Logo del AGN del siglo XIX
El Archivo General de la Nación (AGN, antigua Sede del Correo, Jirón Camaná 125).- Creado por Ramón Castilla el 15 de mayo de 1861, con el nombre de Archivo Nacional (AN), es una de las instituciones tutelares del Patrimonio Cultural de la Nación. Al momento de su fundación, acopió y custodió los documentos históricos pertenecientes a las antiguas instituciones gubernamentales de la época colonial, así como de documentos y crónicas pertenecientes a las diversas órdenes religiosas y establecimientos públicos que, por entonces, se conservaban en el Convento de San Agustín. Su creación marcó un hito importante en la preservación de la memoria colectiva de la Nación y su local funcionó en la casa de los agustinos.
Su primer director, ad honorem, fue Santiago Távara y Andrade, médico y héroe de la Independencia, quien, con un archivero y cuatro amanuenses, inicio la historia del primer repositorio documental del país. Luego de sus primeros años, el AN fue devastado y saqueado durante la invasión chilena. Así, sin personal ni presupuesto, se instaló precariamente en las instalaciones de la antigua Biblioteca Nacional, dirigida por Ricardo Palma, quien consultó sus valiosos manuscritos para su investigación sobre las tradiciones peruanas. Alberto Ulloa informó que “los papeles del archivo se encontraban hacinados en una sala de la biblioteca, la clasificación había desaparecido, los censos fueron robados, los paquetes de legajos estaban deshechos, mezclados y mutilados” (1897).
En la década de 1940, el AGN se trasladó al sótano del edificio del Palacio de Justicia, donde se conservaron cerca de 28 mil metros lineales de documentos no sólo de la Colonia sino también de la República. Allí se organizan el protocolo ambulante de los conquistadores o “libro becerro”, los expedientes de la Real Audiencia de Lima, los archivos del ex Ministerio de Hacienda y Comercio, las escrituras públicas, las partidas de registro de nacimiento, de matrimonio y de defunción, los registro de inmigrantes, los archivos de la ex haciendas expropiadas por la Reforma Agraria, entre otros fondos documentales de las instituciones públicas que son únicos e irremplazables.
Cuando cerró el Ministerio de Justicia, durante el gobierno militar de Velasco, el AN pasó a depender del Instituto Nacional de Cultura y fue en 1972 cuando cambió su cambió de denominación por AGN. Sin embargo, el acto más trascendente en su historia cuando, ese mismo año, se declaró de utilidad pública la defensa, conservación e incremento del Patrimonio Documental y que el AGN está obligado a proteger.
Desde entonces, el AGN ha calificado como Patrimonio Documental de la Nación a toda la documentación existente en los archivos de todas las reparticiones y organismos del Sector Público Nacional; en los archivos históricos, notariales, eclesiásticos, parroquiales y de conventos, en los archivos particulares y en general a todo el material documental, aun de origen privado, que sirva de fuente de información para estudios históricos y de desarrollo cultural, social, económico, jurídico o religioso de la Nación.
Uno de sus más notables directores fue Guillermo Durand Flórez quien logró, en 1981, que el AGN se reintegrase al Ministerio de Justicia y convirtiese en Organismo Público Descentralizado. Así se inició su gran transformación: se establecieron las bases del Sistema Nacional de Archivos con la creación de las Direcciones Generales de Archivo Histórico y Archivo Intermedio (dedicado éste último a la custodia de los archivos de la Administración Pública) y los Archivos Departamentales; para formar al personal se creó el Centro de Capacitación transformado luego en Escuela Nacional de Archiveros donde egresaron cuadros de profesionales y técnicos que se desempeñan hasta hoy en el sector público y privado. Muchos de sus funcionarios fueron becados para especializarse en Madrid, Sevilla, Alcalá de Henares y Córdoba (Argentina), gracias a la cooperación del Ministerio de Cultura de España y la OEA. Continuaron la obra iniciada por Durand Flórez destacados intelectuales como Luis Enrique Tord, Guillermo Lohmann Villena y Jorge Puccinelli; y el archivero César Gutiérrez Muñóz.
El AGN no fue ajeno a la crisis de fines de la década de 1980 e inicios del 90. Los principales funcionarios y empleados renunciaron acogiéndose a los incentivos aprobados por el gobierno de Fujimori y algunos ex dirigentes sindicales asumieron los cargos directivos. Las reorganizaciones internas del personal se hicieron frecuentes, se fue reduciendo el presupuesto y con ello el desarrollo de nuevas actividades y, lentamente el primer repositorio documental del país ingreso a la sobrevivencia gris de la rutina y la burocratización.
Hubo intentos de algunos directivos por cambiar esta situación crítica. Durante el gobierno de Toledo se logró que el local del antiguo Correo Central sea remodelado y asignado al AGN, donde funciona parte del Archivo Histórico, perteneciente a la época colonial; la otra parte de los archivos está aún en Palacio de Justicia. Por su lado, la Escuela Nacional de Archiveros obtuvo un local en Pueblo Libre. En marzo de 2011, el AGN, se vio obligado a cerrar por denuncias sistemáticas de pérdidas y mutilación de material patrimonial, ocurridas entre 2005 y 2009, y por hallazgos de manuscritos del siglo XVII al XIX. Hubo una intensa labor de inventario.
Respecto al mundo virreinal, el AGN conserva todo documento de instituciones públicas. Contiene tesoros desde 1533 hasta 1821. El documento más antiguo es el Protocolo Ambulante o “Libro Becerro”, crónica de los conquistadores y, a la vez, libro de cuentas entre 1533 y 1538, en los que vemos que Francisco Pizarro sabía por lo menos hacer una rúbrica, al igual que Diego de Almagro. Hay documentos de todas las instituciones coloniales, como la Santa Inquisición, o referidos a la extirpación de idolatrías. Son interesantes los documentos de la Real Audiencia, el Poder Judicial de entonces, que registran todo tipo de casos delictivos. También son claves las “Temporalidades”, que registran los terrenos expropiados a la Compañía de Jesús durante su expulsión del virreinato. O los protocolos notariales, donde vemos registro de deudas y mercancías impagas (en uno de ellos aparecen las deudas que dejaron Túpac Amaru II y Micaela Bastidas luego de ser ejecutados). Figuran, asimismo, árboles genealógicos e, incluso, algunos libros como manuales de esgrima.
En relación al Perú independiente, el “Archivo Republicano” se fundó en 1943 y alberga valores desde 1821 hasta alrededor de 1950. Los documentos más consultados son los libros de inmigrantes, que marcan el ingreso de extranjeros y los lugares en donde se asentaron. Otros textos importantes son los presupuestos nacionales de cada año, que permiten ver nuestra evolución económica. También los registros civiles, pues hay que recordar que, hasta 1875, solo la Iglesia inscribía a los recién nacidos; el primer peruano inscrito en un registro civil fue Juan Igreda, hijo de un panadero.