Nuevo gabinete Villanueva y las reformas urgentes

Para nadie era un misterio de que mucho antes que se diera el voto de confianza al nuevo gabinete Villanueva por parte del Congreso, esta facultad ya había sido otorgada implícitamente por parte del grupo mayoritario de Fuerza Popular en una especie de pacto por la gobernabilidad. Con esto, el fujimorismo ha demostrado su fuerza y capacidad de negociación frente al Ejecutivo al momento de tomarse decisiones tan importantes como la conformación de un gabinete ministerial y seguramente también, en cuanto a las políticas públicas a implementar, las cuales, de igual manera, tendrán que contar con su visto bueno al interior del Legislativo. Hoy Fuerza Popular hincha el pecho porque sabe que no solamente son los amos y dueños del Congreso, sino que también tienen injerencia directa sobre el Ejecutivo.

Más allá de pactos y nuevas alianzas que se vienen concertando y que hasta cierto punto son válidas en el marco de una nueva versión del realpolitik, el Ejecutivo debe concentrar sus esfuerzos en impulsar las reformas que son realmente urgentes y que quizás no cuenten necesariamente con el amén de los congresistas naranjas. Estas reformas tienen que ver con situaciones que a toda luz, requieren de un esfuerzo conjunto para que sean atendidas cuanto antes. A continuación un breve repaso de las mismas, algunas coincidentes con la delegación de funciones solicitadas por el Gabinete Villanueva al Congreso.

1) Reforma electoral

Quizás esta reforma sea en la que existe mayor oposición o llamémosle “lentitud” por parte del Legislativo, pero que para el ciudadano de a pie le parece fundamental su tratativa. La idea de esta reforma, tiene que ver, como lo señala la misma ONPE, con una búsqueda constante de mayores niveles de transparencia, probidad y responsabilidad de los partidos políticos, de sus líderes y principalmente de sus candidatos que son los que finalmente llegan a ocupar los cargos públicos.

El Ejecutivo ha planteado en este sentido, tres puntos específicos para ser reformados y tienen que ver con el voto preferencial, la cifra repartidora y la bicameralidad. Planteamientos que ya se encuentran para el debate al interior del Congreso, y que hasta cierto punto, cuentan con el apoyo mayoritario para su tratamiento y posterior aprobación. Sin embargo, un tema muy importante que no debe olvidar el Ejecutivo, tiene que ver con las secuelas que nos viene dejando el caso Lava Jato y el financiamiento ilegal de las campañas de los partidos políticos las cuales son tratadas hasta hoy en día como faltas administrativas (apacibles de multas) y no como ilícitos penales. Hasta el momento los instrumentos de control han sido insuficientes para detectar a aquellos partidos que ilícitamente reciben dinero en sus campañas electorales a cambio de favorecimientos posteriores en las licitaciones públicas.

2) Lucha contra el feminicidio

Esta reforma resulta igual de urgente debido a que la violencia contra la mujer no tiene límites. Hemos sido testigos en estos últimos años y también en los últimos días, de la criminalidad con la que están actuando algunas bestias algunos hombres y las constantes denuncias de mujeres acosadas o violentadas física, psicológica o sexualmente, pero que no reciben una atención adecuada. Cifras del Ministerio Público señalan que solamente entre los años 2009 al 2017, se registraron un total de 1,030 mujeres víctimas de feminicidio, de las cuales 65 de ellas fueron asesinadas.

Ante dicha situación, una propuesta que debe incorporarse por ejemplo es la presentada por la Defensoría del Pueblo, quien ha solicitado la creación dentro de la Policía, de una Dirección de Protección contra la Violencia hacia las Mujeres que garantice la efectiva atención y protección de las víctimas. Resulta muy importante la capacitación de la Policía en relación a la atención de las víctimas y el llenado de la ficha de valoración de riesgo, la cual sirve de base para que el Juez determine en qué grado de riesgo se encuentra la víctima y pueda dictar las medidas de protección. A la fecha las denuncias pasan totalmente inadvertidas.

3) Reactivación Económica

Un tercer y último punto tiene que ver con la reactivación económica y su estrecha relación con el incremento de la pobreza (abordado en un post anterior) y la generación de empleo. Como bien lo señala el Eco. Carlos Parodi (Universidad del Pacífico), los motores de todo crecimiento económico son: el consumo interno, el gasto público, la inversión privada y las exportaciones. A la fecha, el país tan solo está sobreviviendo de las exportaciones, factor del cual no podemos confiar un crecimiento sostenido, ni mucho menos la generación de empleo, esto debido a que no depende de nosotros, sino de otros países que tendrían que mantener la demanda de nuestra producción. Es decir se trata de un factor que no podemos controlar.

