SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE TRUJILLO: LOS PROGRAMAS SOCIALES EN EL PERÚ , UN ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS A PERSONAS CON VULNERABILIDAD

El concepto de servicio público fue definido por Dugüit como, “(…) toda actividad cuyo cumplimiento debe ser regulado, asegurado y fiscalizado por los gobernantes, por ser indispensable a la realización y al desenvolvimiento de la interdependencia social, y de tal naturaleza que no puede ser asegurado completamente más que por la intervención de la fuerza gobernante”; ello no implicaba que el Gobierno debiese prestar directamente el servicio, sino que podía delegar tal función al sector privado manteniendo siempre, claro está, facultades de regulación y fiscalización.
Las Políticas y los Programas Sociales
“…, La política debe incluir equidad y no solamente relacionado al género sino a las condiciones de accesibilidad y contexto socio-cultural” …se hace necesario mayor incidencia de políticas desde los gobiernos locales para potenciar el recurso humano”,…se evidencia una notoria debilidad en la implementación de políticas protectoras de la familia, para que este lineamiento prospere es necesario articular con educación y salud, el enfoque de género debería tener una mirada diferente, tiene que generar mayores espacios para la intervención con varones” …es vital en cada región contar con una política de control migratorio, y otra política de re-inmigración rural y selvática, se debe apuntar a cumplir objetivos sinérgicos, que permitan recuperar nuestra identidad” Liliana Mendiola Sevillano , 2018.
Por otro lado, la importancia de la implementación de programas que operativicen las Políticas Sociales a Nivel Nacional y Regional radica en la necesidad inmediata del cumplimiento del Acuerdo Nacional al 2021 para responder la problemática álgida que atraviesa nuestro país , para ello se establecieron lineamientos que hasta la actualidad no se visibilizan.
Actualmente, estamos trabajando en pro del cumplimiento de los derechos de las personas, en lugar de la satisfacción de las necesidades de los beneficiarios. Es importante hacer esta distinción porque las necesidades no atendidas conducen a la insatisfacción, mientras que los derechos que no se respetan derivan en su violación. Legalmente es posible reclamar la compensación o la reparación. Se cuenta con un convenio con el Poder Judicial un ente que ha desarrollado un importante programa en este eslabón, denominado Acceso a la Justicia a personas en vulnerabilidad y Justicia en tu comunidad ; se comporta a la vez como un instrumento clave para la verificación del estado de vulnerabilidad en el contexto del grupo familiar , permitiendo focalizar adecuadamente y restituir el derecho de la persona con los principios de dignidad humana que le son inherentes , sin embargo hay un punto desde nuestra perspectiva institucional que se observó que puede ser una estrategia de equilibrar nuestra balanza económica local, regional y nacional.
Este debería estar centrado en el deber de asistencia sin embargo el estado ha desprovisto “educar al ciudadano asumir su responsabilidad” en este capítulo vamos a narrar dos casos en donde vamos a visibilizar el comentario expuesto.
