REFLEXIONES SOBRE LA VIII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

Cumbre ensombrecida por investigaciones, ausencias y el ataque a Siria                       

El Perú, en su calidad de anfitrión de la VIII Cumbre de las Américas, propuso como tema central de la Cumbre: “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”, esto con la finalidad de tratar los efectos de la corrupción en la institucionalidad democrática, la gobernabilidad y los objetivos de desarrollo sostenible adoptados por la comunidad internacional en la Agenda 2030. A partir de los resultados obtenidos en este diagnóstico, se planteó tratar esta temática desde tres ejes diferenciados: a) Gobernabilidad democrática y corrupción, b) Corrupción y desarrollo sostenible, y c) Aspectos de cooperación, institucionalidad internacional y alianzas público privadas.

Este tema central, era más que apropiado, teniendo en cuenta el escándalo Lava Jato y sus vinculaciones directas con la mayoría de gobiernos de los países participantes, los mismos que de alguna manera generaban una mala sensación en cuanto a los resultados que se esperaban lograr y esto debido a que más que propuestas de solución concretas que permitan luchar contra la corrupción, se preveía discursos vacíos, sin ningún tipo de autoridad ni legitimidad por parte de las autoridades de gobierno, las cuales en la actualidad están inmersas y/o con investigaciones por delitos de corrupción de por medio.

Las ausencias de Trump, Maduro y la tragedia en Siria

La decisión del presidente estadounidense Donald Trump de no asistir a la Cumbre de las Américas, fue desalentadora para los líderes de América Latina y el Caribe. Esta ausencia ha sido percibida como la confirmación de la prolongada indiferencia de Trump hacia la región. Que Trump no participe en la cumbre ha reducido las expectativas de que Estados Unidos y América Latina encuentren un modo de lidiar con el único tema donde parece haber interés común: el desastre que rodea a Venezuela. La profunda crisis venezolana se ha convertido, aunque tarde, en una preocupación para casi todas las naciones del continente. Si bien es cierto asistió el vicepresidente Mike Pence, para los presidentes latinoamericanos no era lo mismo que conversar directamente con el presidente estadounidense, como lo habían hecho en cumbres pasadas”. Extraído de The New York Times.

Por otro lado la ausencia de Nicolás Maduro, terminó también por quitarle el “morbo” mediático que se esperaba en la cumbre. Particularmente considero que fue un acierto que no participe, sobre todo por el circo que genera a su alrededor y los impases que se hubiesen podido presentar entre los gobiernos asistentes. 

Otro lamentable hecho que a mi parecer también opacó de cierta forma el evento internacional de Lima, tuvo que ver con la respuesta de Estados Unidos, Francia y Reino Unido y su ataque concertado a Siria contra el régimen de Bashar Al Asad, una semana después de un presunto ataque químico el 7 de abril en la ciudad de Duma. Una tragedia mundial que –conociéndose o no del tema a profundidad- se ha repercutido en todas las redes sociales a nivel mundial.

CONCLUSIÓN:

Si bien es cierto resultó saludable que los mandatarios participantes en la VIII Cumbre de las Américas de Lima acordaran proclamar el Compromiso de Lima, centrado en un pronunciamiento contra la corrupción en la región. Los hechos concretos son que, salvo dos o tres excepciones —Uruguay, Chile y tal vez Costa Rica—, ningún país de América Latina ha logrado evitar no estar inmerso en casos de corrupción. El esquema “plug and play” de corrupción, que fue implementado por Odebretch, en donde se llegaba a un país y se operaba a través de dos mecanismos: a) Financiamiento electoral y b) Contratación pública; son los que han traído un perjuicio enorme y es en ese punto donde los gobiernos deben incidir con mayor precisión, más allá de la importancia del fortalecimiento de los órganos de control institucional y ciudadano, y asimismo de la necesidad de una urgente renovación de la clase política a nivel latinoamericano.

LA PROTESTA SOCIAL EN EL PERÚ

 

Cuestiones para entender y diferenciar la violencia y el conflicto

Hace unos días fuimos testigos a nivel nacional de una acalorada discusión en Radio Exitosa entre un representante de la Federación Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el comunicador Phillip Butters, esto por motivo de la toma de dicha universidad, en donde Butters, lejos de preguntar y/o consultar sobre las razones que habían motivado dicha acción para informar mejor a sus oyentes, se dedicó en toda la conversación, a amedentrar y despotricar al entrevistado, afirmando que este era un delincuente e incitando hasta al Presidente de la República para que lo enmarroquen y se lo lleven preso. A mi parecer, una errónea interpretación extremista en lo que se refiere a la protesta social, que a continuación me gustaría analizar brevemente desde el punto de vista de las ciencias sociales y políticas.

La protesta social en el marco jurídico peruano

En principio tomemos como referencia lo que señala el artículo 2°, inciso 12, de la Constitución del Estado en donde establece que todo peruano tiene derecho “a reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas”. En suma, el mandato constitucional demanda una protesta pacífica, sin violencia.

Es decir, la protesta social pacífica se encuentra protegida por los derechos constitucionales de libertad de reunión, libertad de expresión y libertad de asociación, siendo la primera de ellas su principal fundamento constitucional, ya que sin el reconocimiento de este derecho, la protesta social pacífica no tendría bases sólidas, pues las libertades de expresión y de asociación, por sí solas, no serían suficientes para protegerla.

En ese sentido, para que la protesta social sea reconocida y protegida por el ordenamiento jurídico y constitucional peruano, debe ser pacífica y sin armas, y su ejercicio no debe vulnerar otros derechos fundamentales (“mis derechos terminan donde comienza el de los demás”); entonces, toda protesta social que se realice apelando a la violencia o afectando derechos fundamentales deja de ser un derecho y se convierte en un acto ilícito, por no cumplir el requisito fundamental para la validez del derecho de reunión. En consecuencia, el Estado tiene la atribución y el deber de proscribirla y, de ser el caso, penalizarla (artículo 281 del Código Penal).

