Comisión Luízar entrega su informe final sobre actividades de ‘chuponeo’ de BTR

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Tras varios meses, el lunes 1 la comisión especial encargada de investigar la interceptación telefónica realizada por Business Track (BTR) votó por mayoría (3-2 por voto dirimente y una abstención) su informe final. El presidente de dicho grupo, Oswaldo Luízar, señaló que el documento es un tanto diferente al que se filtró a la prensa la semana pasada debido a las modificaciones en las recomendaciones y conclusiones.

Según la información recogida por El Comercio, el informe sostiene que hay indicios de que Andrick Service S.A. y BTR, de forma planificada y organizada, habrían hecho interceptaciones telefónicas y electrónicas; además que esta última también habría cometido lavado de activos.

También señala que Alex Kouri habría contratado a BTR para “chuponear” al entonces presidente regional del Callao, Rogelio Canches; que el ex ministro Francis Allison estaría involucrado en las labores de lavado de activos de BTR, al igual que mentir sobre sus cuentas bancarias ante el grupo investigador; y que la entonces presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas, no sustentó debidamente los trabajos de barrido electrónico que hizo BTR durante su gestión.

Igualmente, dicho documento recomienda que el artículo 162 del Código Penal, que tipifica la interceptación como delito, sea modificado, así como enviar el informe a la Subcomisión de Acusaciones constitucionales y la Comisión de Ética para que investigue a los congresistas mencionados en él.

También que, si de lo documentado contra las personas que formaron parte de dicha organización delictiva (Elías Ponce y otros empleados de BTR así como el periodista Pablo O´Brien) se concluye que cometieron algún delito, dicha información se derive al Ministerio Público para que realice las labores pertinentes.

La labor de la comisión, que habría gastado cerca de S/. 245 mil en 15 meses –principalmente en sueldos de asesores-, ha sido duramente cuestionada y algunos de sus integrantes podrían incluso terminar denunciados por difamación. Sin embargo, el pleno del Congreso tiene la última palabra cuando se vote la aprobación o rechazo de su informe.

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