En cuanto al gasto público, el Ejecutivo ya ha señalado que al enfrentar un peligroso déficit fiscal, se requiere reducir el gasto innecesario (consultorías, empleos, etc.) y por otro lado, elevar la recaudación tributaria, lo cual resulta razonable debido a que se está gastando por encima de nuestros ingresos. Ante esta situación se requiere urgente que se propicie y acelere un mejor clima para el desarrollo de las inversiones privadas, las cuales van a hacer que crezca el empleo y por ende, elevará el consumo interno (medida de reactivación dos en uno). El inicio de los proyectos mineros como Quellaveco y Tía María, por ejemplo, son vitales para reflotar nuestra economía.

CONCLUSIÓN:

Tal como se señalaba en una reciente editorial de Diario El Comercio, el Ejecutivo debe de aprovechar la vocación de colaboración que hoy se percibe de las diferentes bancadas en el Congreso, incluidos fujimoristas y apristas, para impulsar las reformas que se han señalado en los párrafos precedentes. En cuanto a la reactivación económica y la lucha contra el feminicidio, no creo que haya discrepancias de fondo, lo cual debe llevar a que se tomen acciones concretas y efectivas lo más antes posible. La verdadera lucha que se va a presentar es en cuanto a la reforma electoral debido a que se percibe que va en contra de los intereses del Legislativo.

El Ejecutivo, aprovechando la coyuntura del caso Lava Jato, debe tener la muñeca y la sapiencia suficiente para saber introducir los cambios que se requieran para reformar la ley electoral y en ese sentido: a) Elevar a nivel de ilícito penal la no declaración del financiamiento de las campañas políticas, b) La incorporación de las organizaciones políticas como sujetos obligados a reportar sus operaciones a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), contando con un sistema para prevenir el lavado de activos, y c) El fortalecimiento de la democracia interna de los partidos, con lo cual se permita transparentar mejor los procesos y tener una mejor calidad de nuestras autoridades. Esperemos que este pacto funcione, pero en todos los ámbitos.

Cuestiones para entender y diferenciar la violencia y el conflicto

Hace unos días fuimos testigos a nivel nacional de una acalorada discusión en Radio Exitosa entre un representante de la Federación Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el comunicador Phillip Butters, esto por motivo de la toma de dicha universidad, en donde Butters, lejos de preguntar y/o consultar sobre las razones que habían motivado dicha acción para informar mejor a sus oyentes, se dedicó en toda la conversación, a amedentrar y despotricar al entrevistado, afirmando que este era un delincuente e incitando hasta al Presidente de la República para que lo enmarroquen y se lo lleven preso. A mi parecer, una errónea interpretación extremista en lo que se refiere a la protesta social, que a continuación me gustaría analizar brevemente desde el punto de vista de las ciencias sociales y políticas.

La protesta social en el marco jurídico peruano

En principio tomemos como referencia lo que señala el artículo 2°, inciso 12, de la Constitución del Estado en donde establece que todo peruano tiene derecho “a reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas”. En suma, el mandato constitucional demanda una protesta pacífica, sin violencia.

Es decir, la protesta social pacífica se encuentra protegida por los derechos constitucionales de libertad de reunión, libertad de expresión y libertad de asociación, siendo la primera de ellas su principal fundamento constitucional, ya que sin el reconocimiento de este derecho, la protesta social pacífica no tendría bases sólidas, pues las libertades de expresión y de asociación, por sí solas, no serían suficientes para protegerla.

En ese sentido, para que la protesta social sea reconocida y protegida por el ordenamiento jurídico y constitucional peruano, debe ser pacífica y sin armas, y su ejercicio no debe vulnerar otros derechos fundamentales (“mis derechos terminan donde comienza el de los demás”); entonces, toda protesta social que se realice apelando a la violencia o afectando derechos fundamentales deja de ser un derecho y se convierte en un acto ilícito, por no cumplir el requisito fundamental para la validez del derecho de reunión. En consecuencia, el Estado tiene la atribución y el deber de proscribirla y, de ser el caso, penalizarla (artículo 281 del Código Penal).

