Archivo por meses: mayo 2008

Poco a poco se va materializando el tren de costa a selva en el Perú

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Tren demandará US$ 700 millones (La República)

El vicepresidente regional de Loreto, Norman Lewis, estimó ayer que la construcción del tren que unirá Iquitos y Yurimaguas (en Loreto) con la costa del país demandará unos 700 millones de dólares.

Pese a la exorbitante suma, indicó que no se encuentra lejana la ejecución de esa obra, pues empresarios brasileños han manifestado su interés por realizar esta obra. Es más, según el funcionario, el titular de Loreto, Yván Vásquez Valera, se reunió hasta en dos ocasiones (en Belem, Brasil, y en Lima, en Perú) con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva para discutir el mencionado proyecto, puesto que el tren que conectará a la costa peruana también los beneficiará.

LA CLAVE

IMPULSO. El ferrocarril, destacó Norman Lewis, resolvería de esta manera el aislamiento en el que se encuentra el oriente peruano, impulsaría su desarrollo y permitiría el intercambio comercial.

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En España Tribunal Constitucional avala normas discriminadoras de género (contra hombres)

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Va el texto de la sentencia que declara “constitucional” normas de género que violan el principio de igualdad.

La sentencia fue tan criticada, que las mismas organizaciones feministas se han manifestado a favor de las críticas porque no hay excusas para defender lo indefendible y sostener la brutalidad de genero.

TEXTO:

EN NOMBRE DEL REY
la siguiente

S E N T E N C I A

En la cuestión de inconstitucionalidad num. 5939–2005, planteada por el Juzgado de lo Penal núm. 4 de Murcia, en relación con el artículo 153.1 del Código Penal. Han intervenido y formulado alegaciones el Abogado del Estado y el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Pascual Sala Sánchez, quien expresa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes

1. El 8 de agosto de 2005 fue registrado en este Tribunal un escrito fechado el 29 de julio de 2005, remitido por el Juzgado de lo Penal núm. 4 de Murcia, al que se acompaña el Auto del mismo órgano jurisdiccional, de 29 de julio de 2005, por el que se plantea cuestión de inconstitucionalidad en relación con el art. 153.1 del Código Penal.
2. Los antecedentes procesales de la presente cuestión de inconstitucionalidad son, sucintamente expuestos, los siguientes:

a) Con fecha 5 de julio de 2005, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 1 de Murcia dictó Auto acordando la incoación de diligencias urgentes en el juicio rápido núm. 13/2005 por un presunto delito de maltrato familiar, al apreciar que los hechos referidos en el atestado policial reunían, en principio, las circunstancias mencionadas en el art. 795 LECrim. Ese mismo día, el citado órgano judicial dictó otros dos Autos. En el primero de ellos se acordó la puesta en libertad del imputado, por entonces detenido, mientras que en el segundo se dictó orden de protección de la víctima, prohibiéndose al imputado “acercarse a más de 200 metros (…), hasta la resolución del procedimiento con firmeza, o hasta que sea cesada expresamente”. El Ministerio Fiscal formuló escrito de acusación contra el imputado por unos hechos que fueron calificados como “dos delitos de maltrato del art. 153.1, párrafo segundo del Código Penal, con aplicación de la agravante del último párrafo a uno de los referidos delitos” (sic). A dicha calificación se adhirió la acusación particular ejercida por la esposa.
b) Remitidas las actuaciones al Juzgado de lo Penal núm. 4 de Murcia, éste dictó Auto de 11 de julio de 2005, por el que señalaba el siguiente día 13 del mismo mes y año para la realización de la vista oral. En sus conclusiones definitivas las acusaciones reiteran su calificación de los hechos y solicitan la imposición de una pena de doce meses de prisión, privación del derecho a la tenencia y porte de armas por dos años y prohibición de aproximación a la víctima y de comunicarse con ella por dos años, por el delito agravado, y de diez meses de prisión, privación del derecho a la tenencia y porte de armas por dos años y prohibición de aproximación a la víctima y de comunicarse con ella por dos años, por el otro delito. La defensa solicitó la libre absolución del acusado.

A la conclusión del acto de juicio oral, la titular del órgano jurisdiccional ya avanzó el contenido de la providencia de 22 de julio de 2005, por la que se concedió a las partes personadas y al Ministerio Fiscal un plazo común e improrrogable de diez días para que, conforme a lo previsto en el art. 35.2 LOTC, alegaran lo que estimasen pertinente acerca del posible planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad respecto del art. 153.1 CP por vulneración de la dignidad de la persona (art. 10 CE), y de los derechos a la igualdad (art. 14 CE) y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).

c) Al amparo de lo declarado por la titular del Juzgado de la Penal núm. 4 de Murcia en la vista oral, la representación procesal del acusado presentó escrito de alegaciones el 18 de julio de 2005, interesando que se elevara cuestión de inconstitucionalidad. Ni la acusación particular ni el Ministerio Fiscal realizaron alegaciones en el plazo concedido al efecto.

d) Mediante Auto de 29 de julio de 2005 la titular del Juzgado de lo Penal núm. 4 de Murcia promovió la presente cuestión de inconstitucionalidad.

3. El Auto de planteamiento se inicia con una referencia al cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 35.2 LOTC, tanto en lo que hace al momento procesal oportuno (tras la conclusión del acto del juicio oral, en decisión motivada y dando traslado a las partes) cuanto en lo relativo a la concreción de la norma con fuerza de ley cuya constitucionalidad se cuestiona (el art. 153.1 CP, en su redacción vigente, resultante de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre) y a los preceptos constitucionales que se suponen infringidos (arts. 10, 14 y 24.2 CE).
Seguidamente se procede a formular el juicio de relevancia, que según el órgano promotor de la cuestión exige una estricta vinculación de la norma con el caso, razón por la cual dicho juicio debe vincularse a unos determinados hechos ya probados. A partir del resultado de la valoración conjunta de la prueba se establece un relato de hechos probados que merecerían la calificación de un maltrato de obra, causante de lesión no constitutiva de delito, realizado por el marido sobre su esposa, en el domicilio común, con posterioridad a la entrada en vigor de la LO 1/2004, incardinable en la redacción vigente del art. 153.1 CP, en relación con el párrafo 3ºh Conforme al relato de hechos, el maltrato de obra consistió en que “el acusado sujetó fuertemente de las orejas a su esposa, que sufrió un enrojecimiento retroauricular bilateral que curó, con una primera asistencia, sin necesidad de tratamiento médico ulterior”. Para el órgano judicial promotor de la cuestión, resultaría imponible una pena de prisión cuyo mínimo, a diferencia de lo que sucedería en el caso de que, en idénticas circunstancias, la agresora hubiese sido la esposa y la víctima el marido, es de 9 meses y un día y no de siete meses y 16 días. La relevancia se refiere pues a la determinación de la pena alternativa, uno de cuyos términos se vería limitado, por razón del sexo del agresor, a un tramo de pena de prisión más oneroso. La diferencia afectaría también a la pena de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, pero en la medida en que las acusaciones no han solicitado su imposición, esa diferencia carece de verdadera relevancia. Asimismo, la diferencia afectaría al régimen de las alternativas a la pena privativa de libertad, al que serían aplicables determinadas agravaciones (arts. 83.1.6º, 84.3, y 88.1 CP), pero no se han cuestionado tales preceptos en la medida en que su contenido no es determinante del fallo. También se apunta la posible afectación directa del fallo en el caso de aplicación de la rebaja de un grado del art. 153.4 CP con el efecto de alcanzar una pena de prisión inferior a tres meses. Finalmente, se señala que la pena imponible sería idéntica en el caso de considerar al marido persona especialmente vulnerable ya que el inciso final del precepto no introduce discriminación alguna en relación al sexo de los sujetos. El requisito de la convivencia quedaría acreditado en el caso pero faltaría la acreditación de la especial vulnerabilidad del sujeto pasivo varón.

Concluido el juicio de relevancia, el órgano judicial relata la evolución del precepto, cuyos orígenes sitúa en el art. 425 CP (Texto Refundido de 1973), introducido por la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de julio, que sancionó la violencia física sobre el cónyuge o persona que estuviese unida por análoga relación de afectividad o sobre hijos sujetos a patria potestad, pupilo, menor o incapaz, descansando el tipo sobre la nota de habitualidad. En el Código Penal de 1995 ese contenido normativo se recogió, sustancialmente, en el art. 153, trasladándose por obra de la Ley Orgánica 11/2003 al actual art. 173.2 CP, como delito contra la integridad moral, ampliando el ámbito subjetivo de aplicación del tipo de violencia habitual. Esa misma Ley Orgánica introdujo por vez primera una sanción específica para la violencia ocasional en el ámbito familiar y doméstico, elevando a la consideración de delito conductas que, en ausencia de esas relaciones entre autor y víctima, hubieran sido constitutivas de simples faltas. El art. 153 CP regulaba el maltrato no habitual u ocasional, exigiendo que el ofendido fuera alguna de las personas a las que se refiere el art. 173.2, que regula hoy la violencia habitual.

Sin perjuicio de referir su ámbito de aplicación al círculo de ofendidos definido en el art. 173.2 CP, que no ha sido objeto de reforma; sin perjuicio también de mantener el tipo agravado preexistente, ahora incorporado al párrafo 3º, en idénticos términos que la redacción anterior; y sin perjuicio, finalmente, de reproducir exactamente las penas previstas para el tipo básico, tras la Ley Orgánica 1/2004 la estructura de los tipos varía, en cuanto que se introduce en el párrafo 1º del art. 153 un nuevo subtipo agravado para un círculo de personas más restringido, con la siguiente redacción: “El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en este Código, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable (…)”.

En este nuevo subtipo se observa la predeterminación legal del sexo, diferenciando los sujetos activo y pasivo, derivando consecuencias jurídicas diversas en función del sexo de los sujetos. Concretamente, existe una referencia expresa a “la ofendida”, lo que claramente identifica el sexo del sujeto pasivo; en cuanto al activo, la inclusión de los términos “esposa” y “mujer ligada a él” deja poco margen para una interpretación, sostenida por algunos autores, que admita la autoría femenina respecto de este inciso en el que, se insiste, es en todo claro el sexo necesariamente femenino del sujeto pasivo. Se añade, por lo demás, que esa interpretación pugnaría con el espíritu de la norma de origen, esto es, la Ley Orgánica 1/2004, que define la violencia de género como aquélla que “como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia” (art. 1).

El precepto presupone así un sujeto activo hombre y un sujeto pasivo mujer, y exige además una relación, actual o pasada, conyugal o de afectividad análoga. Este elemento relacional no añade nada significativo a la discriminación por sexo porque tal relación es concebible también en sujetos homosexuales, en particular tras la entrada en vigor de la Ley 13/2005, de 1 de julio. Dicho de otro modo: las notas definitorias de la agravación son el sexo de los sujetos del delito y la relación conyugal o análoga entre ellas; no así la convivencia, cuya eliminación, unida a la limitación del sexo necesariamente masculino del autor apuntan como bien jurídico adicional a la integridad física y psíquica de las personas a que se refiere el Título, la proscripción de conductas discriminatorias, expresadas de forma violenta, en un ámbito muy concreto, el de las relaciones de pareja heterosexuales, por parte del hombre sobre la mujer.

A continuación, se exponen pormenorizadamente las consecuencias jurídicas diferentes que resultan del sexo de los sujetos, tanto en lo que se refiere a la pena imponible como a las penas alternativas a la privativa de libertad. El Auto precisa que la duda de constitucionalidad se suscita, tan sólo, en cuanto al primer inciso del párrafo 1º del art. 153, en cuanto hace referencia a la condición necesariamente femenina de la víctima y, correlativamente, masculina del agresor, como elemento de agravación de la pena de prisión que constituye uno de los términos de la alternativa y de la pena potestativa de inhabilitación para el ejercicio de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, con los efectos reflejos correspondientes descritos en cuanto a la agravación del párrafo 3º, a la atenuación del último párrafo y al régimen de alternativas a la ejecución de penas privativas de libertad. No se cuestiona, por el contrario, la constitucionalidad de la agravación referida a la condición de persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.

Una vez expuesta la evolución del precepto cuestionado, el Auto pasa a relacionar los preceptos constitucionales que el órgano judicial promotor de la cuestión considera infringidos.

En primer lugar, se examina la posible infracción del art. 14 CE señalando que el derecho a la igualdad que consagra se ve conculcado en razón de la discriminación por razón de sexo que dimana de la definición de los sujetos activo y pasivo en el precepto cuya constitucionalidad se cuestiona. Al respecto, se recuerda que el art. 14 CE impide, en principio, considerar al sexo como criterio de diferenciación (STC 28/1992, de 9 de marzo), resumiendo la doctrina que este Tribunal ha venido elaborando sobre el derecho a la igualdad en la ley. Los rasgos esenciales de esta doctrina se sintetizan en la STC 76/1990, de 26 de abril, reproducidos por la más reciente STC 253/2004, de 22 de diciembre: “a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción del art. 14 de la Constitución, sino que dicha infracción la produce sólo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable; b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional; c) el principio de igualdad no prohíbe al legislador cualquier desigualdad de trato, sino sólo aquellas desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos suficientemente razonables de acuerdo con criterios o juicios de valor generalmente aceptados; d) por último, para que la diferenciación resulte constitucionalmente lícita no basta con que lo sea el fin que con ella se persigue, sino que es indispensable además que las consecuencias jurídicas que resultan de tal distinción sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que se produce y el fin pretendido por el legislador superen un juicio de proporcionalidad en sede constitucional, evitando resultados especialmente gravosos o desmedidos” (FJ 5). Asimismo, se cita la STC 181/2000, de 29 de junio, en la que se declara que el principio de igualdad prohíbe al legislador “configurar los supuestos de hecho de la norma de modo tal que se dé trato distinto a personas que, desde todos los puntos de vista legítimamente adoptables, se encuentran en la misma situación o, dicho de otro modo, impidiendo que se otorgue relevancia jurídica a circunstancias que, o bien no pueden ser jamás tomadas en consideración por prohibirlo así expresamente la propia Constitución, o bien no guardan relación alguna con el sentido de la regulación que, al incluirlas, incurre en arbitrariedad y es por eso discriminatoria” (FJ 10).

Sentado esto, se constata la diferencia de trato, tanto en relación con la pena imponible como con el sistema de alternativas a la pena privativa de libertad. Respecto de la primera, se afirma que la agravación de la pena no es un efecto necesario e ineludible, ya que están previstas alternativas de idéntica duración a las señaladas al tipo básico y el máximo de la pena es también el mismo. Sin embargo, en el proceso de determinación de la pena, la diferencia establecida en función del sexo restringe el espectro de pena imponible en sentido agravatorio, en cuanto queda excluido en la determinación de la pena en concreto el tramo comprendido entre tres y seis meses de prisión, previsto para el tipo básico, con el efecto reflejo correspondiente en relación con el tipo atenuado y con el agravado del párrafo 3º. Respecto al sistema de alternativas, se indica que la imposición de la pena de prisión conllevará un régimen agravado de suspensión o sustitución.

Constatada la diferencia de trato, se valora la justificación de la diferencia partiendo de la doctrina de la “acción positiva” o derecho desigual igualatorio (STC 229/1992, de 14 de diciembre), acogida por este Tribunal. Aquélla se puede definir como un remedio corrector de pasadas injusticias que han recaído sobre grupos determinados, procurando una redistribución del empleo, la educación, los cargos públicos y otros bienes escasos, a favor de esos grupos, caracterizados normalmente por su raza, etnia o género, llegando a otorgarles un trato preferencial que facilite su acceso a esos bienes, como compensación a actuales o pretéritas discriminaciones dirigidas contra ellos, con la finalidad de procurar una distribución proporcionada de aquéllos.

El origen histórico de la “acción positiva” suele situarse en el Derecho de los Estados Unidos de América, si bien se ha extendido a otros países, y se ha proyectado incluso en el ordenamiento comunitario europeo (art. 141.4 del Tratado de la Comunidad Europea, cuyo contenido reiteran la Directiva 2002/73/CE y la Propuesta de Directiva 2004/0084). También se invocan algunos pronunciamientos de este Tribunal (SSTC 3/1993, de 14 de enero; 229/1992, de 14 de marzo; 28/1992, de 9 de marzo), en los que se hace eco de la legitimidad de estas políticas en relación con supuestas discriminaciones por razón de sexo. Particularmente, la ya citada STC 28/1992, de 9 de marzo, donde se distingue entre “normas protectoras”, que responden a una consideración no igual de la mujer como trabajadora, constitucionalmente ilegítimas; y normas que podrían denominarse “promotoras”, esto es, las que contienen medidas tendentes a compensar una desigualdad de partida y que tratan de lograr una igualdad efectiva de acceso y de mantenimiento en el empleo de la mujer en relación con el varón.

Finalmente, se constata una limitada recepción de la doctrina de la acción positiva, que no puede atribuirse a la historia política española, ya que también en el ordenamiento europeo se han expresado reservas en relación con estas medidas, tal como demuestra la STJCE de 17 de octubre de 1995 (caso Kalanke). Asimismo, en el país pionero en su adopción ha surgido un movimiento “revisionista” que advierte de su efecto perverso en cuanto puede contribuir a generar una nueva discriminación fundada en la sospecha de falta de verdadera capacidad o mérito profesional o académico de sus actuales o potenciales beneficiarios.

Según el órgano promotor de esta cuestión, el legislador español habría realizado una decidida apuesta por la acción positiva, dirigida no a la mujer como tal, sino a la mujer como víctima de la violencia de género, definida restrictivamente en cuanto se circunscribe a la sufrida en el seno de una relación matrimonial o asimilada heterosexual, presente o pasada, aun sin convivencia y consistente en todo acto de violencia física o psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad (art. 1.1 LO 1/2004). Sin embargo, las medidas penales como la cuestionada, que endurecen la respuesta punitiva en atención a la diferenciación sexual de los sujetos del delito, no tendrían el carácter de “acciones positivas”. Para sostener esta afirmación se reproducen las consideraciones del Informe del Consejo General del Poder Judicial al Anteproyecto de la que es ahora Ley Orgánica 1/1004, donde se rechaza la procedencia de la adopción de medidas de acción positiva en ámbitos, como el penal o el orgánico judicial, en los que no exista un desequilibrio previo y no exista escasez de los bienes a los que accede la mujer. Según el órgano promotor, no se alcanza a comprender cómo favorece la igualdad de oportunidades para la mujer, en la línea señalada por el Tribunal Constitucional (STC 229/1992), el castigo más severo de conductas como la enjuiciada cuando son cometidas por un hombre. Aún más incomprensible resulta esa hipótesis si se tiene en cuenta la insistencia del intérprete constitucional en la idea de eliminación de trabas para la mujer, más como agente de su realización personal que como sujeto protegido, lo que significa un superior respeto a la dignidad de la mujer como persona capaz de regir sus propios destinos en igualdad de condiciones, una vez eliminados esos obstáculos de acceso, a través de una política de promoción, que no de protección.

Tampoco sería de recibo la caracterización de esta tipificación como una fórmula de “reparación o compensación” colectivas por pretéritas discriminaciones sufridas por las mujeres como grupo social, pues se traduciría en la imputación a cada acusado varón de una responsabilidad también colectiva, como “representante o heredero del grupo opresor”, lo que chocaría frontalmente con el principio de culpabilidad que rige el Derecho Penal. Se cuestiona, por tanto, la introducción de medidas positivas en un ámbito como el penal, ajeno a aquéllos en que se ha venido desarrollando la acción positiva, como el laboral, educativo o de representación política, y se pone en duda la legitimidad que, con tan errada etiqueta, se pretende revestir a estas medidas penales, insólitas en el Derecho comparado, dado que sólo se contemplan, en el ámbito europeo, en las legislaciones de España y Suecia.

Expuesta la diferencia de trato y valorada su justificación, se aborda el juicio de proporcionalidad entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida. En este punto el Auto de planteamiento realiza algunas aclaraciones. La primera es que aquel juicio no se refiere a la agravación de conductas que, como violencia doméstica, introduce el art. 153 CP en su conjunto, en relación con el ámbito personal definido por el art. 173.2 CP, pues las objeciones que pudiera merecer ya fueron rechazadas en el ATC 233/2004, de 7 de junio. La segunda es que no se plantea directamente la duda respecto de la agravación adicional que, dentro de este ámbito, pueda surgir en relación con la violencia conyugal o asimilada, como hiciera el Consejo General del Poder Judicial en su Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica. Finalmente, tampoco se cuestiona, en cuanto no se entienda que predetermina el fallo, la definición de violencia de género del art. 1.1 de la Ley Orgánica 1/2004, como la ejercida exclusivamente por el hombre sobre la mujer, en la medida en que no afecta sólo al ámbito penal y pudiera sostenerse su constitucionalidad en relación con otros ámbitos.

