Archivo por meses: junio 2008

Parece que el Poder Judicial comenzará a sancionar a abogados temerarios y tinterillos

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Tinterillos usan hasta datos de abogados muertos para estafar

El Comercio | En el Poder Judicial están pendientes 165 denuncias contra falsos letrados. Jueces y fiscales advierten que sus actos pueden anular partes del proceso

Por Elizabeth Salazar Vega

Más de un siglo después, el vil ‘oficio’ del tinterillaje sigue burlando a la justicia y a los desesperados que necesitan de ella.

A media cuadra de la Corte Superior de Lima Norte, en plena avenida Carlos Izaguirre, tres jovencitas con cartulinas en la mano nos rodean para ofrecer los servicios de un abogado en la puerta del edificio signado con el 134 . En el tercer piso del inmueble hay cuatro oficinas, pero la más próxima a la escalera pertenece a la ‘Doctora Vicky’, quien escucha con interés nuestra presunta intención de iniciar un juicio por alimentos.

“Solo tienes que traerme copias de tu DNI, la partida de nacimiento del bebe y la tarjeta de vacunas. Normalmente cobro 250, pero te lo dejaré en 200 soles”, dice, mientras saca un trozo de papel para anotar los requisitos, número de teléfono celular y su nombre: Victoria Vargas R. ¿Y cuánto demorará el juicio? “En un mes te lo tengo todo listo. Yo misma voy a llevar el caso”.

La ‘doctora’ nos ofrece resultados en tiempo récord, sobre todo si los comparamos con el promedio de seis meses a un año que les toma a otras madres denunciantes obtener un fallo en los juzgados. Cuando le pedimos identificarse como abogada colegiada, Vargas se excusó diciendo que se le habían acabado las tarjetas de presentación, pero lo cierto es que su nombre no aparece en la base de datos del Colegio de Abogados de Lima (CAL).

Según Nancy Espinoza, administradora de la sede norte del CAL, los distritos de Independencia, Comas y Los Olivos concentran el mayor número de tinterillos de la capital debido a la débil fiscalización de escritos que ingresan a los despachos judiciales, la poca vigilancia policial en los exteriores de las sede y el desconocimiento de la población respecto de cómo identificar a un verdadero abogado.

SE HACEN LOS MUERTOS
Éver Ruiz Vargas, director de Defensa Gremial del CAL, refiere que en los últimos 15 años su gremio ha podido asumir la defensa de 266 personas estafadas por el mismo número de tinterillos, aunque la cifra no refleja la verdadera dimensión del problema, ya que estos sujetos atienden diariamente hasta a cinco clientes, y no todos ellos se atreven a denunciar el engaño. Aun así, algunos procesos obtuvieron una sentencia desfavorable, debido a la falta de pruebas o porque los leguleyos alargaron el proceso lo suficiente como para conseguir la prescripción de su delito, lo cual se da tres años después del hecho. Para tener una idea: de los 35 casos considerados prioritarios el 2007, 12 obtuvieron sentencia y el resto corre el riesgo de prescribir.

“Hasta el momento tenemos en el Poder Judicial 165 denuncias que están, en su mayoría, a la espera de dictamen y fecha de sentencia. Las penas, sin embargo, no implican cárcel efectiva, por lo que estos sujetos siguen captando a víctimas en los exteriores de la carceleta o sedes judiciales”, explica Ruiz Vargas.

Según el artículo 363 del Código Penal, el ejercicio ilegal de la profesión se castiga con penas no menores de uno ni mayores de cuatro años de pena privativa.

En las intervenciones que ha podido liderar para detener a estos sujetos, la fiscal de prevención de delito Julita Pachas ha advertido el perfeccionamiento de las modalidades usadas por los falsos abogados. Lo más común, por ejemplo, es que aguarden en los exteriores de la carceleta a personas desesperadas debido a la detención de algún familiar, y que merodeen los juzgados de familia y ofrezcan servicios para tramitar autorizaciones de viaje de menores o juicios por alimentos. Hay quienes han dado un paso más allá y consiguen que el cliente les firme una carta-poder para que se encarguen de ver el juicio. “Ese es un gran problema para nosotros, pues cuando los intervenimos nos muestran la carta-poder que los convierte en parte interesada, por lo que no se puede probar que sean tinterillos. Otro inconveniente es que, por unos soles, algunos malos abogados acceden a firmar escritos traídos por personas que previamente fueron atendidas por tinterillos. Ellos no han hecho el documento, pero lo firman sin importar que esa solicitud judicial no va a prosperar porque está mal elaborada”, indica Pachas.

La corrupción en un sector de la abogacía alienta el accionar de los tinterillos, pues estos no solo falsifican el sello y la firma de verdaderos abogados, sino que muchas veces son asistentes o trabajadores de un estudio de abogados y tienen el aval de su jefe, que sí es letrado. “Cuando se les detiene, dicen que solo son jaladores y que todo el trámite lo seguía su jefe, pero es mentira, pues ellos tienen el aval para hacer escritos”, agrega.

Además de ello –dice la fiscal– ha podido identificar que los tinterillos usan el nombre y los datos de abogados muertos para concretar su delito. En efecto, en los registros del CAL se puede encontrar una denuncia del 2007 sobre el uso ilegal del código de colegiatura 1116, perteneciente a Eduardo Rada Jordán, fallecido en el 2003.

ESTAFA LEGAL
Quienes contratan el servicio de un tinterillo pueden pagar hasta un 80% menos de la tarifa normal de un letrado, pero, como explica el titular del Juzgado Penal 7 de Lima Norte, Enrique Pardo del Valle, estos corren el riesgo de que el proceso sea declarado nulo. “Se dan dos situaciones: el tinterillo no presenta nada, simplemente estafa y desaparece; o lleva adelante un proceso con conocimientos empíricos. Cuando se detecta la intervención de un tinterillo se da opción a la parte afectada a que busque otro abogado y el proceso sigue su curso, pero en la mayoría de casos los escritos hechos por estos sujetos se tienen que anular. El caso retrocede”.

Éver Ruiz advierte que el tema se agrava cuando se trata de litigios de propiedad, en los cuales la víctima cree que su caso está siendo supervisado por el ‘abogado’, pero en realidad este no viene ejecutando defensa alguna. “Los plazos corren y la víctima podría perder su casa”.

Si las consecuencias son graves, ¿por qué no se frena este delito? Para Natalia Torres, del consorcio Justicia Viva, el problema está en la débil conexión entre los operadores de justicia (policía, jueces y fiscales) para prevenir este hecho, poniendo en práctica un efectivo control de los profesionales que acuden a sedes judiciales. La fiscal Pachas dice que recién hace unos meses se ha hecho extensiva la recomendación para que en mesa de partes ingresen solo documentos suscritos por abogados habilitados, previa verificación en la página web del CAL.

Coordinan acciones conjuntas
Son muchos los factores y descuidos que confluyen para crear un ambiente idóneo para el ejercicio del tinterillaje. Por lo pronto, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) ha iniciado una campaña contra el ejercicio ilegal de la abogacía y para ello sus representantes vienen sosteniendo reuniones con la Corte Superior de Lima y el Ministerio Público. Una de las primeras medidas será hacer de uso obligatorio la verificación de la habilitación de los colegiados que se acerquen a las dependencias a presentar documentación o averiguar por algún caso.

Sin embargo, entre sus planes no está abordar el problema de los tinterillos que se pasean dentro de las sedes judiciales. La principal excusa de los funcionarios del Poder Judicial es que, al tratarse de un local público, no pueden restringir el libre tránsito de las personas por los pasillos. Bastaría con solicitar la verificación y carnet de quien ingresa diciendo que es abogado; sin embargo, el juez Enrique Pardo del Valle advierte que ello serviría de poco porque el carnet de colegiados sufre constantes cambios, dependiendo de las autoridades que son elegidas.

En la sede de Lima Norte se ha previsto la instalación de rejas en los exteriores para controlar el pase de estas personas, no obstante, aún no se tiene previsto planificar un trabajo de inteligencia coordinado con la PNP para dar con la identidad real y el paradero de estos tinterillos.

A SU SERVICIO
Sepa cómo identificar a los estafadores
A. No acepte la ayuda de las personas
que lo abordan en los exteriores se las sedes judiciales y le ofrecen servicios de abogado si no se identifican con un carnet y le muestran un código de colegiatura.

B. Si tiene dudas, ingrese a la página www.bibliotecal. org.pe/consulta_habilidad/ del Colegio de Abogados de Lima para conocer si el letrado se encuentra habilitado.

C. Esté siempre pendiente de los juicios que ha iniciado y de ser posible acuda usted mismo, junto con su abogado, para ver cómo marchan estos. No les entregue cartas-poder, salvo que sea muy necesario.