El paradigma de la violencia en nuestros días

Ahora por otro lado, dándole un repaso al libro del sociólogo francés Michel Wieviorka “La Violence” (París, 2018); podemos encontrar, que resulta casi una constante cada vez que revisamos los titulares de prensa que la violencia se ha generalizado en todos los niveles de nuestra sociedad, esto ha traído consigo, según el autor, que se haga necesaria una interpretación de la violencia, analizando sus diferentes formas y motivaciones, con lo cual podamos reflexionar y asimismo entender, que cada vez que haya una toma de una universidad pública, una toma de carreteras, una marcha contra la minería etc. Estas no simplemente se realizan por cometer hechos vandálicos y delincuenciales, sino que existen diversos trasfondos que son necesarios comprender.

Wieviorka señala que: “la violencia es lo contrario del conflicto y no su prolongación. Percibe la capacidad estructuradora de la vida social que tiene el conflicto, entendido éste último (conflicto), como la relación desigual entre dos grupos o actores que se oponen en un mismo espacio, relación en la que cada cual trata de mejorar su posición relativa, sin tratar de destruir al otro”. En ese sentido el autor hace una distinción en cuanto a las categorías de enfrentamiento que se pueden presentar en una sociedad, las cuales denomina: situaciones de conflicto (sobre la forma) y situaciones de violencia (sobre el fondo).

Para entender mejor, tomemos como ejemplo lo suscitado en San Marcos. ¿Qué es lo que se discutía? El punto central de la protesta tenía que ver con el establecimiento de los Estudios Generales a partir de la Nueva Ley Universitaria; días antes de las protestas, los estudiantes habían exigido al Rector de la Universidad, la formación de mesas de trabajo vinculantes para decidir los cursos que integrarían el currículo sanmarquino respecto a los estudios generales, pero esto no se había dado pese a los intentos de diálogo propiciado por los universitarios. Todo esto fue lo que motivó un conflicto social en el cual, sin duda, hubo un uso explícito de la violencia.

Ahora volviendo al autor, con este enfrentamiento ¿se pretendía destruir al actor contra el que se oponían? es decir, ¿Se pretendía destruir al Rector? (Situación de violencia). Por supuesto que no. Lo que se estaba manifestando es un “los canales de diálogo se han agotado, no somos identificados como interlocutores válidos”. Es decir, la motivación de la protesta era porque los canales formales para llegar a un acuerdo, se habían quebrado y se requería de una medida extrema para propiciar otros canales alternos. (Situación de conflicto). Dentro de una (Situación de violencia), lo más válido resulta por la eliminación del agente opuesto, “tenemos que destruir al Rector de la Universidad”, con lo cual, dentro de este marco conceptual, el hecho de destruir el conflicto, va de la mano con la eliminación del actor opuesto, no interesando el reconocimiento de un nuevo diálogo, sino que como en el caso del terrorismo, lo que se requiere es simplemente destruir al agente enemigo.

La motivación de la toma de San Marcos, no es un “hay que destruir al rector” o “hay que cerrar los Estudios Generales”, nada que ver, sino un “los canales oficiales no están funcionando y necesitamos otros canales”. (Situación de conflicto). Los universitarios protestan porque, de acuerdo a su posición, estos cursos no han sido coordinados con los estudiantes y no responde a sus verdaderas dinámicas, señalan que no hay profesores ni infraestructura suficiente para cubrir las vacantes y que hay cursos cuestionables como “Oratoria” o “Autogestión personal”. Es decir, porque bajo su posición no hay una verdadera preocupación por el estudiante, situación que al no ser atendida bajo los canales formales, motivaría a cualquier universitario a tomar medidas similares.

CONCLUSIÓN:

En nuestra sociedad, sabemos que debemos vivir en un marco de respeto constitucional y a los derechos civiles, pero a su vez (sin ánimos de hacer apología), debemos entender que también existe la violencia y los fenómenos de violencia dentro de los procesos de protesta social. Si los tomamos de una forma literal, sin analizar, como lo hizo el comunicador Butters, enfocándonos en el fin mismo del enfrentamiento, solo estaremos basándonos en preceptos morales muy sesgados.

Nosotros como ciudadanos responsables, tenemos el deber de analizar las protestas desde un punto de vista social y político sin abandonar las posiciones morales y jurídicas. Sabemos que existe la violencia y no queremos que exista. Pero para que no exista, hay que explicar primero para qué es y porqué se produce, y en ese aspecto tiene que ver mucho la indiferencia de nuestras autoridades con respecto a los diferentes problemas que pasan y los vemos a diario en las noticias. Tratar simplemente a los universitarios o a cualquier otro protestante, como “vándalos” y “delincuentes”, como lo hizo Butters, no contribuye a entender ni mejorar en nada nuestro país.

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