Los derechos indígenas en Chile

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Este es el mensaje que me enviara Fermin Tiwi Paati, quien es un aguajún peruano, muy identificado con los derechos indígenas, a quien tuve el honor de conocer en Quito, mientras hacía docencia en FLACSO.

Es la particular perspectiva de quien es indígena y lee lo que un indigenista trata respecto de un país como Chile, respecto de derechos indígenas.

Carta:

Quiero compartir esta informacion de la entrevista al Dr. Bartolome Clavero, muchos de Uds. es un conocido maestro español, actualmente es Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, como leeran abajo, los estudiantes universitarios chilenos de la revista Km (Cero) le entrevistaron sobre la reforma constitucional chilena en donde practicamente el reconocimiento de los derechos de los pueblos indigenas chilenas no son reconocidos como tales, y la respuesta tan contundente, clara y precisa fue respondida de las preguntas que hicieran los estudiantes chilenos al gran maestro Dr. Clavero. Creo que, es importante recoger los conceptos del maestro porque eso nos sirve tener en claro sobre los derechos indigenas que tenemos reconocidos en los instrumentos internacionales, el problema y los atropellos de los derechos indigenas no solo ocurre con los indigenas chilenas, sino a nivel latinoamericano y demas paises. Para mayor informacion le copio las preguntas y respuestas del maestro.

Entrevista de km [cero], periódico universitario de Chile

16 Abril, 2009

El periódico km [cero], ?Primer Diario para Universitarios de Chile?, me propone una entrevista. Luís Castro me formula el cuestionario. Respondo de buen grado. He aquí sus preguntas y mis respuestas.

P.- ¿Qué implicancias trae el proyecto de reforma constitucional para el reconocimiento de los pueblos indígenas?

R.- El actual proyecto de reforma constitucional, el recién discutido y aprobado por el Senado, no reconoce propiamente a los pueblos indígenas porque registre ciertamente su existencia. En términos estrictamente constitucionales, se produce reconocimiento de personas, comunidades, asociaciones, corporaciones, organizaciones, fundaciones, naciones o pueblos cuando lo que se reconoce son sus derechos, esto es, cuando no sólo se les menciona o tampoco ni siquiera cuando se les concede derechos, sino cuando se reconoce que son entidades con derechos propios, con derechos que no dependen del reconocimiento del Estado ni de la concesión de la Constitución, sino que se tienen por sí mismos. Los pueblos indígenas existen y los pueblos indígenas tienen derechos. El reconocimiento constitucional de los mismos es conveniente para que el Estado se comprometa formalmente a respetarlos. Si ya estuviera el Estado comprometido por otra vía efectiva, por ejemplo la de aceptación del derecho internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas, ni siquiera haría falta el reconocimiento constitucional. Si éste reconocimiento no reconoce derechos, no sólo es entonces que esté de más, sino que además resulta improcedente, y esto sobre todo cuando el Estado ya está comprometido por vía internacional, como la República de Chile al haber ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En este caso, la mención constitucional sin reconocimiento de derechos resulta una forma insidiosa de bloquear la efectividad del compromiso internacional ya contraído.

P.- ¿Qué significa para las comunidades indígenas esta nueva reforma? ¿Los beneficia o no?

R.- Me he adelantado en la respuesta. A los pueblos indígenas creo que la reforma constitucional en curso no sólo es que no les beneficie, sino que la misma atropella seriamente sus derechos pues no les ofrece cobertura jurídica ninguna por parte del Estado. A las comunidades indígenas les reconoce derechos, aunque no la capacidad de ejercerlos conjuntándose como pueblos. Al mismo tiempo que la reforma procede a este reconocimiento, aprovecha para atribuirles a las comunidades el aprovechamiento de las aguas, pero no el derecho a las mismas, lo que es una forma también de reducir el reconocimiento a concesión. Con esto, dado que algunas comunidades tienen legalmente reconocido el derecho sobre las aguas, la reforma en curso se aprovecha para esta expropiación de derechos. Así se evapora como por arte de magia constitucional el mismo beneficio de principio para las comunidades, pues no para los pueblos que conforman y que tienen derecho a reconstituir. Y esto no sólo interesa al asunto tan sensible de las aguas, pues constituye un signo de que el reconocimiento constitucional se entiende a todos los efectos como concesión graciosa del Estado, una concesión que, igual que se da, se modifica o incluso se quita sin mayor problema.

P.- ¿Reconoce problemas en la reforma?