D. Si fue víctima de una estafa, denúncielo en el CAL. Llame al 710-6694, al 710-668 o acuda a su sede ubicada en el cuarto piso del Palacio de Justicia. Ellos asumirán su defensa.

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Ocma impone 416 medidas disciplinarias y pide destitución de 33 magistrados

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(ANDINA).- La Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) impuso en lo que va del año 416 medidas disciplinarias, entre los que se encuentran la destitución de magistrados y trabajadores del Poder Judicial por actos de corrupción e inconducta funcional en el ejercicio de su función.
De acuerdo a las estadísticas proporcionadas a la agencia Andina, la Ocma solicitó un total de 33 pedidos de destituciones en contra de jueces y 49 para auxiliares (trabajadores judiciales).

Los requerimientos contra los magistrados deberán ser resueltos en última instancia por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que es la institución encargada de revisar estos casos.

La Ocma, que preside la vocal suprema, Elcira Vásquez Cortez, dispuso además 33 suspensiones, 237 apercibimientos (llamadas de atención), 61 multas y 3 separaciones de magistrados y trabajadores.

El órgano contralor del Poder Judicial ordenó además 103 abstenciones de magistrados, auxiliares y jueces de paz en lo que va del año, de acuerdo a las cifras oficiales.

El número más alto de abstenciones se observa en casos de los magistrados que llegan a los 38 casos.

Según la función de la Ocma, su labor es velar para que la conducta privada y funcional, así como la idoneidad moral y técnica de los magistrados y auxiliares del Poder Judicial, sean las apropiadas para el desempeño de la función, tal y como la justicia lo exige.

La Oficina de Control fue creada por Decreto Ley 21972 del 25 de octubre de 1977, luego el 26 de octubre de 1988, mediante Ley N° 24912, se le concedió facultades sancionadoras.

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Mediación y derechos del niño

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Mediación y derecho de menores
por Susana Teresita Yusef

Fuente: Apadeshi

Ley 24.573 – Decreto reglamentario 91/98. Ciudad de Buenos Aires. Artículo 12. Convención de los Derechos del Niño. El derecho del menor a ser escuchado

Los profesionales que trabajamos en derecho de familia siempre nos ha ocupado y preocupado el saber como se encuentra un niño frente al divorcio de sus padres, y si ellos pueden ser participes de las decisiones que estos tomen, en la medida en que sus derechos se vean afectados (por supuesto que se debe tener en cuenta su edad y madurez).

Es sabido que los derechos deberes de los progenitores surgen de la titularidad y ejercicio de la patria potestad, que ambos desempeñan durante la convivencia y que no es objeto de cuestionamiento alguno, pero en el divorcio adquiere un carácter particular.

Los roles y las funciones parentales se modifican después del divorcio, pero lo que no debe sufrir modificaciones son las responsabilidades para con el hijo.

Un conflicto matrimonial que termina en divorcio, tiene como efecto una interferencia en el desarrollo del niño. La representacin que el niño tenía de sus padres hasta ese momento sufre modificaciones por la distorsión de la comunicación y convivencia familiar.

El conflicto en la pareja produce fallas básicas en las actitudes parentales volviendo inestable el equilibrio que hubiera podido existir anteriormente, es decir, se quiebra la base de estabilidad familiar.

Se produce una situación de tal complejidad que se debería tener en cuenta la opinión de otras disciplinas cuando se trata de los niños involucrados en la situación de conflicto.

Cuando las parejas vienen conversando por largo tiempo la posibilidad de una separación, y el niño lo sabe, puede llegar a vislumbrar con quien convivirá por lo que escucha de sus padres; pero si la separación es abrupta, la situación cambia, pues no ha tenido tiempo para percibir que ocurrirá con su futuro.

La normativa aplicable en relación a los intereses de menores e incapaces, en materia de mediación tiene su antecedente en el art. 13 , 2do.párr. del dec.1021/95, y actualmente, el art.12 párrafo 2° del dec. 91/98 recoge dicha temática derogada por el decreto aludido.

Vigente el art. 12 párrafo 2°., el Asesor de Menores e incapaces no es parte en el proceso de mediación, debiendo ser homologado judicialmente el acuerdo a que se arribare ante juez sorteado en las mediaciones oficiales, o del juez competente que resultare sorteado en las mediaciones privadas.

El menor se halla desprotegido, ya que serán los padres los que tomaran una decisión respecto al problema que afecta al niño, sin la posibilidad siquiera de contar con representantes o gestores sociales para la implementacin de leyes a su favor, y además, para la aplicación de esas normas en aquellos procesos en que son parte. El menor no es parte del proceso en materia que lo afecta, por ejemplo tenencia y comunicación con el progenitor no custodio en los juicios de divorcio, la adopción, y en casos donde familiares reclaman derecho de visita cuando los padres se oponen a ello, etc.

Siempre que hablamos de familia, concebimos al niño como parte integrante de la misma, no como algo que viene a agregarse.

En países más evolucionados, los menores tienen derecho de acceso a la justicia con un abogado que los represente, no son sus padres quienes lo representan, ya que el interés de estos puede o no coincidir con el mejor interés del niño

La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina resolvió que los niños como “seres humanos, son sujetos”, y no “objeto de derechos de terceros” (nota2).

La Convención de los Derechos del Niño, aprobada por nuestro país por ley 23.849, fue incorporada en la Constitución Nacional en el art.75 inc.22, reforma de la Convención Constituyente del año 1994. Por ello, el derecho del menor a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afecten, se refiere a que debe ser tenido como parte en todo tipo de proceso, en sentido amplio, no solo en el ámbito judicial.

La garantía de ser escuchado, está dada por la comparecencia a mediación del menor, acompañado por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional, distinta de la de sus padres, que en definitiva, más que concebir objetivamente cuales son los intereses del niño, luchan por sus propios intereses, manipulando al menor como un “trofeo” que pertenecerá a quien sea mas hábil y pueda salir triunfante en la disputa.

En este contexto conflictivo entre los padres, es difícil creer que los mismos logren una interacción integrada con sus hijos la cual tiende a desorganizarse ya que la propia personalidad de estos se encuentra, aunque sea transitoriamente, en crisis.

Los límites dejan de estar claros, tampoco quedan claros los lugares que cada integrante de la familia debe ocupar, por esta razón el sistema familiar queda desprotegido como tal.

Sin la intervención del Ministerio de Menores, a través del Asesor de menores e incapaces, se estaría en presencia de infringir el régimen de representacin promiscua que establece la ley (art. 59 del Código Civil Argentino).

Es posible entender dentro del marco de la Convención, que la sola intervención del Asesor de Menores como órgano apropiado, no es suficiente para satisfacer la exigencia de la referida Convención, a menos que el funcionario se pusiese verdaderamente en “contacto” directo con el niño”. La intervención indirecta del menor por medio de un representante u órgano apropiado, requiere que estos, hayan mantenido siquiera, un encuentro personal con el niño (nota3).

“La ley ritual debería castigar con la nulidad toda actuación jurisdiccional que afecte a un niño y en el cual éste no haya tenido la debida participación” (nota4).

Es de fundamental importancia la presencia del Asesor de Menores e incapaces en la etapa de Mediación, ya que se viola con su ausencia el derecho de defensa en juicio y las reglas del debido proceso adjetivo (art.18, Constitución Nacional).

Dice Winnicott, quien considera al ambiente que rodea al niño como fundamental para su desarrollo, que mientras todo marcha bien en una familia, el desarrollo de los niños también marcha bien ya que la familia funciona como un sostén para el crecimiento del individuo, pero a su vez la sociedad sostiene la familia. Menciona este autor a la asistencia social de casos de familias en crisis, como un aspecto profesionalizado de la función normal del progenitor como “sostén” hasta tanto logre conciliarse la falla ambiental.

Como consecuencia de lo expuesto, se puede afirmar, que las disposiciones reglamentarias de la ley de Mediación, hacen de los menores e incapaces “personajes”, que no han sido debidamente contemplados a la luz de las disposiciones legales internacionales e internas (nota5).

En los procesos donde se plantea la tenencia de menores, a los efectos de decidir, debe tenerse en cuenta la opinión de los mismos. Esto no quiere decir que debe hacerse necesariamente lo que el menor diga, sino que debe valorarse su opinión armonizada con los restantes elementos de la causa, a fin de no transformarlo en un árbitro de cuestiones que están más allá de su decisión y responsabilidad (nota6).

Es práctica en los Tribunales de Familia, hoy, oír al menor en cuestiones donde sus intereses se hallen comprometidos.

En materia de mediación familiar, por resolución de la Presidente de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, del 13/05/96, determina que los Juzgados con competencia en temas de familia y capacidad de personas, es de aplicación la Ley 24.573, en los procesos de alimentos, aumento o disminución de cuota alimentaria y alimentos extraordinarios, considerando que estos no se encuentran dentro de las excepciones dispuestas por el art. 2º inc. 2º; no así los alimentos provisorios, pues por su naturaleza y urgencia deben solicitarse al juez que corresponda.

