Los años 20: el impacto de las obras públicas y la cuestión internacional

Las obras públicas fueron la esencia, la razón de ser de la Patria Nueva. La inyección de los capitales norteamericanos, la vocación desarrollista del leguiísmo y la iniciativa privada fueron los factores que permitieron cambiarle el rostro al país durante estos once años de gobierno autoritario. Sin temor a equivocarnos, podríamos decir que ningún gobierno hasta entonces había emprendido -y casi culminado-una política tan vasta de obras públicas que abarcó casi todo el territorio nacional. Por ello, la industria del cemento tuvo un rápido crecimiento, pues, en 1925, produjo casi 12 mil toneladas y 50 mil en 1927.

En primer lugar, Leguía se comportó como un “alcalde de Lima” y la capital gozó de una de las mayores transformaciones en su historia. Al margen de las donaciones por las celebraciones del Centenario, el gobierno y el capital privado invirtieron buena parte de tiempo y dinero en modernizar la antigua ciudad de los virreyes. Se inauguró la Plaza San Martín y el monumento al Libertador argentino en 1921; en la misma Plaza, por iniciativa privada, se construyeron el Hotel Bolívar y el Teatro Colón. Se abrieron nuevas avenidas como Leguía (hoy Arequipa), Progreso (hoy Venezuela), La Unión (hoy Argentina), Nicolás de Piérola, Costanera y Brasil; se construyeron algunos edificios públicos como el Ministerio de Fomento, el Palacio Arzobispal y otros se reconstruyeron como el Palacio de Gobierno luego del incendio de 1921; también se iniciaron las obras del edificio del Congreso y el Palacio de Justicia. Se fundaron nuevos barrios como el de Santa Beatriz, San Isidro, Magdalena del Mar y San Miguel. Se construyó la Atarjea para brindar de agua potable a Lima y en muchas ciudades del interior se hicieron obras de alcantarillado; en este sentido, se instalaron 992 mil metros de tuberías de agua y desagüe. El régimen gastó en todo esto unos 40 millones de soles.


Avenida Leguía (hoy Arequipa)

Se construyeron unos 18 mil kilómetros de carreteras gracias a la injusta Ley de Conscripción Vial que implantó una especie de mita vial que estipuló la obligatoriedad de 10 días de trabajo en las carreteras del Oncenio. Esta fiebre por la construcción de carreteras hizo que el trazo de muchas de ellas no tuvieran ningún sentido; ese fue el caso de un camino que se inició en Huancayo sin que se supiera dónde debía llegar. Asimismo, se inició la construcción del Terminal Marítimo del Callao y se culminaron los ferrocarriles de Chimbote al Callejón de Huaylas y de Huancayo a Huancavelica.

También se abrió la Escuela de Aviación de Las Palmas; se compraron los primeros cuatro submarinos artillados y provistos de torpedos; se creó la Escuela de la Guardia Civil y Policía que contó en sus inicios con instructores españoles; fue creado el Ministerio de Marina en 1920 independizándolo del Ejército. Finalmente, se inició el proyecto de irrigación de Olmos y se dejaron listos los de Imperial (Cañete), La Chira y Sechura (Piura), y Esperanza (Chancay).

DE otro lado, mucha polémica desató el trato que dio el régimen a las tensiones limítrofes que debían resolverse con Colombia y Chile. Con el país del norte Leguía quiso darle a las conversaciones un tono más conciliatorio. La pretensión colombiana era lograr acceso soberano al Amazonas sobre la región de Maynas, mediante el canje de unos territorios cedidos por el Ecuador a Colombia. Bajo ese marco se llegó a un arreglo definitivo en un tratado firmado en Lima el 24 de marzo de 1922, por el canciller Alberto Salomón y el enviado colombiano Fabio Lozano (Tratado Salomón-Lozano). El documento cedía todas las tierras comprendidas entre los ríos Caquetá y Putumayo más el llamado Trapecio Amazónico o Trapecio de Leticia, que dio derecho a Colombia a navegar por el Amazonas. El Perú sólo ganó una faja de terreno denominada Triángulo de Sucumbíos entre el Putumayo y el San Miguel. Una tormenta de críticas por parte de la opinión pública peruana desató una crisis política en torno a la firma de este documento, pues incluía la merma territorial del Trapecio Amazónico con la población de Leticia. Contra todo pronóstico, el tratado fue aprobado por el Congreso cinco años después. La cuestión, sin embargo, no quedó allí. En setiembre de 1932, cuando ya gobernaba el Perú Sánchez Cerro, un grupo de loretanos se apoderó de Leticia y expulsó a las autoridades colombianas. El país estuvo al borde de la guerra con Colombia.


Manifestaciones en favor de Leticia

Con Chile la herida dejada por la guerra y las condiciones del Tratado de Ancón no tenían cuándo cicatrizar. El problema era cómo definir los términos para la celebración del plebiscito que decidiera el futuro de las provincias de Tacna y Arica. A partir de inicios de siglo, la política chilena estuvo destinada a hacer fracasar la consulta popular desarrollando una activa política de “chilenización” de los territorios ocupados, organizando la migración de ciudadanos chilenos y hostilizando a la población peruana. Ambas situaciones fueron comprobadas por los miembros de las comisiones mediadoras estadounidenses; en 1922 se decidió someter el caso al arbitraje de los Estados Unidos.

El gobierno de Washington se inclinó por la realización del plebiscito señalando que debían votar todos los peruanos y chilenos con dos años de residencia en las zonas ocupadas. Chile, que había llevado gran cantidad de sus ciudadanos, estuvo de acuerdo. Sin embargo, cuando el gobierno de Santiago se dio cuenta, gracias a los cálculos de la votación, que perdería la consulta prolongó el asunto hasta que los delegados arbitrales decidieron no celebrarla en tales condiciones. En 1926, el general William Lassiter -sucesor del general John Pershing en la delegación arbitral- concluyó que era imposible convocar al plebiscito, dejando entrever que Chile era culpable del impasse. En 1928, por un pedido expreso de Washington, se reabrieron las embajadas en Lima y Santiago, insinuándose así los primeros pasos a un arreglo. Por fin, casi después de medio siglo, la seria cuestión sería resuelta por el Tratado de Lima que sancionó la renuncia al fracasado plebiscito. Este tratado se firmó el 15 de mayo de 1929 y participaron los delegados Pedro Rada y Gamio por el Perú y Emiliano Figueroa Larraín por Chile. El tratado significó la pérdida de Arica y la recuperación de Tacna al territorio peruano. Un protocolo complementario terminó obligando a Chile construir un “malecón de atraque” en Arica para uso del Perú y darle allí franquicias propias de un puerto libre; en el Morro de Arica se elevaría un monumento que simbolizara la concordia de ambos pueblos.

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