Ref. de Análisis: Políticas de Estado V y VIII del Objetivo Democracia y Estado de Derecho
Implementar el Sistema Regional de Planificación Estratégica, acorde al Sistema Nacional de Planificación Estratégica, con mecanismos de concertación entre instituciones públicas y privadas, propiciando la asociación y coparticipación en el diseño y ejecución de acciones en beneficio de la población.
Los planes a desarrollarse sean concertados y articulados entre sectores y niveles de gobierno regional y local. Es necesario, que las políticas públicas propuestos tengan un análisis de costo – beneficio antes de su aprobación, a fin de que los planes estén orientados a la promoción del desarrollo integral y sostenibilidad de la comunidad con metas y objetivos viables.
Lo señalado (políticas públicas) demanda de un sistema de monitoreo y control estadístico que permita su evaluación permanente; censos de información existentes para fortalecerlas, modificarlas o suprimirlas a fin de optimizar el uso de los recursos y asegurar su efectividad; un sistema de gestión en base a resultados, con sus respectivos indicadores de impacto.
– Gestión por resultados.
El sistema de monitoreo, control y rendición de cuentas de los resultados de gestión implica a que todas las instituciones públicas tengan claramente definidos sus indicadores para cada una de las políticas públicas implementadas; y que los ciudadanos accedan libremente a los portales de transparencia y otros medios de difusión para conocer la gestión y resultados de las políticas públicas.
Para lo anterior se debe establecer estándares mínimos de cumplimiento para los indicadores básicos de las políticas públicas. Caso contrario se someta a mecanismos de sanción para la autoridad elegida que no cumplan con los objetivos programáticos planteados.
Por lo tanto la formación, capacitación y actualización de los funcionarios públicos que participen en la elaboración, implementación y ejecución de las políticas públicas, será prioritaria.
Una gestión pública participativa implica la socialización del poder, la inclusión social y el aumento de eficiencia y eficacia del gasto público. Esto lleva a generar mecanismos innovadores de gestión y participación ciudadana que rompe el control político de élites y con formas burocráticas corruptas y clientelista.
Las instituciones públicas que demuestre su gestión en función al interés público, incrementara su eficiencia en la prestación de servicios y ello repercutirá en la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente de los segmentos poblacionales más vulnerables.
Entonces resulta fundamental promover estrategias de fortalecimiento de la sociedad civil y su articulación con el Estado y los partidos políticos. Procesos como los del presupuesto participativo brinda elementos para la búsqueda de formas alternativas de representación social y política, para recrear mecanismos de vigilancia ciudadana que finalmente constituyen una forma efectiva de monitorear y evaluar los procesos, y para recuperar la confianza mutua entre el estado y la sociedad civil.
Así mismo, la calidad de la información pública a ser brindada a la población de la manera más comprensible, teniendo en cuenta los factores geográficos, culturales, sociales, etc.; reducirá la asimetría de la relación entre la administración pública y los ciudadanos, permitirá fortalecer las organizaciones de la sociedad civil de manera que participen adecuadamente en la toma de decisiones, promoverá la rendición de cuentas en cada nivel de gobierno regional y local.
– Infancia y Adolescencia.
Es indudable que se requiere de un trabajo sostenido y articulado, así como una inversión consistente y suficiente para modificar los indicadores preocupantes sobre la situación de la infancia y adolescencia en el País, del cual las regiones no es exenta. En este marco, la existencia de un Plan Regional de Acción para la infancia y adolescencia resulta imprescindible como herramienta estratégica pública con objetivos a mediano y largo plazo, cuyo cumplimiento debe ser monitoreado y evaluado de modo permanente.
Desarrollar políticas públicas y programas en favor de la infancia y la adolescencia, con enfoque de derechos, conlleva a redefinir las estrategias vinculadas a la priorización de la inversión social y por ende a las asignaciones del presupuesto. En este sentido, se deben establecer alianzas y consolidar mecanismos de cooperación con otros actores como las familias, las comunidades, los gobiernos locales, regionales, la empresa privada y las organizaciones nacionales e internacionales.
– Trabajadores del Sector Público.
Desarrollar un adecuado sistema de empleo en la administración pública, que asegure la calidad del servicio a los ciudadanos y elimine la captación partidaria y el padrinazgo en los puestos públicos. El ingreso de personal al sector público sea mediante procesos de selección pública por mérito y competencias y se busque fortalecer las capacidades del trabajador en todos los ámbitos de la gestión pública.
Para ello se debe dar prioridad al cumplimiento irrestricto de la Ley del Empleo Público en todos los sectores del gobierno y la restauración del concepto de “carrera pública”. Se implemente en las instituciones del gobierno regional y local planes de capacitación, como mecanismos para promover al trabajador conforme avanza en aprendizaje, las remuneraciones y responsabilidades sean en función de su capacidad, experiencia y desempeño; y cuente con relativa estabilidad laboral, para asegurar la continuidad en el ejercicio de la administración pública.