Por resolución del 25/06/96, se remiten a mediación las causas sobre Tenencia de hijos y Régimen de Visitas; cuestiones estas que de acuerdo al Art.2do., inciso 2, de la Ley 24.573, estaban excluidas, con excepción de las cuestiones patrimoniales derivadas de éstas.

En la práctica, cuando llega a mediación un requerimiento sobre Tenencia o modificación de la misma, concurren las partes con sus letrados, el Asesor de Menores e incapaces se encuentra ausente, ya que como se expresara anteriormente el Decreto 91/98, exime al Mediador de citarlo, dando por cumplido su rol (de asistir al menor o incapaz) cuando el acuerdo a que se arriba en mediación respecto del nuevo status de menor es acercado al tribunal para su homologación. Su intervención se limita a “observar” que han acordado las partes -sin haber escuchado siquiera a los “padres”del niño-, devolviéndolo al juez para su homologación.

En este estado de cosa, permitir a los padres decidir sobre algo tan fundamental como es con quien vivirá el niño, constituye una violación a la “dignidad” de los derechos de niño como sujeto de derechos.

Es de destacar que, cuando los conflictos se suscitan en el seno familiar, los vínculos entre las partes se ven seriamente afectados, contribuyendo la mediación a que las partes sean las verdaderas protagonistas de elaborar sus propias soluciones, logrando con ayuda del mediador una alternativa efectiva hacia el futuro.

La mediación, fundamentalmente en materia de familia y menores, representa un cambio cultural que reafirma la libertad de la persona.

La familia es el primer agrupamiento cuya estructura está relacionada con la personalidad individual. Cuando hablamos de un niño y su familia, no podemos pasar por alto las difíciles etapas durante las cuales ese niño adquirió una familia.

Contener conflictos es la tarea social de la mediación familiar cuando los adultos están sometidos a altas tensiones.

Según Dolto, “la sociedad debería reconocer a ciertos hijos de divorciados una capacidad de emancipación moral y cívica. Debería establecer tal vez una expresión como “menor autonomizado legalmente”. Según lo que opina la autora citada, la autonomía del niño comienza a los nueve años, y a los doce, generalmente, ya es autónomo.

“La justicia, por su parte, no debería olvidar que las medidas tomadas en “interés del niño”, representan las condiciones que lo conducirán a hacerse autónomo en la adolescencia” (nota7).

Toda etapa que se inicia a partir del divorcio de una familia con hijos, seguramente estará atravesada por conflictos en los cuales ellos van a ser directos involucrados. Su participación y opinión no solo es necesaria sino que implica tener en cuenta los derechos de los niños desde el punto de vista del ejercicio de los mismos y no solo de su mera declamación.

Volviendo a la ausencia del Asesor de Menores y a la no obligatoriedad de su citación a Mediación, cuando se hallan involucrado intereses de menores, ya que su intervención se limitara como se dijera anteriormente a controlar el acuerdo al que han arribado los padres, antes de su homologación por el juez, es de destacar que investigaciones llevadas a cabo en los tribunales con competencia familiar en la Ciudad de Buenos Aires, arrojó que tanto jueces como Asesores de Menores, consideraron conveniente que los menores sean citados en algunas situaciones (nota8), pero hoy día, en que las cuestiones de Tenencia, Régimen de Visitas, Alimentos, y derecho a la comunicación, consagrada por la Convención de los Derechos del Niño, han sido derivados a Mediación, la posibilidad de ser oído del niño, se ve vulnerado.

El Art. 8º de la Ley 24.573 establece que “Cuando el mediador advirtiere que es necesaria la intervención de un tercero, o fuere solicitado por las partes o de oficio, podrá citarlo a fin de que comparezca a la instancia mediadora…”.

En consecuencia si es facultad de mediador citar a un tercero de oficio cuando el advierta necesaria su participación para el esclarecimiento del caso o la resolución del conflicto, esa prerrogativa lo habilita con razón, a solicitar la presencia del menor para que pueda “expresar su opinión”, para que pueda ser escuchado por sus padres, y que estos, de acuerdo a las necesidades del niño, atendiendo al interés superior del mismo, elaboren un acuerdo que no solo satisfaga sus necesidades personales, sino que verdaderamente beneficie a todos.

El niño, en cuanto sujeto de derecho, debe ser oído. Pero, no existiendo una metodología determinada, ni un procedimiento claramente establecido, en que casos se lo puede o debe citar para ser oído, es de razón que debe serlo cuando tenga la madurez necesaria; esto significa que no se debe tener en cuenta su edad, sino que pueda discernir; especialmente en cuestiones que lo afecten como los casos de Tenencia y Régimen de Visitas.

En la Ciudad de Buenos Aires, antes de su derivación a Mediación de estos casos, el tema de la “citación” de los menores en juicio ha sido debatido doctrinaria y jurisprudencialmente en lo atinente a la edad adecuada para hacerlo.

El criterio es “oír” a los menores mediante informes ambientales, escolares, psicológicos y personales cuando se trata de menores mayores de 14 años.

Estos informes, como el hecho de oír al menor no obliga al Juez a aceptar su deseo ni su opinión y menos, a aceptar sus preferencias.

La resolución del Juez debe ceñirse al interés superior del niño, que es el principio rector que determina las necesidades del menor, de acuerdo a la Ley, que debe acatar.

Como se plantea la situación en el ámbito judicial, se ve a las claras que, pocas veces y en nombre del superior interés del niño, estos se ven imposibilitados de ser realmente escuchados, en el amplio sentido que otorga a este término la Convención de los Derechos del Niño.

A nivel Nacional, no existe ninguna disposición que se refiera a la participación de los hijos acerca de tenencia de los mismos.

A nivel Provincial, Mendoza, en su Código de Procedimientos contiene la siguiente norma: “El Juez deberá ver y escuchar personalmente a los incapaces interesados en el proceso, si fuere razonable”. La regla es imperativa para el magistrado, la condición de razonabilidad debe ser interpretada como la exigencia de que el menor posea capacidad suficiente para que pueda ser escuchado (nota9).

En este estado de cosas, hoy por hoy, el niño “sujeto de derechos”, se encuentra desde la normativa y desde la practica cotidiana, privado del derecho a ser oído, pues en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, no son citados para expresar su opinión, ni ante el Juez, ni ante el Mediador que ahora recibe en una etapa prejudicial obligatoria a los padres para que diriman los conflictos que surgen a partir del divorcio, y que afectan al niño, como por ejemplo con quién vivirá en el futuro, como será su derecho a la comunicación con el otro progenitor no conviviente, etc..

“Los adultos creen saber quienes son los chicos, que necesitan, que desean, qué detestan, qué temen y qué aman.” (nota10)

Frente a esta situación, resulta imperioso, acelerar el Proyecto de Mediación familiar, que contempla todas las cuestiones referidas al ejercicio de la patria potestad. Se necesitan Mediadores especializados en mediación familiar que trabajen con equipos técnicos interdisciplinarios, que puedan o permitan encuadrar la conflictiva familiar dentro de los parámetros de las nuevas formas alternativas de resolución de conflictos.

La Mediación familiar es el conjunto de estrategias llevadas a cabo por un profesional capacitado en la materia que puede conducir a la pareja o familia, hacia la resolución pacífica de los conflictos que la afectan, tomando como esencial punto de partida la devolución de la autodeterminacin a las partes involucradas, a fin de que tomen sus propias decisiones respecto del conflicto.

La presencia de los menores es fundamental, son los destinatarios principales de los acuerdos a que se arriben, y es necesario saber de sus necesidades, carencias, que sienten y piensan.

Es fundamental la presencia del Asesor de Menores en la Mediación, el niño debe ser oído antes de que se homologue un acuerdo donde se puedan ver afectados sus derechos personalísimos.

No existiendo en la actualidad la figura del “Abogado del Niño”, el Asesor de Menores puede actuar en su reemplazo, o hasta en contra de sus padres o tutor, teniendo en cuenta siempre el interés superior del niño.