La cuestión se limita a la diferenciación de sujetos en relación con el subtipo agravado del art. 153.1 CP no tanto por la diferencia real de sustraer un tramo de pena alternativa de la consideración del Juez en la determinación de la pena, de extender el máximo de la pena potestativa de inhabilitación o de agravar el régimen de alternativas, sino por la propia naturaleza penal de las medidas, que introduce un elemento cualitativo fundamental, presente en reformas que pudieran parecer simbólicas en su aspecto cuantitativo o en su aplicación práctica.

A juicio de la Magistrada titular del Juzgado de lo Penal núm. 4 de Murcia, puede citarse a sensu contrario, como precedente, la doctrina de la STC 126/1997 acerca de la sucesión en los títulos nobiliarios. Si entonces se afirmó la constitucionalidad de la discriminación por razón de sexo por afectar a un sector del ordenamiento jurídico, como es el Derecho Nobiliario, carente de verdadero contenido material, ahora debería alcanzarse una conclusión diametralmente distinta pues nos hallamos ante el sector del ordenamiento jurídico menos simbólico y más contundente en sus respuestas, que es el Derecho Penal. Al establecer una distinción por sexo en sede penal se comprometería injustificadamente el principio de igualdad y, eventualmente, los derechos a la presunción de inocencia y la dignidad de la persona.

El Auto examina a continuación la finalidad perseguida por el legislador, analizando las justificaciones que éste ha ofrecido para adoptar la medida penal cuestionada. En cuanto a los fines preventivos, si bien se acepta que pueden perseguirse eficazmente sin el sacrificio de otros derechos, se advierte que el endurecimiento punitivo amparado por tales fines puede estar justificado cuando se refiere a un tipo de conductas, los de violencia conyugal, pero no estarlo cuando dentro de ese sector agravado, se selecciona el sexo del sujeto activo para ofrecer una respuesta penal específica más grave. En cuanto a la magnitud del fenómeno sociológico y criminal de la violencia doméstica, demostrado estadísticamente, se podría argumentar la necesidad de una reacción penal frente a esa realidad que pone en peligro bienes jurídicos constitucionalmente protegibles, asegurando su proporcionalidad. Sin embargo, con el recurso a la sanción penal se corre el riesgo de la llamada “huida al Derecho Penal”, plasmada aquí en el adelantamiento de la barrera punitiva que significa el castigo como delito del maltrato ocasional, de dudosa eficacia. En este punto, el juicio de proporcionalidad en sentido estricto también se resentiría pues no aparece una justificación de la desigualdad por razón de sexo.

Igualmente se discute el “argumento estadístico”, según el cual dado que la mayoría de las agresiones integrantes de la violencia doméstica conyugal son cometidas por hombres, es legítimo castigar más a éstos. Sin negar el dato estadístico, se replica que ello no justifica por sí solo la agravación por conductas idénticas en atención al sexo masculino del autor y femenino de la víctima. El argumento autorizaría a castigar cualquier delito cometido por un hombre con mayor severidad, cuando el número de delincuentes varones es abrumadoramente superior al de mujeres en otros tipos delictivos. En este punto el Auto de planteamiento es prolijo en la aportación de porcentajes y comparaciones, concluyendo que siendo los fines legítimos, en este caso las estadísticas no son siempre un argumento para justificar la desigualdad de trato.

Si el mero dato estadístico no parece suficiente para justificar la excepción al principio de igualdad en una norma penal, la búsqueda de fundamentos adicionales revela, en un análisis más profundo, nuevos motivos de inquietud acerca de la constitucionalidad de esta norma. En efecto, siempre según la opinión de la titular del órgano judicial promotor de esta cuestión de inconstitucionalidad, el dato estadístico pudiera considerarse manifestación de un abuso de superioridad por el autor, hombre, sobre su víctima, mujer; una situación de vulnerabilidad de ésta; o una conducta discriminatoria, que lesionaría la dignidad y el derecho a la igualdad de la mujer. Sin embargo, en la medida en que se trataría de presunciones legales, ajenas a la exigencia de prueba en el caso concreto, derivadas únicamente del sexo respectivo de autor y víctima, de la naturaleza de la conducta objetiva y del tipo de relación entre los sujetos, se entiende que tales planteamientos no justificarían la diferencia de trato y serían, en sí mismos, contrarios a la Constitución.

De todos estos argumentos, el que pudiera hallar un fundamento más claro en la norma de origen – el art. 1 de la Ley Orgánica 1/2004, que define a la violencia de género como “manifestación de la discriminación”– sería el relativo al ánimo discriminatorio implícito, justificando la agravación por un ataque suplementario al propio derecho a la igualdad y a la proscripción de discriminación sexual. Pero el órgano promotor expresa sus dudas de constitucionalidad en relación con la fórmula de protección de este bien jurídico adicional. La primera es que desde el punto de vista técnico jurídico, la vinculación de la redacción del art. 153.1 con el concepto de violencia de género es arriesgada a la luz de los principios de legalidad y taxatividad de las normas penales, habida cuenta de que el legislador no ha empleado aquí el término “violencia de género”, lo que introduce un muy relevante riesgo para la seguridad jurídica en cuanto que el enunciado normativo ha de marcar, en todo caso, una zona indudable de exclusión de comportamientos, lo que constituye un presupuesto imprescindible para garantizar la previsibilidad de la aplicación de la norma sancionadora, “vinculada a los principios de legalidad y de seguridad jurídica, aquí en su vertiente subjetiva, que conlleva la evitación de resoluciones que impidan a los ciudadanos programar sus comportamientos sin temor a posibles condenas por actos no tipificados previamente” o menos severamente castigados (STC 11/2004, de 12 de julio, con cita de las SSTC 137/1997, de 21 de julio; 151/1997, de 29 de septiembre; 236/1997, de 22 de diciembre; 273/2000, de 15 de noviembre; y 64/2001, de 17 de marzo).

La segunda duda se proyecta sobre la posibilidad de una interpretación conforme a la Constitución de la norma, que no permitiría considerar la cuestión de inconstitucionalidad en sí misma como mal fundada, pues lo cierto es que el art. 163 CE y el art. 35 LOTC se limitan a exigir, como único requisito de fondo, el que una norma con rango legal aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, sin condicionar el planteamiento de la cuestión a la imposibilidad de interpretación conforme de la Constitución (STC 105/1988, de 8 de junio). Pero no se trata, en este caso, de utilizar la cuestión con carácter consultivo para valorar, entre varias posibles, la interpretación y aplicación de la norma más acomodada con la Constitución, como uso prohibido frente al que advierte el Tribunal Constitucional en numerosas resoluciones. Se trataría, a lo sumo, de proponer hipótesis de acomodación a la Constitución que, como indicaciones o sugerencias serían irrelevantes, que se entiende no serían bastantes para decretar la inadmisibilidad de la cuestión (STC 222/1992, de 11 de diciembre) y que revelarían, en todo caso, la posibilidad de dictar una sentencia interpretativa que indicase la única interpretación constitucionalmente admisible de la norma cuestionada (SSTC 105/1988, de 8 de junio; 24/2004, de 24 de febrero).

La tercera duda de constitucionalidad se centra en la interpretación apuntada porque aunque el argumento discriminatorio pudiera justificar la agravación, no se entiende cómo podría justificar también la limitación al hombre. Por otro lado, existe una agravación genérica, sin distinción de sujetos, en el art. 22.4 CP, en cuanto se demuestre que el delito se ha cometido por motivos de discriminación referente, entre otros motivos, al sexo u orientación sexual de la víctima. Además, aun limitando el móvil a la discriminación sólo de la mujer, no puede negarse que ésta también puede ser sujeto activo con esos presupuestos objetivos y subjetivos, en cuanto la agresión sea una manifestación de la situación de discriminación de la propia mujer, con efectos nocivos para la perpetuación de esa situación en que histórica y actualmente se le ha mantenido.

Dando un paso más, se indica que al establecer una presunción de intención discriminatoria en la conducta penal descrita, el legislador ha incorporado una extensión de la responsabilidad de grupo al concreto individuo juzgado, una recuperación del Derecho penal de autor. El sujeto activo se erige, por razón de su pertenencia al grupo identificado como opresor, en agresor cualificado, con independencia de que el sujeto, en concreto, realice o no la conducta “opresora” o discriminatoria, sin exigir que esa conducta concreta cometida por él, con nombre y apellidos y no por “un hombre”, se revele discriminatoria. En definitiva, tan falsa es la afirmación de que sólo en las relaciones de afectividad conyugal o análoga, la violencia tiene motivación de género, como la de que, en todas esas relaciones cualquier conducta violenta, por más que sea dirigida del hombre a la mujer, lo tiene. Cuando el legislador ha procedido a sancionar penalmente la discriminación ha mencionado los motivos de la discriminación prohibida pero no ha identificado a los grupos discriminadores y discriminados porque esa identificación sería imposible y poco eficaz en la persecución de esos motivos. En relación con la discriminación sexual, no parece que se justifique limitar la agravación a la discriminación a la mujer, cuando el legislador la equipara a la motivada por la orientación sexual, ni presumir este motivo en el hombre que realiza determinadas conductas.

La preocupación por la neutralidad sexual en la descripción de los tipos penales ha sido una constante en la política criminal española desde la aprobación de la Constitución. Incluso en los delitos sexuales, todas las reformas, en especial a partir de 1989, han procurado la apertura de los tipos a modalidades de comisión en las que el sexo de los sujetos no era relevante. A partir de un determinado momento, la preocupación del legislador penal por la igualdad ha avanzado hasta incluir medidas discriminatorias en el Código Penal. En la actualidad, este cuerpo legal incorpora, además del Capítulo dedicado al genocidio, tipos de discriminación en el empleo (art. 314), provocación a la discriminación (art. 510) y otros, así como una agravante genérica de discriminación en el art. 22.4 CP. Característica común a todas estas normas, cuyo bien jurídico protegido, único o adicional, es el derecho a la igualdad, en su vertiente de prohibición de la discriminación, es la neutralidad en la descripción del sujeto activo; de igual modo, es pacífica su consideración como delitos o agravaciones de tendencia, en los que un elemento subjetivo del injusto debe identificarse y probarse para afirmar la antijuridicidad básica o agravada. Si bien no han faltado voces que han advertido acerca de los riesgos que este tipo de normas penales encierran de deslizarse por la pendiente del Derecho penal de autor, con la consiguiente atenuación del principio de culpabilidad consagrado en nuestra Constitución (STC 76/1990, de 26 de abril).

La Ley Orgánica 1/2004 añade nuevas medidas que pueden incluirse entre las antidiscriminatorias respecto de los delitos de lesiones (agravadas en relación con el tipo básico del art. 148.4; agravadas en relación con el tipo básico de maltrato familiar del art. 153.1), de amenazas (consideración como delito y no falta las de carácter leve en el art. 171.4) y coacciones (consideración como delito y no falta las de carácter leve en el art. 172.2). En ninguno de estos casos se utiliza la expresión “violencia de género” y en todos, por tanto, se reproduce la dificultad interpretativa de afirmar el móvil discriminatorio que se desprendería de la definición legal de dicha expresión.

Pues bien, la limitación de la conducta típica “discriminatoria”, en principio, a la violencia que se produce en el ámbito conyugal o asimilado es, de por sí, en relación con la diferencia de trato en materia penal que se cuestiona, sospechosa de arbitrariedad. Sospecha que no se disipa con la apelación a los argumentos estadísticos, según se ha avanzado, como tampoco si se piensa que la expresión de la dominación del hombre sobre la mujer, expresada en forma violenta, puede darse en otro tipo de relaciones afectivas entre hombre y mujer, incluso con mayor virulencia, como sucedería en las paterno–filiales: la motivación de género existe en muy distintas clases de relaciones entre hombre y mujer y, desde luego, no sólo en las relaciones violentas en el seno de la pareja.

Además, la agravación actúa en una selección de tipos que no puede calificarse sino de sorprendente, al haberse excluido en la Ley Orgánica 1/2004 los delitos contra la libertad sexual, de privación arbitraria de libertad o, lo que sería más llamativo, todos los delitos contra la vida independiente y los más graves contra la integridad física, psíquica y moral, reduciendo la agravación a las lesiones de menor gravedad, a las amenazas y a las coacciones leves. De donde se deduce que no parece que pueda calificarse de objetiva y razonable la diferencia, de carácter absolutamente excepcional en el ordenamiento y, en especial, en el sector penal del mismo, que se limita a una selección arbitraria de infracciones, alterando la coherencia interna del sistema que pretende preservar la proporcionalidad entre la gravedad de las conductas y su sanción. Sorprende que se haya agravado el maltrato ocasional y no el habitual del art. 173.2 CP.

Para la titular del Juzgado de lo Penal núm. 4 de Murcia, no se puede esgrimir el argumento de la prevención general ante la ciudadanía, los colectivos de mujeres y, en especial, ante las víctimas de la violencia de género, anunciando medidas contundentes, como lo hace el legislador al motivar la reforma penal y reservar esas medidas contundentes para algunas conductas violentas que no son, precisamente, las más graves. Ni, por cierto, las más difundidas como supuestos de violencia de género, asociadas con frecuencia a los casos de muerte de mujeres a manos de su pareja, casi siempre desconectados de denuncias previas por infracciones menores y que son, precisamente, tras la desaparición del parricidio, ajenos a esas tendencias de represión criminal intensificada; o a los casos de maltrato habitual, también inmune a la reforma. Esta última reflexión se presenta como especialmente significativa, en cuanto demuestra la falta de objetividad y razonabilidad de la reforma cuestionada.

Si se pretendiese la presunción de la presencia de un componente discriminatorio o de género en algún tipo de conductas violentas, la misma debería referirse a aquéllas en las que se revela con claridad lo que se ha denominado “perfil del maltratador” o el “síndrome de mujer maltratada”. Pretender que el desvalor específico adicional o el móvil discriminatorio, con diferencia de sexo, es razonable como justificación de la diferencia en sede de maltrato ocasional, sin ir acompañado de una previsión paralela en sede, mucho más evidente, de maltrato habitual, cuestiona severamente la razonabilidad misma del texto.

En el único país en el que existe un precepto similar, Suecia, la referencia, puramente nominal, al sexo, se limita, en todo caso, a conductas de violencia habitual; se refiere a un elenco mucho más amplio de conductas, no precisamente las más leves; y se introduce un bien jurídico especial, la integridad (moral) de la mujer, en los casos de violencia conyugal habitual, castigado con la misma pena que la prevista para los casos de otros vínculos estrechos. Todo un catálogo de diferencias que no permite invocar el precedente sueco como argumento de autoridad a favor de una valoración positiva de la razonabilidad de la diferencia de trato introducida por el precepto cuestionado.

Las anteriores objeciones se referirían a cualquier hipótesis justificativa de la agravación, pero en relación con la posible concepción del art. 153.1 CP y de sus preceptos paralelos como medidas antidiscriminatorias, se plantearían las siguientes dificultades específicas, todas ellas relevantes en el juicio de constitucionalidad. En primer lugar, la afirmación del móvil discriminatorio reclama la discutible conexión de los supuestos típicos con el concepto de violencia de género, con riesgo para los principios de seguridad jurídica y legalidad. Asimismo, la exigencia de un móvil discriminatorio cuestiona, en relación con todas las medidas antidiscriminatorias así concebidas, el principio de culpabilidad. La presunción de este móvil vulnera, además del principio de culpabilidad y de responsabilidad por el hecho, el derecho a la presunción de inocencia. La presunción de ese móvil sólo en el sujeto activo hombre genera una vulneración añadida del principio de culpabilidad, de la presunción de inocencia y del derecho a la igualdad. Para concluir, la conexión de estas normas con la definición de violencia de género del art. 1.1 de la Ley Orgánica 1/2004 permitiría eludir la presunción del móvil y, por tanto, la infracción del derecho a la presunción de inocencia, pero subsistirían las objeciones relativas al derecho a la igualdad y de responsabilidad por el hecho derivadas de la concepción como delito de tendencia de propia mano.

En todo caso, la conexión del art. 153.1 CP y el art. 1.1 de la Ley Orgánica 1/2004 debería partir de una interpretación no literal y arriesgada, que no despejaría todas las dudas de inconstitucionalidad. Con respecto a este tipo de medidas se han apuntado dos líneas de interpretación posibles. Conforme a la subjetiva, que incidiría en la motivación del sujeto activo, la justificación de la agravante se situaría en el ámbito de la culpabilidad, exigiéndose prueba en el caso concreto del móvil discriminatorio, puesto que la presunción del móvil en el maltrato ocasional sólo del hombre a la mujer sería contrario a los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia. También se ha apuntado una explicación de la agravante desde el plano de la antijuridicidad y no de la culpabilidad, a partir del desvalor adicional del resultado del maltrato por razón de la pertenencia de la víctima a un colectivo “oprimido”, dando prioridad no al móvil discriminatorio en sí mismo sino al efecto que el delito realizado con esa motivación produce en el sujeto pasivo; en tal caso la duda de constitucionalidad no desaparece toda vez que la diferencia valorativa traería causa de su sexo.

El caso límite para contrastar las anteriores reflexiones sería el de los malos tratos recíprocos, donde la ley castiga más al hombre que a la mujer porque en la agresión del hombre a la mujer o existiría un móvil discriminatorio presunto o, en el mejor de los casos, precisado de prueba, sólo posible en esa agresión, o se valoraría, como implícito, un desvalor adicional discriminatorio, ausente por decisión del legislador en la agresión contraria. De tal modo que al hombre o se le castiga más por lo que es que por lo que hace, o se presume en lo que hace algo que no se corresponde necesariamente con la totalidad de casos, afirmaciones demasiado problemáticas para justificar razonable y objetivamente la desigualdad.

A continuación, bajo el epígrafe “la agravación y el abuso de superioridad”, se analizan las dos restantes hipótesis de fundamento de la agravación, ya mencionadas. En principio, la situación de especial vulnerabilidad de la víctima puede entenderse que genera, paralelamente, una situación de superioridad en el agresor. Pero, en las agravantes así definidas (por ejemplo, en sede de delitos sexuales en el art. 180.3 CP) no se exige necesariamente la nota de abuso de la situación de vulnerabilidad, bastando con que el sujeto conozca esa situación. En cambio, la nota subjetiva entra en la definición del abuso de superioridad, exigiendo la jurisprudencia que concurra: una situación objetiva de poder físico o anímico del agresor sobre su víctima que determine un desequilibrio de fuerzas favorable al primero; el abuso o consciente aprovechamiento de ese desequilibrio por parte del agresor para la mejor y más impune realización del delito; y, por último, la accesoriedad del exceso de fuerzas en la realización del delito de que se trate, de manera que no deba entenderse implícito, ya por estar incluido como un elemento del tipo, ya por ser la única forma de poder consumarlo. La característica común es la desproporción de fuerzas que debilita las posibilidades de defensa de la víctima. El abuso de superioridad construido a partir de la posición dominante del hombre sobre la mujer, en abstracto, además de reprobable en sí mismo desde el punto de vista de la igualdad, en cuanto elevaría una observación sociológica a la categoría de presupuesto jurídico de agravación en el caso concreto, se reconduciría a la hipótesis ya expuesta de interpretación de la norma como medida antidiscriminatoria.

Para la Magistrada titular del Juzgado de lo Penal núm. 4 de Murcia, no es precisa demasiada argumentación para rechazar el abuso de superioridad como fundamento de la agravación, puesto que en cuanto presunto, vulneraría el derecho a la presunción de inocencia: no es, desde luego, una realidad exenta de prueba la superioridad física de todo hombre en relación con su pareja. En cuanto se exigiese su prueba, en un intento de acomodar el precepto a las mínimas exigencias constitucionales, se revelería como una medida excesiva, en cuanto impediría su aplicación al sujeto activo mujer en iguales circunstancias, para conseguir un resultado que, sin comprometer el derecho a la igualdad, podría alcanzarse eficazmente con la aplicación de la agravante genérica o la específica de persona especialmente vulnerable. El abuso de superioridad es una agravante “relacional” en cuanto que reclama una comparación de fuerzas y capacidades de ataque y defensa en el sujeto activo y pasivo, respectivamente. Si no puede presumirse en el hombre una superior capacidad de ataque o de debilitación de la defensa por el solo hecho de serlo, tampoco puede presuponerse una capacidad limitada o disminuida de defensa en la mujer, por el hecho de serlo. Ni siquiera por la común implicación de uno y otro en una relación, actual o pasada, de pareja, como nota añadida al sexo. Asumir lo contrario implicaría el reconocimiento jurídico, como presupuesto fáctico de agravación, de un estereotipo según cual tales son las posiciones respectivas de hombre y mujer en sus relaciones afectivas, lesionándose así gravemente el derecho a la dignidad de la mujer.

También sería contraria a esa dignidad la presunción de una especial vulnerabilidad de la mujer frente al maltrato de su pareja. Precisamente, el derecho a la dignidad de la persona se ha destacado en las SSTC 214/1991, de 11 de noviembre, y 176/1995, de 11 de diciembre, al poner de manifiesto cómo los tratos desiguales hacia determinadas personas porque en ellas concurre alguna particularidad diferencial (por ejemplo, el sexo femenino de la víctima), supone una negación de su condición de seres humanos iguales a los demás, efecto éste que afecta a su dignidad personal.

