Documentos obtenidos por Perú.21 confirman que, en el año 2000, la Marina de Guerra del Perú compró, de manera oficial, dos equipos de interceptación Triggerfish y cuatro equipos denominados Handheld, por los cuales el Estado peruano pagó más de 160 mil dólares americanos.
Con estos documento se confirma que la Marina compró varios equipos de chuponeo, cuya ubicación se "desconoce" en la actualidad. (Imagen: larepublica.pe)
El nombre completo de los equipos es Triggerfish Cellular Telephone Monitoring System y Handheld Cellular Surveilance and Interrogation System, cuyo uso, de acuerdo con nuestras fuentes, es el espionaje telefónico celular. En su declaración policial, el procesado Carlos Tomasio de Lambarri, el número dos de la empresa Business Track SAC, había dicho que los dos Triggerfish fueron destinados para realizar labores de Inteligencia en Chile.
Al final, la Marina de Guerra del Perú, es decir, la cartera del sector Defensa, desembolsó la suma de 161,600 dólares americanos por equipos que, oficialmente, sí adquirió, pero que hasta el momento nadie sabe a dónde fueron a parar. ¿Quién los tiene?
La empresa Business Track (BTR), implicada en actividades de espionaje telefónico en el país, recibió más de 150 mil soles en contratos con entidades estatales el 2008, de dicha suma más de 90 mil corresponde a montos pagados por el Gobierno Regional del Callao.
Business Track facturó a varias instituciones estatales, pero la gran mayoría de sus ingresos los obtuvo a través de la gestión de alex Kouri en el Gobierno Regional del Callao.(Fuente: Prensa Libre)
Según reveló el programa "Prensa Libre", BTR logró superar sus ganancias el año 2008, en más del 200% de lo que obtuvo entre los años 2006 y 2007.
El premier Yehude Simon no descartó que en el atentado que sufrió la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, el sábado último participaran malos elementos de la Marina de Guerra y se distanció así de un sector policial y periodístico que plantean que el móvil del atentado contra Echaíz fue el robo de su camioneta.
El Premier indicó que es posible la intervención de marinos en el incidente del fin de semana; en la fotografía el indetifac de uno de los agresores.(Imagen: Diario La Primera)
En tanto la fiscal dijo que espera los resultados de las investigaciones sobre la agresión; sin embargo, indicó estar segura que el móvil del atentado no fue el robo de su vehículo, “porque si hubiesen querido robarme no hubiesen disparado a las llantas de la camioneta”.
El ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, dijo que la investigación realizada por su sector concluyó que el marino, socio de la empresa Business Track, usó su cargo en la armada para adquirir dos equipos Triggerfish 4080 en el año 2000.
El Ministro de Defensa admitió que los equipos usados en el chuponeo, que desestabiló al régimen, fueron comprados a nombre de la Marina. (Imagen: RPP)
“Por ello se ha solicitado a la Fiscalía de la Nación la ampliación de estas investigaciones”, señala un comunicado del sector, que añade que las facturas por la compra dos equipos Triggerfish 4080 de “chuponeo” fueron halladas en poder del capitán de fragata® Carlos Alberto Tomasio de Lambarri, uno de los socios fundadores de Business Track, empresa implicada en la interceptación a los teléfonos del ex ministro Rómulo León y el ex director de Perupetro Alberto Quimper, los principales implicados en el caso del “Petrogate”.
El congresista Víctor Andrés García Belaunde reveló que, según información que maneja, habría un grupo reaccionario de la Marina de Guerra que pretendería un golpe de Estado contra el presidente Alan García, a raíz de la aparición de más audios comprometedores y la participación de agentes en actividad de dicha institución que hacen reglajes y seguimientos.
Un grupo de militares estaría desarrollando un plan mediante el cual precipitan la vacancia del presidente García, producto de los audios obtenidos mediante el chuponeo, para que el almirante Giampietri asuma el control del país. (Imagen: RPP)
Sostuvo que su denuncia se avalaría en un informe que maneja la Embajada de Estados Unidos en el Perú proporcionada por el propio Gobierno norteamericano.