En un trabajo reciente, publicado en La Ley – AÑO LXIV Nº 125, un distinguido colega manifiesta que “en todos los juicios de alimentos, tenencia o régimen de visitas el juez debería evaluar en primer término si quien se presenta está representando debidamente los deseos e intereses del niño representado y en caso de tener la menor duda, designar un abogado para el niño”. Avala su propuesta con el Art. 397 inc.1º del Código Civil que establece que “los jueces darán a los menores tutores especiales cuando los intereses de ellos estén en oposición con los padres bajo cuyo poder se encuentren”. “Pero en el caso de que el juez no lo hiciera, cualquiera de las partes puede efectuar el pedido de designación de tutor “sin forma de juicio”(Art.776, Código Procesal Nacional), en el momento de presentarse en el juicio si se trata de aquellos que no contemplan la posibilidad de oponer excepciones. En los procesos que si prevén esta facultad deberá oponerse excepción de falta de personería en el actor o demandado (Art.347 inc.2º, Código Procesal)”. El tutor así designado será un abogado-padre de hijo. Como tal deberá escuchar a su cliente según su edad, mantener bajo secreto profesional todo lo que hable con él, representarlo frente al tribunal y a sus padres con el propósito de que su voz e intereses sean recibidos por los adultos y procurar que su intervención proteja los intereses superiores y permanentes del menor y su familia. En su rol de abogado velará por los intereses de su cliente y en el de padre hará lo que sea mejor para el niño y su familia. Tratará que su intervención se limite en el tiempo a lo estrictamente necesario y pedirá inmediatamente cesar en su actuación cuando los padres del menor dejen de tener pleitos o conflictos graves entre ellos” (nota11).

Como se expresara ut supra, si se aprueba la Ley de Mediación familiar, y el niño puede ser representado por un abogado, y si se trabaja con equipos técnicos interdisciplinarios, el derecho del menor de ser “oído”, será una realidad, y estaremos así cumpliendo con lo que establece la Convención de los Derechos del niño.

La Mediación representa un cambio cultural trascendente, reafirma la “libertad” de la persona, al poder “conducir” sus conflictos.

“Toda persona humana, Hombre, Mujer, Niña y Niño, tienen los mismos derechos a la verdad y a la libertad; pero no son sujetos de libertad ni de derecho el error, el mal, el desorden ni la anarquía.

En consecuencia, la persona humana podrá usar su libertad para bien suyo; pero nunca y bajo ningún concepto para dañar a su prójimo, para producirse un mal” (nota12).

Agradecimiento: Especialmente a la Licenciada en Psicología y Mediadora, María Elena MARKIGIANIS, Psicóloga voluntaria del FUNI (Fundación del Niño) del Hospital Italiano, por su valioso aporte para la realización de este trabajo.

Conclusiones

1) Es fundamental para todas las cuestiones que tengan que ver con la familia, que exista una Ley de Mediación Familiar, que permita a las partes hallar soluciones acordadas.

2) Se deberá escuchar a los niños en los casos de familia donde sus derechos se puedan ver afectados, pues las decisiones que se tomen le pertenecen, porque se trata de su propia familia.

3) En el supuesto de que no se dicte una Ley de Mediación Familiar, dada la naturaleza de los problemas familiares, los Tribunales necesariamente tendrían que incorporar dentro de su estructura equipos interdisciplinarios.

4) Se vulnera el derecho a ser oído del menor en Mediación, y no cuenta en éste ámbito quien lo asista, por lo que sugiero que debería modificarse la Ley en este punto, y hacer obligatoria la presencia del Asesor de Menores.

5) Se debe escuchar al niño para ponderar su situación y velar por sus intereses.

6) Se debe considerar al niño como un “sujeto de protección” y no un “objeto de amparo”.

Bibliografía consultada

– Morello, María Silvia y Morello, Augusto M.-“El abogado del niño”. E.D. t.164; pag.1180.
– Grosman, Cecilia P. – “La opinión del hijo en las decisiones sobre tenencia”. E.D. T 107, 1011.
– Françoise Dolto .”La causa de los niños”. Editorial Paidós.
– Liberman David y otros: “Conflictos psicológicos del niño y la familia”. Rodolfo Alonso Editor 1973.
– Winnicott Donald: “El hogar, nuestro punto de partida”. Editorial Paidós.
– Folberg – Taylor : “MEDIACION: Resolución de Conflictos sin Litigio”. Grupo Noriega Editores 1996.
– Haynes, John M.: “Fundamentos de la Mediación Familiar”. Gaia Ediciones 1995.
– Moore Chistopher: “El Proceso de Mediación”. Ediciones Granica S.A. 1995.
– Wallerstein, Judit S. Y Blakeslee: “Padres e hijos después del divorcio”. Vergara Editores 1990.

NOTAS:

(1) Ponencia presentada por la autora en las Ponencias 5) “Distintas normativas en Mediación” del IV Encuentro Nacional de Mediadores Prejudiciales “La Confianza y la Seguridad Jurídica: Pilares de la Mediación”, que se llevó a cabo el 27 de abril de 2006 en el Salón Auditorio del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. (2) (Octubre 29-987, ED,128-540).
(3) Carlos A. Carranza Casares .”Participacin de los niños en los Procesos de Familia.-LA LEY, 1997-C, 1384- 4) (Conf. Mauricio L. Mizrahi “El niño: educación para una autonomía responsable”- LA LEY, 1993-E,1269-).
(5) Daniel A. Scheinquerman.(6) CNCiv., Sala H, Octubre 20-997(*).-L., D.A.c.D., N.B.
(7) Dolto , Françoise (8) Ricardo Oppenheim y Susana Szylowicki
(9) Grosman, Cecilia P. (10) Lic. Eva Giberti (11) Dr. Alejandro Olazábal
(12) Alfonso Milagro

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Infidelidad, Sindrome de Medea, Alienación Parental: los hijos son un botín de guerra

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Infidelidad, Sindrome de Medea, Alienación Parental

Fuente: Apadeshi

MEDEA. Una mujer suele estar llena de temor y es cobarde para contemplar la lucha y el hierro, pero cuando ve lesionados los derechos de su lecho, no hay otra mente más asesina.(263-266)

MEDEA. Ahora, sin embargo, cambio mis palabras y rompo en sollozos ante la acción que he de llevar a cabo a continuación, pues pienso matar a mis hijos; nadie me los podrá arrebatar y, después de haber hundido toda la casa de Jasón, me iré de esta tierra. (790-795)

CORIFEO. ¿Te atreverías a matar a tu simiente, mujer?
MEDEA. Así quedará desgarrado con más fuerza mi esposo. (816-817)

MEDEA. Es de todo punto necesario que mueran y, puesto que lo es, los mataré yo que les he dado el ser. (1062-1063 y 1240-1241)

JASÓN. ¡Tú que sobre tus propios hijos te atreviste a lanzar la espada, a pesar de haberlos
engendrado, y, al dejarme sin ellos, me destruiste! (1325-1326)

MEDEA. Tú, como es natural, morirás de mala manera, golpeado en la cabeza por un despojo de la Argo. (1386-1387)

JASÓN. Entro, privado de mis dos hijos.
MEDEA. Aún no es nada tu llanto; aguarda a la vejez. (1395-1396)

Medea de Eurípides.

Citas de MUJERES MÍTICAS: LA MEDEA INFANTICIDA Rosa Sala Rose, http://www.gipuzkoakultura.net/ediciones/antiqua/sala.pdf

En una película reciente, El infierno, no muy bien valorada por la crítica, a pesar de partir de un guión del desaparecido Kielowsky, se actualiza eficazmente el mito de Medea, hija del rey Eetes, sobrina de la hechicera Circe y mujer fatalmente enamorada de Jasón desde el primer instante en que lo vio.

Jasón que había acudido al reino de Eetes, la Cólquide, en el remoto Mar Negro, a la búsqueda del vellocino de oro, pudo concluir la empresa que tenía que llevarle al trono de la ciudad de Yolco, gracias a los embrujos, maleficios y maldades de Medea. La alianza entre ambos se demostró indestructible, porque el valor de Jasón unido a los poderes y a la falta de escrúpulos de Medea vencía todos los obstáculos.

Hasta tal punto, llevó Medea su celo por Jasón, que para favorecer su huida en el navío “Argo”, no tuvo reparos en tomar como rehén a su propio hermano y después deshacerse de él, descuartizándolo y lanzándolo por la borda, para que su padre interrumpiera la persecución y recogiera los restos del hijo fallecido.

Ya en Yolco, Medea también consiguió deshacerse del usurpador Pelias, a cuyas hijas embaucó para que lo despedazasen y lo hirvieran en un caldero con tal de devolverle la juventud. Ante el horror de los habitantes de Yolco, ambos tuvieron que abandonar la ciudad y el sueño de Jasón terminó frustrándose. Sin embargo, Medea sí consiguió parcialmente el suyo: vivir felizmente con Jasón. Pero, fue un sueño efímero, porque al cabo diez años, Jasón se enamoró de otra mujer, Glauce –hija del rey corintio Creonte-, y decidió repudiar a la letal Medea.

Medea que, como hemos visto, ya apuntaba maneras, decidió vengarse de la manera más dolorosa y terrible que ningún ser humano pueda concebir: matando a sus hijos habidos con Jasón. También mató a Glauce y a su padre Creonte.

El antes imbatible Jasón acusó severamente el golpe y malvivió el resto de sus días, hasta morir aplastado un día por la proa carcomida de su antes glorioso barco Argos.

En Medea, pues, cristaliza una conducta femenina arquetípica: matar a los hijos para vengar la herida narcisista que le ha provocado la infidelidad del marido.