El paradigma de la violencia en nuestros días

Ahora por otro lado, dándole un repaso al libro del sociólogo francés Michel Wieviorka “La Violence” (París, 2018); podemos encontrar, que resulta casi una constante cada vez que revisamos los titulares de prensa que la violencia se ha generalizado en todos los niveles de nuestra sociedad, esto ha traído consigo, según el autor, que se haga necesaria una interpretación de la violencia, analizando sus diferentes formas y motivaciones, con lo cual podamos reflexionar y asimismo entender, que cada vez que haya una toma de una universidad pública, una toma de carreteras, una marcha contra la minería etc. Estas no simplemente se realizan por cometer hechos vandálicos y delincuenciales, sino que existen diversos trasfondos que son necesarios comprender.

Wieviorka señala que: “la violencia es lo contrario del conflicto y no su prolongación. Percibe la capacidad estructuradora de la vida social que tiene el conflicto, entendido éste último (conflicto), como la relación desigual entre dos grupos o actores que se oponen en un mismo espacio, relación en la que cada cual trata de mejorar su posición relativa, sin tratar de destruir al otro”. En ese sentido el autor hace una distinción en cuanto a las categorías de enfrentamiento que se pueden presentar en una sociedad, las cuales denomina: situaciones de conflicto (sobre la forma) y situaciones de violencia (sobre el fondo).

Para entender mejor, tomemos como ejemplo lo suscitado en San Marcos. ¿Qué es lo que se discutía? El punto central de la protesta tenía que ver con el establecimiento de los Estudios Generales a partir de la Nueva Ley Universitaria; días antes de las protestas, los estudiantes habían exigido al Rector de la Universidad, la formación de mesas de trabajo vinculantes para decidir los cursos que integrarían el currículo sanmarquino respecto a los estudios generales, pero esto no se había dado pese a los intentos de diálogo propiciado por los universitarios. Todo esto fue lo que motivó un conflicto social en el cual, sin duda, hubo un uso explícito de la violencia.

Ahora volviendo al autor, con este enfrentamiento ¿se pretendía destruir al actor contra el que se oponían? es decir, ¿Se pretendía destruir al Rector? (Situación de violencia). Por supuesto que no. Lo que se estaba manifestando es un “los canales de diálogo se han agotado, no somos identificados como interlocutores válidos”. Es decir, la motivación de la protesta era porque los canales formales para llegar a un acuerdo, se habían quebrado y se requería de una medida extrema para propiciar otros canales alternos. (Situación de conflicto). Dentro de una (Situación de violencia), lo más válido resulta por la eliminación del agente opuesto, “tenemos que destruir al Rector de la Universidad”, con lo cual, dentro de este marco conceptual, el hecho de destruir el conflicto, va de la mano con la eliminación del actor opuesto, no interesando el reconocimiento de un nuevo diálogo, sino que como en el caso del terrorismo, lo que se requiere es simplemente destruir al agente enemigo.

La motivación de la toma de San Marcos, no es un “hay que destruir al rector” o “hay que cerrar los Estudios Generales”, nada que ver, sino un “los canales oficiales no están funcionando y necesitamos otros canales”. (Situación de conflicto). Los universitarios protestan porque, de acuerdo a su posición, estos cursos no han sido coordinados con los estudiantes y no responde a sus verdaderas dinámicas, señalan que no hay profesores ni infraestructura suficiente para cubrir las vacantes y que hay cursos cuestionables como “Oratoria” o “Autogestión personal”. Es decir, porque bajo su posición no hay una verdadera preocupación por el estudiante, situación que al no ser atendida bajo los canales formales, motivaría a cualquier universitario a tomar medidas similares.

CONCLUSIÓN:

En nuestra sociedad, sabemos que debemos vivir en un marco de respeto constitucional y a los derechos civiles, pero a su vez (sin ánimos de hacer apología), debemos entender que también existe la violencia y los fenómenos de violencia dentro de los procesos de protesta social. Si los tomamos de una forma literal, sin analizar, como lo hizo el comunicador Butters, enfocándonos en el fin mismo del enfrentamiento, solo estaremos basándonos en preceptos morales muy sesgados.

Nosotros como ciudadanos responsables, tenemos el deber de analizar las protestas desde un punto de vista social y político sin abandonar las posiciones morales y jurídicas. Sabemos que existe la violencia y no queremos que exista. Pero para que no exista, hay que explicar primero para qué es y porqué se produce, y en ese aspecto tiene que ver mucho la indiferencia de nuestras autoridades con respecto a los diferentes problemas que pasan y los vemos a diario en las noticias. Tratar simplemente a los universitarios o a cualquier otro protestante, como “vándalos” y “delincuentes”, como lo hizo Butters, no contribuye a entender ni mejorar en nada nuestro país.

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VIZCARRA Y UN GOBIERNO SALUDABLE

Expectativas de gobierno y retos frente a la corrupción 

El contexto en el cual Martín Vizcarra ha asumido la presidencia del país ha traído consigo gran expectativa, pero a su vez se encuentra con muchos retos por cumplir de cara al bicentenario de la república. Si bien es cierto, su primer mensaje ha sido muy bien catalogado por la mayoría de las fuerzas políticas al abordar temas como: la lucha contra la corrupción y el afianzamiento en la ejecución de políticas sociales tales como educación y salud; va a ser muy importante y hasta crucial, la relación que vaya a manejar con un “satanizado” Congreso, y asimismo en la eficiencia que vaya a tener su nuevo gabinete ministerial al desplegar las políticas públicas anticorrupción que el país necesita urgentemente.

Viento de cambio

 “Take me to the magic of the moment on a glory night. Where the children of tomorrow dream away In the wind of change” – Donde los niños del mañana sueñan con el viento de cambio – finalizaba el coro de Scorpions en los 90’, y es que el país con Vizcarra tiene la oportunidad de establecer una transición democrática, que le permita devolver la dignidad a la clase política peruana, tan repudiada y menguada por los actos de corrupción suscitados por casi tres décadas, desde el fujimorismo, pasando por todos los gobiernos posteriores y hasta nuestros días. De mantenerse esta realidad, puede convertirse en la oportunidad para que los extremos tanto de derecha como de izquierda, puedan incendiar la pradera y aprovechar el momento para legitimar golpes de estado, autoritarismos y demás vejaciones inconstitucionales. Debemos aprender de los errores históricos cuando dejamos que este tipo de situaciones se empiezan a volver una bomba de tiempo. Necesitamos ese viento de cambio.

