
“Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el Poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él a mandarlo, de donde se originan la usurpación y la tiranía”. Simón Bolívar.
Seguramente muchos coincidirán conmigo en que estas dos primeras palabras señaladas en el título – Corrupción y Desempleo – tienen mucho que ver con las causales que dan pie a esa frasecita ya acuñada en nuestro léxico político nacional y local: “Está bien que robe, pero que haga obras”. En el buen castellano se está refiriendo a que: No importa que sea un corrupto y/o delincuente nuestra autoridad, lo que vale es que dé trabajo a la gente.
Precisamente según la VIII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción en el Perú 2013, ejecutada por Proética, la primera ONG peruana dedicada exclusivamente a luchar contra la corrupción en nuestro país, señala que el 44% de los peruanos considera a la corrupción como uno de los principales problemas que enfrenta el país, este resultado es tres puntos porcentuales menor a la encuesta del año 2012, pero de igual manera, resulta hoy en día muy preocupante.
LA CORRUPCIÓN AL ACECHO.
Haciendo una revisión de dicho estudio se puede señalar que de cada 05 entrevistados, 03 consideran que la corrupción es el principal obstáculo que enfrenta el Estado, el cual le impide lograr el desarrollo del país. Asimismo el Congreso de la República, la Policía y el Poder Judicial fueron percibidas como las instituciones más vulnerables a la corrupción, mientras que tanto las Municipalidades como Gobiernos Regionales obtienen un 27% y 24% respectivamente, ocupando el cuarto y quinto lugar.
Asimismo se puede observar en el sondeo que 79% de los encuestados considera que la corrupción afecta al desarrollo de las empresas en el país. Asimismo, el 55% está de acuerdo en que la gran cantidad de trabas burocráticas genera más oportunidades para el pago de coimas y el 57% se halla igualmente de acuerdo en que si hubiese menos disposiciones controlistas habría menos coimas.
En ese sentido un tema a tener en cuenta es efectivamente las trabas burocráticas como caldos cultivos de la corrupción, es por eso que surge la necesidad de buscar cada día más iniciativas que empoderen a los ciudadanos y estos puedan denunciar hechos absurdos que entorpezcan sus gestiones, afecten su tiempo y por ende incidan en el perjuicio de sus negocios. Precisamente, el Presidente de la SNI, Luis Salazar, señaló en relación a este estudio, que entre las acciones que se deben ejecutar para solucionar el problema de la corrupción en el país pasa por “eliminar la discrecionalidad del funcionario público, simplificando sistemas y haciéndoles más transparentes”. Asimismo Elena Coterno, Presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, señaló al respecto que: “La adecuada implementación de la recientemente aprobada Ley del Servicio Civil contribuirá a atraer y promover a los mejores profesionales en el sector público, lo cual incidirá en que se simplifiquen los trámites, se limite la intervención del Estado en la economía y por tanto se reduzca la corrupción”
Finalmente, los datos muestran que el 48% de los entrevistados considera que los resultados de las denuncias por caso de corrupción son poco efectivos y el 58% no sabe dónde denunciar un caso de corrupción. Ante esta situación es importante que toda la población asuma un papel más activo en la lucha contra la corrupción para evitar la impunidad, fortaleciendo las medidas destinadas a fomentar la denuncia ante casos de corrupción, protegiendo de sobre manera al denunciante, y esto a través de un trabajo conjunto entre el Gobierno, el sector privado y la sociedad civil.
EL DESEMPLEO, NO SE QUEDA ATRÁS.
No solamente la corrupción avanza en nuestro país, sino también el desempleo, ubicando a este último, la VIII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción en el Perú 2013, en un expectante cuarto lugar con un 29%, siendo superado, en comparación de la encuesta anterior del 2012, por el consumo de drogas con un 40%, problemática que abordaremos en otro momento.
Estuve revisando un estudio difundido por el Banco Central de Reserva del Perú, en donde señala que el peruano promedio demora tres meses en conseguir empleo; este tiempo está por debajo de las economías desarrolladas y asimismo, está estrechamente relacionado con el crecimiento económico. Asimismo, según dicho documento, en términos intuitivos, los desempleados dejan el desempleo rápidamente en menos de cinco meses, al no tener acceso a sistemas de seguro de desempleo que puedan financiar episodios largos de desempleo.
Además, los trabajadores peruanos tienen acceso a bajo costo ha actividades como el autoempleo, la informalidad y la inactividad, las cuales representan cerca del 90% de las transiciones desde el desempleo. El estudio concluye en que los empleos formales son escasos, de alto costo y su búsqueda es también costosa y difícil de financiar para el trabajador promedio.