El pasado mes de agosto nos reportaron el caso de un joven “indigente con problemas de salud mental “ , se abordó con un despliegue de acciones: se solicitó apoyo a la comisaría para conducirlo al Complejo Policial de San Andrés para su respectiva identificación, posterior se sacó la partida de nacimiento para verificar la identidad de sus padres, fuimos al domicilio que consignaba su DNI vigente y los vecinos nos dieron información de cómo llegar al padre de familia, quien por motivos expresos manifestó que no podía responsabilizarse de su propio hijo, sacamos un SIS de emergencia para que pudiera atenderse en el Centro de Salud Comunitario donde le provisionaron de medicamentos para su estabilización, pese a ello el padre optó por conducir a su hijo en un centro de adicciones el mismo que firmó una carta de compromiso para el internamiento y nunca más regresó, ante la solicitud de apoyo del Centro, como institución decidimos emplazar a la familia para que se hiciera cargo de la manutención y gastos, el señor expresó nuevamente que era imposible que regresara a vivir con él sin embargo ante esta situación , el estado de vulnerabilidad del joven no es optativo es una persona con discapacidad mental severa , en este sentido el hecho que el familiar no tenga disponibilidad no lo exime de la misma, en el mejor de los casos que externe al joven , no hay una medida explícita que sanciones a la familia legal y económicamente, ¿Qué sucede con los declarados en abandono? ¿Realmente lo están? O lo que falta es invertir en investigación e implementar registros adecuados de búsqueda, aquí voy por el segundo caso, el pasado mes de abril se puso en conocimiento la situación de una joven en situación de abandono encontrada en situaciones de riesgo y precariedad, de las investigaciones realizadas se conocía a dos hermanas una de ellas en estado de salud compleja y extrema pobreza y otra hermana en Ecuador, más allá el informe legal determinó que los familiares no contaban con las condiciones, sin embargo cuando fue traslada a un centro para personas con salud mental tuvimos de conocimiento que tiene otros hermanos quienes la visitaron, y así continuaría con los casos que se acercan por estar en vulnerabilidad con presencia de grupo familiar, entonces a qué llamamos el estado de vulnerabilidad per se? Aquellos que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema, además que se ubican en los grupos etáreos de indefensión, tienen además algún tipo de discapacidad y situación de vulnerabilidad de acuerdo a criterios establecidos por la ley vigente, además carecen del acceso a los servicios públicos.
“…En este sentido el estado tiene el deber de legislar acerca de la responsabilidad del grupo familiar, no debería existir centros o albergues que solo dependan de los tributos de la población, debería realizarse un seguimiento y permanente rastreo de los responsables directos y establecer mecanismos de cómo éstos paguen al estado las pensiones correspondientes, con recursos o con trabajo comunitario , de otra forma es hacerles la vida fácil y permitir que sigan abandonando , debería existir la reparación económica de daños por abandono, y el trabajo debería ser obligatorio para obras del estado, los sistemas de información deben estar fortalecidos e interconectados, sería a la vez estratégico que además cada gobierno local se responsabilice de su segmento poblacional, entendemos si la persona desarrolla un proceso migratorio por falta de oportunidades y/o acceso a los servicios , sigan formando parte del presupuesto regional con miras a una re-inmigración , a eso llamaríamos éxito en la gestión pública ”.
El enfoque basado en los derechos humanos se centra en los grupos de población que son objeto de una mayor marginación, exclusión y discriminación. Este enfoque a menudo requiere un análisis de las normas de género, de las diferentes formas de discriminación y de los desequilibrios de poder a fin de garantizar que las intervenciones lleguen a los segmentos más marginados de la población.
Un enfoque basado en los derechos humanos también busca reforzar las capacidades de los garantes de derechos (normalmente, los gobiernos) de respetar, proteger y garantizar estos derechos. El objetivo de este enfoque es abordar las complejidades del desarrollo desde una perspectiva holística, teniendo en cuenta las conexiones entre las personas y los sistemas de poder o influencia. Por otra parte, también pretende crear una dinámica para la rendición de cuentas.
Los programas sociales han servido para llevar por primera vez servicios públicos a ciudadanos largamente olvidados de las zonas más alejadas de nuestro país y contribuir en la superación de la pobreza sin embargo existen diversas desmotivaciones para su acceso:
1.La corrupción en programas sociales y el clientelaje, Los programas sociales son intervenciones del Estado destinadas a aliviar necesidades urgentes de las personas en situación de pobreza. Sin embargo, a veces, se hace un mal uso de ellos.
2.Para acceder a programas sociales solo se debe cumplir con los requisitos que establece cada uno y que están relacionados principalmente, con la situación de pobreza del beneficiario o su pertenencia a grupos de especial protección como gestantes, niños, niñas o personas adultas mayores, sin embargo, hay personas que no los cumplen y se filtran. Los programas no cuentan con oficinas accesibles, todas se encuentran dispersas en la provincia, la información que brindan en varios casos es incompleta e insuficiente, las personas que la gestionan, la mayoría son iletrados o no cuentan con recursos para su desplazamiento, los tiempos de demora son excesivos, hasta que el usuario desiste.