La posibilidad de enlazar esta especial vulnerabilidad de la mujer con la identificación de un colectivo de riesgo en las mujeres respecto de sus parejas masculinas no podría utilizarse como justificación de la diferencia de trato en la norma legal cuestionada. Una cosa es identificar, a través de estadísticas, estudios o informes esa realidad sociológica, y de manera legítima y responsable adoptar medidas legislativas consecuentes con esa identificación, y otra, muy distinta, presumir que toda mujer víctima de un maltrato ocasional por parte de su pareja o ex pareja masculina, como perteneciente a ese colectivo identificado de riesgo, es especialmente vulnerable. El Tribunal Constitucional rechaza las medidas en las que predomina una “visión paternalista” de la mujer y en las que el privilegio instituido a su favor se revela como una forma encubierta de discriminación que se vuelve contra ella. Según se reseña en el Auto de planteamiento de esta cuestión, postulados normativos como el que se cuestiona, aunque pretendan lo contrario, no hacen sino incidir en la imagen de debilidad y postración de la mujer, como persona vulnerable o inferior, necesitada de una especial protección, ya provenga ésta, como sucedía en la convicción social de tiempos pasados, del padre o el marido, ya, como parece suceder ahora, del Estado.

La parte argumentativa del Auto se cierra con un resumen de las tesis expuestas. En este resumen se concluye que la norma cuestionada establece una diferencia de trato en función del sexo del sujeto activo y pasivo, cuya justificación corresponde al legislador, y que las hipótesis justificativas que se han ensayado para acomodar la norma a los preceptos constitucionales no satisfacen las exigencias de los arts. 14, 24.2 y 10 CE, considerando en particular que no puede reconocerse un criterio objetivo suficientemente razonable, de acuerdo con los criterios o juicios de valor generalmente aceptados. Y ello porque la prevención general no justifica, por sí sola, una diferencia de trato en sede penal, por razón de sexo; la norma no tiene naturaleza “promotora” de la mujer y no puede ampararse en la noción de “acción positiva” como justificación de la desigualdad; la norma tampoco se justifica como “protectora” de la mujer como tal o como víctima de la violencia. Por otra parte, la norma entendida como medida antidiscriminatoria tendría una finalidad legítima, pero la forma en que se ha articulado no justifica la desigualdad constatada. En definitiva, la introducción de la desigualdad, por la naturaleza penal de la norma y no por la incidencia punitiva concreta, se considera que significa un coste fáctico inasumible para los valores constitucionales.

Para perseguir con severidad el maltrato conyugal, fenómeno cuya gravedad en ningún momento se niega, bastaba con agravar las penas sin distinguir sexos. En cambio, ofrecer una respuesta escasa, pero realmente más grave, en apariencia inofensiva o simbólica, con el fin de enviar a la ciudadanía, a los colectivos de mujeres o de mujeres maltratadas, un mensaje de engañosa contundencia, no parece una justificación razonable y objetiva para la desigualdad generada, sino, más bien, “un patente derroche inútil de coacción que convierte la norma en arbitraria y que socava los principios elementales de justicia inherentes a la dignidad de la persona y al Estado de Derecho” (STC 55/1996, de 28 de marzo).

4. Mediante providencia de 27 de septiembre de 2005 la Sección Tercera de este Tribunal acordó, de conformidad con el art. 37.1 LOTC, oír al Fiscal General del Estado para que en el plazo de diez días alegara lo que estimara conveniente sobre la admisibilidad de la cuestión de inconstitucionalidad planteada, por posible incumplimiento de los requisitos procesales y por si pudiera ser notoriamente infundada.

5. El Fiscal General del Estado presentó su escrito de alegaciones el 24 de octubre de 2005, interesando la inadmisión de la cuestión por incumplimiento de los requisitos procesales y por ser notoriamente infundada.

Respecto a los primeros, se aduce que la Magistrada Juez, al final del plenario, sometió a las partes la cuestión de inconstitucionalidad y les dio traslado para alegaciones, pero omitió toda mención al precepto cuestionado, señalando la vulneración de los arts. 10, 14 y 24 CE sin otra especificación, lo cual motivó que el letrado defensor del acusado se refiriera a cuestiones ajenas a las finalmente planteadas. Y si bien con posterioridad se dictó una providencia reiterando a las partes el trámite de alegaciones acordado, tal providencia no se dictó con la finalidad de subsanar las deficiencias de la anterior resolución y abrir un nuevo plazo de alegaciones, sino como mero recordatorio de lo anteriormente acordado, dictándose el 29 de julio Auto de elevación de la cuestión. Con esta forma de proceder, el órgano judicial no habría realizado la audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal en los términos previstos en el art. 35.2 LOTC, incumpliendo las exigencias procesales del art. 37.1 LOTC (ATC 118/2005, de 15 de marzo).

En cuanto al fondo del asunto, después de invocar la jurisprudencia constitucional sobre el art. 14 CE (SSTC 182/2005, de 4 de julio; 213/2005, de 21 de julio; 28/1992, de 9 de marzo), y sobre la violencia doméstica (ATC 233/2004, de 7 de junio), reproduciendo el texto del precepto cuestionado (art. 153.1 CP), el Fiscal General del Estado sintetiza las dudas de constitucionalidad de la norma cuestionada, que esencialmente se centran en que aquélla establece una diferencia punitiva en la medida de prisión y en la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad (y otros) que se basa en el sólo extremo del sexo del agresor y de la víctima. La previsión de diferencias punitivas por razón se sexo ofrecería una dificultad especial, aunque no estaría vedada la diferencia de trato, que sin embargo requeriría una justificación reforzada por tratarse del ámbito penal y tomarse en consideración uno de los criterios de discriminación que la Constitución prohíbe.

A continuación se examinan las afirmaciones contenidas en la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, que introdujo las reformas en el Código Penal mediante las cuales se incorporó el precepto cuestionado. En este punto, se destaca la consideración que hace el legislador de la violencia de género como problema de dimensión universal y de gravedad extrema, siendo uno de los ámbitos en que se produce el de las relaciones de pareja, donde los condicionantes socioculturales que actúan sobre el género masculino y femenino sitúan a la mujer en una posición de subordinación.

El Fiscal General del Estado estima, al contrario de la Magistrada Juez proponente, que las relaciones de pareja y el sexo de los miembros de la misma carecen en la realidad social de la neutralidad que se predica, siendo constatables los condicionamientos socioculturales que actúan sobre género femenino y masculino, así como el hecho de que las mujeres son objeto de agresiones en una proporción muy superior a las que ellas ocasionan. De ahí que la toma en consideración de ambos datos por el legislador penal no carezca de una justificación objetiva y razonable, dado que en el ámbito de las relaciones de pareja, con carácter mayoritario, uno de los sexos intervinientes es el agresor y el otro la víctima. Se constata así una forma delictiva con autonomía propia caracterizada por unas conductas que encierran un plus de antijuridicidad, al ser expresivas de unas determinadas relaciones de poder y sometimiento del hombre sobre la mujer que implicaría el desconocimiento por parte de aquél de los derechos más elementales de éstas.

Se señala a continuación que el problema social de la violencia doméstica es el que ha llevado al legislador a adoptar diversas medidas en la Ley Orgánica 1/2004, poniendo de manifiesto, además de la posición desventajosa de las mujeres respecto a los hombres, que su protección ante los actos de maltrato requiere la adopción de medidas distintas de las que se deben adoptar para proteger en general a las víctimas. Además, la agravación punitiva no sólo se produce en el ámbito de la violencia doméstica, sino que es extendida por el legislador a otras relaciones en las que concurran en la víctima circunstancias objetivas de desprotección. El legislador sólo ha tomado en consideración el tipo de relación familiar y el sexo de los sujetos intervinientes cuando dichos extremos tienen incidencia criminógena, apareciendo afectado el derecho a la igualdad de las víctimas. Aquél ha dotado a los órganos judiciales de la posibilidad de imponer las penas de trabajos en beneficio de la comunidad en las que no ha efectuado exasperación punitiva alguna, sólo prevista para la pena alternativa de prisión en su límite mínimo y para la facultad de inhabilitación en su límite máximo, poniendo en manos de Jueces y Tribunales una variedad de respuestas penales que ajusten la respuesta punitiva a las circunstancias concurrentes en cada caso.

En definitiva, al configurar la figura agravada que se discute en esta cuestión el legislador habría atendido a elementos diferenciadores que tienen una indudable justificación, pues en el “tipo de relaciones de que se trata” y el “sexo de los que las mantienen o las han mantenido” guarda relación con la producción de “ataques a bienes y derechos de constitucionales de innegable transcendencia” y con que “tales actos constituyan uno de los mayores fenómenos delincuentes de nuestro tiempo”. Por ello su toma en consideración no puede tildarse de carente de justificación, no habiéndose restringido el fin que con esa agravación punitiva se persigue a la protección de las mujeres en las relaciones de pareja sino que se ha extendido a todas las víctimas que reclaman especial protección sin distinción de sexo, y en virtud de la técnica punitiva empleada se ha ofrecido a los Jueces y Tribunales la posibilidad de que valoren la incidencia que tales condiciones han tenido en el caso concreto, permitiendo una respuesta punitiva a cada caso específico, por lo que las consecuencias de la disparidad normativa no son desproporcionadas.

6. Mediante providencia de 31 de enero de 2006, la Sección Tercera de este Tribunal acordó tener por formuladas las alegaciones del Fiscal General del Estado y admitir a trámite la cuestión, así como dar traslado de las actuaciones recibidas, de conformidad con el art. 37.2 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado por conducto de sus Presidentes; al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, y al Fiscal General del Estado, al objeto de que en el plazo de quince días pudiesen personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran convenientes. Finalmente, se acordó publicar la incoación de la cuestión en el “Boletín Oficial del Estado”, efectuándose en el núm. 44, de 21 de febrero de 2006.

7. Mediante escrito registrado el 15 de febrero de 2006, el Presidente del Senado comunicó que la Mesa de la Cámara había acordado personarse en el presente proceso constitucional y dar por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.

Con fecha 23 de febrero de 2006 se presentó escrito del Presidente del Congreso de los Diputados comunicando el Acuerdo de la Mesa de la Cámara por el cual no se personaba ni formulaba alegaciones en el presente proceso constitucional, poniendo a disposición del Tribunal las actuaciones que pudiera precisar.

8. Por escrito registrado el 23 de febrero de 2006, el Abogado del Estado se personó en nombre del Gobierno en el presente proceso constitucional, y formuló las alegaciones que seguidamente se resumen.

Empieza el escrito interesando la inadmisión de la cuestión planteada por incumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 35.2 LOTC. Del acta de la sesión del juicio oral se deduciría que la juzgadora concedió un término de diez días para la formulación de alegaciones por las partes y el Ministerio Fiscal, pero sin indicar la duda de constitucionalidad ni el precepto legal cuestionado, limitándose a mencionar los arts. 10, 14 y 24 CE. La posterior providencia de 22 de julio de 2005, en la que sí se mencionaba el art. 153.1 CP, no vendría a sanar los defectos del trámite precedente pues se limita a reiterar la decisión adoptada en la sesión del juicio oral. De ahí que ni por su tramitación ni por su contenido puede darse por cumplido el trámite de audiencia a las partes previsto en el art. 35.2 LOTC, pues no basta la mera cita numérica de los preceptos constitucionales.

Seguidamente, el escrito del Abogado del Estado pasa a examinar el juicio de relevancia, señalando que las argumentaciones del Auto de planteamiento, especialmente intensas en relación a la proporcionalidad, suscitan dudas acerca de si las objeciones al precepto lo son por su inconstitucionalidad o a las conveniencias de su aplicación. En este sentido, afirma que la cuestión de inconstitucionalidad ha de partir de unos hechos que permitan considerar aplicable una norma, siendo difícilmente aceptable medir la norma misma por un juicio de proporcionalidad basado en un caso en el que el propio juzgador deja traslucir su propia convicción acerca de su dificultosa subsunción en la norma cuestionada. Ello comporta que la fundamentación de la relevancia acuse una desviación de su objeto.

En cuanto a la objeción de inconstitucionalidad formulada al art. 153.1 CP, el Abogado del Estado rechaza la premisa de la que parte el Auto de planteamiento, al vincular de forma rígida la aplicación del precepto legal a una previa identificación del autor y de la víctima por razón de sexo, pasando de puntillas sobre el hecho de que la descripción del tipo penal en el precepto cuestionado contempla a la “persona especialmente vulnerable” como víctima del delito, y no sólo al género femenino. La juzgadora examinaría los potenciales fundamentos de la norma penal cuestionada, realizando una lectura fragmentada del art. 153.1 CP según la víctima, pues si se trata de una persona especialmente vulnerable constituye un tipo penal distinto y diferenciado, que debería segregarse del resto del precepto por cuanto el fundamento de la censura penal se encuentra en la propia vulnerabilidad del sujeto; mientras que si la víctima es una mujer entonces el fundamento no es la vulnerabilidad sino el sexo. Ese fraccionamiento del texto, segregando las víctimas vulnerables de las mujeres lleva a esa pretendida contraposición de los sexos para ocupar cada uno de ellos los lados activo y pasivo del delito.

A continuación apunta el Abogado del Estado que el derecho que se considera primordialmente afectado, según el Auto de planteamiento, es la igualdad por razón de sexo, dada la diferencia de tratamiento entre varón (art. 153.1 CP) y mujer (art. 153.2 CP) en la agravación de la pena imponible a la comisión de la lesión o maltrato. El primer apartado del precepto reduce el espectro de la pena imponible al situar el mínimo en seis meses en lugar de los tres meses del párrafo segundo. Pues bien, a su juicio, esa pretendida discriminación parte de una premisa rechazable ya que el Auto de planteamiento identifica los sujetos activo y pasivo de la infracción punible por razón de sexo, lo cual resulta de fraccionar el precepto cuestionado sustrayendo de su enunciado a la persona especialmente vulnerable. Sin embargo, tanto el sujeto activo del art. 153.1 CP como la víctima pueden ser tanto el hombre como la mujer.

La redacción del precepto está principalmente inspirada por la protección de la mujer en el seno de la relación conyugal, ámbito en el cual aquélla es el ser más débil como demostraría la realidad cotidiana. Pero la escisión del precepto en dos categorías penales diferenciadas ha impedido ver a la promotora de la cuestión las posibilidades que permite apreciar la conjugación interpretativa de estos términos yuxtapuestos: el sexo femenino y la especial vulnerabilidad. Una interpretación conjunta de esos dos términos permite una interacción recíproca en la medida de cada uno de ellos. Lo que la ley penal persigue evitar es esa actuación discriminatoria frente a las mujeres por el hecho de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión en el círculo íntimo de la relación conyugal. Aunque inspirado en este objetivo, el precepto cuestionado no es reconducible al esquema simplista que propone el Auto, colocando en exclusividad a los sexos en el lado activo y pasivo del delito.

En cuanto a los otros preceptos constitucionales pretendidamente vulnerados por la norma cuestionada, el Abogado del Estado entiende que el Auto no ofrece argumentación específica sobre el art. 24.2 CE, mientras el art. 10 CE aparece aludido por la relación que se establece en el art. 153.1 CP entre la mujer y la persona especialmente vulnerable, que entrañaría un cierto menosprecio, apreciación que debe rechazarse.

Con base en las alegaciones expuestas, el Abogado del Estado interesa la inadmisión, y en su defecto, la desestimación de la cuestión promovida.

9. Con fecha 1 de marzo de 2006 el Fiscal General del Estado presentó un escrito en el que da por reproducidas las alegaciones vertidas en su anterior escrito de 24 de octubre de 2005, interesando que se dicte Sentencia en la que se declare que la norma cuestionada no incurre en ninguna vulneración de los arts. 10, 14 y 24.2 CE.

10. Por providencia de 14 de mayo de 2008 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. El Juzgado de lo Penal núm. 4 de Murcia cuestiona en este proceso la constitucionalidad del art. 153.1 del Código Penal, en la redacción dada al mismo por el art. 37 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciemb Sigue leyendo

El divorcio

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EL DIVORCIO
American Academy of Child and Adolescent

Fuente: Apadeshi
Los padres que se están divorciando se preocupan a menudo acerca del efecto que el divorcio tendrá en sus hijos. Los padres se preocupan principalmente por sus propios problemas, pero a la vez están conscientes de que son las personas más importantes en la vida de sus hijos.

Los padres se pueden sentir o desconsolados o contentos por su divorcio, pero invariablemente los niños se sienten asustados y confundidos por la amenaza a su seguridad personal. Algunos padres se sienten tan heridos y abrumados por el divorcio que buscan la ayuda y el consuelo de sus hijos. Los hijos no pueden entender el divorcio y los padres deben explicarles lo que está pasando, cómo se afectan y cuál será su suerte.

Los niños pueden creer que son la causa del conflicto entre sus padres. Muchos niños tratan de hacerse responsables de reconciliar a sus padres y muchas veces se sacrifican a sí mismos en el proceso. La pérdida traumática de uno o de ambos padres debido al divorcio puede hacerlos vulnerables a enfermedades físicas y mentales.

Los padres deben percatarse de las señales de estrés persistentes en sus hijos. Estas señales pueden incluir la falta de interés en la escuela, por los amigos o aún al entretenerse. Otros indicios son el dormir muy poco o demasiado y el ser rebeldes y argumentativos con los familiares.

Los niños han de saber que su mamá y su papá seguirán siendo sus padres aún si el matrimonio se termina y los padres no viven juntos. Las disputas prolongadas acerca de la custodia de los hijos o el presionar a los niños para que se pongan de parte del papá o de la mamá le pueden hacer mucho daño a los hijos y puede acrecentar el daño que les hace el divorcio.

La continuación de la obligación de los padres por el bienestar de los hijos es vital. Si el niño parece tener indicios de estrés, los padres deben consultar con su médico de familia o pediatra para que lo refiera a un psiquiatra de niños y adolescentes. El psiquiatra podrá evaluar y darle tratamiento al niño para aliviar las causas del estrés. Además, el psiquiatra podrá aconsejar a los padres ayudándolos a minimizar los problemas que causa el divorcio en la familia.

LA SEPARACION Y EL DIVORCIO,
CUANDO NO HAY MAS REMEDIO

Para los psicólogos, la separación y el divorcio son alternativas por las cuales puede pasar la pareja en un momento dado de su vida. Lamentablemente, existen circunstancias que, en ocasiones, escapan al control emocional y racional de los cónyuges y la separación y/o el divorcio, se convierten en herramientas que pueden evitar un mal mayor.

Fomentamos la familia y procuramos resolver los problemas de pareja que puedan conducir a una separación, sin embargo, existen sin duda circunstancias que obligan al terapeuta familiar a considerar, en ocasiones, estas posibilidades.

Las dimensiones del problema a nivel psicológico

En los Estados Unidos, uno de cada dos matrimonios se divorcian. En Inglaterra y Francia, uno de cada tres. Ejemplos que son significativos de cómo el divorcio avanza en los países desarrollados. Más del 40% de los niños de estos países, vivirán con sus padres durante su primera etapa de la niñez y -luego de un divorcio- con uno de sus padres y su nueva pareja, en la segunda etapa de su vida.

La intensidad de las emociones, el dolor, las ofensas, el rencor y otros sentimientos provocan un daño profundo en la pareja difícil de recuperar. Por otro lado, la victimización de los hijos atrapados en la “batalla conyugal”, produce deterioros psicológicos irreparables en la psiquis de los menores.

En el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Michigan se encontró que los hijos de divorciados eran tratados en una proporción de dos a uno con la población general. Estos niños sufrían, en la mayoría de los casos, síntomas asociados a la falta de control en la agresión. En los más pequeños, la agresividad era contra los padres separados y los hermanos. En los mayores, ya adolescentes, el problema tomaba forma de actos antisociales y de delincuencia, así como alcoholismo y adicción a las drogas.

En los casos de las hijas de divorciadas adolescentes se encontró frecuencia de promiscuidad sexual, en mayor proporción que las hijas de matrimonios no divorciados.

Otros autores han enfatizado la importancia de la depresión en el cuadro clínico de los niños de padres divorciados. En una investigación, también en los Estados Unidos, entre niños tratados como pacientes psiquiátricos ambulatorios de depresión media y severa, un alto porcentaje de la muestra era de niños de padres divorciados.

En un estudio de seguimiento de una muestra nacional de 5.362 niños nacidos en la misma semana de 1946 en Inglaterra, se encontró que el 36.5% de los hombres cuyas familias se habían visto afectadas por un divorcio o separación antes de los cinco años, sufrían algún tipo de psicopatología o falta de ajuste social y fueron hospitalizados antes de los 26 años por enfermedades psiquiátricas de tipo afectivo o por úlceras gástricas, colitis o se hicieron delincuentes hacia los 21 años, comparados con el 17.9% de los hombres provenientes de familias no divorciadas. En este mismo estudio de Wadsworth, Pekham y Taylor (1985), también se encontró que el 26.3% de las mujeres cuyas familias se rompieron antes de los 5 años, fueron hospitalizadas por enfermedades psiquiátricas o por úlceras gástricas, colitis o se hicieron delincuentes hacia los 21 años o se separaron o divorciaron antes de los 26 o tuvieron hijos ilegítimos, comparadas con el 9.6% de las familias que no sufrieron divorcio.