Hacia un desarrollo saludable

Últimamente se está acuñando en las ciencias políticas, esta forma de interpretar una gestión gubernamental en donde no solamente se propicia el desarrollo social, económico y sostenible de un país, sino que también dichas acciones se realizan en un ambiente libre de corrupción, con políticas públicas fuertes de protección a las instituciones a través de los órganos de control y con un poder judicial inexorable frente al poder económico y político. De eso se trata cuando hablamos de desarrollo saludable.

Hace poco revisaba un artículo de New York Times “Can Peru’s Democracy Survive Corruption?” -¿Puede la democracia peruana sobrevivir a la corrupción?-; y se hacían la pregunta de ¿Por qué erradicar la corrupción ha sido tan difícil en nuestro país? Pese a tener todas las recetas para un buen gobierno y las estrategias contra la corrupción conocidas desde hace mucho tiempo, su aplicación ha fallado estruendosamente. Para el autor del artículo (y coincido), un tema clave había sido la falta de control sobre el financiamiento ilegal de las elecciones presidenciales, lo cual tenía como repercusión la indebida asignación posterior de contratos de infraestructura pública a empresas de construcción y consultoras financieras. Situación, que también se ha trasladado a los gobiernos sub nacionales, así que mucho ojo con estas elecciones regionales y municipales.

CONCLUSIÓN:

La lucha contra la corrupción debe ser el pilar sobre donde debe empezar a construirse este gobierno y para eso se requiere de instituciones sólidas y un liderazgo fuerte, cuestiones que aún no existen. Representantes importantes de los sectores público y privado también han sido beneficiados de este sistema corrupto y ellos son los más interesados en mantener este statu quo. Vizcarra tiene que aprovechar la coyuntura al tener un Congreso desacreditado por la opinión pública, para impulsar una campaña anticorrupción que obligue a los legisladores a apoyar los cambios que se requieren, pese a que muchos queden expuestos y puedan irse a la cárcel.

LA ESTRELLA DE MARTÍN

Si naciste para martillo, del cielo te caen los clavos (Rubén Blades)

Hay personas a las que parece que la vida o el destino tienen reservados los primeros lugares y que además del esfuerzo que le ponen a todo lo que emprenden, tienen ese plus de fortuna que también se necesita para lograr grandes cosas en la vida. Son personas que si nacen con un talento, el destino les provee de todo lo demás como recursos y trabajo para que puedan cumplir sus sueños.

Este parece ser el caso de nuestro ciudadano moqueguano y ahora Presidente Constitucional de la República Martín Vizcarra Cornejo, quien luego de la dimisión a la Presidencia de Pedro Pablo Kuczynski tras el escándalo de los “kenjivideos”, conforme al artículo 113° de nuestra Constitución, asume el cargo como Primer Vicepresidente del Perú.

 La naranja partida

 Al viejo estilo de los 90’, como si se tratara de un Fujimontesinismo Remake, los hermanos Fujimori protagonizaron una guerra sin cuartel, con puñaladas, celadas y videos; en donde la estocada final tuvo como resultado la renuncia de PPK ante el Congreso y la división política definitiva del grupo “Mototaxi” liderado por Keiko y los “Avengers” encabezados por Kenji.

El Perú ha sido testigo de cómo los Fujimori parecían personajes extraídos de la serie “House of Cards”, en un escenario de intrigas, venganzas, traiciones y muertes políticas; o quizás también comparados con los protagonistas de “Game of Thrones”, dentro de una disputa por cuál Fujimori le daba continuidad a su dinastía. En realidad, aberrantes actos por parte de los dos grupos naranjas, que han extraído lo peor de la ficción trasladándolo lamentablemente al mundo real. Punto y aparte, más allá de los repudiables actos de “comprar” votos por parte de Kenji Fujimori, también sorprende su ingenuidad al no sospechar que la fría y calculadora de su hermana, que había “matado” políticamente a su madre y a su padre, no le iba a temblar la mano para hacer lo mismo con él.

¿Que se vayan todos?

Sabemos que la posición del Legislativo y del nuevo Ejecutivo ha sido respetar el mecanismo constitucional de la transferencia de poder y que Vizcarra asuma el cargo presidencial, pero debemos también tomar en cuenta la reciente encuesta nacional de GFK publicada en Diario La República, en donde la mitad del país, asqueada de todo lo que está pasando, exige que se vayan todos los políticos, principalmente los conformantes del Legislativo que se vienen aferrando a sus escaños y para quienes la ciudadanía les da un 11% de aprobación. En ese sentido, existe un malestar e indignación en las calles que de incrementarse, se le hará muy difícil de gobernar a Vizcarra pudiéndose ubicar en un escenario en donde sí se tendrían que adelantar elecciones a través de una reforma constitucional.

CONCLUSIÓN:

La gran medición que tiene que tomar en cuenta nuestro Presidente Vizcarra, es precisamente lo que se va a percibir en las calles. Si sigue el camino de PPK, de doblegarse ante el fujimorismo está perdido y puede terminar como su predecesor o con una deslegitimidad ciudadana incontrolable. Más allá de los consensos políticos que necesariamente tienen que darse por el bien de la gobernabilidad, necesitamos que nuestro Presidente interprete el sentir de la ciudadanía y haga suya su indignación por la forma en que se ha venido gobernando nuestro país. Necesitamos que se instauren los cimientos de un Perú Post Odebretch, con reformas institucionales drásticas frente a la corrupción y que nos permitan salir de este grave flagelo, que política, social y económicamente nos han hecho mucho daño. Dios lo bendiga señor Presidente.

¿QUIÉN CONTROLA AL CONTRALOR?