Desde entonces, el drama se sigue repitiendo inexorablemente, porque muchos hombres siguen siendo infieles y muchas mujeres siguen utilizando los privilegios maternos para su castigo, no ya con el asesinato físico de los hijos, sino con otro lacerante “asesinato” mucho más sutil que consiste en indisponerles hacia el padre (alineación parental), en desprestigiarle, depreciarle y disminuirle, en impedir o dificultar el contacto, en privarle de sus bienes. Es una venganza fría e inexorable que se aplica con lentitud litúrgica por Medeas rigidificadas, fatalmente enquistadas en el consuelo morboso que les produce su desquite cruel. La película El infierno lo cuenta muy bien, críticos aparte.

Por cierto, estos días se está hablando mucho del síndrome de alineación parental a raíz de una sentencia que, por primera vez, invoca esta patología, cuestionada -¡cómo no!- por muchas abogadas –y abogados- feministas, cómplices de abusos misándricos. Me deja perplejo ver en televisión el nerviosismo con que rebaten la existencia de este síndrome. En sus caras se lee el “NOS HAN PILLADO”.

En los últimos debates que he visto, empiezan a cambiar de posición y optan por decir que este tipo de abusos pueden atribuirse también al padre, no solo a la madre. En abstracto parece evidente. Pero, resulta que actualmente el 90 % de los hijos de parejas separadas o divorciadas están bajo la custodia de la madre, no del padre. Con la custodia compartida las cosas indudablemente serían diferentes: los hijos disfrutarían de sus dos progenitores y el riesgo de abuso sería mucho más improbable.

La siguiente entrevista de La Contra de La Vanguardia abunda en el tema.

La Vanguardia, miércoles, 20 de junio de 2007

La Contra página nº 76

“Madre alienadora, padre excluido” VÍCTOR-M. AMELA

O D I O

Estremece oír los casos que me relata Arantxa Coca en su consulta, analizados también en su manual ´Hijos manipulados tras la separación´ (Oxigen Viena), coescrito con Domènec Luengo y subtitulado ´Cómo detectar y tratar la alienación parental´. Algunas madres llegan a ´encargarle´ informes psicológicos que perjudiquen al padre, para que el juez le paralice las visitas a los hijos, y así tener vía libre en su proceso de ´alienación parental´. Arantxa Coca las rechaza: “Sólo trabajo con menores si tengo el consentimiento de ambos progenitores” (cosa que no todos los psicólogos hacen). “Mi ex me ha destrozado la vida, ¡y ahora se va a enterar!”, se dice una parte. Y vaya si se entera… a costa de inmolar a los hijos, a los que ama menos que a ese odio que la abrasa.

ARANTXA COCA, PSICOPEDAGOGA FAMILIAR. Tengo 31 años. Nací y vivo en Barcelona. Soy psicopedagoga familiar. Vivo en pareja y tengo un bebé de seis meses, Dominic. Soy librepensadora. No comento mis creencias religiosas. Constato hoy un incremento del síndrome de alienación parental: uno de los progenitores intenta extirpar al otro de la esfera afectiva de su hijo

-Las familias necesitan psicólogo?

– Sobre todo en defensa de los menores.

– ¿Estamos dañándoles?

– A mí ahora me inquieta mucho el incremento del síndrome de alienación parental.

– ¿Qué es eso?

– Es un atentado al derecho del menor de disfrutar de dos progenitores, a tener dos referentes, a tenerlos integrados dentro de sí.

– A contar con un padre y una madre, ¿no?

– Tanto si están vivos como si están muertos, el menor tiene derecho a integrarlos afectivamente a ambos desde el bienestar.

– ¿Y quién perturba ese derecho del menor?

– El alienador parental.

– ¿Quién es ese tipo?

– Uno de los dos progenitores.

– Pues empezamos mal…

– Sí. Un progenitor se convierte en alienador cuando actúa de modo que logra indisponer al menor con su otro progenitor.

– Ah, ya voy entendiendo…

– Sucede en muchas separaciones de pareja: un progenitor programa mentalmente al menor para que identifique al otro progenitor como una amenaza, como al enemigo.

– ¿De verdad podemos “programar mentalmente” a un menor?

– ¡Claro! Es una auténtica programación mental con fines perversos. ¡Un lavado de cerebro como el de una secta!

– Un ejemplo.

– Imagine a una madre separada que le dice a su hijo, antes de librarlo al padre en su fin de semana: “No tienes por que hacer nada que no te apetezca…”.

– Ah, qué sutil…

– Instila en el menor una actitud refractaria hacia el padre, ¡la actitud de defenderse de él! Y, claro, aquí me llegan padres desesperados porque su hijo de diez años les ha espetado: “¡Tú a mí no me mandas!”.

– Tristísimo: así es imposible ser padre…

– El padre, loco de dolor, ve como pierde el afecto de su hijo. ¡Y al hijo le roban al padre!: el alienador (la madre, en este caso) inflige un gravísimo maltrato psicológico al hijo, pues le extirpa al padre de su esfera afectiva, de su psique. ¡Una mutilación emocional!

– En este caso que me cuenta, ¿el menor está metabolizando el odio de la madre?

– El padre se retrasa diez minutos en recoger al menor, y la madre comenta: “Ay, otra vez nos ha fallado tu padre”. ¡”Nos”, dice!: fusiona al menor a ella. Y el menor se identifica, y se desvivirá por no “traicionarla”.

– ¿Y con qué consecuencias?

– Interiorizará el abandono (y eso derivará en tristezas, depresiones…), se sentirá culpable de lo que sucedió, ¡y no soportará separarse de su madre! Y pronto será el menor quien actuará por ella: se negará a ver al padre.

– ¡Parece un ejercicio de vudú, de posesión!

– No es mal modo de verlo.

– Me ha hablado de una madre alienadora: ¿es el esquema habitual, o hay otros?

– Por desgracia, es el más frecuente. Es un triángulo: madre alienadora, padre excluido, menor alienado. ¡Psíquicamente mutilado!

– El padre es el que más sufre, en principio.

– “Este niño me adoraba, y ahora… ¡no le reconozco!”, me dicen padres entre sollozos. Es la señal: el niño ha sido alienado. Es decir, ha mutado su identidad afectiva: ¡al igual que una anoréxica se ve gorda, ahora este niño ve en su padre a un enemigo!

– Todo un drama…, ¿irreversible?

– Habría que retirarle el hijo alienado (maltratado) al alienador (maltratador): retirarle la custodia, apartarle una temporada.

– Hágase, pues.

– Hay un problema: los jueces. Los jueces no quieren mojarse: la custodia, para la madre. ¡No quieren complicarse! No contemplan el síndrome de alienación parental como maltrato psicológico. ¡Y se consuma!

– Pues vaya con nuestros jueces…

– Los jueces optan por preguntar al niño. Y, claro, el niño alienado habla por boca del alienador… Y el juez no profundiza más.

– ¿Qué puede hacerse?

– A la sociedad, que ya se ha concienciado acerca de maltratos como el mobbing y el bullying,le toca ahora concienciarse de este maltrato de alienación parental.

– ¿Qué aconseja a un progenitor que empiece a detectar este síndrome en su hijo?

– Pese a todo, comunicárselo al juez. Insistir. Luchar por el menor. Por su bien. A un padre excluido le he dicho: “Lucha por tu hijo, ¡para que un día comprenda que tú quisiste tenerle a tu lado!”. La madurez del hijo, un día, podría devolvérselo…

– Magro consuelo.

– Lo peor, lo más duro para el padre excluido, es verse insultado, ¡insultado!, por su hijo. Se registran muchas depresiones, claro…

– ¿Qué síntomas en un niño deberían alertar al progenitor?

– Si el niño viene con una lista de normas del otro progenitor: “Que haga o no haga esto”, que si la ropa, que si los deberes… O cuando el niño le suelta al padre: “¿Por qué no nos das más dinero?” O cuando el padre le riñe y el niño replica: “¡No me hables así o irás al juez!”. O le dice: “¡No me toques!”.

– ¿Alguna pista más?

– El niño puede somatizar su caso en alteraciones digestivas. Y empeorar en la escuela, por una merma de atención y memoria.

– ¿Todos somos alienadores en potencia?

– Sí. Sobre todo si eres una persona susceptible, tajante, monolítica, exagerada, y si sueles pensar que todo el mal está en el otro.

– ¿A qué extremo puede llegar el alienador?

– Una acusó con falsedad a su ex de acoso sexual sobre sus hijos, para que el juez los apartase cautelarmente del padre… ¡y así culminar sin trabas la alienación del menor!