3.Autoridades o integrantes del programa social, reducen, suspenden o condicionan la entrega de los beneficios, a cobros indebidos o requisitos adicionales no establecidos.
4.Otras personas que postulan a un cargo público ofrecen el acceso a los programas sociales o el incremento de sus beneficios. Amenazan con retirar tu nombre del programa social, o con la reducción del beneficio, si no participas en actividades a su favor o no votas por ellos.
Los programas sociales constituyen la instrumentación y Operacionalización sistemática de estrategias interviniendo en los sectores de mayor vulnerabilidad con la finalidad de asegurar una distribución más equitativa de los recursos económicos mediante acciones que tengan impacto sobre la calidad de vida de la población.
En la década de los noventas las políticas sociales se orientaron a atender las necesidades inmediatas en salud, educación y alimentación de los grupos más afectados por las medidas de ajuste económico aplicadas por el Gobierno. Sin embargo, la implementación de los programas sociales se realizó de manera aislada y sin una visión de conjunto que los articulase en función a objetivos comunes y complementarios. Tal situación conllevó a que los esfuerzos realizados desde el Estado no contribuyeran a reducir los indicadores de pobreza.
A partir del año 2003 el proceso de descentralización propició la transferencia de competencias y recursos hacia los Gobiernos Regionales y Locales, siendo uno de los primeros pasos la transferencia de los programas sociales. De manera paralela se dio inicio a la fusión de los programas con la finalidad de promover su eficiencia a través de un sistema articulado que contemple todas las acciones relacionadas con la ejecución de los mismos. (Estrada, H. & Perea, A., 2008)
(Correa, N.,2018) publicado por el Diario El Comercio ; Los programas sociales técnicamente más sólidos, con resultados positivos y ámbitos de mejora identificados a través de evaluaciones cuantitativas, cualitativas y requisitos condicionales, cumplen un rol importante para los hogares que sufren la pobreza más severa, nadie saldrá de la pobreza únicamente por dichas intervenciones, además requiere conocer los diferentes contextos de implementación de los programas sociales, escuchar y convivir con sus usuarios; superar los prejuicios sobre los usuarios de los programas sociales (usualmente referidos como ociosos dependientes del Estado), los cuales no solo reflejan desconocimiento sino también las profundas distancias culturales que caracterizan a nuestra sociedad.
Los programas sociales del Estado tienen un impacto real en la reducción de la pobreza monetaria, en más de 2 puntos porcentuales proyectó el director ejecutivo (e) de Pensión 65, (Llanos, F., 2018)
De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI – 2018), la pobreza monetaria sin los programas sociales llegaría a 23.5% de la población del país, pero con los programas Juntos y Pensión 65 este porcentaje se reduce a 21.7%.
Medición. En el Perú, la pobreza se mide bajo el enfoque monetario y se utiliza el gasto como indicador de bienestar. Así, para medir la pobreza es necesario contar con el valor de la canasta mínima alimentaria y no alimentaria: a este valor se le conoce como Línea de Pobreza, cuyo costo para el año 2017 fue S/ 338 por persona (para una familia de cuatro miembros el costo de la canasta es de S/ 1,352).
Las personas cuyo gasto per cápita es menor a la Línea de Pobreza son considerados pobres. Pobres extremos son aquellos que no cubren el valor de la canasta alimentaria de S/ 183 per cápita (S/ 732 para una familia de cuatro miembros).
Efectividad, (Torero, M. 2018), destacó que el Perú en los últimos años haya reducido de manera importante los índices de desnutrición y que sea considerado una de las mejores prácticas en el mundo siendo modelo para otros países de la región. La actividad económica es estable y registra una expansión por varios años, lo cual es una condición necesaria para lograr desarrollo, con ello se prevé reducir la desigualdad mediante tres ejes: capital humano, formalización con énfasis en los sectores económicos y acceso a la infraestructura, manifestó el funcionario.
La importancia de instalar en cada provincia los Módulos de Atención al Cliente (MAC’S) y la Ventanilla única Social, con articulación de entidades es clave para la adecuada focalización y empadronamiento de los Programas Sociales.

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