El 29% de los hombres cuyas familias se rompieron antes de que cumplieran 16 años, sufrieron antes de los 26 años, problemas psicopatológicos o de inadaptación social o se divorciaron o separaron antes de los 26 años, comparados con el 18% de los hombres de familias intactas.

El 21% de las mujeres cuyos padres se divorciaron antes de los 16 años, hacia los 26 sufrieron lo mismo que los hombres o tuvieron hijos ilegítimos, comparadas con el 10.1% de las mujeres de familias no divorciadas.

También en este interesante estudio longitudinal se demuestra que los hombres de familia de clase social trabajadora, hijos de padres divorciados, a la edad de 26 años, ganaban de forma significativa menos ingresos si se los comparaba con los hombres de familia no divorciados.

Igualmente encontraron que los hijos de ambos sexos, de padres separados, tenían una vida académica significativamente menor que sus pares de familias no divorciadas.

Es de hacer notar que los hijos de padres fallecidos tenían poca repercusión en la diferencia en los logros académicos de hijos de padres no divorciados, lo que demuestra que el divorcio impacta aún más psicológicamente que la muerte que los seres queridos.

Los hallazgos indican que la separación y divorcio de los padres, tienen un considerable perjuicio sobre la vida de los hijos que se expresa en patologías psicológicas, inadaptación social, menores logros educativos en ambos sexos y menores logros económicos en hombres.

Ahora bien, lo que tendríamos que preguntarnos es si el daño lo provoca la ausencia de uno de los padres o el propio trauma del divorcio. Si observamos que el daño en los hijos de padres fallecidos no es igual al de los hijos de padres divorciados, podríamos concluir que más que la falta de uno de los padres es posiblemente los elementos que componen la crisis del divorcio lo que traumaría irreversiblemente a los hijos.

La mayoría de los divorcios están precedidos por meses o años de disputas, ofensas, desamor, peleas, desilusiones y frustraciones.

En un primer lugar, las parejas comienzan con provocaciones mutuas, con trato y vocabulario hostil y episodios de gritos y de abuso físico verbal.

Allí los niños quedan amedrentados por las escenas, sin saber qué hacer y se sienten desorientados, impotentes y tristes por la falta de control de sus padres. Además los padres tienden a pedirles solidaridad a los hijos -cada uno por su lado- generándoles graves conflictos de decisión.

Posteriormente, si la pareja no logra manejar los conflictos y comienzan un proceso de divorcio, inician un período de enfrentamiento por distintas razones, sean por rencor, rabia o por la división del patrimonio conyugal. En esta fase se intensifica la hostilidad, el deseo de daño de uno al otro. Surge el odio, la amargura y a veces hasta el deseo de venganza.

En esta etapa, la mayoría de las parejas piensa que quitándole los hijos el uno al otro ganan la pelea, sin darse cuenta que le están haciendo un gran mal a la psiquis de los muchachos.

De manera que, cuando la pareja se plantea un divorcio y no hay más remedio, hay que tomar en cuenta todo lo expresado y procurar el mayor esfuerzo en que no se generen tantos problemas. Aunque parezca difícil, el divorcio o la separación debe ser acordada hasta donde se pueda y negociada. El terapeuta familiar en este momento puede jugar un gran papel, al ser el referee psicológico para juzgar lo que el juez legal no puede resolver.

La separación

El Estado defiende la institución familiar y por ello no es fácil divorciarse, tanto como sí lo es casarse. Por esta razón se instituyó el status de separación, como fase intermedia entre el matrimonio y el divorcio. El legislador buscaba que esta etapa funcione como un período de reflexión y de reconciliación entre los miembros de la pareja afectada.

La experiencia nos demuestra que una separación acordada con asistencia psicológica, en buena proporción, permite el reencuentro de la familia y en el peor de los casos, si se llega al divorcio, los hijos sean menos afectados.

La separación, por ello, es importante porque es un período de adaptación a la nueva vida, porque se avanza a una relación de pareja mejor -aunque sea la misma pareja- y permite, sobretodo, que los hijos se adapten a la nueva realidad.

Las causas

Problemas que pueden deteriorar el amor de una pareja: El advenimiento del primer embarazo, cuando es producto de una gestación no deseada, la insatisfacción sexual, la falta de comunicación o la comunicación negativa, el tránsito del amor pasional al amor maduro, la distribución de las tareas del hogar, la intervención de la familia de ambos cónyuges en su vida, la infidelidad y los celos, el problema de los “amigos de él” y los “almuerzos de ella” y los problemas económicos.

De acuerdo a alguna leyes mundiales, son causales de divorcio el adulterio, el abandono voluntario, los excesos, injurias graves que hagan imposible la vida en común, el conato de uno de los cónyuges para corromper o prostituir al otro o a sus hijos, así como la connivencia en su corrupción o prostitución, la condenación a presidio, la adicción alcohólica u otras formas graves de farmacodependencia, la interdicción por causa de perturbaciones psiquiátricas graves. Igualmente la Ley prevé que se podrá declarar el divorcio luego de declarada la separación de cuerpos y haya transcurrido un año, o cuando los cónyuges hayan permanecido separados, de hecho, por más de cinco años.

Desde un punto de vista humano, podemos señalar como causales de divorcio distintas razones de índole personal, social, moral, religiosa, económica o estrictamente psicológicas. La experiencia demuestra que una de las primeras causales de divorcio que se plantea en la práctica de la Psicología Clínica, es que la pareja no se conocía bien antes de casarse. En muchas oportunidades el novio y la novia, durante la etapa prematrimonial, tratan de hacerle ver a la otra parte que ellos son como se supone que quiere la pareja que sea; y no se muestran como en realidad son. En los noviazgos cortos, las parejas no tienen tiempo real de conocerse y cuando se casan pueden encontrarse que lo han hecho con una pareja que dista mucho de ser el ideal que tenían como lo que debería ser su cónyuge. Esta causa, que es fundamental desde nuestro punto de vista, conlleva al segundo motivo de consulta, como lo es la presencia del “otro” o la “otra”.

La mayoría de los problemas en la pareja recién casada, se fundamentan en la falta de conocimiento de ellos mismos.

En menor grado aparecen otra razones, tales como problemas de cambio de personalidad, trastornos psíquicos, problemas de alcoholismo, de drogas, desavenencias en la educación y otros.

¿Y con los hijos qué?

El principal problema que tienen los hijos cuando surge la separación o el divorcio, es que los padres incurren en una serie de conductas erróneas para con ellos. Los padres no deben utilizarlos como “espías” para que les informen qué está haciendo el otro cónyuge, o como “corre ve y dile” o “mensajeros” para comunicarse entre ellos. Los padres no deben presentar reacciones agresivas contra sus hijos para vengarse de la pareja. No deben amenazar a la pareja en el sentido de que si se divorcian le harían un daño tremendo a los hijos para tratar de evitar la separación. Luego, al producirse el divorcio, los padres no deben quedar resentidos con sus hijos. Luego del divorcio, no deben existir conductas inapropiadas contra los hijos, tales como el abandono afectivo por parte del padre que no tiene la custodia o sobreprotección por parte de quien la tiene. No se le debe presentar al hijo una nueva pareja antes que él esté en capacidad de asimilar ese impacto. Todos estos comportamientos provocan conductas profundamente obstaculizadas en la evolución psicológica de los niños. Investigaciones revelan que los hijos de padres divorciados presentan menor autoestima que los de matrimonios constituidos. El divorcio es el más grande stress que un niño pueda soportar como hemos visto. Los niños perciben la muerte de un padre de manera más natural que un divorcio. Los hijos de divorciados necesitan más tratamiento psicológico que los de los no divorciados. Las consecuencias de una conducta inadecuada de los padres cuando se divorcian puede ocasionar ansiedad, miedo, inseguridad, sentimientos ambivalentes y diferentes trastornos de conducta. De manera que si una pareja se encuentra en proceso de divorcio, debe tener en cuenta:

1º El problema es con su pareja, nunca con sus hijos.

2º La única forma en que sus hijos no sufran durante la separación o divorcio es que los padres estén plenamente conscientes de que deben explicarles claramente la situación a ellos y decirles que, independientemente de la decisión que tomen, ambos cónyuges seguirán queriéndolos y ayudándolos.

3º Si no hay más remedio que el divorcio, siempre será preferible una separación amistosa que una conflictiva, por el bienestar y seguridad de los hijos y de la propia pareja.

4º Hay que hacer un gran esfuerzo para superar el rencor y la rabia, pero es indispensable por el bien de todos.
EL DIVORCIO
American Academy of Child and Adolescent

Los padres que se están divorciando se preocupan a menudo acerca del efecto que el divorcio tendrá en sus hijos. Los padres se preocupan principalmente por sus propios problemas, pero a la vez están conscientes de que son las personas más importantes en la vida de sus hijos.

Los padres se pueden sentir o desconsolados o contentos por su divorcio, pero invariablemente los niños se sienten asustados y confundidos por la amenaza a su seguridad personal. Algunos padres se sienten tan heridos y abrumados por el divorcio que buscan la ayuda y el consuelo de sus hijos. Los hijos no pueden entender el divorcio y los padres deben explicarles lo que está pasando, cómo se afectan y cuál será su suerte.

Los niños pueden creer que son la causa del conflicto entre sus padres. Muchos niños tratan de hacerse responsables de reconciliar a sus padres y muchas veces se sacrifican a sí mismos en el proceso. La pérdida traumática de uno o de ambos padres debido al divorcio puede hacerlos vulnerables a enfermedades físicas y mentales.

Los padres deben percatarse de las señales de estrés persistentes en sus hijos. Estas señales pueden incluir la falta de interés en la escuela, por los amigos o aún al entretenerse. Otros indicios son el dormir muy poco o demasiado y el ser rebeldes y argumentativos con los familiares.

Los niños han de saber que su mamá y su papá seguirán siendo sus padres aún si el matrimonio se termina y los padres no viven juntos. Las disputas prolongadas acerca de la custodia de los hijos o el presionar a los niños para que se pongan de parte del papá o de la mamá le pueden hacer mucho daño a los hijos y puede acrecentar el daño que les hace el divorcio.

La continuación de la obligación de los padres por el bienestar de los hijos es vital. Si el niño parece tener indicios de estrés, los padres deben consultar con su médico de familia o pediatra para que lo refiera a un psiquiatra de niños y adolescentes. El psiquiatra podrá evaluar y darle tratamiento al niño para aliviar las causas del estrés. Además, el psiquiatra podrá aconsejar a los padres ayudándolos a minimizar los problemas que causa el divorcio en la familia.

LA SEPARACION Y EL DIVORCIO,
CUANDO NO HAY MAS REMEDIO

Para los psicólogos, la separación y el divorcio son alternativas por las cuales puede pasar la pareja en un momento dado de su vida. Lamentablemente, existen circunstancias que, en ocasiones, escapan al control emocional y racional de los cónyuges y la separación y/o el divorcio, se convierten en herramientas que pueden evitar un mal mayor.

Fomentamos la familia y procuramos resolver los problemas de pareja que puedan conducir a una separación, sin embargo, existen sin duda circunstancias que obligan al terapeuta familiar a considerar, en ocasiones, estas posibilidades.

Las dimensiones del problema a nivel psicológico

En los Estados Unidos, uno de cada dos matrimonios se divorcian. En Inglaterra y Francia, uno de cada tres. Ejemplos que son significativos de cómo el divorcio avanza en los países desarrollados. Más del 40% de los niños de estos países, vivirán con sus padres durante su primera etapa de la niñez y -luego de un divorcio- con uno de sus padres y su nueva pareja, en la segunda etapa de su vida.

La intensidad de las emociones, el dolor, las ofensas, el rencor y otros sentimientos provocan un daño profundo en la pareja difícil de recuperar. Por otro lado, la victimización de los hijos atrapados en la “batalla conyugal”, produce deterioros psicológicos irreparables en la psiquis de los menores.

En el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Michigan se encontró que los hijos de divorciados eran tratados en una proporción de dos a uno con la población general. Estos niños sufrían, en la mayoría de los casos, síntomas asociados a la falta de control en la agresión. En los más pequeños, la agresividad era contra los padres separados y los hermanos. En los mayores, ya adolescentes, el problema tomaba forma de actos antisociales y de delincuencia, así como alcoholismo y adicción a las drogas.

En los casos de las hijas de divorciadas adolescentes se encontró frecuencia de promiscuidad sexual, en mayor proporción que las hijas de matrimonios no divorciados.

Otros autores han enfatizado la importancia de la depresión en el cuadro clínico de los niños de padres divorciados. En una investigación, también en los Estados Unidos, entre niños tratados como pacientes psiquiátricos ambulatorios de depresión media y severa, un alto porcentaje de la muestra era de niños de padres divorciados.

En un estudio de seguimiento de una muestra nacional de 5.362 niños nacidos en la misma semana de 1946 en Inglaterra, se encontró que el 36.5% de los hombres cuyas familias se habían visto afectadas por un divorcio o separación antes de los cinco años, sufrían algún tipo de psicopatología o falta de ajuste social y fueron hospitalizados antes de los 26 años por enfermedades psiquiátricas de tipo afectivo o por úlceras gástricas, colitis o se hicieron delincuentes hacia los 21 años, comparados con el 17.9% de los hombres provenientes de familias no divorciadas. En este mismo estudio de Wadsworth, Pekham y Taylor (1985), también se encontró que el 26.3% de las mujeres cuyas familias se rompieron antes de los 5 años, fueron hospitalizadas por enfermedades psiquiátricas o por úlceras gástricas, colitis o se hicieron delincuentes hacia los 21 años o se separaron o divorciaron antes de los 26 o tuvieron hijos ilegítimos, comparadas con el 9.6% de las familias que no sufrieron divorcio.

El 29% de los hombres cuyas familias se rompieron antes de que cumplieran 16 años, sufrieron antes de los 26 años, problemas psicopatológicos o de inadaptación social o se divorciaron o separaron antes de los 26 años, comparados con el 18% de los hombres de familias intactas.

El 21% de las mujeres cuyos padres se divorciaron antes de los 16 años, hacia los 26 sufrieron lo mismo que los hombres o tuvieron hijos ilegítimos, comparadas con el 10.1% de las mujeres de familias no divorciadas.

También en este interesante estudio longitudinal se demuestra que los hombres de familia de clase social trabajadora, hijos de padres divorciados, a la edad de 26 años, ganaban de forma significativa menos ingresos si se los comparaba con los hombres de familia no divorciados.

Igualmente encontraron que los hijos de ambos sexos, de padres separados, tenían una vida académica significativamente menor que sus pares de familias no divorciadas.

Es de hacer notar que los hijos de padres fallecidos tenían poca repercusión en la diferencia en los logros académicos de hijos de padres no divorciados, lo que demuestra que el divorcio impacta aún más psicológicamente que la muerte que los seres queridos.

Los hallazgos indican que la separación y divorcio de los padres, tienen un considerable perjuicio sobre la vida de los hijos que se expresa en patologías psicológicas, inadaptación social, menores logros educativos en ambos sexos y menores logros económicos en hombres.

Ahora bien, lo que tendríamos que preguntarnos es si el daño lo provoca la ausencia de uno de los padres o el propio trauma del divorcio. Si observamos que el daño en los hijos de padres fallecidos no es igual al de los hijos de padres divorciados, podríamos concluir que más que la falta de uno de los padres es posiblemente los elementos que componen la crisis del divorcio lo que traumaría irreversiblemente a los hijos.

La mayoría de los divorcios están precedidos por meses o años de disputas, ofensas, desamor, peleas, desilusiones y frustraciones.

En un primer lugar, las parejas comienzan con provocaciones mutuas, con trato y vocabulario hostil y episodios de gritos y de abuso físico verbal.

Allí los niños quedan amedrentados por las escenas, sin saber qué hacer y se sienten desorientados, impotentes y tristes por la falta de control de sus padres. Además los padres tienden a pedirles solidaridad a los hijos -cada uno por su lado- generándoles graves conflictos de decisión.

Posteriormente, si la pareja no logra manejar los conflictos y comienzan un proceso de divorcio, inician un período de enfrentamiento por distintas razones, sean por rencor, rabia o por la división del patrimonio conyugal. En esta fase se intensifica la hostilidad, el deseo de daño de uno al otro. Surge el odio, la amargura y a veces hasta el deseo de venganza.

En esta etapa, la mayoría de las parejas piensa que quitándole los hijos el uno al otro ganan la pelea, sin darse cuenta que le están haciendo un gran mal a la psiquis de los muchachos.

De manera que, cuando la pareja se plantea un divorcio y no hay más remedio, hay que tomar en cuenta todo lo expresado y procurar el mayor esfuerzo en que no se generen tantos problemas. Aunque parezca difícil, el divorcio o la separación debe ser acordada hasta donde se pueda y negociada. El terapeuta familiar en este momento puede jugar un gran papel, al ser el referee psicológico para juzgar lo que el juez legal no puede resolver.

La separación

El Estado defiende la institución familiar y por ello no es fácil divorciarse, tanto como sí lo es casarse. Por esta razón se instituyó el status de separación, como fase intermedia entre el matrimonio y el divorcio. El legislador buscaba que esta etapa funcione como un período de reflexión y de reconciliación entre los miembros de la pareja afectada.

La experiencia nos demuestra que una separación acordada con asistencia psicológica, en buena proporción, permite el reencuentro de la familia y en el peor de los casos, si se llega al divorcio, los hijos sean menos afectados.

La separación, por ello, es importante porque es un período de adaptación a la nueva vida, porque se avanza a una relación de pareja mejor -aunque sea la misma pareja- y permite, sobretodo, que los hijos se adapten a la nueva realidad.

Las causas

Problemas que pueden deteriorar el amor de una pareja: El advenimiento del primer embarazo, cuando es producto de una gestación no deseada, la insatisfacción sexual, la falta de comunicación o la comunicación negativa, el tránsito del amor pasional al amor maduro, la distribución de las tareas del hogar, la intervención de la familia de ambos cónyuges en su vida, la infidelidad y los celos, el problema de los “amigos de él” y los “almuerzos de ella” y los problemas económicos.

De acuerdo a alguna leyes mundiales, son causales de divorcio el adulterio, el abandono voluntario, los excesos, injurias graves que hagan imposible la vida en común, el conato de uno de los cónyuges para corromper o prostituir al otro o a sus hijos, así como la connivencia en su corrupción o prostitución, la condenación a presidio, la adicción alcohólica u otras formas graves de farmacodependencia, la interdicción por causa de perturbaciones psiquiátricas graves. Igualmente la Ley prevé que se podrá declarar el divorcio luego de declarada la separación de cuerpos y haya transcurrido un año, o cuando los cónyuges hayan permanecido separados, de hecho, por más de cinco años.

Desde un punto de vista humano, podemos señalar como causales de divorcio distintas razones de índole personal, social, moral, religiosa, económica o estrictamente psicológicas. La experiencia demuestra que una de las primeras causales de divorcio que se plantea en la práctica de la Psicología Clínica, es que la pareja no se conocía bien antes de casarse. En muchas oportunidades el novio y la novia, durante la etapa prematrimonial, tratan de hacerle ver a la otra parte que ellos son como se supone que quiere la pareja que sea; y no se muestran como en realidad son. En los noviazgos cortos, las parejas no tienen tiempo real de conocerse y cuando se casan pueden encontrarse que lo han hecho con una pareja que dista mucho de ser el ideal que tenían como lo que debería ser su cónyuge. Esta causa, que es fundamental desde nuestro punto de vista, conlleva al segundo motivo de consulta, como lo es la presencia del “otro” o la “otra”.

La mayoría de los problemas en la pareja recién casada, se fundamentan en la falta de conocimiento de ellos mismos.

En menor grado aparecen otra razones, tales como problemas de cambio de personalidad, trastornos psíquicos, problemas de alcoholismo, de drogas, desavenencias en la educación y otros.

¿Y con los hijos qué?

El principal problema que tienen los hijos cuando surge la separación o el divorcio, es que los padres incurren en una serie de conductas erróneas para con ellos. Los padres no deben utilizarlos como “espías” para que les informen qué está haciendo el otro cónyuge, o como “corre ve y dile” o “mensajeros” para comunicarse entre ellos. Los padres no deben presentar reacciones agresivas contra sus hijos para vengarse de la pareja. No deben amenazar a la pareja en el sentido de que si se divorcian le harían un daño tremendo a los hijos para tratar de evitar la separación. Luego, al producirse el divorcio, los padres no deben quedar resentidos con sus hijos. Luego del divorcio, no deben existir conductas inapropiadas contra los hijos, tales como el abandono afectivo por parte del padre que no tiene la custodia o sobreprotección por parte de quien la tiene. No se le debe presentar al hijo una nueva pareja antes que él esté en capacidad de asimilar ese impacto. Todos estos comportamientos provocan conductas profundamente obstaculizadas en la evolución psicológica de los niños. Investigaciones revelan que los hijos de padres divorciados presentan menor autoestima que los de matrimonios constituidos. El divorcio es el más grande stress que un niño pueda soportar como hemos visto. Los niños perciben la muerte de un padre de manera más natural que un divorcio. Los hijos de divorciados necesitan más tratamiento psicológico que los de los no divorciados. Las consecuencias de una conducta inadecuada de los padres cuando se divorcian puede ocasionar ansiedad, miedo, inseguridad, sentimientos ambivalentes y diferentes trastornos de conducta. De manera que si una pareja se encuentra en proceso de divorcio, debe tener en cuenta:

1º El problema es con su pareja, nunca con sus hijos.

