Principios
A continuación, lea la Carta de Principios de la CLADE, pactada durante la IV Asamblea de la Campaña en el Panamá, los días 22 y 23 de marzo de 2007, y revisada en la VI Asamblea de la Campaña en Brasil, de 3 a 5 de mayo de 2010.
Primer Principio: La afirmación de la responsabilidad pública del Estado y del ejercicio de derechos
La CLADE afirma la educación pública y gratuita como un derecho humano fundamental de carácter colectivo y el Estado como garante institucional de los derechos. Se quiere reivindicar el carácter público de las instituciones estatales y construir una relación gobierno – sociedad que sea democrática y autónoma. Por lo tanto demanda:
La responsabilidad y obligación del Estado de garantizar los derechos y, en consecuencia, la defensa del Estado de Derecho, de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos;
La necesidad de diseñar y ejecutar la política educativa como una política de Estado, con planes de largo plazo que trasciendan los períodos de gobierno;
La defensa de la educación como sistema público al servicio de las necesidades de la sociedad, la exigencia para mejorarla y no reducirla a una mercancía, y la oposición a la privatización de las instituciones educativas;
La exigencia de financiamiento estatal que garantice la realización del derecho a la educación para todos y todas, considerando su asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, y la vigilancia de ésta por parte de la sociedad civil para asegurar el oportuno y eficiente uso del presupuesto.
Segundo Principio: El enfoque integral de la educación entendida como derecho humano promotor de los demás derechos, que asuma a niños, niñas, jóvenes y personas adultas como sujetos del derecho, que promueva la interculturalidad entendida como la interacción de cosmovisiones en igualdad de condiciones, la equidad de género, el nexo entre ciudadanía y democracia, una nueva relación intergeneracional, la conservación y cuidado del medio ambiente, una relación de respeto por las demás especies y por la naturaleza, la eliminación de toda forma de discriminación, la promoción de la justicia y la construcción de una cultura de paz y de resolución no violenta de los conflictos. El enfoque integral asume un trabajo intersectorial, ya que el sector de educación por sí mismo no resolverá los problemas de la educación. Así, se requiere la articulación con otros sectores del Estado como los de finanzas y economía, salud, deporte, ciencia y tecnología, justicia y protección.
Tercer Principio: La democratización y eficiencia del sistema público educativo donde estén garantizados:
La apertura de espacios y mecanismos para la participación sustantiva de la comunidad educativa y la sociedad civil en el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas educativas;
El establecimiento de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas por parte del Estado, incluso por parte de los establecimientos educativos;
La afirmación y valoración del rol de los trabajadores y las trabajadoras de la educación y la dignificación de su trabajo. Esto implica que los Estados les garanticen condiciones de trabajo a la altura del desafío educativo que tienen, así como su inclusión en la toma de decisiones sobre prácticas y políticas educativas;
El establecimiento del desarrollo profesional y carrera docente y la garantía de reconocimiento del maestro y la maestra como sujetos de derechos;
Un mayor vínculo entre los resultados de las investigaciones académicas, las experiencias en campo y las decisiones sobre políticas educativas;
La definición de perfiles profesionales para ocupar la responsabilidad pública en el ámbito educativo y la superación de los nombramientos por relaciones personales o cuotas partidarias;
Y mayor vinculación entre los procesos de educación formal y los procesos de educación no formal y popular impulsados desde dinámicas comunitarias y/o de organizaciones sociales y ciudadanas.
Cuarto Principio: La búsqueda de la calidad de los programas y procesos educativos a partir de los siguientes criterios:
La pertinencia educativa relacionada con las dimensiones de aceptabilidad y adaptabilidad de la educación, capaz de reconocer el contexto y las particularidades de cada persona, y por lo tanto, capaz de promover una variedad y flexibilidad de propuestas curriculares;
La afirmación de los procesos de aprendizaje (y no sólo de indicadores de escolarización) para valorar el compromiso de los gobiernos con la educación;
La visión de la educación como proceso de aprendizaje a lo largo de la vida y camino para el cambio y la liberación;
La promoción de acciones pedagógicas afirmativas para superar lógicas de discriminación por razones de edad, sexo, género, etnia y raza, discapacidad, privación de libertad, condición migrante o desplazamiento, ubicación geográfica, nacionalidad, y para la construcción de la igualdad, la interculturalidad y el respeto a la diversidad;
La garantía de la cobertura universal, relacionada con las dimensiones de asequibilidad y accesibilidad, y la implementación de políticas para evitar la deserción escolar, asegurando la retención y el logro de aprendizajes;
La búsqueda de mayor articulación entre la educación y la comunidad y el territorio, para que aquella esté al servicio de la población y del desarrollo humano;
Y el desarrollo de enfoques para la práctica de la ética, los valores, el respeto entre todos y todas, la democracia, la igualdad, la honestidad, la solidaridad y el diálogo, en todo el quehacer educativo.
Quinto Principio: La apuesta por la acción plural y colectiva de los diversos sujetos de la sociedad civil en la lucha por hacer efectivo el derecho a una educación pública y gratuita para todos y todas involucrando a niños, niñas y jóvenes, personas adultas, organizaciones no gubernamentales, sindicatos docentes, asociaciones de trabajadores y trabajadoras de la educación y movimientos sociales.
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