Aparentemente este tema de los escándalos mediáticos del Contralor Edgar Alarcón estaban siendo propiciados, producto del informe y recomendaciones que emitiera La Contraloría, con respecto a la auditoría de la Adenda del Contrato de Concesión por el Aeropuerto de Chinchero y que con eso se generara la abrupta salida del Ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra. ¿Pero estamos realmente ante un revanchismo político por parte del ejecutivo en contra del máximo jefe del control institucional?

Al parecer los hechos que se han conocido recientemente en relación al Contralor, no tienen nada que ver con intervenciones ajenas y menos del propio gobierno. En principio fue la denuncia que se realizó en Cuarto Poder en donde se puso en evidencia que Edgar Alarcón violentaba su propia Ley Orgánica de la Contraloría al ejercer una actividad lucrativa al comprar y vender autos cuando fue vice contralor, luego el audio en donde se le escucha presionando al auditor de la Contraloría para que retirara dicha denuncia hecha al Congreso sobre ese tema, después ya se ha venido conociendo que había plagiado para obtener su título profesional y lo más grave aún, que además le gusta grabar a funcionarios del gobierno, como a un bisoño ministro Thorne, a quien seguramente le espera una próxima interpelación ante el Congreso, si se comprueba la veracidad del audio que lo compromete muy seriamente y de pasada también al Ejecutivo.

SOBRE LA OCDE Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Más allá de los entretelones que involucran al Contralor y al Ministro Thorne y que de seguro dará mucho que hablar en estos días en la pugna que se vive a diario entre el Ejecutivo y el Legislativo, un tema que me gustaría resaltar es en relación al proceso de admisión del Perú ante la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Este prestigioso foro que reúne no solo a las economías más importantes del mundo, sino también a los países que han destacado por la implementación de políticas públicas modernas en materia de lucha contra la corrupción, actualmente viene tomando como referencia el diseño y la aplicación de leyes contra el soborno de funcionarios y asimismo la inclusión de la responsabilidad penal y administrativa de la empresa, muy aparte de identificar la responsabilidad individual personal.

Dicha Convención cuenta con 41 miembros, y los países en proceso de admisión son Costa Rica, Lituania y el Perú, los mismos que están a punto de ser parte de este acuerdo comercial y de anticorrupción, para lo cual, implicaría haber implementado todos los mecanismos necesarios para prevenir y sancionar posibles casos de corrupción como los que estamos atravesando hoy en día, desde el Caso Odebretch hasta el tema Chinchero. Es en ese sentido, el peligro de continuar con todos estos escándalos de lobbys y chuponeos, con lo cual nos pueda ir alejando de ser admitidos en este prestigioso foro internacional.

CONCLUSIÓN:

Como se ha señalado anteriormente, estamos a puertas de ser admitidos en la OCDE y para eso es necesario alejarnos de todos estos escándalos mediáticos y fortalecer la legislación de lucha contra la corrupción y a su vez de nuestro sistema de control institucional. Para eso se deben tomar acciones por parte del Congreso y de una vez por todas quitarle la confianza a un cuestionado Edgar Alarcón, que con su presencia sigue contaminando una institución como la Contraloría General de la República que depende de su ética y moralidad, y por otro lado, PPK debe empezar a revisar la posibilidad de tomar otro tipo de medidas constitucionales frente a un Fujimorismo que ha perdido toda objetividad desde el Legislativo y que solamente está utilizando su fuerza política para obstruir y ser un agente disociador.       

 

CUESTIONES PREVIAS A LA PETROQUÍMICA EN ILO – MOQUEGUA.

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En estas últimas semanas, la situación de la petroquímica se viene discutiendo con mucha más fuerza tanto en Moquegua como en Arequipa, esto debido a que se ha convertido en el tema coyuntural, en donde cada departamento argumenta, expone y exige al gobierno central que la sede de esta importante industria, se ubique dentro de su respectiva localidad.

¿Pero se encontrará la población debidamente informada con respecto a esta inversión? O en su defecto, ¿Estarán informando bien el conjunto de autoridades e instituciones que se han unido recientemente en Moquegua, en relación a  las ventajas, pero también estarán señalando las desventajas de este proyecto?  Precisamente, quiero detenerme (tratando de ir un poco en contra de la corriente), en algunos aspectos que deberían ser considerados al momento de la evaluación y que también deben ser puestos en consideración de los ciudadanos, los cuales finalmente tienen que tomar, más que una decisión, una posición con respecto a este tema.

LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA DEPENDE DE LA INVERSIÓN PRIVADA:

En principio señalar que lo único que está en debate y que se está pugnando actualmente por parte de las autoridades de Moquegua y Arequipa, es con respecto al lugar o sede, donde debería instalarse el complejo petroquímico. Todavía ninguna empresa, excepto la brasilera BRASKEM, ha mostrado algún interés en realizar alguna inversión en el Perú con respecto a la construcción de dicha industria.

Puede ser que el Estado, finalmente señale un lugar determinado, ya sea las Lomas de Turpay en (Matarani – Arequipa) o las originarias Lomas de Ilo, pero va a depender de la empresa privada si realiza la inversión o no. Nuestra Constitución nos impide intervenir en el mercado, por lo que la última palabra la tiene el inversionista privado, asimismo nuestras políticas energéticas nos limitan la participación activa en este tipo de negocios de “alto riesgo”. En ese sentido, el gobierno central, como en cualquier negocio, no puede tomar una decisión con respecto a donde va a ser la sede de la petroquímica, si antes no coordina previamente con el inversionista privado y este le da las pautas en relación al lugar donde se desea realizar alguna inversión. Es decir, nos estamos peleando por quién va a manejar el auto, sin antes haberlo comprado. El Gobierno Central está empezando por el final y creo que en cualquier momento se va a tener que corregir, porque en su defecto, continuaría siendo irresponsable, vendiendo falsas expectativas con un complejo petroquímico que todavía nadie tiene planeado construir.

 RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN EN PETROQUÍMICA VS EL SHALE GAS

Precisamente, el tema de rentabilidad (como en cualquier negocio), juega un papel importante al momento de tomar cualquier decisión para el inversionista. Actualmente Estados Unidos, viene produciendo lo que se conoce como SHALE GAS (también conocido como gas de esquisto o gas pizarra), la cual es una industria que viene obteniendo un rápido desarrollo y repercusión en la disminución del precio del combustible (petróleo) y también del gas natural.