Por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través de un estudio realizado –Panorama Laboral 2013-, detalla que la tasa de desocupación entre las personas de 15 a 24 años llega al 13% en nuestro país, mientras que entre los peruanos de 25 años a más, alcanza el 3.9%. Ahora, si bien es cierto que el Perú es uno de los países de América Latina que mejor desempeño ha registrado en los indicadores de empleo en los últimos años, sin embargo hay temas que nos deben preocupar como la alta tasa de informalidad laboral y la alta tasa de desempleo juvenil.
Este escenario resulta muy preocupante y debe llamar la atención de nuestras autoridades tanto locales como regionales, si es que aspiramos a avanzar a un proceso mucho más acelerado de inclusión social, con un 68% de la población urbana que no tiene acceso a un empleo formal y por ende a una cobertura de seguridad social o de protección social adecuada, resulta todo un reto y una prioridad a tomar en cuenta. En la misma línea se encuentra el desempleo juvenil, con un preocupante 13.2% a nivel urbano, en donde la tasa de desempleo en las personas de 25 años a más llega a 3.9%; este es el ámbito que realmente preocupa y requiere de una atención más urgente por parte del gobierno en cuanto a la implementación de políticas sociales realmente efectivas.
LA ESPERANZA DE UN NUEVO CIVISMO.
He tomado como referencia estas dos problemáticas –corrupción y desempleo- , debido a que no solamente nos afectan de manera directa a nivel nacional, sino que también están inmersas dentro de nuestra realidad tanto a nivel regional como local. He allí la utilización de la frasecita: “Está bien que robe, pero que haga obras”. Es decir por un lado, parte de nuestra población está legitimando la corrupción, aceptando que la autoridad elegida popularmente, se beneficie ilegalmente de los recursos públicos que les son confiados, es decir ROBAR, a cambio de mitigar otro problema que tiene que ver con la necesidad de trabajo de la misma población.
Esta situación se ha vuelto en la actualidad un círculo vicioso, porque la propia autoridad, conociendo de esta situación y aprovechándose de la misma, no le interesa impulsar actividades productivas que puedan generar puestos de trabajo sostenibles en el tiempo y debidamente remunerados; por el contrario le conviene convertirse en una agencia de empleo (de sub empleo estaría mejor definido), volviendo a la población dependiente de ella, arrastrándola a que esta acepte todas sus barrabasadas y atropellos, o lo que es peor, pueda en su imaginario pensar que, en otro tiempo todo fue mejor, dejando de lado juicios, sentencias, inhabilitaciones, etc. que existen de por medio. Es decir bajo esa misma premisa de que “está bien que robe, pero que haga obras”, se refiere a que el que hizo más obras anteriormente, robó mucho más. ¿En qué mundo estamos?
Felizmente, siempre hay una esperanza. Actualmente observamos a nivel internacional (los indignados) y a nivel nacional (protesta contra la repartija), que están surgiendo sinergias e iniciativas ciudadanas colectivas en torno a protestas en temas puntuales de la vida cotidiana las cuales van tomando protagonismo. Este despertar ciudadano y activismo cívico surge precisamente cuando a nivel de valores y ética política, estamos viviendo los peores momentos. Estas pobres administraciones municipales, las de antes y las de ahora, pueden tener un efecto de generar reacciones positivas en vecinos con valores y capacidades para mejorar la calidad de vida su ciudad. Esto está permitiendo, como lo menciona mi colega politólogo, Carlos Meléndez “activar el capital social a través de redes de amigos, familiares, compañeros, etc. potenciado por el acceso a redes virtuales y ponerlos al servicio de una mejor convivencia”.
Tanto en Ilo como en Moquegua, la situación no debe ser diferente. Así como en Lima, nosotros en provincia hemos heredado una larga tradición de participación vecinal, eso lo hemos podido ver en los años 80’ y 90’ en los PPJJ de Kennedy, Miramar, Alto Ilo, San Gerónimo, etc. en donde los vecinos activamente se organizaban para realizar sus propios trabajos comunales con la participación mínima de la municipalidad. En esta época no toca a las nuevas generaciones abordar nuevos temas y modalidades para vivir una mejor ciudad y eso tenemos que lograrlo participando de la dinámica política y social, liderando, aportando y cuestionando el accionar de nuestras autoridades, sin temor alguno. De consolidarse esta iniciativa, que tiemble el clientelismo, la incapacidad y la corrupción, las cuales son ajenas a nuestra generación, cada día mucho más cívica.
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