Actualmente el tema de la política social toma cada vez más importancia en América Latina; las demandas sociales como la pobreza, el subempleo, el deterioro del medio ambiente y el empeoramiento de las condiciones de vida….
La Ley de Pobres fue la más importante disposición aplicada sobre los pobres antes del Siglo XIX, desde ahí nace lo que se puede llamar política social, es decir una intervención directa del Estado para atender un problema colectivo, en este caso por la vía de la Iglesia, institución que también era estatal. Significó el comienzo de un nuevo modelo, el de la asistencia pública, que sustituía al de la caridad cristiana medieval.
El problema se produjo cuando aparecieron los pobres profesionales que asediaban a las parroquias, especialmente a las mejores, viniendo de otros lugares para pedir ayuda. Por lo que se dictó el Acta de Residencia y Remoción que fijaba a los pobres a cada parroquia. Un siglo después, Adam Smith manifestó su desacuerdo con el Acta porque impedía a la gente conseguir empleo en otros lugares. Era la discusión entre el liberalismo que postulaba que los trabajadores pudieran circular por el país para que se cree un mercado del empleo; y las concepciones que venían de la Edad Media y que se basaban en un cristianismo paternalista y protector.
Como fue cada vez más impopular y se creó un ambiente contrario a la asistencia a quienes, según se decía, no trabajaban porque eran inferiores o proclives a la vagancia, el Acta de 1662 fue anulada, la servidumbre parroquial fue abolida y se creó finalmente el mercado de trabajo (POLANYI 1947).
Antes del surgimiento de los estados modernos hay una actitud caritativa frente a los pobres y se entiende a la pobreza como algo dado por voluntades externas a los seres humanos. Con el surgimiento del modernismo empieza una política social de control de los pobres. Se busca registrarlos, contabilizarlos y controlarlos. Se distingue los pobres dignos de los indignos. Y empiezan las discusiones sobre quiénes son los responsables de la pobreza. De virtud, la pobreza se transforma en vicio. De la caridad se pasa al control. De la limosna se transita hacia los impuestos.
Actualmente el tema de la política social toma cada vez más importancia en América Latina; las demandas sociales como la pobreza, el subempleo, el deterioro del medio ambiente y el empeoramiento de las condiciones de vida no son atendidas con programas sostenibles. Las políticas sociales persiguen solo aplicar las técnicas instrumentales para aliviar o disminuir la pobreza sin preguntarse por sus causas. Así, dichas técnicas instrumentales encubren o evitan preguntas fundamentales: ¿Cuáles son las causas de la pobreza? ¿Qué se puede hacer para eliminar o modificar esas causas?.
Para el Consenso de Washington, las políticas sociales no resultan ser universales mas bien son de corte selectivo, focalizado, buscando concentrar los recursos del Estado en los denominados grupos vulnerables, grupos en situación de riesgo o la población focalizada bajo ciertos indicadores como bajo la línea de pobreza o de pobreza extrema. Con ello, también, el discurso de la lucha contra la pobreza reemplaza la preocupación por el desarrollo y la desigualdad social.
Este planteamiento, como se ha dicho “selectivo” supone una suerte de discriminación, por cuanto, en este caso solo los menos favorecidos, serían objeto de atención y prioridad de esta política social y no se trata de una política para todos, y en varios casos estudiados esta nueva orientación aparece con un sentido meramente compensatorio ante la desigualdad y el desequilibrio de la esfera social. Ha transcurrido más de una década del dominio de este nuevo modelo, que en muchos casos tuvo pretensión de ser el único pensamiento, se aprecia que el panorama en la realidad nacional y en las regiones donde se viene aplicando no ha cambiado sustantivamente en términos de la población bajo la línea de pobreza.
Toda política incide de manera directa, en la calidad de vida de las personas y tienen como objeto de intervención, a las personas, familias y grupos humanos, en función de mejorar sus condiciones de vida. La política social supone cierto grado de racionalidad para enfrentar los problemas desde el Estado y la sociedad, lo que supone realizar grados de planeamiento; y este planeamiento debe ser consecuencia de complicados procesos sociales que incluyen tensiones y negociaciones entre fuerzas y clases distintas que disputan los beneficios de la actividad económica y productiva. La sistematización de la acción pública desde el Estado, fenómeno históricamente reciente, cubre los períodos de estabilidad que son consecuencia de dichas negociaciones.
Las políticas sociales en el país siguió muchos años la corriente mundial de los estudios empíricos sobre la pobreza que los hacen reposar sobre una concepción monetaria. Sin embargo, estudios recientes ha registrado cierta apertura conceptual incluyendo las nociones de esperanza de vida, analfabetismo, morbilidad, vulnerabilidad o participación. Los resultados de esta política son que la pobreza se ha mantenido en líneas generales y algunos indicadores sociales han mejorado levemente, manteniéndose sin embargo por debajo de los promedios latinoamericanos.
Las políticas sociales de mayor incidencia y de importancia en los últimos años en el país han sido las políticas orientados a: empleo que tienen por objetivo que todas las personas en edad de laborar, tengan la oportunidad de tener un empleo y puedan tener ingresos para resolver sus necesidades; educación que incide directamente en el desarrollo de las personas y de salud que inciden en que las personas tengan una vida saludable. Aunque, últimamente ha cobrado importancia las políticas orientadas a la seguridad ciudadana que busca garantizar la integridad física y moral de las personas y la vigencia de sus derechos y responsabilidades, debido a la inseguridad constante que vive las ciudades principales del país.