era presidida por el también aprista José Vargas Fernández, actual titular de la Célula Parlamentaria Aprista (CPA)

En dicha misiva, el autor sostiene que los responsables de este dictamen “ni siquiera se han dado la molestia de disimular el ‘préstamo intelectual’ ni de modificar al menos algunas expresiones o palabras”. Señala también que la nota a pie de página en el dictamen menciona, de manera ambigua y engañosa, su nombre y el de la obra, pero no reconoce que los párrafos que siguen a continuación provienen de ella.

Huaco manifestó que, de comprobarse que la Comisión de Constitución se encuentra involucrada de alguna manera en este hecho, ello contribuiría al descrédito de la imagen del Poder Legislativo, deteriorada ya por reiterados antecedentes de plagio intelectual en la elaboración de proyectos. “Sería lamentable que el Congreso cuente con asesores parlamentarios de tan baja calidad ética y profesional”, enfatizó.

ASUME RESPONSABILIDAD. Por otro lado, a través de dos cartas a las que también tuvimos acceso, el asesor de la CPA, Odar Monzón Pedroso, reconoce haber incurrido en un error al no resaltar las partes textuales de la citada obra del autor.

En las misivas, dirigidas al propio Huaco y a la presidenta de la Comisión de Constitución, rechaza que haya pretendido actuar de manera dolosa y resalta que en un pie de página se reconoce la autoría y se indica que la obra es uno de los más importantes trabajos sobre la materia.

Monzón admite que el pedido del autor es pertinente y que, por ello, ha solicitado el retiro de todo el material transcrito del documento, incluyendo la cita y el pie de página.

Sobre este caso, el legislador José Vargas señaló que el error reconocido por su asesor no tiene por qué afectar la validez del dictamen.

“La Comisión de Constitución aprobó una fórmula legal, y esta no tiene por qué perjudicarse por un error de redacción en la parte de los considerandos. El tema no tiene por qué regresar a comisión”, enfatizó.

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Los 54 años del voto femenino en el Perú

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Cuando la historia de la mujer cambió en el país. Ley del voto femenino se promulgó en el gobierno de Odría

El Comercio

Era un miércoles 7 de setiembre de 1955, cuando el gobierno del general Manuel Apolinario Odría, dando salida a los incesantes reclamos que se habían iniciado en 1910, promulgó la ley del voto femenino, con lo que cambió la historia de la mujer peruana.

Siempre atento a los hechos trascendentales, la edición de El Comercio tituló al día siguiente “Fue promulgada la ley que otorga el voto a la mujer”, y dio a conocer el texto de la Ley 12931, mediante la cual se modificaron los artículos 84, 86 y 88 de la Constitución Política de 1933.

La nota reafirmaba el hecho con la foto del jefe del Estado, Manuel A. Odría, quien aparecía promulgando la ley. En el primero se reconocía que eran ciudadanos los hombres que tuvieran mayoría de edad (21 años), casados mayores de 18 años y los emancipados. El cambio incorporaba a las mujeres en estas mismas condiciones.

En el segundo artículo originalmente se señalaba que gozaban del derecho de sufragar los ciudadanos y ciudadanas que supiesen leer y escribir.

Y en el tercero se reconocía la autonomía del Poder Electoral, así como la representación que da a las minorías —entre ellas las mujeres— el sistema de elecciones. Lo último no se hizo esperar, pues la inscripción de mujeres en el Registro Electoral se empezó a realizar apenas se promulgó la ley, con vista a las elecciones presidenciales y parlamentarias de 1956.

Precisamente, el 17 de junio de ese año, las mujeres se estrenaron en el sufragio. Con 499.256 votos, ellas se hicieron presentes, representando el 34% del electorado nacional. Lima fue el departamento con mayor cantidad de mujeres votantes. En la edición de la tarde de El Comercio se informó: “Las mujeres dieron la nota simpática”. […] “Las damas, luego de la misa, y muchas de ellas llevando sus libros misales, engrosaron las densas colas que nacían a las puertas de cada colegio […]. La columna impaciente desencadenaba amables conversaciones, desprovistas de la aspereza silenciosa de los hombres […]”.

Fue así como el 28 de julio de 1956 llegaron por primera vez al Parlamento nueve ciudadanas. Ellas fueron la senadora Irene Silva y las diputadas Alicia Blanco, Lola Blanco, Carlota Ramos, María Silva, Juana Ubilluz, Manuela Billinghurst, María de Gotuzzo y Matilde Pérez Palacios. Todo un acontecimiento en la época.

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Congreso le dio la espalda a los 3 millones de migrantes peruanos

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La República

Los dejan solos. Wilbert Bendezú Carpio,vicepresidente del Parlamento Andino, señaló que es lamentable que el Pleno no haya aprobado la creación del distrito electoral de peruanos residentes en el extranjero para que los casi 3 millones de migrantes peruanos tengan representantes verdaderamente comprometidos con su problemática.

“Es realmente penoso que nuestros migrantes que aproximadamente son el 10 % del total de la población peruana, que anualmente envían al país alrededor de 3 mil millones de dólares, y que ahora, por la crisis económica mundial, atraviesan situaciones extremas- xenofobia, perdida del empleo, expulsión- no puedan elegir y tener representantes directos en el Congreso de la República que velen por sus derechos e intereses”, señaló Bendezú.

Esto a pesar de que en la Comisión de Constitución del Congreso existían diferentes iniciativas legislativas para que los migrantes cuenten con representantes directos, inclusive una presentada en 2006 por el propio presidente de la República, Alan García Pérez.

Acotó que a diferencia del recientemente creado distrito electoral de Lima Provincias, cuyas 9 provincias agrupan a alrededor de 800 mil habitantes- los peruanos afincados en el extranjero son alrededor de 3 millones, por lo que con mucha más razón se hacía necesario la creación de una representación congresal directa para ellos.

Indicó que en la actualidad no existe una eficaz representación en el Parlamento de los peruanos en el extranjero. “Son poquísimas las iniciativas legislativas enmarcadas a dar solución a sus problemas, ahora agravados por la crisis mundial”, acotó.

“El Parlamento se ha portado de forma ingrata con los migrantes peruanos a pesar de que son parte importante de la economía nacional. Se encuentran atravesando en estas horas difíciles momentos y simplemente se les ha dado la espalda”, concluyó Bendezú.

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