R.- Todos, si nos referimos a la reforma concreta recién acordada por el Senado. Se presenta como un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y resulta una negación constitucional de los derechos de los pueblos indígenas. Si se tiene el tiempo y se carga uno o una de la paciencia necesaria para repasar todo el proceso parlamentario de cerca de un par de décadas que ha conducido a este parto de los montes, se comprobará que no hace falta ni tan siquiera leer entre líneas la reforma. Queda más que clara la voluntad política de no reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas y de encontrar el modo de disimularlo con fórmulas insidiosas.

P.- ¿Qué significa ser reconocido como sujeto de derecho?

R. En castellano sujeto significa evidentemente sometido, igual que sujeta quiere decir sometida, pero en la expresión técnica sujeto de derecho, con valor de género tanto masculino como femenino, el significado es exactamente el contrario, el de una persona o un colectivo que dispone de alguna capacidad que la ley debe respetar y la justicia ha de garantizar. Cuando decimos que los pueblos indígenas son sujetos de derechos significamos que cuentan con capacidades que tanto el Estado como el derecho internacional y cualesquier otros agentes políticos, civiles, económicos, religiosos, etc., deben reconocer, respetar y garantizar. Tal habría de ser el sentido de una reforma constitucional sobre pueblos indígenas.

P.- ¿Por qué es perjudicial entender la Nación chilena como ?una, indivisible y multicultural?

R.- ¿Es de verdad perjudicial? No tiene por qué serlo. De entrada no se trata de un postulado simple, sino complejo e incluso de apariencia contradictoria. Se dice de algo en la misma frase que es uno y múltiple, nación una y multicultural. El reto consiste en la articulación de la unidad con la pluralidad. Si la articulación se logra, el conjunto resulta por supuesto indivisible. En otro caso, de poco vale esa fórmula que parece sencilla y es compleja. Situada como pórtico de una reforma constitucional que pretende reconocer a los pueblos indígenas, lo que transpira es desconfianza hacia sus derechos y, sobre todo, hacia el derecho internacionalmente reconocido de autonomía indígena, como si está fuera a atentar contra la unidad y la indivisibilidad. Ahí, en esta suerte de implicaciones, radica el problema, no en la fórmula misma. Por la posición a la que el Estado chileno redujo y en la que hoy todavía mantiene a los pueblos indígenas, difícilmente puede decirse no sólo que la nación chilena sea multicultural, sino ni siquiera que sea una. A la vista está. Una unidad sólo podrá lograrla el respeto al derecho internacional sobre derechos de los pueblos indígenas, la reforma constitucional de reconocimiento de los mismos y las políticas que guarden realmente consecuencia.

P.- ¿Se pasan a llevar el Convenio 169 de Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Nacional del Trabajo, la Declaración de Derecho de los Pueblos Indígenas de la ONU o algún otro tratado internacional?

R.- En la pregunta están identificadas las dos piezas esenciales del derecho internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Convenio y la Declaración. Para el propio derecho internacional, no son piezas negociables. En especial, si se ratifica el Convenio, hay que cumplirlo, pese incluso a lo que diga la propia Constitución, lo cual ante todo significa que ha de consultarse a los pueblos indígenas para cualquier medida que les afecte. Y ha de consultárseles conforme a los requisitos definidos por el Convenio mismo, no en conformidad a los criterios distintos que siente MIDEPLAN o CONADI, el Ministerio de Planificación o la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. La Declaración además refuerza al Convenio. Mientras que éste habla de consulta, la Declaración puntualiza: los pueblos indígenas han de dar su consentimiento libre, previo e informado para que el Estado o cualquier otro agente puedan adoptar decisiones o emprender políticas que les afecten.

P.- ¿Cuál es su evaluación general del conflicto que crea una reforma constitucional y la no aceptación por parte del pueblo indígena?

R.- No tiene por qué haber conflicto. Y no lo habría si la reforma fuera de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. La pregunta está dando por supuesto que la consulta no versa sobre tal reconocimiento, sino sobre algo más específico que los pueblos indígenas pudieran rechazar (pueblos indígenas mejor en plural pues son varios y distintos desde el aymara al rapa nui pasándose además no solamente por el mapuche). Tal suposición hace que la misma consulta, ya sólo por su planteamiento respecto a propuestas concretas y problemáticas, no cumple con los requisitos del Convenio 169 y aún menos con los de la Declaración de Naciones Unidas. La consulta ante todo ha de ser previa a cualquier decisión ya tomada como la de reforma constitucional del Senado. Una consulta de pie forzado va contra el derecho internacional de los derechos de los pueblos indígenas.

¿Alguna otra pregunta? ¿Nada más? ¿Todo bien? Muchas gracias entonces tanto a periodistas como a lectores o lectoras de kilómetro cero.

En: http://clavero.derechosindigenas.org/?p=1338

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