Para tener una idea, según estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el Shale Gas vale un dólar el millar de pies cúbicos, por ejemplo esa misma cantidad en Perú con su gas natural, cuesta entre dos a tres veces más. Bajo ese esquema, el inversionista definitivamente va a optar por establecer su negocio, con una materia prima más barata. Es por eso que hasta la brasilera BRASKEM, también viene sondeando el mercado norteamericano para establecerse por allá, obedeciendo a esta nueva tendencia energética de utilización de este gas no convencional mucho más barato. Por lo que, si no se tiene más o menos definido el posible inversionista de la petroquímica de gas natural en el sur del país, en vano está que estemos discutiendo la sede de un proyecto que quizás ya no sea viable económicamente.

EL IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA PETROQUÍMICA

Otro tema que no debe pasar desapercibido por la ciudadanía, es con respecto al impacto social y ambiental que produciría la instalación de una planta petroquímica, la cual está considerada como una de las industrias más contaminantes que existen, siendo muchos de los químicos y petroquímicos que se utilizan, demasiado tóxicos y también algunos carcinogénicos.

Según estudios realizados por la National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), sobre la producción de químicos y su impacto ambiental, se encontró que las consideraciones de toxicidad, peligro y operabilidad juegan un papel importante. Los posibles desechos y emisiones dependen de los tipos de compuestos que se fabriquen y la gran variedad de procesos y químicos que se emplean en su manufactura.

Para este tipo de industria se emplean grandes cantidades de agua en la industria química para el proceso, enfriamiento y lavado. A menudo, durante la producción de químicos, se contamina el agua con estos o los subproductos. Los contaminantes que pueden representar un peligro si se descargan a los ríos y acuíferos subterráneos, incluyen los materiales tóxicos, compuestos carcinogénicos, sólidos suspendidos y sustancias que manifiestan una alta demanda de oxígeno bioquímico y químico. Normalmente, para evitar estos impactos negativos, es necesario implementar medidas para controlar el escurrimiento, incluyendo el uso de recipientes de detención del agua lluvia, la misma que recibe tratamiento antes de descargarla.

En ese sentido un Programa de Adecuación Medio Ambiental (PAMA), para este tipo de industria resulta una inversión muy costosa, por lo que también entraría en un proceso de análisis de los inversionistas al momento de tomar una decisión. Siendo paradójico, que en Ilo se haya luchado tanto por los humos de SPCC y la implementación de su PAMA, para que ahora entremos a una situación similar.

CONCLUSIONES:

Considero que estas cuestiones previas tienen que formar parte del análisis de nuestras autoridades junto a la población de Ilo y Moquegua, con la finalidad de poder tener un mejor panorama de lo que se viene exigiendo al gobierno central.  Acá no se trata de ser demasiados entusiastas y no analizar este tipo de proyectos desde varios puntos de vista. Porque uno de los temores, es que este tema se politice tanto, que sirva como plataforma para que “resuciten” antiguos políticos y/o dirigentes que han sido cuestionados anteriormente, sobretodo entrando en una época electoral o por otro lado, se preste este tema como “cortina de humo”, para quitar la atención de posibles actos de corrupción que ya se estén maquinando.

Definitivamente que todos compartimos ese deseo tan grande de ver desarrollada nuestra región Moquegua, pero señores la petroquímica no es la panacea. Es por eso que debemos exigir a nuestras autoridades a que puedan visualizar otras opciones de desarrollo para nuestra región y no centrarse en un solo tema. Por ejemplo para Ilo, el fortalecimiento de su puerto y la articulación vial ferroviaria es una de ellas, para lo cual estaremos profundizando posteriormente.

 

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RETOS Y DESAFÍOS DE LAS NUEVAS AUTORIDADES DE MOQUEGUA

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“La estrategia es la herramienta que permite intervenir en el futuro para amoldarlo a nuestras necesidades y aspiraciones”. Jorge González Moore

QUE EMPIECE LA TRANSFERENCIA

Y la novela en la provincia de Ilo con respecto al pedido de nulidad que hiciera el Partido Político “Democracia Directa” ante el Jurado Nacional de Elecciones con respecto a las elecciones municipales realizadas el 05 de octubre del presente año, al parecer ha llegado a su fin. Al menos así ha dado entender dicha entidad electoral a través de la Resolución N° 3624-2014 en donde considera que no hubo inducción al voto y que los electores ejercieron su voto debidamente informados por el movimiento político ganador “Nuestro Ilo-Moquegua-Sánchez Cerro y no por el hasta ahora inhabilitado judicialmente, Jorge Mendoza Pérez.

Al margen de que existan diversos criterios con respecto a este reciente pronunciamiento, lo cierto es que deja el camino libre para que de una vez por todas el JNE complete la entrega de credenciales y termine de proclamar a las próximas autoridades que nos gobernaran a partir del año 2015 en toda la Región Moquegua. Asimismo, esta proclamación permitirá que en el marco de la Ley N° 30204 y la Directiva de la Contraloría General de la República N° 008-2014-CG/PCOR, se lleve a cabo la Transferencia de la Gestión Administrativa de los gobiernos locales y del gobierno regional correspondiente.

En ese sentido, surge una pregunta que quizás suena un poco trillada debido a que mucho se utiliza, pero que también, poco se toma en cuenta y tiene ver con el planeamiento estratégico de nuestra región y particularmente de nuestra provincia de Ilo, por lo que corresponde responder a nuestras próximas autoridades si en realidad: ¿Saben hacia dónde vamos?

SIN NINGÚN RUMBO ESPECÍFICO.

