Mes: junio 2010

Se resuelve inhibirse del conocimiento de la apelación presentada contra la resolución coactiva que declaró no ha lugar la tercería preferente de pago, debido a que el Tribunal Fiscal carece de competencia para ello. Se remiten los actuados a la Administración.

Se revoca la apelada que declaró inadmisible la intervención excluyente de propiedad formulada respecto de un inmueble inscrito en la SUNARP por cuanto la recurrente presentó como prueba de su derecho de propiedad, copia de la minuta de compraventa celebrada con anterioridad al embargo con la cual se transfirió la propiedad del citado inmueble, el que contiene firmas legalizadas ante la notaria siendo que la referida notaria corroboró que en efecto en la indicada ficha realizó dicha legalización.Asimismo obra en los actuados la copia del asiento con el bloqueo registral de la partida del inmueble hasta que se inscriba la compraventa a favor de la recurrente.Se indica que el contrato de compraventa con firmas legalizadas constituye un documento de fecha cierta que acredita fehacientemente que la recurrente adquirió la propiedad sobre el inmueble en mención con fecha anterior a la del embargo trabado conforme al inciso a) del artículo 120º del Código Tributario. Se señala que la exigencia de la Administración respecto al pago del saldo del precio carece de sustento, toda vez que es suficiente el acuerdo de voluntades entre ambas partes para que la recurrente adquiriese la propiedad del inmueble materia de autos, siendo que además el precio del citado inmueble ha sido pagado al vendedor en su totalidad, en efectivo y con la asunción por parte de la recurrente de la hipoteca que recae sobre el citado inmueble.

Se declara fundada la queja debido a que las órdenes de pago objeto de cobranza fueron notificadas en forma conjunta con las resoluciones de ejecución coactiva lo que vulnera el derecho al debido procedimiento coactivo, conforme al criterio establecido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Nº 3797-2006-PA/TC, y la cobranza coactiva iniciada por la deuda contenida en las resoluciones de intendencia, dado que dichas resoluciones si bien fueron notificadas a través del diario oficial El Peruano, la Administración no ha acreditado las razones por las cuales procedió bajo esa modalidad de notificación.