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Directiva Europea de Mediación en temas de familia (civil)

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Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters

Official Journal L 136 , 24/05/2008 P. 0003 – 0008

Página web: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0052:EN:HTML

Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council

of 21 May 2008

on certain aspects of mediation in civil and commercial matters

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 61(c) and the second indent of Article 67(5) thereof,

Having regard to the proposal from the Commission,

Having regard to the Opinion of the European Economic and Social Committee [1],

Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty [2],

Whereas:

(1) The Community has set itself the objective of maintaining and developing an area of freedom, security and justice, in which the free movement of persons is ensured. To that end, the Community has to adopt, inter alia, measures in the field of judicial cooperation in civil matters that are necessary for the proper functioning of the internal market.

(2) The principle of access to justice is fundamental and, with a view to facilitating better access to justice, the European Council at its meeting in Tampere on 15 and 16 October 1999 called for alternative, extra-judicial procedures to be created by the Member States.

(3) In May 2000 the Council adopted Conclusions on alternative methods of settling disputes under civil and commercial law, stating that the establishment of basic principles in this area is an essential step towards enabling the appropriate development and operation of extrajudicial procedures for the settlement of disputes in civil and commercial matters so as to simplify and improve access to justice.

(4) In April 2002 the Commission presented a Green Paper on alternative dispute resolution in civil and commercial law, taking stock of the existing situation as concerns alternative dispute resolution methods in the European Union and initiating widespread consultations with Member States and interested parties on possible measures to promote the use of mediation.

(5) The objective of securing better access to justice, as part of the policy of the European Union to establish an area of freedom, security and justice, should encompass access to judicial as well as extrajudicial dispute resolution methods. This Directive should contribute to the proper functioning of the internal market, in particular as concerns the availability of mediation services.

(6) Mediation can provide a cost-effective and quick extrajudicial resolution of disputes in civil and commercial matters through processes tailored to the needs of the parties. Agreements resulting from mediation are more likely to be complied with voluntarily and are more likely to preserve an amicable and sustainable relationship between the parties. These benefits become even more pronounced in situations displaying cross-border elements.

(7) In order to promote further the use of mediation and ensure that parties having recourse to mediation can rely on a predictable legal framework, it is necessary to introduce framework legislation addressing, in particular, key aspects of civil procedure.

(8) The provisions of this Directive should apply only to mediation in cross-border disputes, but nothing should prevent Member States from applying such provisions also to internal mediation processes.

(9) This Directive should not in any way prevent the use of modern communication technologies in the mediation process.

(10) This Directive should apply to processes whereby two or more parties to a cross-border dispute attempt by themselves, on a voluntary basis, to reach an amicable agreement on the settlement of their dispute with the assistance of a mediator. It should apply in civil and commercial matters. However, it should not apply to rights and obligations on which the parties are not free to decide themselves under the relevant applicable law. Such rights and obligations are particularly frequent in family law and employment law.

(11) This Directive should not apply to pre-contractual negotiations or to processes of an adjudicatory nature such as certain judicial conciliation schemes, consumer complaint schemes, arbitration and expert determination or to processes administered by persons or bodies issuing a formal recommendation, whether or not it be legally binding as to the resolution of the dispute.

(12) This Directive should apply to cases where a court refers parties to mediation or in which national law prescribes mediation. Furthermore, in so far as a judge may act as a mediator under national law, this Directive should also apply to mediation conducted by a judge who is not responsible for any judicial proceedings relating to the matter or matters in dispute. This Directive should not, however, extend to attempts made by the court or judge seised to settle a dispute in the context of judicial proceedings concerning the dispute in question or to cases in which the court or judge seised requests assistance or advice from a competent person.

(13) The mediation provided for in this Directive should be a voluntary process in the sense that the parties are themselves in charge of the process and may organise it as they wish and terminate it at any time. However, it should be possible under national law for the courts to set time-limits for a mediation process. Moreover, the courts should be able to draw the parties’ attention to the possibility of mediation whenever this is appropriate.

(14) Nothing in this Directive should prejudice national legislation making the use of mediation compulsory or subject to incentives or sanctions provided that such legislation does not prevent parties from exercising their right of access to the judicial system. Nor should anything in this Directive prejudice existing self-regulating mediation systems in so far as these deal with aspects which are not covered by this Directive.

(15) In order to provide legal certainty, this Directive should indicate which date should be relevant for determining whether or not a dispute which the parties attempt to settle through mediation is a cross-border dispute. In the absence of a written agreement, the parties should be deemed to agree to use mediation at the point in time when they take specific action to start the mediation process.

(16) To ensure the necessary mutual trust with respect to confidentiality, effect on limitation and prescription periods, and recognition and enforcement of agreements resulting from mediation, Member States should encourage, by any means they consider appropriate, the training of mediators and the introduction of effective quality control mechanisms concerning the provision of mediation services.

(17) Member States should define such mechanisms, which may include having recourse to market-based solutions, and should not be required to provide any funding in that respect. The mechanisms should aim at preserving the flexibility of the mediation process and the autonomy of the parties, and at ensuring that mediation is conducted in an effective, impartial and competent way. Mediators should be made aware of the existence of the European Code of Conduct for Mediators which should also be made available to the general public on the Internet.

(18) In the field of consumer protection, the Commission has adopted a Recommendation [3] establishing minimum quality criteria which out-of-court bodies involved in the consensual resolution of consumer disputes should offer to their users. Any mediators or organisations coming within the scope of that Recommendation should be encouraged to respect its principles. In order to facilitate the dissemination of information concerning such bodies, the Commission should set up a database of out-of-court schemes which Member States consider as respecting the principles of that Recommendation.

(19) Mediation should not be regarded as a poorer alternative to judicial proceedings in the sense that compliance with agreements resulting from mediation would depend on the good will of the parties. Member States should therefore ensure that the parties to a written agreement resulting from mediation can have the content of their agreement made enforceable. It should only be possible for a Member State to refuse to make an agreement enforceable if the content is contrary to its law, including its private international law, or if its law does not provide for the enforceability of the content of the specific agreement. This could be the case if the obligation specified in the agreement was by its nature unenforceable.

(20) The content of an agreement resulting from mediation which has been made enforceable in a Member State should be recognised and declared enforceable in the other Member States in accordance with applicable Community or national law. This could, for example, be on the basis of Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters [4] or Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility [5].

(21) Regulation (EC) No 2201/2003 specifically provides that, in order to be enforceable in another Member State, agreements between the parties have to be enforceable in the Member State in which they were concluded. Consequently, if the content of an agreement resulting from mediation in a family law matter is not enforceable in the Member State where the agreement was concluded and where the request for enforceability is made, this Directive should not encourage the parties to circumvent the law of that Member State by having their agreement made enforceable in another Member State.

(22) This Directive should not affect the rules in the Member States concerning enforcement of agreements resulting from mediation.

(23) Confidentiality in the mediation process is important and this Directive should therefore provide for a minimum degree of compatibility of civil procedural rules with regard to how to protect the confidentiality of mediation in any subsequent civil and commercial judicial proceedings or arbitration.

(24) In order to encourage the parties to use mediation, Member States should ensure that their rules on limitation and prescription periods do not prevent the parties from going to court or to arbitration if their mediation attempt fails. Member States should make sure that this result is achieved even though this Directive does not harmonise national rules on limitation and prescription periods. Provisions on limitation and prescription periods in international agreements as implemented in the Member States, for instance in the area of transport law, should not be affected by this Directive.

(25) Member States should encourage the provision of information to the general public on how to contact mediators and organisations providing mediation services. They should also encourage legal practitioners to inform their clients of the possibility of mediation.

(26) In accordance with point 34 of the Interinstitutional agreement on better law-making [6], Member States are encouraged to draw up, for themselves and in the interests of the Community, their own tables illustrating, as far as possible, the correlation between this Directive and the transposition measures, and to make them public.

(27) This Directive seeks to promote the fundamental rights, and takes into account the principles, recognised in particular by the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

(28) Since the objective of this Directive cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale or effects of the action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty. In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

(29) In accordance with Article 3 of the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland, annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty establishing the European Community, the United Kingdom and Ireland have given notice of their wish to take part in the adoption and application of this Directive.

(30) In accordance with Articles 1 and 2 of the Protocol on the position of Denmark, annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty establishing the European Community, Denmark does not take part in the adoption of this Directive and is not bound by it or subject to its application,

HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE:

Article 1

Objective and scope

1. The objective of this Directive is to facilitate access to alternative dispute resolution and to promote the amicable settlement of disputes by encouraging the use of mediation and by ensuring a balanced relationship between mediation and judicial proceedings.

2. This Directive shall apply, in cross-border disputes, to civil and commercial matters except as regards rights and obligations which are not at the parties’ disposal under the relevant applicable law. It shall not extend, in particular, to revenue, customs or administrative matters or to the liability of the State for acts and omissions in the exercise of State authority (acta iure imperii).