¿Qué obras de infraestructura se deben priorizar tanto en la Región Moquegua como en la Provincia de Ilo?; ¿Qué estamos haciendo para prevenir la caída del precio del cobre y por ende del canon minero?; ¿Qué aspectos productivos corresponde fortalecer para dinamizar la economía en nuestra región?, etc. Preguntas, hasta ahora sin respuesta y que implican retos y desafíos para nuestras próximas autoridades locales y de la Región Moquegua. Desde el año 2004 que empezó esta accidentada descentralización, hemos percibido en Moquegua la frívola suma de más de MIL MILLONES de nuevos soles por concepto de canon minero, una cifra económica para la cual no estábamos preparados, no solo en nuestra región, sino que la misma realidad se vive en todo el país, esto debido a la falta de equipos y gerencias para impulsar procesos y proyectos de inversión que impacten verdaderamente en el desarrollo de nuestra sociedad.

Ante esta preocupante realidad de pésima ejecución presupuestal, se suma la falta completa de planeamiento estratégico que trace el rumbo a seguir por las autoridades de turno. Esto se puede ver a nivel local, por ejemplo en Ilo, desde el año 2004, debido a un pésimo manejo del Presupuesto Participativo, solo se han priorizado obras de infraestructura de menor envergadura y en estos últimos tiempos tan solo obras de mantenimiento, descuidando totalmente el aspecto social, generando empleo temporal y mal remunerado para la población, no considerando la posibilidad de diversificar la actividad productiva en la provincia, fortaleciendo otros ejes de desarrollo más sostenibles en el tiempo. De igual forma en el ámbito regional, se priorizó en algún momento el aspecto salud, infraestructura vial y lucha contra la desnutrición, por citar algunos ejemplos; pero luego se eliminaron por completo los programas sociales, se retomaron proyectos de abastecimiento de agua para la agroindustria, se fortaleció el aspecto educativo, etc. Gestiones Regionales, sin duda exitosas hasta cierto punto, pero que no guardan relación en cuanto a sus políticas regionales implementadas a mediano y largo plazo, es decir, con qué proyectos continuará la gestión entrante, qué proyectos priorizará en esta nueva gestión, todavía nadie lo sabe debido a que no tenemos un rumbo a seguir, una hoja de ruta, que sea transversal a los gobiernos de turno.

SIN PLANEAMIENTO, NO HAY RESULTADOS

Finalmente señalar que en este periodo de transferencia de gestiones administrativas, resulta muy importante que se puedan revisar, muy a parte de los procesos legales pendientes, los expedientes técnicos por caducar y la enorme lista de procesos de reincorporación de personal; los instrumentos de gestión relacionados al planeamiento local y regional. Por ejemplo el Plan de Desarrollo Institucional y el Plan Operativo Institucional deben ser los indicadores de resultados de gestión obtenidos por el gobierno saliente y por otro lado su evaluación y articulación deben trazar el camino a seguir por parte de las nuevas autoridades. Es imposible que podamos ejecutar nuestro plan de gobierno propuesto y con el cual ganamos las elecciones, sin antes traducirlo en el PDI correspondiente distribuyéndolo en los cuatro años de gestión; y asimismo para que podamos implementar una gestión por resultados, es imperativo que el POI se convierta en las metas de competitividad funcional de cada gerencia año tras año. Solo así se podrá establecer una línea de base sobre la cual se pueda medir al gobierno entrante al final de su gestión y evaluar constantemente si la ejecución presupuestal se viene cumpliendo conforme a lo planificado.

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Comentarios y sugerencias a: jose.burga@pucp.pe Visítanos en: http://blog.pucp.edu.pe/blog/joseburga

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REELECCIÓN ES CORRUPCIÓN

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“La corrupción es un mal inherente a todo gobierno que no está controlado por la opinión pública”. Ludwig Von Mises

En un artículo anterior comentaba con respecto a la infeliz vinculación que existe actualmente en nuestro país, en relación a dos males que aquejan todavía a nuestra sociedad, me estoy refiriendo a la Corrupción y el Desempleo, esto en el marco de la VIII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción en el Perú 2013, ejecutada por Proética, la misma que, haciendo un recorderis, señala que el 44% de los peruanos considera a la corrupción como el principal problema que enfrentamos los peruanos y ubica en un cuarto lugar, con un expectante 29%, al problema del desempleo. Precisamente esta relación de males, es la que daba pie a la frasecita que hasta ahora escuchamos sustentar por el grueso de la población en nuestro puerto de Ilo: “Esta bien que robe, pero que haga obras” o también se podría parafrasear de esta forma, agregándole el factor “incapacidad de gestión”: “No importa que realice un gobierno desastroso, con tal que ofrezca trabajo”.

DE ESPALDAS AL CONTEXTO LEGAL NACIONAL.

Estamos viviendo una situación crítica tanto a nivel social como institucional y esto puede quedar demostrado tomando como referencia dos ejemplos claros de falta de empoderamiento ciudadano y autoridades que operan de espaldas al contexto legal nacional. En primer lugar podemos señalar que, hace más de dos años se aprobó en el Congreso de la República, la llamada “Ley de muerte civil”, la misma que establece que los condenados por delitos de corrupción, que habiendo recobrado su libertad y no hayan cumplido con pagar la reparación civil al Estado peruano, estarán impedidos de asumir cargos por elección popular, contratar con el Estado o trabajar en alguna dependencia pública; sin embargo en nuestro puerto, suceden muchas particularidades; hasta hace poco un ex alcalde condenado por corrupción valiéndose de argucias legales, intentó sorprender a la población con una amenaza de su posible postulación a los próximos comicios electorales de octubre, felizmente el Poder Judicial en una rápida reacción emitió una resolución descartando definitivamente dicha posibilidad, esto debido a que su sanción de inhabilitación perdura hasta marzo del 2015. En ese sentido vemos que el problema no vienen a ser los plazos de una sentencia ni las resoluciones judiciales aclaratorias, sino que lamentablemente estamos cayendo en un escenario en que el desempleo legitima la corrupción, y eso sí debería preocupar a la ciudadanía ileña, porque en un contexto en donde se viene promoviendo la “muerte civil” para las ex autoridades corruptas, lo mínimo que debemos tener en claro, es que la “inhabilitación moral” como bien común, debe estar por encima de los intereses particulares.