2º La única forma en que sus hijos no sufran durante la separación o divorcio es que los padres estén plenamente conscientes de que deben explicarles claramente la situación a ellos y decirles que, independientemente de la decisión que tomen, ambos cónyuges seguirán queriéndolos y ayudándolos.

3º Si no hay más remedio que el divorcio, siempre será preferible una separación amistosa que una conflictiva, por el bienestar y seguridad de los hijos y de la propia pareja.

4º Hay que hacer un gran esfuerzo para superar el rencor y la rabia, pero es indispensable por el bien de todos. Sigue leyendo

Algunas cosas que se debe de saber sobre la Separación/Divorcio

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Basado en “Libro para los chicos de padres separados” R.A.Gadner
Fuente: Apadeshi

Las personas que se sienten desdichadas en su vida de pareja o casamiento tienen que elegir entre estar mal casados o no estar casados.

Aquellos que deciden seguir casados, a menudo siguen peleándose y siendo desdichados. Aquellos que deciden separarse generalmente están tristes y se sienten solos, al menos durante un tiempo.

Como los padres saben que el divorcio va a ser muy doloroso para sus hijos, en general, les cuesta mucho llevarlo a cabo. Pero muchas veces están tan apenados ellos mismos por sus terribles problemas matrimoniales, que sienten que es mejor divorciarse. Ellos no quieren que sus hijos sean infelices, pero también tienen que considerar sus propios sentimientos.

En esta cuestión no se consulta a hijo/s, tienen que hacer lo que los padres deciden.

Lo que los hijos sienten después del divorcio. Algunos se sorprenden, ya que su vida en el hogar está siendo tranquila, y en ocasiones, un hijo puede pasar más tiempo con el padre divorciado que cuando vivía con él.

Sin embargo, otros están muy tristes. Es posible que no quieran comer, tengan dificultades en dormir, pierdan el interés en jugar, bajen el rendimiento escolar y pasen el día sin hacer nada.

Extrañan mucho al padre que no está en el hogar y esperan que sus padres se vuelvan a juntar. Pueden llorar mucho y es posible que se sientan avergonzados por ello. No hay motivo para avergonzarse de llorar, es mejor “sacárselo fuera” y uno se siente mejor.

La mayoría de los hijos a medida que pasa el tiempo se van sintiendo mejor, y se acostumbran a la nueva situación.
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Los Hijos de Padres Separados

[Visto: 2837 veces]

Fuente: Apadeshi

Las consecuencias que sufre el hijo de padres separados estará más relacionado:
– con las desaveniencias familiares previas y asociadas a la separación
– y con el papel que hacen jugar al niño en la separación
más que con la propia separación.
Esto, junto con la edad y la madurez del propio niño condicionarán la forma cómo esta separación influirá en su desarrollo.

Veamos varios apartados:

Posibles reacciones en el niño

Como influye la edad y madurez del niño

Mensajes clave para recordar al niño

Mensajes clave para los padres

POSIBLES REACCIONES DEL NIÑO

– Reacción de ansiedad, e incluso angustia, durante el conflicto y tras la separación de los padres. Suelen sentir miedo.

– Lloran a menudo y esto les tranquiliza. Hay que acompañarles en ese momento, y favorecer esa expresión del dolor que sienten.

– Insisten una y otra vez en el deseo de que los padres vuelvan a estar juntos. Hasta que no aceptan que esto no es posible, se muestran muy tristes e infelices. Acabarán aceptando que esto no es más que una fantasía.

– Algunos se acuerdan del otro progenitor, cuando el que está con ellos les regaña; y desean tanto estar con el otro, que incluso pueden llegar a pensar en escaparse de casa. Llegan a idealizar más al otro progenitor, al ausente, pues sólo recuerda los buenos ratos pasados con éste.

– Probablemente, aparezcan trastornos en el sueño y en la alimentación

COMO INFLUYE LA EDAD Y MADUREZ DEL NIÑO

– Cuanto más pequeño es el niño, dispone de menos mecanismos para elaborar lo que está pasando. En consecuencia ,suelen aparecer manifestaciones de ello a través del cuerpo: molestias abdominales, vómitos, dolores de cabeza,…

– Cuando el niño es algo mayor puede sentirse la causa de dicha separación y, por tanto, sentir gran culpabilidad. Suelen aparecer depresiones con fases más agresivas, repercusiones en el rendimiento escolar, regresiones a edades anteriores (vuelven a surgir comportamientos anteriores, de más pequeños,…),…

– En niños ya más mayores, suele desarrollarse una hipermadurez en parte positiva, pero a la vez peligrosa que pretende sustituir al progenitor ausente.

MENSAJES CLAVES PARA RECORDAR AL NIÑO

– La decisión de separarse es exclusivamente de los padres. Ellos han tomado esta decisión porque creen que es lo mejor para todos los componentes de la familia. Los hijos no han tenido nada que ver en esta decisión.

– Los padres no se han separado porque el niño se haya portado mal, pues otras veces lo ha hecho y no ha ocurrido así.

– Resaltar al niño cuántas personas se preocupan por él (abuelos, amigos, profesores,…) y desean que sea feliz. Por tanto, ha de borrar ese miedo que siente a ser abandonado, a quedarse sólo. Cuenta con el cariño de más personas.

– Seguirá disponiendo de ambos padres, en todos los aspectos que él precise, aunque ya no vivan juntos.

– Siempre que le preocupe algo o se sienta mal, podrá hablar con los padres; ello le hará sentirse mejor.

– Aunque los padres se hayan separado, el niño puede igualmente amar y ser amado; no tiene por qué repetirse esa situación siempre.

– Los padres demuestran su amor de muy diversas maneras. Pero puedes sentir que tus padres te siguen queriendo si intentan estar contigo todo el tiempo que pueden, si te ayudan cuando lo necesitas y si te escuchan.

MENSAJES CLAVES PARA LOS PADRES

– No caer en la sobreprotección del hijo por pena; se le ha de seguir tratando como a un niño “normal” de su edad. Si no “no le ayudaremos a crecer”, acabará comportándose de forma inmadura y más infantil de lo que le corresponde.

– Todas las personas tienen virtudes y defectos; también los padres. Hablar con el niño del otro progenitor con argumentos reales, sin caer en la ficción.

– Es preferible que, los días de encuentro, no se llenen excesivamente con actividades, pues si se ocupa el tiempo en hacer demasiadas cosas, no hay tiempo para charlar, comunicarse,…

– Los puntos más conflictivos de los padres tras la separación suelen ser: los hijos, el dinero y las nuevas relaciones. Intente ser objetivo y no intentar poner al hijo de su parte. Hay que intentar solucionar estas cuestiones, sin involucrar a los hijos.

– Es preferible para los niños, que vuelva a constituirse una familia compuesta por hombre y mujer, aunque uno de ellos no sea el verdadero progenitor; ello reparará los vínculos dañados, aunque requerirá tiempo la aceptación de esa nueva situación por parte de todos.

Las consecuencias que sufre el hijo de padres separados estará más relacionado:
– con las desaveniencias familiares previas y asociadas a la separación
– y con el papel que hacen jugar al niño en la separación
más que con la propia separación.
Esto, junto con la edad y la madurez del propio niño condicionarán la forma cómo esta separación influirá en su desarrollo.

Veamos varios apartados:

Posibles reacciones en el niño

Como influye la edad y madurez del niño

Mensajes clave para recordar al niño

Mensajes clave para los padres

POSIBLES REACCIONES DEL NIÑO

– Reacción de ansiedad, e incluso angustia, durante el conflicto y tras la separación de los padres. Suelen sentir miedo.

– Lloran a menudo y esto les tranquiliza. Hay que acompañarles en ese momento, y favorecer esa expresión del dolor que sienten.

– Insisten una y otra vez en el deseo de que los padres vuelvan a estar juntos. Hasta que no aceptan que esto no es posible, se muestran muy tristes e infelices. Acabarán aceptando que esto no es más que una fantasía.

– Algunos se acuerdan del otro progenitor, cuando el que está con ellos les regaña; y desean tanto estar con el otro, que incluso pueden llegar a pensar en escaparse de casa. Llegan a idealizar más al otro progenitor, al ausente, pues sólo recuerda los buenos ratos pasados con éste.

– Probablemente, aparezcan trastornos en el sueño y en la alimentación

COMO INFLUYE LA EDAD Y MADUREZ DEL NIÑO

– Cuanto más pequeño es el niño, dispone de menos mecanismos para elaborar lo que está pasando. En consecuencia ,suelen aparecer manifestaciones de ello a través del cuerpo: molestias abdominales, vómitos, dolores de cabeza,…

– Cuando el niño es algo mayor puede sentirse la causa de dicha separación y, por tanto, sentir gran culpabilidad. Suelen aparecer depresiones con fases más agresivas, repercusiones en el rendimiento escolar, regresiones a edades anteriores (vuelven a surgir comportamientos anteriores, de más pequeños,…),…

– En niños ya más mayores, suele desarrollarse una hipermadurez en parte positiva, pero a la vez peligrosa que pretende sustituir al progenitor ausente.

MENSAJES CLAVES PARA RECORDAR AL NIÑO

– La decisión de separarse es exclusivamente de los padres. Ellos han tomado esta decisión porque creen que es lo mejor para todos los componentes de la familia. Los hijos no han tenido nada que ver en esta decisión.

– Los padres no se han separado porque el niño se haya portado mal, pues otras veces lo ha hecho y no ha ocurrido así.

– Resaltar al niño cuántas personas se preocupan por él (abuelos, amigos, profesores,…) y desean que sea feliz. Por tanto, ha de borrar ese miedo que siente a ser abandonado, a quedarse sólo. Cuenta con el cariño de más personas.

– Seguirá disponiendo de ambos padres, en todos los aspectos que él precise, aunque ya no vivan juntos.

– Siempre que le preocupe algo o se sienta mal, podrá hablar con los padres; ello le hará sentirse mejor.

– Aunque los padres se hayan separado, el niño puede igualmente amar y ser amado; no tiene por qué repetirse esa situación siempre.

– Los padres demuestran su amor de muy diversas maneras. Pero puedes sentir que tus padres te siguen queriendo si intentan estar contigo todo el tiempo que pueden, si te ayudan cuando lo necesitas y si te escuchan.

MENSAJES CLAVES PARA LOS PADRES

– No caer en la sobreprotección del hijo por pena; se le ha de seguir tratando como a un niño “normal” de su edad. Si no “no le ayudaremos a crecer”, acabará comportándose de forma inmadura y más infantil de lo que le corresponde.

– Todas las personas tienen virtudes y defectos; también los padres. Hablar con el niño del otro progenitor con argumentos reales, sin caer en la ficción.

– Es preferible que, los días de encuentro, no se llenen excesivamente con actividades, pues si se ocupa el tiempo en hacer demasiadas cosas, no hay tiempo para charlar, comunicarse,…

– Los puntos más conflictivos de los padres tras la separación suelen ser: los hijos, el dinero y las nuevas relaciones. Intente ser objetivo y no intentar poner al hijo de su parte. Hay que intentar solucionar estas cuestiones, sin involucrar a los hijos.

– Es preferible para los niños, que vuelva a constituirse una familia compuesta por hombre y mujer, aunque uno de ellos no sea el verdadero progenitor; ello reparará los vínculos dañados, aunque requerirá tiempo la aceptación de esa nueva situación por parte de todos.
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A quien echarle la Culpa (cuando se separan los padres, los hijos se sienten responsables)

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A quien echarle la Culpa
* Basado en “Libro para los chicos de padres separados” R.A.Gadner

Fuente: Apadeshi

Los padres, a veces, se echan la culpa el uno al otro por el divorcio, o pueden culpar a los hijos, y en ocasiones cada miembro de la familia se culpa a sí mismo.

Tus padres no se separaron porque eras malo. Se separan porque no se llevan bien entre ellos y ya no quieren seguir viviendo juntos, y no porque sus hijos son malos.

Algunos chicos creen que el divorcio de los padres es porque fueron malos, se portaron mal, hicieron cosas indebidas, y esto nunca es así. Si esto le ocurre al hijo, debe preguntar a los padres si se divorcian porque se portó mal, y seguramente van a decir que no tuvo nada que ver.

Estos hijos, que se creen culpables, se muestran tristes y pasan el tiempo en pensar cómo ser bueno para que sus padres se vuelvan a juntar. En general, dejan de estar con los amigos y bajan el rendimiento escolar.

En estos casos de debe tratar que los hijos acepten la situación de la separación, y que hagan lo que hagan no pueden controlar que sus padres se vuelvan a juntar. Una vez aceptado se debe compensar su soledad compensándola haciendo cosas con sus amigos y compañeros del colegio.

El padre o madre que tiene la culpa. Frecuentemente los padres se culpan mutuamente por las dificultades del matrimonio. Cada uno dice que el otro tiene toda la culpa o la mayor parte de la culpa. En general, esto no es verdad. Ambos padres han producido las dificultades por equivocaciones o por cosas que no pudieron evitar. Los padres, como muchas personas, se sienten mejor cuando pueden culpar a otros por cosas que se avergüenzan haber hecho.

Echar culpas es una pérdida de tiempo, y aunque los hijos echen la culpa a uno de los padres tampoco va a cambiar nada. Lo mejor es dejar de culpar por cosas que ocurrieron en el pasado y se comience a hacer cosas que harán un futuro más feliz
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El amor de un padre hacia un hijo/a (Guía Util para hijos/as de Padres separados)

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Guía Util para hijos/as de Padres y Madres separados * Basado en “Libro para los chicos de padres separados” R.A.Gadner

Es muy difícil para un hijo saber si sus padres lo quieren mucho, poco o nada. La mayoría de los padres quieren mucho a sus hijos.

Para un chico de padres divorciados descubrir cuánto lo quiere un padre aún es más difícil. Cuando un padre deja a su familia, sus hijos a menudo piensan que se fue porque no los quería. Pero, por lo general, se fue porque él y su mujer no quieren seguir viviendo juntos o por lo menos alguno de los dos.

Cómo darte cuenta que tu padre/madre te quiere. Hay muchas maneras, algunas de ellas puede ser las siguientes:

. Enterarte con qué frecuencia quiere estar contigo, es decir, cuánto trata de estar contigo, y a pesar que tenga también otras obligaciones, no seas lo último.

. Cuánto esfuerzo hace para ayudarte cuado tienes dificultades, o cuánta preocupación, pena muestra cuando estás enfermo/a.

. Cuánto se alegra por las cosas que aprendes a hacer.

. Si está orgulloso/a de ti.

. Saber si disfruta haciendo cosas contigo. No es importante lo que haga, sino si son cosas agradables para los dos.

. Fijarte si a tu padre/madre le gusta agarrarte, tocarte, ser cariñoso/a contigo. Aunque en la medida que el hijo/a vaya creciendo lo hará menos.

El amor es muy complicado, y tiene muchos aspectos aquí no mencionados, y a veces es difícil de comprender, por lo que es mejor hablar con tu padre/madre de cosas que no comprendiste o que comprendiste mal.

Lo que se puede hacer si uno de tus padres no te quiere. Después de leer todo lo anterior, te vas dando cuenta que uno de tus padres no te quiere mucho.

Ante todo, eso no significa que no valgas nada o que nunca nadie te va a querer. Si un padre/madre no quiere a su hijo/a, esto quiere decir que algo anda muy mal en él/ella, que le hace incapaz de querer a su propio hijo/a.

Es muy triste para un chico/a darse cuenta que no es querido por uno de los padres. Se siente engañado y desearía ser como los otros que sí los quieren los dos. Pero andar así no sirve para nada, a que solo contribuye a seguir más triste.

¿Qué se puede hacer?. Es difícil cambiar a un padre/madre así, “no pidas peras al olmo”, es decir, no pidas algo que no te lo pueden o quieren dar. Lo mejor es no buscar más el amor de ese padre, y buscar el amor y la amistad de otras personas que sí te lo darán.

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¿qué es el Síndrome de Alejamiento Parental? (Cuando el padre es alejado de sus hijos por la madre)

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¿qué es el Síndrome de Alejamiento Parental? Lic. Delia Susana Pedrosa de Alvarez

Fuente: Apadeshi

Pero primero, ¿qué es el Síndrome de Alejamiento Parental? La Asociación Americana de Psicólogos Forenses ha dedicado muchos artículos a su estudio porque es una enfermedad casi “jurídica”. En un artículo publicado por esa entidad científica muy recientemente en el año 2001, dice:

“… Se refiere a un trastorno cuya principal manifestación es la campaña injustificada de denigración del niño hacia el padre, o el rechazo al mismo, debido a la influencia del otro combinada con la propia contribución del niño. Notar los tres esenciales elementos de esta definición: 1) rechazo o denigración hacia un padre que llega al nivel de una campaña , es persistente, no es solamente un episodio ocasional; 2) el rechazo está injustificado, el alejamiento no es una respuesta que pueda ser razonable a los comportamientos del padre rechazado. y 3) es en parte el resultado de la influencia del otro padre. Pero si alguno de estos tres elementos estuviera ausente, el término Síndrome de Alejamiento Parental no puede ser utilizado….” (AMERICAN JUORNAL OF FORENSIC PSYCHOLOGY ,VOLUME 19, ISSUE 23, 2001/31.)

Vamos a encuadrar las principales críticas que conocemos al Síndrome, destacando que en su mayor parte se deben al desconocimiento sobre el tema, ya que recién este año editorial Paidós publica el primer libro dedicado a la materia . Las numerosísimas referencias y publicaciones sobre el tema en revistas científicas y legales, son en idioma inglés , como así toda la Obra de Richard Gardner , fallecido en el 2003. Hay que destacar , sin embargo, que muchos otros psicólogos han conceptualizado la misma dinámica dándole otras denominaciones , pero no han tenido la aceptación en los medios legales que ha tenido la obra de Gardner, aún después de su muerte.

Veamos las principales críticas:

1) No es una entidad reconocida por la Comunidad Científica Internacional.

Esto es falso, el Síndrome está ampliamente citado en muchas publicaciones científicas, es más- muchos otros investigadores aluden al mismo fenómeno conceptualizndolo de diversas maneras. Desde la psicología familiar clásica , recibe otro nombre por ejemplo, “alianzas patológicas” .

La Psicología Sistémica atendió siempre los lazos patológicos de un progenitor con los hijos en contra del otro , las que suelen ocurrir aún dentro de los grupos familiares no divorciados y que predicen el desarrollo de un síndrome de alejamiento parental luego del divorcio.

La literatura de los hijos del divorcio también es clásica , desde los estudios de Wallesrstein que mostró a los niños “sobrecargados” por tener que lidiar con el conflicto de sus padres a expensas de sus propias necesidades afectivas. Otros autores son Kelly y Johnston , Lund y la lista es muy larga y excede este encuentro, hablan de alianzas patológicas o de lealtades de los niños con un padre o sus hermanos en contra de un progenitor.

Con la misma tesitura, un psicólogo tampoco podría diagnosticar una disfunción familiar bastante frecuente , por ejemplo, una alianza patológica entre algunos miembros de la familia en contra de otros porque tampoco está en el DSMIV. Este tipo de fenómenos pertenecen a los trastornos familiares más comúnmente observados por los terapeutas de familia.

Bowlby en su estudio sobre niños que sufrían la pérdida por meses de sus padres por causas ajenas a su voluntad, notó un patrón característico. En un primer momento, el niño clamaba por su madre o por su padre, llamó esa reacción “apego ansioso”, pero en un segundo momento su reacción en el encuentro era de ira. Se dio cuenta que la reacción instintiva siguiente al alejamiento prolongado en los niños era una profunda ira frente a lo que sienten un abandono porque no comprenden la situación, aún cuando están informados que sus padres no están ausentes por voluntad propia. Llamó a esta reacción “apego por la ira”.

Este es el componente emocional , la contribución propia del niño en el rechazo del que habla la bibliografía que posibilita el proceso de inducción materno: el dolor del hijo por lo que siente es el abandono de su padre. En este dolor por la “afrenta” y la angustia del abandono se unirán madre e hija en contra del padre. Por supuesto, una hija no informada de la situación real.

Entonces, la crítica en parte es verdad en algo, a los ojos de los niños los padres alejados de sus hijos “algo han hecho” y sus hijos los culpan por eso: no están.