3. In this Directive, the term “Member State” shall mean Member States with the exception of Denmark.

Article 2

Cross-border disputes

1. For the purposes of this Directive a cross-border dispute shall be one in which at least one of the parties is domiciled or habitually resident in a Member State other than that of any other party on the date on which:

(a) the parties agree to use mediation after the dispute has arisen;

(b) mediation is ordered by a court;

(c) an obligation to use mediation arises under national law; or

(d) for the purposes of Article 5 an invitation is made to the parties.

2. Notwithstanding paragraph 1, for the purposes of Articles 7 and 8 a cross-border dispute shall also be one in which judicial proceedings or arbitration following mediation between the parties are initiated in a Member State other than that in which the parties were domiciled or habitually resident on the date referred to in paragraph 1(a), (b) or (c).

3. For the purposes of paragraphs 1 and 2, domicile shall be determined in accordance with Articles 59 and 60 of Regulation (EC) No 44/2001.

Article 3

Definitions

For the purposes of this Directive the following definitions shall apply:

(a) “Mediation” means a structured process, however named or referred to, whereby two or more parties to a dispute attempt by themselves, on a voluntary basis, to reach an agreement on the settlement of their dispute with the assistance of a mediator. This process may be initiated by the parties or suggested or ordered by a court or prescribed by the law of a Member State.

It includes mediation conducted by a judge who is not responsible for any judicial proceedings concerning the dispute in question. It excludes attempts made by the court or the judge seised to settle a dispute in the course of judicial proceedings concerning the dispute in question.

(b) “Mediator” means any third person who is asked to conduct a mediation in an effective, impartial and competent way, regardless of the denomination or profession of that third person in the Member State concerned and of the way in which the third person has been appointed or requested to conduct the mediation.

Article 4

Ensuring the quality of mediation

1. Member States shall encourage, by any means which they consider appropriate, the development of, and adherence to, voluntary codes of conduct by mediators and organisations providing mediation services, as well as other effective quality control mechanisms concerning the provision of mediation services.

2. Member States shall encourage the initial and further training of mediators in order to ensure that the mediation is conducted in an effective, impartial and competent way in relation to the parties.

Article 5

Recourse to mediation

1. A court before which an action is brought may, when appropriate and having regard to all the circumstances of the case, invite the parties to use mediation in order to settle the dispute. The court may also invite the parties to attend an information session on the use of mediation if such sessions are held and are easily available.

2. This Directive is without prejudice to national legislation making the use of mediation compulsory or subject to incentives or sanctions, whether before or after judicial proceedings have started, provided that such legislation does not prevent the parties from exercising their right of access to the judicial system.

Article 6

Enforceability of agreements resulting from mediation

1. Member States shall ensure that it is possible for the parties, or for one of them with the explicit consent of the others, to request that the content of a written agreement resulting from mediation be made enforceable. The content of such an agreement shall be made enforceable unless, in the case in question, either the content of that agreement is contrary to the law of the Member State where the request is made or the law of that Member State does not provide for its enforceability.

2. The content of the agreement may be made enforceable by a court or other competent authority in a judgment or decision or in an authentic instrument in accordance with the law of the Member State where the request is made.

3. Member States shall inform the Commission of the courts or other authorities competent to receive requests in accordance with paragraphs 1 and 2.

4. Nothing in this Article shall affect the rules applicable to the recognition and enforcement in another Member State of an agreement made enforceable in accordance with paragraph 1.

Article 7

Confidentiality of mediation

1. Given that mediation is intended to take place in a manner which respects confidentiality, Member States shall ensure that, unless the parties agree otherwise, neither mediators nor those involved in the administration of the mediation process shall be compelled to give evidence in civil and commercial judicial proceedings or arbitration regarding information arising out of or in connection with a mediation process, except:

(a) where this is necessary for overriding considerations of public policy of the Member State concerned, in particular when required to ensure the protection of the best interests of children or to prevent harm to the physical or psychological integrity of a person; or

(b) where disclosure of the content of the agreement resulting from mediation is necessary in order to implement or enforce that agreement.

2. Nothing in paragraph 1 shall preclude Member States from enacting stricter measures to protect the confidentiality of mediation.

Article 8

Effect of mediation on limitation and prescription periods

1. Member States shall ensure that parties who choose mediation in an attempt to settle a dispute are not subsequently prevented from initiating judicial proceedings or arbitration in relation to that dispute by the expiry of limitation or prescription periods during the mediation process.

2. Paragraph 1 shall be without prejudice to provisions on limitation or prescription periods in international agreements to which Member States are party.

Article 9

Information for the general public

Member States shall encourage, by any means which they consider appropriate, the availability to the general public, in particular on the Internet, of information on how to contact mediators and organisations providing mediation services.

Article 10

Information on competent courts and authorities

The Commission shall make publicly available, by any appropriate means, information on the competent courts or authorities communicated by the Member States pursuant to Article 6(3).

Article 11

Review

Not later than 21 May 2016, the Commission shall submit to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee a report on the application of this Directive. The report shall consider the development of mediation throughout the European Union and the impact of this Directive in the Member States. If necessary, the report shall be accompanied by proposals to adapt this Directive.

Article 12

Transposition

1. Member States shall bring into force the laws, regulations, and administrative provisions necessary to comply with this Directive before 21 May 2011, with the exception of Article 10, for which the date of compliance shall be 21 November 2010 at the latest. They shall forthwith inform the Commission thereof.

When they are adopted by Member States, these measures shall contain a reference to this Directive or shall be accompanied by such reference on the occasion of their official publication. The methods of making such reference shall be laid down by Member States.

2. Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of national law which they adopt in the field covered by this Directive.

Article 13

Entry into force

This Directive shall enter into force on the 20th day following its publication in the Official Journal of the European Union.

Article 14

Addressees

This Directive is addressed to the Member States.

Done at Strasbourg, 21 May 2008.

For the European Parliament

The President

H.-G. Pöttering

For the Council

The President

J. Lenarèiè

[1] OJ C 286, 17.11.2005, p. 1.

[2] Opinion of the European Parliament of 29 March 2007 (OJ C 27 E, 31.1.2008, p. 129). Council Common Position of 28 February 2008 (not yet published in the Official Journal) and Position of the European Parliament of 23 April 2008 (not yet published in the Official Journal).

[3] Commission Recommendation 2001/310/EC of 4 April 2001 on the principles for out-of-court bodies involved in the consensual resolution of consumer disputes (OJ L 109, 19.4.2001, p. 56).

[4] OJ L 12, 16.1.2001, p. 1. Regulation as last amended by Regulation (EC) No 1791/2006 (OJ L 363, 20.12.2006, p. 1).

[5] OJ L 338, 23.12.2003, p. 1. Regulation as amended by Regulation (EC) No 2116/2004 (OJ L 367, 14.12.2004, p. 1).

[6] OJ C 321, 31.12.2003, p. 1.

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Europa da directivas de mediación en conflictos de familia

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Government adopts EU Directive on Mediation

Bridget Prentice, the Justice Minister, has announced that the EU Directive on Mediation has been adopted by the Government. It applies to all civil and commercial matters, including family, but not

“to rights and obligations on which the parties are not free to decide themselves under the relevant applicable law. Such rights and obligations are particularly frequent in family law”

The Directive provides a framework for handling mediation in member states and give confidence that parties will not lose the opportunity to resort to court, through expiry of limitation periods, should mediation fail. It also sets out expectations that members states will encourage the use of mediation where possible.

In particular the Directive seeks to ward off any attempt to circumvent local family law by through enforcing a mediated agreement in another member state:

“if the content of an agreement resulting from mediation in a family law matter is not enforceable in the Member State where the agreement was concluded and where the request for enforceability is made, this Directive should not encourage the parties to circumvent the law of that Member State by having their agreement made enforceable in another Member State”

The full text of the Directive is available on the Europa website

http://www.familylawweek.co.uk/site.aspx?i=ed24331
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Por contratar familiares y empleada doméstica destituyen a Alcaldesa de Cusco

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Regidores vacan a la alcaldesa de Cusco, Marina Sequeiros
La acusan de nepotismo por contratar a familiares. Seguirá en el cargo hasta fallo del JNE.

Flor Huilca y Carlos Carrillo. La RepúblicaCusco

En problemas. Alcaldesa Marina Sequeiros enfrentó una maratónica sesión de más de siete horas. Al final, perdió.

Por amplia mayoría, la alcaldesa del Cusco, Marina Sequeiros, fue vacada del cargo por la causal de nepotismo, tras ser acusada por el Concejo de Regidores de haber favorecido la contratación de sus familiares en una dependencia de la Municipalidad Provincial. La autoridad edil anunció que apelará la decisión del Concejo ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La sesión extraordinaria para ver el pedido de vacancia duró más de siete horas, la mayoría de las cuales se empleó para dar lectura al expediente con el pedido de vacancia presentado por el ciu-dadano Hernán Mejía y a los documentos que presentó la alcaldesa en su defensa.