En segundo lugar observamos que, actualmente en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, se aprobó el dictamen recaído en el Proyecto Ley que propone la prohibición de reelección inmediata de presidentes regionales y alcaldes, como una medida de garantizar la gobernabilidad en el poder y la transparencia en la gestión pública, tratando con aquello de cubrir ese vacío legal que presenta nuestra Constitución Política del Estado, en sus artículos 191° y 194° y asimismo permita rediseñar aquella Ley de Elecciones Municipales N° 26864, permisiva de reelección de autoridades locales. Sin embargo en nuestro puerto y en otras partes del país, viene ocurriendo todo lo contrario; en nuestro caso quizás con el afán de escapar del alcance de esta nueva ley que seguramente estará vigente para las próximas elecciones, nuestra autoridad actual, más allá de la percepción generalizada de rechazo y desaprobación por parte de la población ileña hacia su gestión local, debido a los escándalos mediáticos ocasionados por la conducta de sus malos funcionarios e incapacidad para ejecutar proyectos de envergadura para nuestra ciudad, seguramente aprovechará de todos los recursos públicos para su reelección, ante un proyecto de ley que todavía debe aprobarse en el Congreso.

APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS.

Precisamente el aprovechamiento indebido de recursos públicos, es una de las consecuencias que trae consigo no contar con una Ley que prohíba la reelección inmediata de autoridades locales y regionales. Por ejemplo en nuestro caso particular, vemos a diario como se utiliza para fines políticos reeleccionistas, dos inmensas pantallas LCD ubicadas estratégicamente en el mercado Pacocha y otra en el óvalo de Nuevo Ilo. Publicidades gratuitas que son pagadas por los impuestos de todos los ileños y que sirven para que subliminalmente, veamos que esta gestión local está haciendo algo por su ciudad. Lo mismo sucede con las obras de mantenimiento, que aparte de fomentar el sub empleo, sirven para exigir a los trabajadores a que participen activamente del movimiento político oficialista, debiendo firmar la asistencia obligatoria a las reuniones partidarias que se programan, sino simplemente los despiden arbitrariamente. Esta es nuestra desalentadora realidad.

CAUDILLISMO Y FALTA DE INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA

Finalmente señalar que el espíritu de este Proyecto de Ley no reeleccionista, es que a parte de contrarrestar la corrupción dentro de la gestión pública, se genere a su vez una corriente de institucionalidad democrática que promueva a través de los partidos y movimientos políticos el fortalecimiento del liderazgo y se deseche el caudillismo. El Alcalde no debe servir como locomotora para que los “vagones” sigan beneficiándose a costas del Estado. La mejor formar de demostrar transparencia y vocación de servicio en una gestión, es definitivamente la alternancia de Poder. Al parecer nuestra autoridad local, todavía no es consciente de esta realidad y se resiste, pese a la opinión pública.

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CORRUPCIÓN, DESEMPLEO Y LA ESPERANZA DE UN NUEVO CIVISMO.

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“Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el Poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él a mandarlo, de donde se originan la usurpación y la tiranía”. Simón Bolívar.

Seguramente muchos coincidirán conmigo en que estas dos primeras palabras señaladas en el título – Corrupción y Desempleo – tienen mucho que ver con las causales que dan pie a esa frasecita ya acuñada en nuestro léxico político nacional y local: “Está bien que robe, pero que haga obras”. En el buen castellano se está refiriendo a que: No importa que sea un corrupto y/o delincuente nuestra autoridad, lo que vale es que dé trabajo a la gente.

Precisamente según la VIII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción en el Perú 2013, ejecutada por Proética, la primera ONG peruana dedicada exclusivamente a luchar contra la corrupción en nuestro país, señala que el 44% de los peruanos considera a la corrupción como uno de los principales problemas que enfrenta el país, este resultado es tres puntos porcentuales menor a la encuesta del año 2012, pero de igual manera, resulta hoy en día muy preocupante.

LA CORRUPCIÓN AL ACECHO.

Haciendo una revisión de dicho estudio se puede señalar que de cada 05 entrevistados, 03 consideran que la corrupción es el principal obstáculo que enfrenta el Estado, el cual le impide lograr el desarrollo del país. Asimismo el Congreso de la República, la Policía y el Poder Judicial fueron percibidas como las instituciones más vulnerables a la corrupción, mientras que tanto las Municipalidades como Gobiernos Regionales obtienen un 27% y 24% respectivamente, ocupando el cuarto y quinto lugar.

Asimismo se puede observar en el sondeo que 79% de los encuestados considera que la corrupción afecta al desarrollo de las empresas en el país. Asimismo, el 55% está de acuerdo en que la gran cantidad de trabas burocráticas genera más oportunidades para el pago de coimas y el 57% se halla igualmente de acuerdo en que si hubiese menos disposiciones controlistas habría menos coimas.

En ese sentido un tema a tener en cuenta es efectivamente las trabas burocráticas como caldos cultivos de la corrupción, es por eso que surge la necesidad de buscar cada día más iniciativas que empoderen a los ciudadanos y estos puedan denunciar hechos absurdos que entorpezcan sus gestiones, afecten su tiempo y por ende incidan en el perjuicio de sus negocios. Precisamente, el Presidente de la SNI, Luis Salazar, señaló en relación a este estudio, que entre las acciones que se deben ejecutar para solucionar el problema de la corrupción en el país pasa por “eliminar la discrecionalidad del funcionario público, simplificando sistemas y haciéndoles más transparentes”. Asimismo Elena Coterno, Presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, señaló al respecto que: “La adecuada implementación de la recientemente aprobada Ley del Servicio Civil contribuirá a atraer y promover a los mejores profesionales en el sector público, lo cual incidirá en que se simplifiquen los trámites, se limite la intervención del Estado en la economía y por tanto se reduzca la corrupción”

Finalmente, los datos muestran que el 48% de los entrevistados considera que los resultados de las denuncias por caso de corrupción son poco efectivos y el 58% no sabe dónde denunciar un caso de corrupción. Ante esta situación es importante que toda la población asuma un papel más activo en la lucha contra la corrupción para evitar la impunidad, fortaleciendo las medidas destinadas a fomentar la denuncia ante casos de corrupción, protegiendo de sobre manera al denunciante, y esto a través de un trabajo conjunto entre el Gobierno, el sector privado y la sociedad civil.