Por esto, es tan importante lograr lo más rápido posible un régimen de visitas , un contacto con los hijos, cuando esto no es posible, muchas veces por las dilaciones judiciales, estar presente mediante llamados telefónicos, terceras personas, presentes, visitas al colegio, o cualquier forma de llegada .

3: ” Es un síndrome en contra de las madres”

Durante la celebración el 18 y 19 de octubre de 2002 de la Conferencia de Frankfurt sobre el SAP había un acuerdo general de que el SAP es un problema cada vez más extendido en todos los países.

A principios de los años 80 había más madres alienadoras que padres, había algunos padres pero no tenían tanto éxito. Esto podía deberse al hecho de que los niños estaban generalmente más unidos a las madres como cuidadoras principales, por eso se solía aconsejar dar la custodia a la madre, incluso aunque ella hubiera podido ser agente del SAP. Poco a poco esa proporción ha ido variando y ahora se considera que está en un 50%. Cuanto más tiempo pasa un progenitor programador con sus hijos más tiempo tiene de programarles, si esa es su intención

4. No tiene casuística

Esta es la afirmación que demuestra el total desconocimiento de la bibliografía de parte de los detractores. El Síndrome de Alejamiento Parental, es sobre todo, una patología del ejercicio abusivo de la tenencia, casi diría una patología judicial. Los casos se han documentado porque se derivaron de las diferentes cortes americanas.

La ASOCIACION AMERICANA DE PSICOLOGOS FORENSES publica en el 2001 creo que uno de los artículos póstumos de Gardner con sus casuística de 99 casos derivados de casos judiciales , los cuales están debidamente documentados por ser casos legales ( Ver Should Courts ordrer PAS children to visite /reside with the alienated parent? A follow -up study Richard Gardner AMERICAN JOURNAL OF FORENSIC PSYCHOLOGY ,VOLUME 19,ISSUE 2, 2001/61,).

El estudio de Kopetski de 84 casos, Dunn 16 son también casos documentados derivados de Cortes americanas. El estudio de 700 casos de la American Bar Association Section on Family Law también aportan validación sobre la programación parental y la dinámica del Síndrome.

La casuística también son las sentencias judiciales en los que se lo menciona , yo voy a tomar una que me pareció muy interesante , porque es reciente y además es del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

En el medio, hay centenares de sentencias en todo el mundo que han tomado el síndrome y que constan en la página www.Gardner.com

SENTENCIA del Tribunal Europeo de Derechos Humanos BASADA EN EL SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL

Lo que sigue a continuación es una Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos favorable a un padre al que se le había denegado el “régimen de visitas” sobre la base de las declaraciones de su hijo de cinco años, víctima del Síndrome de Alienación Parental.

En diciembre de 1986 nace N., cuyos padres conviven juntos sin estar casados. En junio de 1988, los padres se separan y la madre se muda. A partir de julio de 1991, la madre impide el vínculo . El padre gestiona infructuosamente todo tipo de tramitasiones, que las sucesivas instancias de los tribunales alemanes le deniegan. Por último, recurre al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, en esta sentencia, dictada en julio de 2000, le da la razón e impone al Estado alemán el pago de una indemnización. Para entonces han pasado diez años desde que dejó de ver a su hijo.

Las partes en donde se observa el proceso de alineación parental se detallan a continuación . La base de la estrategia fue alegar el Síndrome de Alienación parental como motivo del rechazo que a su vez motivó la denegación del Régimen de Visitas y plantear la negligencia del Estado Alemán en cuanto no dio lugar a una pericial que hubiera permitido establecer la relación de alienación parental que había establecido la madre con el niño en contra del progenitor : Es interesante mostrar como se usa al niño como arma, en contra del padre ya que se lo instruye para que sea el mismo una arma judicial para negarle el Régimen de Visitas y como el propio sistema judicial se basa en los dichos del niño sin advertir que es víctima de una enfermedad y que en esas condiciones está en medio de una relación abusiva por parte de su madre, por eso nosotros la denominamos ” abuso de la tenencia ” , tomando un término que desde hace veinte años enseñó el Profesor Mariano Castex en su Cátedra de Psicología Forense, en la Universidad de Psicología de Buenos Aires.

La sentencia muestra, además el total reconocimiento de los mecanismos de programación o persuasión coercitivas propios del síndrome, o en términos más vulgares, como un padre que ejerce la tenencia puede “lavar el cerebro “de una niño cuando éste no ve desde hace mucho tiempo a su padre y esto desde un Organismo Internacional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos .

Destaco el uso de la palabra “inculcación ” que se usa en el documento, en cuanto es un término propio del Sr. José Bouza utilizado para describir el proceso de adoctrinamiento y que es retomado en la sentencia.

El Comentario completo está en: http://www.grupowebdeabogados.com.ar/articulos.php?art

“CONSEJO DE EUROPA

TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

Caso de Esholz contra Alemania

(Demanda nº 25735/94)

SENTENCIA

ESTRASBURBO

13 de julio de 2000

3. El demandante alegó que la denegación de acceso a su hijo, nacido fuera del matrimonio, constituía una infracción del artículo 8 del Convenio; que, como padre de un niño nacido fuera de patrimonio, había sido víctima de discriminacin contraria al artículo 14 del Convenio, considerado conjuntamente con su artículo 8; y que, con arreglo al párrafo 1 del artículo 6 del Convenio, las actuaciones llevadas a cabo en los tribunales alemanes eran contrarias a justicia.

4. El 30 de junio de 1997, la Comisión declaró parcialmente admisible la demanda.

9. El demandante, ciudadano alemán nacido en 1947, vive en Hamburgo y es padre del niño C., nacido fuera del matrimonio el 13 de diciembre de 1986. El 9 de enero de 1987, el demandante reconoció la paternidad y aceptó la responsabilidad del mantenimiento de C., obligación que cumplió regularmente.

10. Desde noviembre de 1985, el demandante convivió con la madre del niño y con Ch., hijo mayor de ésta. En junio de 1988, la madre abandonó la vivienda con ambos niños. El demandante siguió viendo frecuentemente a su hijo hasta julio de 1991. En varias ocasiones, pasó sus vacaciones con ambos niños y con la madre de éstos. Posteriormente, las visitas se interrumpieron.

11. El demandante trató de visitar a su hijo con asistencia de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia (Jugendamt) de Erkrath, que actuó como mediadora. Cuando, en diciembre de 1991, un funcionario de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia preguntó a C., éste manifestó que no deseaba tener más contactos con el demandante.

12. El 19 de agosto de 1992, el demandante solicitó al Tribunal de Distrito de Mettmann (Amtsgerich) un fallo en que se le reconociese el derecho de visita (Umgangsregelung) […]

13. El Tribunal de Distrito, tras la vista celebrada el 4 de noviembre de 1992 y tras haber oído a C. el 9 noviembre de 1992, desestimó la solicitud del demandante el 4 de diciembre de 1992. El Tribunal indicó que el párrafo 2 del artículo 1711 del Código Civil (Bürgerliches Gesetzbuch), relativo al derecho del padre al contacto personal con su hijo nacido fuera del matrimonio, se había concebido como cláusula de exención que había de interpretarse estrictamente. Así pues, el tribunal competente debería establecer ese régimen de visitas sólo si era ventajoso y beneficioso para el bienestar del niño. Según las conclusiones del tribunal, esas condiciones no se cumplían en el caso del demandante. El Tribunal de Distrito señaló que el niño había sido oído y había manifestado que no deseaba ver a su padre, quien, según el niño, era malo y había golpeado a su madre en repetidas ocasiones. Igualmente, la madre había inculcado en el niño una fuerte predisposicin contra el demandante, de forma que el niño no tenía posibilidades de establecer una relación imparcial con su padre. El Tribunal de Distrito llegó a la conclusión de que el contacto con el padre no mejoraría el bienestar del niño.

16. Tras haber oído a C. el 8 de diciembre de 1993, y a sus padres en una vista oral celebrada el 15 de diciembre de 1993, el Tribunal de Distrito rechazó, el 17 de diciembre de 1993, la nueva solicitud del demandante de que se le reconociese el derecho de visita. Al hacerlo, el Tribunal se refirió a su anterior fallo del 4 de diciembre de 1992 y estableció que no se daban las condiciones previstas en el artículo 1711 del Código Civil. Asimismo, señaló que la relación del demandante con la madre del niño era tan tensa que no podía considerarse que la observancia del régimen de visitas resultase de interés para el bienestar del niño. Éste conocía las objeciones de su madre respecto del demandante y las había hecho suyas. Si C. hubiese de estar con el demandante contra la voluntad de su madre, experimentara un conflicto de lealtad al que no podría hacer frente y que afectaría a su bienestar. El Tribunal añadió que carecía de importancia cuál de los padres fuese responsable de las tensiones; y prestó particular atención al hecho de que existían tensiones importantes y el riesgo de que cualquier nuevo contacto con el padre afectase al desarrollo armonioso del niño en la familia del progenitor custodio. Tras dos largas entrevistas con el niño, el Tribunal de Distrito llegó a la conclusión de que el desarrollo del menor correría peligro si el niño hubiese de reanudar el contacto con su padre en contra de la voluntad de su madre. En esas entrevistas, el niño había llamado a su padre “asqueroso” o “estúpido”, añadiendo que no quería en modo alguno verlo, y había dicho también: “Mamá siempre dice que Egbert no es mi padre. Mamá tiene miedo a Egbert”.

32. En sus decisiones, tanto el Tribunal de Distrito de Mettman como el Tribunal Regional de Wuppertal denegaron al demandante el derecho de visitar a su hijo basándose en que la mala relación entre los padres exponía al niño a un conflicto de lealtad y en que en las dos vistas celebradas el niño había llamado a su padre “asqueroso” o “estúpido” y añadido que no deseaba verlo en modo alguno. En la segunda vista, el niño, que tenía entonces casi seis años, dijo: “Mamá siempre dice que Egbert no es mi padre. Mamá tiene miedo a Egbert”. Según el demandante, esa declaración se había realizado bajo la influencia de la madre o de uno de sus allegados cercanos y con aprobación de aquélla. Otra declaración realizada por el niño y registrada por el tribunal ponía de manifiesto que la madre había asustado al niño al alejarse corriendo cuando encontró casualmente al padre.

33. Esas declaraciones del niño eran, según la alegación del demandante, sumamente importantes, ya que mostraban que la madre predisponía al niño contra su padre y lo hacía víctima del denominado síndrome de alineación parental (PAS). Como resultado, el niño rechazaba totalmente cualquier contacto con su padre. Si en ese momento se hubiese obtenido un informe de una familia adecuada o un psicólogo infantil, el informe habría puesto de manifiesto que la madre influenciaba al niño o lo utilizaba contra el padre. Por esa razón, las decisiones de ambos tribunales de no designar un experto, como había pedido el demandante y recomendado la Oficina de la Infancia y la Adolescencia, no sólo constituían una violación de los intereses del padre, sino también de los del niño, ya que el contacto con el otro padre coincidía con el mejor interés del niño a medio y largo plazo tanto.

34. Al denegar al padre el derecho de visitar a su hijo y fallar a favor de la madre, a quien se había concedido la custodia en exclusiva, los tribunales alemanes, incluido el Tribunal Constitucional Federal, faltaron al deber constitucional del Estado de proteger a sus ciudadanos contra las violaciones de sus derechos por individuos particulares. El Estado está obligado a exigir la observancia de los derechos humanos en su ordenamiento jurídico interno.

43. El Tribunal recuerda que la noción de familia con arreglo a esa disposición [artículo 8 del Convenio] no se limita a las relaciones basadas en el matrimonio y puede abarcar otros lazos de “familia” de facto cuando las partes viven juntas sin estar casadas. Un niño nacido de tal relación forma parte ipso jure de esa unidad “familiar” desde el momento de su nacimiento y por el mismo hecho de ese nacimiento. Así, entre el niño y sus padres existe un vínculo equivalente a la vida familiar (véase la sentencia del caso Keegan contra Irlanda, de 26 de mayo de 1994, serie A, nº 290, páginas 18 y 19, párrafo 44). Además, el Tribunal recuerda que el disfrute mutuo de la compañía recíproca de cada uno de los padres y del hijo constituye un elemento fundamental de la vida familiar, aún cuando la relación entre los padres se haya roto, y que las medidas internas que obstaculicen ese disfrute constituyen una violación del derecho protegido por el artículo 8 del Convenio.

51. En el presente caso, el Tribunal observa que los tribunales nacionales competentes, al denegar la solicitud del demandante de que se estableciese un régimen de visitas, basándose para esa denegación en las declaraciones del niño, interrogado por el Tribunal de Distrito a la edad de aproximadamente 5 y 6 años en las ocasiones respectivas, tuvo en cuenta las tensas relaciones entre los padres, juzgando que no importaba quien fuese responsable de las tensiones, y concluyó que cualquier contacto afectaría negativamente al niño.

58. La Comisión sostuvo que las alegaciones del Gobierno demandado respecto de la distinción entre padres casados y no casados, implícita en el párrafo 2 del artículo 1711 del Código Civil no bastaba para la denegación del régimen de visitas. A juicio de la Comisión, el solicitante, al invocar ese derecho a visitar a su hijo, se hallaba en una situación comparable a la de un padre que, tras el divorcio, no ejerciese el derecho de custodia. Sin embargo, mientras que, con arreglo a la legislación alemana, el padre divorciado tenía derecho al régimen de visitas, salvo si ese régimen era contrario al bienestar del niño, el padre natural sólo tenía derecho al régimen de visitas si ese régimen redundaba en interés del niño. La Comisión concluyó que, en el presente caso, había existido violación del artículo 8 considerado conjuntamente con el artículo 14 del Convenio.

Por esas razones, el Tribunal

Decide por 13 votos contra 4 que ha habido violación del artículo 8 del Convenio;

Decide por unanimidad que ha habido violación del artículo 14 considerado conjuntamente con el artículo 8 del Convenio;

Decide por 13 votos contra 4 que ha habido violación del párrafo 1 del artículo 6 del Convenio;

Decide por unanimidad

a) que el Estado demandado ha de pagar al demandante, en el plazo de tres meses, junto con cualquier impuesto sobre el valor añadido que pudiese aplicarse:

· i) 35.000 (treinta y cinco mil) marcos alemanes como

resarcimiento de daños no pecuniarios;

· ii) 12.584 (doce mil quinientos ochenta y cuatro) marcos alemanes

y 26 (veinteséis) pfennig en concepto de costas y gastos;

b) que se pagará un interés simple a un tipo anual del 4 por ciento

desde que expire el plazo de tres meses mencionado hasta que se

efectúe la liquidación;

Desestima por unanimidad el resto de la reclamación de justa satisfacción del demandante.

Hecho en inglés y en francés y notificado por escrito el 13 de julio de 2000, de conformidad con los párrafos 2 y 3 de la regla 77 del Reglamento del Tribunal. “

Es interesante saber que el fallo anterior contra el estado alemán,

se basó en los artículos 6, 8 y 14 del CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES, en

consideración a la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Artículo 6 – Derecho a un proceso equitativo.

1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa,

públicamente y dentro de un plazo razonable por un tribunal

independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá los

litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre

el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra

ella. La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso

a la sala de audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público

durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad,

del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad

democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de

la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la

medida considerada necesaria por el tribunal, cuando en

circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para

los intereses de la justicia

2. Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta

que su culpabilidad haya sido legalmente declarada.

3. Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos:

A ser informado en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y

detalladamente, de la naturaleza y de la causa de la acusación

formulada contra él.

A disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la

preparación de su defensa.

A defenderse por si mismo o a ser asistido por un defensor de su

elección y, si no tiene medios para pagarlo, poder ser asistido

gratuitamente por un abogado de oficio, cuando los intereses de la

justicia lo exijan.

A interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren contra el

y a obtener la citación y el interrogatorio de los testigos que

declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos que

lo hagan en su contra.

A ser asistido gratuitamente de un intérprete, si no comprende o no

habla la lengua empleada en la audiencia.

Artículo 8 – Derecho al respeto a la vida privada y familiar.

1 Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y

familiar, de su domicilio y de su correspondencia.

2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio

de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia est

prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad

democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad

pública el bienestar económico del país, la defensa del orden y la

prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la

protección de los derechos y las libertades de los demás.

Artículo 14 – Prohibición de discriminacin

Alienación Parental

Por Joel R. Brandes en el New York Law Journal – 26 Marzo 2000

Fuente: http://www.geocities.com/apinpach/articulos/pas.htm

Joel R. Brandes tiene oficina legal abierta en Garcen City y en Nueva York. Es co-autor de la obra en nueve tomos “Ley y familia en Nueva York” y de “Formularios de Ley y familia en Nueva York”.

La Alienación Parental fue descrita recientemente como una situación en la que un progenitor intenta deliberadamente alienar (alejar) a su hijo o hija del otro progenitor, envenenando su mente, normalmente con éxito.(1)

El Síndrome de Alienación Parental (PAS) es un desorden que surge habitualmente en el contexto de las disputas por la custodia de un hijo. Su primera manifestación es la campaña de denigración contra un padre que se despliega sobre el niño. Es el resultado de la combinación de una programación (lavado de cerebro) llevada a cabo por el adoctrinamiento de un progenitor y de la propia contribución del niño en la vilificación del padre.

Cuando la animosidad del niño puede justificarse, como sucede en el caso de existir un abuso o negligencia parental real, el diagnóstico de Síndrome de Alienación Parental no resulta de aplicación para explicar la hostilidad del niño. El término sólo es aplicable cuando el progenitor objeto de la hostilidad no ha mostrado ningún grado de comportamiento alienador que pudiera justificar la campaña de vilificación a la que el otro progenitor ha sometido al niño. En los casos más típicos, el padre victimizado sería considerado por la mayoría de los investigadores como un padre normal, cariñoso, como mucho con mínimas disgresiones de la capacidad parental.

Lo más característico del PAS es la exageración de las más mínimas deficiencias y debilidades (2) . El progenitor que está “programando” al niño provoca la destrucción del vínculo entre el otro progenitor y el niño, destrucción que, desafortunadamente, durará con toda probabilidad de por vida. (3)

Creemos que inducir a la alienación parental a un niño es una forma de abuso contra los niños, que debería ser castigable como abuso bajo el amparo del Acta de los Tribunales de familia. Además, un progenitor que aliena al niño contra el otro progenitor debería verse privado del derecho de visita de todos sus hijos hasta que cesara la alienación del niño contra el otro progenitor.

La alienación parental ha sido reconocida en los casos de custodia en Nueva York desde 1980, cuando se sostuvo que una interferencia del padre custodio en la relación entre un niño y un padre no custodio es “un acto tan inconsistente con los mejores intereses del niño que suscita per se una fuerte probabilidad de que la parte ofensora no sea la idónea para ser el progenitor custodio”. (4)

En el caso de Karen B. vs. Clyde M., (5) las partes llegaron preliminarmente a un acuerdo sobre la custodia y el régimen de visitas. En Septiembre de 1990, la madre cursó una petición de modificación de los mismos, solicitando “retener todos los derechos de custodia y, al menos, imponer la supervisión en el curso de las visitas”. Alegaba un cambio de circunstancias en el que “Mandi había mostrado preocupaciones de tipo sexual, y problemas de comportamiento derivados de aquellas. Igualmente no es bueno para su bienestar físico, emocional y social tener que estar yendo y viniendo entre las casas de su padre y su madre. La asistencia social está investigando al respecto”. Como resultado de sus alegaciones, el juzgado emitió una orden temporal que obligaba a que las visitas del padre a Mandi fueran supervisadas.

Según la madre, en Septiembre de 1990 Mandi le reveló cierto abuso sexual que sobre ella hubiera perpetrado su padre. La madre declaró que él había puesto su dedo en su “cosita”. Cuando ella le dijo que eso le dolía, él le respondía que él podía hacer lo que quisiera. También decía alegar la niña que el “pito” del padre se hizo más grande, y que “le salió algo”. La madre le contó esto a una amiga que estaba empleada en los Servicios Maternales de la Comunidad, la cual se presentó en su casa a investigar. Madre e hija fueron entrevistadas por una terapeuta especializada en abusos sexuales a niños de edades entre 2 1/2 y 18 años.

La madre repitió todas sus acusaciones a la terapeuta y, adicionalmente, manifestó que el 9 de Septiembre Mandi le había dicho que él había puesto su “cosita” en su “cosita” y que le había puesto las manos en el culo metiéndolas bajo la manta, diciendo “Ya sabes, como cuando te toman la temperatura”. La experta no observó ninguna emoción cuando la madre le habló, verificando que la madre parecía estar repitiendo una historia de memora, y que era incapaz de responder a ninguna pregunta sin volver a comenzar de cabo a rabo con la historia completa. La experta concluyó con que no había información que indicara que Mandi había sido objeto de abuso sexual alguno por parte de su padre.