Lo determinante para la votación fue el informe presentado por el Órgano de Control Interno
(OCI) de la municipalidad que concluyó en que la contratación de Irma Meza Sequeiros, prima hermana de la alcaldesa, y Judith Kenty Blanco, su cuñada, fue irregular y se hizo por recomendación del alcalde de Ollantaytambo, Wilfredo Baca, también sobrino de la autoridad edil.

Tras este informe, los abogados de la alcaldesa, Hainor Zavala y Julio César Castiglioni, presentaron su alegato oral. El primero centró su defensa en cuestionar al peticionario de la vacancia, argumentado que su DNI se encontraba vencido. El segundo cuestionó el informe de OCI, justificando que había establecido vínculos familiares entre los que recomendaron, las trabajadoras beneficiadas y quienes ordenaron la contratación, en base a las fichas de RENIEC y a las partidas de nacimiento.

Según los regidores de oposición, ninguno de los abogados se refirió al fondo del asunto: el nepotismo. Indicaron que con el informe de OCI y los documentos presentados por el ciudadano Hernán Mejía quedaba demostrado que Sequeiros incurrió en delito.

Agotado el debate, se fue a la votación nominal. Cada uno de los regidores expresó su voto, doce lo hicieron a favor: Marino Baca, Edith Sinchi Roka, Luis Flores, Rubén Molero, Gustavo Vivanco, Bertha Guevara, Serly Figueroa, Rina Cornejo, Óscar Paredes, Alejandro Soto, Artemio Olivares y Flanklin Olivares.

En cambio, la regidora Leonarda Ayarza votó en contra de la vacancia. La alcaldesa Marina Sequeiros continuará en el cargo hasta que el JNE se pronuncie en última y definitiva instancia.

Defensa: ‘‘Se votó por consigna”

Tras la votación, la alcaldesa Sequeiros abandonó la sala en forma serena, aunque cuando recibió las muestras de apoyo de sus seguidores que la esperaron en la puerta del Concejo, casi rompe en llanto.

A pesar de que la Ley le faculta pedir reconsideración de la votación, sus abogados indicaron que apelarán ante el JNE por considerar que la votación obedeció a una consigna.

Mientras se desarrollaba la sesión, seguidores de la alcaldesa y vecinos del distrito de Wanchaq se enfrascaron en una batalla campal, en la cual resultó herida Carmen Huamán.

Sequeiros, durante la sesión, fue atendida por un enfermero que le controló la presión, dado a que se encuentra recuperándose de un estrés severo.

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Justicia Viva cuestiona resolución del Consejo Nacional de la Magistratura

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El Comercio| Habría faltado quórum en sesión en que se absolvió al magistrado Néstor Pomareda

La integrante del Consorcio Justicia Viva Cruz Silva cuestionó la reciente resolución –no hecha pública aún– del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) referida a la absolución de los magistrados Ángel Romero Díaz, Néstor Pomareda e Ida Rodríguez, quienes en el 2006 fallaron a favor de la reincorporación de 32 ex trabajadores del Banco Central de Reserva (BCR) que en 1992 se habían acogido a incentivos para su despido voluntario.

Silva dijo que el cuestionamiento se basa en el caso de Pomareda, pues la resolución en mayoría del CNM concluye –con la firma de cuatro de sus consejeros– que no se le debe sancionar por la acusación de que este magistrado contravino al Tribunal Constitucional al fallar a favor de los ex trabajadores.

“Es unos de los aspectos cuestionables y confusos que harían que el CNM anule su resolución, pues en voto singular dos de los consejeros afirman que Pomareda sí tiene responsabilidad. Esto es contradictorio. Sin embargo, en su voto singular los consejeros Francisco Delgado de la Flor y Edwin Vegas señalan que son tres los consejeros los que decidieron absolver a Pomareda, cuando el quórum requerido para este tipo de decisión es de cuatro consejeros de acuerdo con la normatividad del CNM”, manifestó.

Consultado al respecto, el presidente del CNM, Edmundo Peláez, señaló que para los casos de destituciones la normatividad del CNM no exige un quórum de cuatro de sus integrantes.

“Este cuestionamiento lo vamos a dilucidar el próximo lunes 7 de julio, fecha en que recibiremos a los abogados del BCR, quienes también cuestionan nuestra resolución”, manifestó Peláez.

Según la Resolución 076-2008 del CNM, se pronunciaron a favor de la absolución de Pomareda los consejeros Peláez, Maximiliano Cárdenas y Efraín Anaya.

Por una sanción menor –es decir, por una suspensión de tres a seis meses del ejercicio de la magistratura– votaron los consejeros Delgado de la Flor y Vegas.

Por la destitución de Pomareda votaron Aníbal Torres y Carlos Mansilla.

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Proponen premiar con 20% adicional en presupuesto a gobiernos locales que logren “ISO social”

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(ANDINA).- La ministra de la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes), Susana Pinilla, adelantó que su cartera tiene conversaciones avanzadas con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para premiar con 20 por ciento adicional de presupuesto a los gobiernos locales que logren el Sello de Calidad Social y Productivo, que promueve su cartera.
Pinilla Cisneros explicó que se ha reunido en tres oportunidades con los funcionarios del MEF para que el Sello de Calidad Social y Productivo, o “ISO social”, no sólo sea un reconocimiento al esfuerzo que hace un gobierno local en disminuir la pobreza y luchar contra la exclusión, a través de un sistema de matrices de líneas de base, sino que también puedan tener un reconocimiento pecuniario.

Por ello –explicó–, la idea del Mimdes es que el gobierno local que logre el Sello de Calidad Social y Productivo sea reconocido con un aumento de presupuesto de 20 por ciento al año siguiente.

Agregó que se pide al Ministerio de Economía que los trabajadores de los programas sociales de la zona “que se han esforzado en el cumplimiento de las metas” reciban también un bono de productividad por su labor.

Por otro lado, la ministra adelantó que su cartera busca que el Ministerio de Economía otorgue al Fondo Nacional de Cooperación de Desarrollo Social (Foncodes) un presupuesto propio.

La ministra también recordó que por el acuerdo de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS), relacionado con el “acondicionamiento territorial”, está en marcha el proyecto para que 1,900 distritos y 6,000 centros poblados centrales cuenten con todos los programas sociales y productivos del Estado.

La ministra participó esta mañana en el IV Diálogo Nacional denominado “Fortaleciendo el liderazgo para la equidad y la inclusión social’, que se desarrolla hoy y mañana en el Casino de la Policía Nacional del Perú, en La Molina.

La cita –en la que participan gerentes y subgerentes regionales de desarrollo social de 21 de las 25 regiones del país– tiene por finalidad analizar y acordar propuestas que contribuyan a mejorar la gestión descentralizada de la política social.

Durante las dos sesiones, el Mimdes informará sobre los avances de los planes nacionales, se evaluará en conjunto la efectividad de las transferencias de las funciones sectoriales y se trabajará en el diseño e implementación de los Planes Regionales de Desarrollo Social.

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Madre envenena a su hijo y se ahorca

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Gladys Torres Matos (47) había sido abandonada por su pareja. Su hermana descubrió los cuerpos.
La República

La experiencia fue terrible para Alicia Torres Matos, una comerciante huancaína, quien a las 4 de la madrugada de ayer descubrió espantada los cadáveres de su hermana Gladys Dora y del hijo de ésta, el pequeño Alonso, de siete años.

Ambos yacían en la precaria vivienda que alquilaban, ubicada en el jirón Los Quechuas 437, interior 16-B, zona de San Cosme.

VIOLENTÓ PUERTA

Alicia fue a buscarlos preocupada porque había intentado comunicarse con ellos, sin suerte, los últimos cinco días.

Tocó la puerta insistentemente y al no recibir respuesta, con ayuda de vecinos procedieron a violentarla.

Al ingresar vio un cuadro aterrador. Gladys Dora, de 47 años, yacía colgada del cuello con un grueso cable que había atado a una viga del techo de la sala.

En el único dormitorio del predio, sobre una cama, estaba inerte Alonso S. T. Tenía la boca llena de espuma, signo inconfundible de ingesta de sustancias tóxicas.

Al lugar llegó la doctora Frecia Junchaya Vera, titular de la 55 Fiscalía Penal de turno, con policías de la comisaría del sector.

Durante la inspección de rigor los agentes encontraron en el departamento dos envoltorios vacíos de raticida y un recipiente con residuos de la mortal sustancia mezclada con comida.

Alicia Torres , la hermana, contó a los investigadores que el conviviente de Gladys y padre del menor los había abandonado.

“El crimen y suicidio tuvieron motivos pasionales, eso está claro”, confirmó un veterano agente de la Dirincri que participa en las investigaciones.

LA CLAVE

Hedor. Los vecinos de Gladys Dora Torres fueron quienes alertaron a la hermana, preocupados porque del departamento emanaba un fuerte hedor, propio de la descomposición de los cadáveres

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