El juzgado mantuvo que un progenitor que denigra al otro arrojando el infundio del abuso sexual al niño y evidenciando con ello que el niño no es más que un instrumento para lograr su propósito egoísta, no es adecuado para continuar en su rol de padre o madre. Constató que lo que constituiría el mejor interés de Mandi era que la custodia se diera al padre. Afirmó: “como el tribunal no tiene seguridad de que la madre no vaya a continuar ‘lavando el cerebro’ o ‘programando’ a Mandi, la peticionaria no tendrá régimen de visitas con su hija”.

En palabras del Tercer Departamento (6). Hacía notar que el Tribunal de familia había comprendido que la peticionaria había programado a Mandi para hacer alegaciones de abuso sexual a fin de obtener la custodia única y denegar el acceso a su ex marido. Mantuvo que el hecho de que el Tribunal de Familia hiciera referencia a un libro sobre el Síndrome de alienación parental que no se había propuesto como prueba o mencionado por ningún testigo, no constituía motivo de oposición, especialmente a la luz de todos los testimonios suscitados en la audiencia.

En el caso RB. vs. SB (7), el tribunal constató que antes de su separación en octubre de 1994, el padre (RB) y el hijo (AB) mantenían una relación estrechísima. Pasaban mucho tiempo juntos, jugando al baloncesto y haciendo los deberes de AB. RB llevaba al colegio a AB habitualmente y asistía a las funciones escolares. El agosto de 1994, la relación de RB con AB se deterioró sustancialmente. Los archivos están repletos con numerosos ejemplos de la campaña de la madre (SB) para envenenar la relación de AB con su padre. RB le pidió reiteradamente a SB que se abstuviera de hablar a AB de sus problemas hasta después del mitzvah de AB el siguiente domingo. En respuesta, SB reiteró sus amenazas, en las que usaba a AB.

El tribunal concluyó que el extrañamiento que durante cuatro años había sufrido AB de su padre era el resultado de la decisión vindicativa y despiadada de SB de alienar a AB de su padre. El tribunal descubrió que a principios de agosto de 1994 SB emprendió una auténtica campaña para envenenar la relación entre AB y RB, logrando eficientemente alienar a AB de RB durante aproximadamente cuatro años. Durante los cuatro años en los que AB no deseaba ver o hablar a su padre, SB se refería a RB como el “malo”, un “ladrón”, un “estafador” y un “mentiroso” delante de su hijo. Ella le dijo a RB que no volvería a ver a su hijo sin su supervisión, e intentó condicionar el régimen de visitas a cambio de más pensión. Le dijo que deseaba que AB “odiara sus jod… entrañas”.

El tribunal mantuvo que la interferencia intencionada de SB en las relaciones de RB con su hijo, hasta el punto de lograr que AB rehusara ver o hablar con RB durante casi cuatro años, constituía un factor adecuado para que el tribunal considerara el cumplimiento de la D.R.L. 236(B)(6)(11) en cuanto al mantenimiento. Consideró que SB había dañado permanentemente la relación de RB con AB. El tribunal rehusó aprobar una pensión compensatoria para SB a fin de que ella pudiera mantener su anterior status de vida. En su lugar, dictaminó que RB pagara a SB solo aquellas cantidades que SB necesitara razonablemente para su subsistencia diaria siempre y cuando no disminuyeran la calidad de vida de AB. Se mantuvo la asignación de los deberes de sostén y apoyo al niño por parte de SB, asegurándose que los programas de visita judicialmente establecidos a la conclusión del juicio eran aceptados por la misma. El tribunal dictaminó que se emprendería acción judicial para quitar la pensión compensatoria y disminuir o eliminar la del niño si se volvía a evidenciar que SB volvía a interferir de algún modo con el régimen de visita establecido por el tribunal.

El primer tribunal de Nueva York.

En el caso de JF vs LF (8), el Tribunal de Familia fue el primer Tribunal de Nueva York en debatir sobre el PAS en profundidad, en relación con una decisión sobre la custodia. Señaló que la teoría es controvertida, e hizo notar que, de acuerdo con uno de los peritos que testificaron, el síndrome no es un término aprobado por la Sociedad Americana de Psiquiatría, y no figura en el DSM-IV como un diagnóstico psiquiátrico.

A modo de paréntesis, hacemos notar que el DSM IV (9), que fue publicado en 1994, avisa de que “el DSM IV refleja un consenso sobre la clasificación y diagnosis de los trastornos mentales identificados en el tiempo de su primera publicación”. Los nuevos conocimientos científicos conducirán, indudablemente, a la identificacin de nuevos trastornos.

El Tribunal de Familia destacaba que en estos casos no han debatido sobre el PAS como una teoría, sino en términos de si un niño ha sido o no programado en perjuicio del padre no custodio, garantizando con ello un cambio en el régimen de custodia.

El tribunal observó que los niños resultaron muy inteligentes y coherentes. Pero que cuando conversaban sobre su padre y su familia se mostraban “en ocasiones de manera surrealista, con una pseudo-madurez poco natural, cuando no chocante”. Parecían “pequeños adultos”. El tribunal notó que las opiniones de los niños sobre su padre eran muy poco realistas y muy crueles. Hablaban de él, y le hablaban a él, de manera que evidenciaba malicia. Ambos niños usaban idéntico leguaje a la hora de menospreciar los buenos momentos que vivieron con su padre, que se evidenciaban en una cinta de video y en un álbum de fotos, usando el término “momentos Kodak”. Negaban que hubiera nada positivo en su relación con su padre hasta límites antinaturales. El tribunal concluyó que no había nada en el comportamiento del padre que justificara ese comportamiento.

Tres peritos testificaron que los hijos habían sido alienados de manera insana por la madre y su familia. Un experto testificó que “La madre ha ganado claramente la guerra sobre la mente de los niños y sus corazones, y el padre ha quedado indefenso para contrarrestarlo. Los niños, por todos los indicios, han quedado vinculados de manera simbiótica con su madre… El padre ha quedado dibujado de manera altamente derogatoria y negativa, absolutamente desproporcionada en relación con cualquier deficiencia que este pudiera tener. Esto constituye claramente un mecanismo mental rayano en lo patológico, propio de la psicología de la madre, que ha sido claramente duplicado en los niños. En general, el pronóstico respecto a un cambio relevante en la actitud de los niños es bastante improbable por ahora, incluso con asistencia psiquiátrica.

Los psicólogos designados por el tribunal concluyeron con que el síndrome (PAS) era “claro” y “nítido” respecto a ambos niños. El experto del padre remitió un informe al tribunal en el cual manifestó que la alienación respecto al padre era probablemente el caso más severo de alienación que jamás había presenciado en su carrera de psiquiatra infantil.

El tribunal aceptó el peritaje de los profesionales de salud mental incluyendo la conclusión respecto de la madre había alienado a los hijos respecto del padre. Concluyó en que los niños no podrían mantener relación alguna con el padre si permanecían bajo la custodia de la madre, y que continuarían sufriendo daño psíquico si permanecían con ella. Su visión negativa respecto a su padre era absolutamente desproporcionada respecto a la realidad. El tribunal reconoció que la madre había tenido éxito en causar la alienación parental de los niños respecto de su padre, hasta tal punto que ellos no sólo deseaban dejar de tener visitas frecuentes y regularmente, sino que no deseaban en absoluto saber nada de el. Concedió al padre la custodia exclusiva y suspendió su derecho de visita. El tribunal no basó su decisión específicamente en la concurrencia del PAS. En vez de eso, se basó en la ley aplicable al caso, que requiere al padre custodio a fomentar la relación de los hijos con el no custodio, asegurando el acceso de este último a los hijos (10), y señalando que el interferir en la “relación con el padre custodio resulta claramente tan inconsecuente con los mejores intereses de los hijos como para plantearse per se la seria posibilidad de la no-idoneidad de quien la fomenta” (11)

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1. R.B. v. S.B., New York Law Journal, 3-31-99, page 29, col. 5, Sup. Ct., NY Co. (Silberman, J).

2. Gardner, R.A., The Parental Alienation Syndrome, Second Edition (1998)

3. See Gardner, R.A., The Parental Alienation Syndrome (2d Edition) Addendum I (1999)

4. Entwistle v. Entwistle, 61 AD2d 380, 384-5.

5. Karen B. v. Clyde M., 151 Misc2d 794, aff’d, 197 A.D.2d 753 (3d Dept, 1999).

6. Id.

7. See note 1, supra

8. 694 NYS2d 592, 1999 N.Y. Slip Op. 99408

9. American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, 1994 at p. xxiii.

10. Daghir v. Daghir, 82 AD2d 191, aff’d 56 NY2d 938.

11. CITING, INTER ALIA, MALONEY V. MALONEY, 208 AD2D 603, 603-604; YOUNG V. YOUNG, 212 AD2D 114, 115; ENTWISTLE V. ENTWISTLE, SUPRA.

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Discriminación de “género” al varón por ser varón en los procesos de familia

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Discriminado por ser hombre

La custodia compartida se abre paso como la mejor opción para los hijos de separados – Pero el 97% se concede a la madre – ¿Queríamos igualdad?
PERE RÍOS 27/05/2008

Publicado en
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Discriminado/ser/hombre/elpepisoc/20080527elpepisoc_1/Tes

Hace décadas eran vistos como bichos raros, pero ahora son legión. Más de 110.000 menores ingresan cada año en el ya saturado club de hijos de divorciados. Niños que tendrán que habituarse, una de dos, a la ausencia de un progenitor, casi siempre el padre, o a vivir a caballo entre dos casas. Los expertos creen que suele ser mejor para ellos lo segundo, la custodia compartida, pero los jueces siguen decidiendo lo primero. El 97% de las separaciones acaban con los hijos bajo la custodia de la madre. Una inercia difícil de romper. ¿Está discriminado el varón en las separaciones? Muchos creen que sí.
El falso mito de la estabilidad
¿Es la custodia compartida lo más beneficioso para los niños?
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Un tribunal acuerda que dos niños pernocten cada día en un piso distinto
Una madre fue 14 veces de Mallorca a Cádiz y nunca pudo ver a sus hijos
Las 145.745 parejas que rompieron en 2006 tenían 110.982 hijos menores
Muchas sentencias se incumplen por la falta de control en su ejecución
Lo importante no es, dicen los especialistas, que los hijos vayan de una casa a otra, sino que el padre desaparezca de sus vidas tras la ruptura, algo que favorece la ley española. El Código Civil considera “excepcional” la custodia compartida y para otorgarla es necesario el informe favorable del fiscal, algo que en países europeos como Francia es habitual y que en el caso de Suecia, por ejemplo, supera el 90% de los casos. De las 15.721 rupturas registradas en los juzgados de España en 2006 de las que tienen datos, en 15.296 casos es el padre quien paga la pensión de alimentos y sólo en 425 ocasiones lo hace la madre. Es decir, en el 97,28% de los casos la custodia de los menores se concede a la mujer.
La sentencia de divorcio al uso en España atribuye a la mujer la custodia de los hijos, el domicilio conyugal y una pensión de alimentos. Esas tres patas son las que analiza por separado un proyecto de ley catalán que en pocas semanas entrará en el Parlamento de esa comunidad. Es un texto pionero en España en el que se establece que la custodia compartida será la norma habitual que aplicarán los jueces y obliga a los padres a presentar en el juzgado un plan de parentalidad sobre cómo piensan ejercer esa responsabilidad tras la ruptura. El proyecto, además, separa las cuestiones patrimoniales, como la casa y la pensión, de las afectivas, relacionadas con los hijos.
Diversas asociaciones de padres separados entienden que ése es el camino y ya han empezado a exigir al Gobierno de Rodríguez Zapatero que cambie la ley actual. Uno de los que está más implicado en esa batalla es Joan Carles Castañé, que saltó a los medios de comunicación hace unos meses, cuando una juez le negó la custodia compartida de sus dos hijos porque era cojo, entre otras razones. Recurrió y la Sección 18 de la Audiencia de Barcelona no sólo no le dio la razón, sino que modificó el pacto que tenía con su ex mujer sobre el régimen de visitas a los hijos, que ahora tienen ocho y cuatro años. En aplicación de esa sentencia, los niños pernoctan los lunes con la madre; el martes, en casa del padre; el miércoles vuelven con la madre; el jueves están con el padre desde que salen del colegio hasta las 20.00. Después con la madre y, el viernes empieza el fin de semana con el progenitor que corresponda, alternativamente.
Las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que en 2006 se produjeron en España 145.745 rupturas matrimoniales -126.952 divorcios y 18.793 separaciones-, que afectaron a 110.982 hijos menores de edad. Una cifra notable comparada con las 211.818 bodas que se celebraron el mismo año. Durante 2005, se rompieron otras 136.876 parejas y los menores afectados fueron 86.465.
Del comportamiento de esos padres y de la decisión del juez depende la vida cotidiana de centenares de miles de niños en España. Y es que las mujeres siguen siendo, en su gran mayoría, las encargadas de la crianza y educación de los hijos, pero cada vez surgen más padres que, tras el divorcio, se implican en ello. Y, sin embargo, la justicia no les reconoce como tales en la mayoría de las ocasiones. A veces, mal aconsejados por sus abogados, renuncian de entrada a pedir la custodia compartida. ¿No hablábamos de sociedad igualitaria?
“No comprendo que los jueces invoquen siempre el interés del menor y que los niños han de tener una estabilidad emocional y después dicten sentencias como la mía”, se lamenta Castañé. Pese al trasiego diario, sus hijos siguen integrados en su medio social y familiar. Su comportamiento es el de miles de hombres y mujeres, que en muchos casos, y si su economía lo permite, se quedan a vivir en el barrio de su antiguo domicilio para mitigar en los menores los efectos de la ruptura.
Como Antoni Duran, que tiene 46 años y se separó en 2003. Su ex mujer tiene reconocida la custodia, pero el hijo, de 14 años, pasa la mitad de la semana con su padre y la otra mitad con la madre. Fue él quien se quedó el domicilio conyugal, tras comprarle a ella la mitad, y la mujer se marchó a vivir a otro piso en el mismo barrio del Eixample barcelonés. “Lo importante es tener claro que se separa la pareja, no los hijos, y que se es padre toda la vida”, dice.
El profesor de instituto y coordinador pedagógico Alejandro González, con más de 20 años de experiencia, también quita hierro a los efectos de la doble residencia en las notas. “Depende de cada estudiante, pero la movilidad de domicilios incluso puede llegar a ser positiva. Superado el impacto de la ruptura, los chavales aceptan como normal que tienen dos casas y eso no tiene porqué influirles en los estudios”.
“Lo importante es repartir de manera equitativa el cuidado y la cría de los hijos, aunque sea en dos viviendas distintas”. Pero la legislación española no va por ahí, explica Francisco Serrano, juez de familia de Sevilla desde hace 10 años. “No es razonable que se creen más juzgados de violencia sobre la mujer que juzgados de familia. En lugar de favorecer la mediación se está estimulando el conflicto”. Julio Bronchal, psicólogo especializado desde hace más de 10 años en conflictos familiares y maltrato infantil también lo tiene claro. “Siempre es preferible el tránsito entre domicilios de padres que la ausencia de uno de ellos”, que es la situación que viven la mayoría de hijos de padres separados.
En las relaciones de pareja, como en las de padres e hijos, la distancia puede ser el olvido. O no. Elisa G., de 39 años, vive en Santander y se separó en 2005. Tiene la custodia de los dos hijos, mellizos de 11 años, que están con su padre dos días por semana y fines de semana alternos. Él se quedó a vivir en el mismo barrio, “y eso ha sido muy bueno para los niños, pero no para m”. Reclama que no se revele su identidad y explica que se ha sentido acosada durante años “por un hombre que es muy celoso y que me lo ha hecho pasar muy mal, hasta el punto de ponerme un detective para seguir controlándome”.
Otro caso bien distinto. El magistrado José Luis Carratalá vivía en Valencia. En 2001 se acabó su matrimonio y se fue a ejercer a Barcelona. El hijo se quedó con la madre y desde entonces Carratalá recorre 700 kilómetros cada dos semanas, entre ir y volver, para estar con él. “Vale la pena. Es mi obligación como padre y el chaval lo agradece”, dice.
“Lo importante es evitar el conflicto. A un niño no le deberían preocupar las consecuencias del divorcio, sino estudiar y pasárselo bien”. Quien habla así es Amor Martos, de 30 años y administrativa de profesión. Acaba de fundar la Asociación de Hijos de Padres Separados. Los suyos rompieron en 1991. “Me robaro n la juventud”, dice al evocar su experiencia. Durante cinco años frecuentó las comisarías de policía, porque cuando estaba con su madre se escapaba con su hermano pequeño a casa del padre, al que no se le permitía visitar.
El suyo es un caso extremo, pero no es excepcional, porque en ocasiones son las mujeres las que pierden el contacto con los hijos. Amaya Puente de Muñozgoren tiene 49 años, es telefonista y vive en Palma de Mallorca. Tiene cinco hijos de entre 28 y 12 años y vivía en una situación económica muy cómoda por los ingresos de su marido. En julio de 2005 él se fue a vivir a la casa de veraneo de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) con los pequeños y la madre nunca más ha podido estar con ellos. El hombre tiene la custodia y ella explica que es porque ha manipulado a los menores y ellos “han preferido el dinero y la comodidad que les ofrece su padre a la presencia de su madre”. Es lo que algunos psicólogos definen como síndrome de alienación parental (SAP), el rechazo hacia un progenitor que el otro crea en el hijo.
Algunos colectivos niegan el SAP argumentando que no está diagnosticado por la Organización Mundial de la Salud, pero se llame como se quiera, los psicólogos lo constatan desde hace tiempo cuando analizan a los hijos y entregan su informe al juez. Amaya explica que en estos casi tres años transcurridos desde la marcha, ha viajado de Palma de Mallorca a Cádiz en 14 ocasiones y que nunca pudo ver a sus hijos.
A pesar de que los divorcios y sus consecuencias afectan durante años a centenares de miles de personas, en España no existe una jurisdicción especializada en familia, como ocurre con los juzgados mercantiles o de menores, entre otros. En algunas grandes ciudades hay juzgados a los que se les atribuyen esas competencias exclusivas en familia y en el resto son juzgados de primera instancia e instrucción, en los que el mismo juez que decide sobre los efectos de una separación, sentencia una riña de vecinos o encarcela a un ladrón.
Posiblemente si hubiera jueces especializados serían más sensibles a casos como el de Joan Vilà, empresario de 44 años que vive en Barcelona. Hace ocho meses que su ex mujer se fue a vivir a Sevilla, a 1.200 kilómetros, con sus hijas, de 11 y 8 años. Él lo denunció y la justicia la requirió para que regresara, pero ahora otra resolución judicial la autoriza a seguir allí. Juan Martos también vive en Barcelona y tiene una hija de ocho años a la que se llevó su madre a Miranda de Ebro (Burgos) en julio de 2006 y todavía no ha vuelto. La justicia le reconoció la posibilidad de visitarla cada 15 días. “Hace dos meses que dejé de ir, porque no puedo pagarlo”, dice.
La cuestión de fondo es que, tal y como funciona nuestro sistema judicial, no existe un control efectivo en la ejecución de las sentencias de familia, empezando por el incumplimiento del pago de las pensiones de alimentos, que es un delito, y acabando por los impedimentos para que los progenitores estén con sus hijos cuando les corresponda, sea en fin de semana o vacaciones. Son situaciones que requerirían una rápida respuesta judicial, porque de nada sirve que un juez reconozca esos derechos cuando ya es tarde.
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Sindrome de Alienación Parental: como detectarlo y qué hacer al respecto

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Síndrome de Alienación Parental: Cómo detectarlo y qué hacer al respecto

por J. Michael Bone y Michael R. Walsh

Referencia bibliográfica:
LA FLORIDA BAR revista, vol. 73, No. 3, MARCH 1999, p 44-48 73, N º 3, marzo de 1999, p 44-48

Fuente: Apadeshi

En un estudio longitudinal de 700 de “alto conflicto” los casos de divorcio seguido más de 12 años, se concluyó que los elementos del PAS están presentes en la gran mayoría de las muestras. (2) Diagnóstico de PAS está reservado para profesionales de la salud mental que vienen a la corte en forma de peritos. Características de diagnóstico por lo general están redactados en términos clínicos que siguen siendo vagas y abiertas a interpretacin y, por tanto. susceptible argumento susceptibles a favor y en contra por oponerse a los expertos. El fenómeno de convertir uno de los padres del niño contra el otro progenitor no es un concepto complicado, pero históricamente ha sido difícil de identificar con claridad. En consecuencia, los casos de PAS están muy litigado, lleno de acusaciones y contra acusaciones, y, por tanto, dejar la corte con una interminable búsqueda de detalles que eventualmente se evaporan en nada más que rumores rango. Es nuestra experiencia que el PAS fenómeno deja un rastro que puede ser identificada de manera más eficaz mediante la eliminación de la acusación de histeria, y de cara al futuro en otro sentido positivo.

A efectos del presente artículo los autores están asumiendo un justo grado de familiaridad con el síndrome de alienación parental por parte del lector. (3) Hay muchos buenos escritos sobre PAS que el lector tal vez desee consultar ahora o en el futuro para general información. En concreto, el objetivo es doble. En primer lugar vamos a describir cuatro criterios muy específicos que pueden utilizarse para identificar posibles PAS. . En la mayoría de los casos, estos criterios pueden ser identificados a través de los hechos del caso, pero también puede ser revelada por el depósito o la corte testimonio. En segundo lugar, queremos introducir el concepto de “tentativa” PAS, que es cuando los criterios de PAS están presentes, pero el niño no está alienada con éxito de los padres ausentes. Este fenómeno es todavía muy perjudiciales y el hecho de los niños que no están alienados no debe ser considerada como neutral por el tribunal.

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Cualquier intento de marginar a los niños del otro progenitor debe considerarse como una relación directa y voluntaria violación de uno de los principales deberes de la paternidad.

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. Los criterios que se describen a continuación son bastante fáciles de identificar por separado y aparte de los autos. Cuando hay incertidumbre acerca de cualquiera de ellos, estos criterios pueden utilizarse para guiar el abogado en la de deponer testigos, así como a su examen en los tribunales.

Criterio I: el acceso y el contacto de bloqueo

Criterios I implica el bloqueo de activos de acceso o contacto entre el niño y el padre ausente. La justificación utilizada para justificar muy bien puede adoptar muchas formas diferentes. n. Uno de los más comunes es el de la protección. Se puede argumentar que la ausencia del padre la patria potestad sentencia es inferior y, por tanto, el niño es mucho peor de la visita. En casos extremos, esto se hará en forma de denuncias de maltrato de niños, con bastante frecuencia el abuso sexual. Esta cuestión será debatida con más detalle en los Criterios II, pero baste decir que a menudo se escucha la presente como una razón para las visitas a ser suspendido o incluso terminadas. En un plano más sutil y común, un argumento escuchado para el bloqueo de las visitas es que viendo el padre ausente es “inquietante” para el niño, y que necesitan tiempo “para ajustar”. . El mensaje aquí es que el padre ausente se trata menos como una llave miembro de la familia y más como un irritante conocido que el niño debe ver a veces. . Con el paso del tiempo, este patrón puede tener un serio efecto erosivo sobre las relaciones del niño con el padre ausente. Una aún más sutil expresión de esto es que la visita es “inconveniente”, relegando así a la situación de un recado o tarea. Una vez más, el resultado es la erosión de la relación entre el niño y la ausencia o “objetivo” de sus padres. Un fenómeno visto a menudo en este contexto es que cualquier desviación del calendario se utiliza como una razón para cancelar totalmente las visitas.

El hilo común a todas estas tácticas es que uno de los padres es superior y el otro no lo es y, por tanto, debe ser periférica a la vida del niño. El alienar a los padres en estas circunstancias está actuando indebidamente como un guardián para el niño para ver el padre ausente. Cuando esto ocurre por períodos considerables de tiempo, el niño recibe el tácito pero claro mensaje de que uno de los padres es de categoría superior a los demás. Los niños de menor edad son más vulnerables a este mensaje y tienden a considerar acríticamente, sin embargo, siempre se puede detectar elementos de la misma se hizo eco incluso en la adolescencia. El concepto importante aquí es que cada padre tiene la responsabilidad de promover una relación positiva con el otro progenitor. . Cuando este principio es violado en el contexto de bloquear el acceso a una base consistente, se puede suponer que los criterios que ha sido, inequívocamente identificado.

Criterio II: Abuso de denuncias infundadas

El segundo criterio se relaciona con falsas o infundadas acusaciones de abuso contra el padre ausente.La expresión más estridente de ello es la falsa acusación de abuso sexual. (4) ha sido bien estudiado que el incidente de falsas acusaciones de abuso sexual representan más de la mitad de los reportados, cuando los padres se divorcian o se encuentran en conflicto en torno a algunos posterior disolución. (5) Esto es especialmente la situación con los niños pequeños que son más vulnerables a las manipulaciones implícitas de esas falsas acusaciones. Cuando el registro muestra que incluso un informe de esos abusos se rige por infundado, el entrevistador está bien asesorado para buscar otras expresiones de falsas acusaciones.

Otros ejemplos de esto podría encontrarse en las denuncias de malos tratos físicos que los investigadores más tarde como norma carece de fundamento. Es interesante que nuestra experiencia ha sido que hay un menor número de falsas denuncias de malos tratos físicos a más de otras formas de abuso, presumiblemente porque el maltrato físico deja visible. Es, por supuesto, mucho más fácil acusar falsamente a alguien de algo que no deja ningún signo físico y no tiene ningún tercero testigos.

Una mucho más común expresión de este modelo sería que de lo que se denomina el maltrato psíquico. . Cuando falsas acusaciones de abuso emocional son nivelada, uno a menudo encuentra que lo que está presente es en realidad diferentes de sus padres sentencia que se está enmarcada como “abusivo” por el padre ausente. . Por ejemplo, uno de los padres puede dejar que un niño a permanecer hasta más tarde por la noche que el otro padre, y esta programación que podría denominarse como “abusivo” o “perjudicial” para el niño. O uno de los padres podría introducir una nueva “otros significativos” para el niño antes de que el otro progenitor cree que deberían y esto podría también ser llamado “abusivas” para el niño. Alternativamente uno de los padres puede inscribir a un niño en una actividad con la que el otro progenitor en desacuerdo y esta actividad es, en realidad, una diferencia de los padres opina que ahora es descrita como abusiva en la naturaleza. Estos ejemplos, como trivial, ya que parecen individualmente, pueden ser indicativos de un tema de tratamiento de los padres a diferencia indebidamente los términos de juicio subjetivo. Si este tema está presente, todo tipo de cosas pueden describirse de manera que transmitir el mensaje de abuso, ya sea directa o indirectamente. Cuando este fenómeno ocurre en literalmente miles de diferentes formas y épocas, cada una de las cuales parece insignificante por sí sola, el clima emocional que crea conlleva un claro efecto alienante sobre el niño.

Obviamente, este tipo de acritud es muy común en disolución acciones pero ese conflicto no debe necesariamente estar equivocado o debe tomarse como un ejemplo de la síndrome de PAS, sin embargo, los criterios que está claramente presente e identificable cuando el padre está dispuesto a lanzar acusaciones abusos, y no de ser prudente, cuidadoso. e incluso reacios a hacerlo. Esta última postura es más acorde con el padre tiene la responsabilidad de alentar y apoyar afirmativamente una relación con el otro progenitor. . El padre responsable sólo alegan malos tratos después de que él o ella ha tratado y no para racionalizar el motivo por el tema que nos ocupa no es abusivo. En pocas palabras, los padres responsables de ello a la otra matriz en beneficio de la duda cuando se plantean esas acusaciones. Cuando este tema está presente de forma clara y de forma coherente, este criterio para PAS se cumple.

Criterio III: deterioro de la relación desde la separación

La tercera parte de los criterios necesarios para la detección de PAS es probablemente la menos descrito o identificado, pero crítica es una de las más importantes. Tiene que ver con la existencia de una relación positiva entre los hijos menores de edad y el ahora ausente o no residencial de sus padres, antes de la separación matrimonial, y un deterioro sustancial, de la misma desde entonces. . Esta disminución reconocida no se produce por su propia cuenta. Por lo tanto, es uno de los más importantes indicadores de la presencia de la alienación también. .” como la plenitud de su relativo “éxito”. . A modo de ejemplo, si un padre tenía una buena relación y que participan con los niños antes de la separación, y un muy lejano ya que, entonces uno sólo puede asumir sin la prueba explícita de lo contrario algo que causó al cambio.

Si este padre está claramente tratando de mantener una relación positiva con los niños a través de la observancia de las visitas y otras actividades y los niños no quieren verlo o han participado en él sus vidas, entonces uno sólo puede especular que un proceso de alienación puede haber sido en funcionamiento. Los niños no pierden interés natural y se convierten en distantes de sus padres no residencial por el mero hecho de la ausencia de ese padre. Además, sano y establecido relaciones de los padres no erosionar, naturalmente, por su propia cuenta. Ellos deben ser atacados. Por lo tanto, cualquier cambio drástico en esta zona es casi siempre un indicador de un proceso de alienación que ha tenido cierto éxito en el pasado. En particular, si una evaluación cuidadosa de las consultas previas a la separación de sus padres relación no se haga, su omisión crea la impresión de que el atribulado, o incluso la condición de enajenado que existe ya que es más o lías un resumen exacto de lo que ya existía anteriormente. Tenga en cuenta que nada puede estar más lejos de la verdad!. Un alienado o incluso parcial o intermitente alienada relación con la no residencial padres y los hijos tras la separación se define con mayor precisión una distorsión de la verdadera relación parental de que se trate. Su seguimiento a través menudo se pasa por alto en la atmósfera histérica que se presentan a menudo en estos casos. Un cuidado médico sabe muy bien que un examen se justifica y que debe llevarse a cabo con el mayor detalle y control.

Si esta pieza del rompecabezas es dejado fuera, las consecuencias pueden ser muy devastadores para la supervivencia de esta relación. Además, sin este componente, el tribunal puede ser fácilmente influido en el cierre prematuro o deje engañar en pensar que la agitación de la separación entorno sea representativo de la verdadera relación padre-hijo. Una vez que esta decisión se haga por el tribunal, es un reto exigente para corregir su percepción.

En otro tema, aunque relacionado, una palabra debe ser dicho sobre el uso de expertos. En primer lugar, debe entenderse que todos los profesionales de la salud mental no son conscientes ni de saber cómo tratar el fenómeno del PAS. In fact, when a mental health professional unfamiliar with PAS is called upon to make a recommendation about custody, access, or related issues, he or she potentially can do more harm than good. De hecho, cuando un profesional de salud mental familiarizado con el PAS está llamada a hacer una recomendación sobre la custodia, el acceso, o temas relacionados, él o ella puedan hacer más daño que bien. Por ejemplo, si el psicólogo no para investigar la pre-separacin de la relación padre no residencial y los niños, él o ella puede muy fácilmente el error actual acrimonia en relación a que sean representativas del mismo, y recomendar que los niños deben tener menos de visitas con los padres que, obviamente, el apoyo a los PAS no diagnosticados que todavía está en marcha. Si eso falla también de expertos para evaluar críticamente las abusos reclamaciones o el programa de la reclamante, que puede tomarse al pie de nuevo y potencialmente el apoyo sin diagnosticar PAS. En caso de que no es profesional también sensibles a las sutilezas de acceso y bloqueo de contacto como su motivación, él o ella puede potencialmente apoyo, contribuyendo así al proceso de PAS. Cuando ocurren estas cosas, el profesional de salud mental de expertos en realidad ha pasado a formar parte del PAS, aunque sea involuntariamente. Baste decir, si se sospecha PAS, el abogado debe de cerca y evaluar cuidadosamente el profesional de salud mental de la investigación y conclusión. Si no lo hace, puede causar daños irreparables para el caso, y, en última instancia a los niños.

Criterios IV: intensa reacción de miedo por los niños

La cuarta criterios necesarios para la detección de PAS es ciertamente más psicológica que los tres primeros. Se refiere a una obvia reacción de temor por parte de los niños, de displeasing o en desacuerdo con la posibilidad de alienar a los padres en cuanto a la ausencia o posible blanco de sus padres. En pocas palabras, un operador de alienar a los padres por el adagio, . Si los hijos desobedecen a esta directiva, especialmente en la expresión de positiva la aprobación del padre ausente, las consecuencias pueden ser muy graves. No es raro que un padre alienante para rechazar el niño (s), a menudo diciendo que él o ella que debe ir en directo con la meta de sus padres. Cuando esto ocurre a menudo se da cuenta de que esta amenaza no se lleva a cabo, sin embargo, funciona más como un mensaje de alerta constante.El niño, en efecto, se coloca en una posición de ser el padre alienante del “agente”y se ve continuamente puesto a través de diversas pruebas de lealtad. La cuestión importante aquí es que la patente de este modo alienar a las fuerzas de los niños a elegir los padres. Esto, Naturalmente, está en directa oposición a un niño del bienestar emocional.

Con el fin de apreciar plenamente este escenario, uno debe darse cuenta de que el PAS proceso funciona en un “temor” de medio ambiente. Es la instalación del miedo de alienar a los padres a los hijos menores de edad que es el combustible de que este patrón es impulsada; este temor grifos en lo que el psicoanálisis nos dicen es la más básica emoción inherente a la naturaleza humana – el temor de abandono. Los niños en estas condiciones viven en un estado de malestar crónico y la amenaza de represalias.Cuando el niño no se atreven a desafiar el padre alienante, que rápidamente aprenden que hay un grave precio a pagar. En consecuencia, los niños que viven esas vidas desarrollar un sentido agudo de vigilancia sobre la displeasing alienar a sus padres. El sensibilizado observador puede ver en esta visita que los planes de cambiar de repente sin motivo aparente. Por ejemplo, cuando la hora enfoques, el niño de repente cambia su tono y comienza a protestar en voz alta una visita que no fue previamente se quejó. Es en estos casos que un tribunal, una vez que sospechar PAS debe hacer cumplir estrictamente los términos de calendario de la visita que de otro modo no se han producido o que han sido ignoradas.

El padre puede alienar a la mayoría de las veces se encuentran posturas en relación con desconcierto el repentino cambio en sus hijos sentimientos acerca de la visita. De hecho, el padre alienante a menudo parecen ser un apoyo a la visita. Este escenario es muy común en las familias PAS. Es normal, ya que encapsula y expone, aunque sólo sea por un instante, el miedo basado en el núcleo del proceso de alienación. Otra forma de expresar esta idea sería que cada vez que el niño se da de manera significativa a la elección de visita, él o ella se pone en la posición que un acto de fidelidad a la alienante los deseos del padre de negarse a tener la visita a todos con los ausentes de sus padres. Si no lo hace, abre la puerta para que el niño está abandonado por el padre con quien el niño vive la inmensa mayoría de las veces. Los niños, en estas circunstancias, simplemente no optar a su propia medida la posibilidad de elegir libremente. El tribunal debe actuar rápidamente para proteger y emplear una serie de específicos y los recursos disponibles. Como consecuencia de lo anterior, estos niños aprenden a manipular. Los niños a menudo desempeñan un progenitor contra el otro en un esfuerzo por obtener alguna ventaja. En el caso del PAS, la misma dinámica opera a nivel más desesperada. manipular para obtener ventaja, estos niños aprenden a manipular sólo para sobrevivir. Se convierten en expertos más allá de sus años en la lectura del entorno emocional, diciéndole verdades parciales y, a continuación, diciéndole a cabo-y-out mentiras. Sin embargo, hay que recordar que estas son estrategias de supervivencia que se vieron obligados a aprender con el fin de mantener la paz en casa y evitar el ataque emocional de los padres residencial. Habida cuenta de este entendimiento, tal vez sea más fácil ver por qué los niños, en un esfuerzo para hacer frente a esta situación, a menudo les resulta más fácil si se empiezan a internalizar los padres alienantes percepciones de los padres ausentes y empezar a hacerme eco de estos sentimientos. Esta es una de las más dramáticas y efectos de PAS, es decir, escuchar a un niño vilipendia el padre ausente y alienar a unirse a la matriz en esos ataques. Si uno no es sensible al “miedo a base de” básico en el corazón de esta, es difícil no tomar las protestas del niño a su valor nominal. Esto, por supuesto, se ve agravada cuando los expertos tampoco es sensible a este poderoso componente miedo, y cree que el niño está expresando su propia vida interior en los sentimientos se aprobó el “no visita” plan.

Conclusión

Todos los criterios antes mencionados se pueden encontrar independientes uno de otro en disoluciones muy controvertida, pero recuerde que la aparición de algunos de ellos no siempre constituyen PAS. Cuando los cuatro están claramente presentes, sin embargo, añadir la posibilidad real de los abusos ha sido razonablemente descartado, el proceso de alienación parental sea operativa. Esto no significa necesariamente, sin embargo, que es tener éxito en que los niños se están alienados con éxito la meta de los padres. El mejor predictor de éxito de la alienación está directamente relacionada con el éxito del padre alienante en el mantenimiento de los hijos de la meta de sus padres. Cuando hay períodos en los que no ven el otro progenitor, los niños tienen más probabilidades de ser envenenado por el proceso. Otra variable que predice el éxito es la edad del niño. Los niños más pequeños en general son más vulnerables que los de más edad. Por otra parte, otra variable es la profundidad y el grado de implicación de la pre-separacin relación padre-hijo. The longer and more involved that relationship, the less vulnerable will be the children to successful alienation. Cuanto más tiempo y mayor participación de esa relación, los menos vulnerables serán los niños para el éxito de la alienación. El último factor predictivo es la tenacidad de sus padres de la meta de sus padres. A menudo los padres dirigidos se da por vencido y aleja, por lo tanto, incrementando en gran medida las posibilidades de éxito de la alienación.

La pregunta sigue siendo: ¿Qué pasa si los cuatro criterios están presentes, pero los niños no están alienados con éxito? En caso de que este fracaso a la alienación ser visto como anular el intento de alienación? La respuesta a esa debería ser un rotundo “No!” Es preciso, pero a menudo no lo es. Es muy común leer una evaluación psicológica o de un GAL del informe que identificó PAS, pero luego señala que, puesto que no tuvo éxito, no debe ser tomado muy en serio. Nada podría estar más lejos de la verdad. Cualquier intento de marginar a los niños del otro progenitor debe considerarse como una relación directa y voluntaria violación de uno de los principales deberes de la paternidad, que es el de promover y fomentar una actitud positiva y amorosa relación con el otro progenitor, y el concepto de patria potestad compartida responsabilidad.

Tenemos la sensación de que cuando intento de PAS ha sido identificado, con éxito o no, debe ser tratado con rapidez por el tribunal. Si no es así, se contaminan y control en silencio todas las demás cuestiones de la crianza de los hijos y, a continuación, llevar sólo a la infelicidad, la frustración y, por último, alejamiento de sus padres.

PAS síndrome se aplica y se refiere igualmente a la no residencial, así como la residencial de sus padres. el espectro del Síndrome de Alienación Parental. 15 Am. Am 15. J. Forensic Psychol . J. Psychol forense. No. 3 (1997). N º 3 (1997).

2 SS Clawar and BV Rivlin, Children Held Hostage: Dealing with Programmed and Brainwashed Children , ABA (1991). 2 SS Clawar y Rivlin BV, niños tomados como rehenes: El tratamiento con lavado el cerebro y programada la Infancia, la ABA (1991).

3 M. 3 M. Walsh and JM Bone. Parental Alienation Syndrome: An Age-Old Custody Problem , 71 Fla. Walsh JM y hueso. Síndrome de Alienación Parental: una antigua Custodia Problema, 71 Fla BJ 93 (June 1997). BJ 93 (junio de 1997).

4 N. 4 N. Theonnee and PG Tjaden, The Extent, Nature and Validity of Sexual Abuse Allegations in Custody Visitation Disputes, 12 Child Abuse and Neglect 151-63 (1990). Theonnee y Tjaden PG, el carácter y validez de las denuncias del abuso sexual en Custodia Visitación de Controversias, el 12 de abuso y abandono infantil 151-63 (1990).

5 National Center on Child Abuse and Neglect, Washington, DC: Department of Health and Human Services, 2998, Contract 105-85-1702. 5 Centro Nacional de abuso y abandono infantil, Washington, DC: Departamento de Salud y Servicios Humanos, 2998, contrato 105-85-1702.

6 The appointment of a guardian ad litem, the appointment of an expert to conduct a psychological evaluation of the child and the parents, the employment of make-up or substitute access and contact, or an enlargement of same to the nonresidential parent, and as previously suggested by the authors in their last article, a consideration for entry of a multidirectional order. 6 El nombramiento de un tutor ad litem, el nombramiento de un experto para llevar a cabo una evaluación psicológica del niño y los padres de familia, el empleo de maquillaje o sustitución de acceso y el contacto, o una ampliación del mismo a los padres no residencial, y como sugerido anteriormente por los autores en su último artículo, un examen para el ingreso de una orden multidireccional. Walsh and Bone, supra note . 3 Walsh y Bone, supra nota 3.

J. Michael Bone, Ph.D. , mediator in Maitland. , es una práctica exclusiva psicoterapeuta y certificado de derecho de familia mediador en Maitland. Él se centra en el divorcio y el divorcio después de las cuestiones que afectan a los hijos menores de edad, y tiene un interés especial en PAS. Él ha servido como testigo experto por sobre estos y otros temas conexos y ha sido nombrado por el tribunal para hacer recomendaciones que participen las familias y PAS.

Michael R. Walsh es un profesional único en Orlando. Él es un órgano civil certificado de derecho de familia y abogado, mediador certificado y árbitro, y un compañero de la Academia Americana de Abogados Matrimoniales. Desde hace más de 20 años, ha sido un asiduo conferenciante y autor de The Florida Bar.

Esta columna se presenta en nombre de la Sección de Derecho de Familia, Jane L. Estreicher, silla, y Sharon O. Taylor, editor.

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