EL DESEMPLEO, NO SE QUEDA ATRÁS.

No solamente la corrupción avanza en nuestro país, sino también el desempleo, ubicando a este último, la VIII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción en el Perú 2013, en un expectante cuarto lugar con un 29%, siendo superado, en comparación de la encuesta anterior del 2012, por el consumo de drogas con un 40%, problemática que abordaremos en otro momento.

Estuve revisando un estudio difundido por el Banco Central de Reserva del Perú, en donde señala que el peruano promedio demora tres meses en conseguir empleo; este tiempo está por debajo de las economías desarrolladas y asimismo, está estrechamente relacionado con el crecimiento económico. Asimismo, según dicho documento, en términos intuitivos, los desempleados dejan el desempleo rápidamente en menos de cinco meses, al no tener acceso a sistemas de seguro de desempleo que puedan financiar episodios largos de desempleo.

Además, los trabajadores peruanos tienen acceso a bajo costo ha actividades como el autoempleo, la informalidad y la inactividad, las cuales representan cerca del 90% de las transiciones desde el desempleo. El estudio concluye en que los empleos formales son escasos, de alto costo y su búsqueda es también costosa y difícil de financiar para el trabajador promedio.

Por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través de un estudio realizado –Panorama Laboral 2013-, detalla que la tasa de desocupación entre las personas de 15 a 24 años llega al 13% en nuestro país, mientras que entre los peruanos de 25 años a más, alcanza el 3.9%. Ahora, si bien es cierto que el Perú es uno de los países de América Latina que mejor desempeño ha registrado en los indicadores de empleo en los últimos años, sin embargo hay temas que nos deben preocupar como la alta tasa de informalidad laboral y la alta tasa de desempleo juvenil.

Este escenario resulta muy preocupante y debe llamar la atención de nuestras autoridades tanto locales como regionales, si es que aspiramos a avanzar a un proceso mucho más acelerado de inclusión social, con un 68% de la población urbana que no tiene acceso a un empleo formal y por ende a una cobertura de seguridad social o de protección social adecuada, resulta todo un reto y una prioridad a tomar en cuenta. En la misma línea se encuentra el desempleo juvenil, con un preocupante 13.2% a nivel urbano, en donde la tasa de desempleo en las personas de 25 años a más llega a 3.9%; este es el ámbito que realmente preocupa y requiere de una atención más urgente por parte del gobierno en cuanto a la implementación de políticas sociales realmente efectivas.

LA ESPERANZA DE UN NUEVO CIVISMO.

He tomado como referencia estas dos problemáticas –corrupción y desempleo- , debido a que no solamente nos afectan de manera directa a nivel nacional, sino que también están inmersas dentro de nuestra realidad tanto a nivel regional como local. He allí la utilización de la frasecita: “Está bien que robe, pero que haga obras”. Es decir por un lado, parte de nuestra población está legitimando la corrupción, aceptando que la autoridad elegida popularmente, se beneficie ilegalmente de los recursos públicos que les son confiados, es decir ROBAR, a cambio de mitigar otro problema que tiene que ver con la necesidad de trabajo de la misma población.

Esta situación se ha vuelto en la actualidad un círculo vicioso, porque la propia autoridad, conociendo de esta situación y aprovechándose de la misma, no le interesa impulsar actividades productivas que puedan generar puestos de trabajo sostenibles en el tiempo y debidamente remunerados; por el contrario le conviene convertirse en una agencia de empleo (de sub empleo estaría mejor definido), volviendo a la población dependiente de ella, arrastrándola a que esta acepte todas sus barrabasadas y atropellos, o lo que es peor, pueda en su imaginario pensar que, en otro tiempo todo fue mejor, dejando de lado juicios, sentencias, inhabilitaciones, etc. que existen de por medio. Es decir bajo esa misma premisa de que “está bien que robe, pero que haga obras”, se refiere a que el que hizo más obras anteriormente, robó mucho más. ¿En qué mundo estamos?

Felizmente, siempre hay una esperanza. Actualmente observamos a nivel internacional (los indignados) y a nivel nacional (protesta contra la repartija), que están surgiendo sinergias e iniciativas ciudadanas colectivas en torno a protestas en temas puntuales de la vida cotidiana las cuales van tomando protagonismo. Este despertar ciudadano y activismo cívico surge precisamente cuando a nivel de valores y ética política, estamos viviendo los peores momentos. Estas pobres administraciones municipales, las de antes y las de ahora, pueden tener un efecto de generar reacciones positivas en vecinos con valores y capacidades para mejorar la calidad de vida su ciudad. Esto está permitiendo, como lo menciona mi colega politólogo, Carlos Meléndez “activar el capital social a través de redes de amigos, familiares, compañeros, etc. potenciado por el acceso a redes virtuales y ponerlos al servicio de una mejor convivencia”.

 

Tanto en Ilo como en Moquegua, la situación no debe ser diferente. Así como en Lima, nosotros en provincia hemos heredado una larga tradición de participación vecinal, eso lo hemos podido ver en los años 80’ y 90’ en los PPJJ de Kennedy, Miramar, Alto Ilo, San Gerónimo, etc. en donde los vecinos activamente se organizaban para realizar sus propios trabajos comunales con la participación mínima de la municipalidad. En esta época no toca a las nuevas generaciones abordar nuevos temas y modalidades para vivir una mejor ciudad y eso tenemos que lograrlo participando de la dinámica política y social, liderando, aportando y cuestionando el accionar de nuestras autoridades, sin temor alguno. De consolidarse esta iniciativa, que tiemble el clientelismo, la incapacidad y la corrupción, las cuales son ajenas a nuestra generación, cada día mucho más cívica.

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EL APRA Y EL FUJIMORISMO JUEGAN EN PARED.

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“Una nación se constituye cuando somos capaces de llorar la muerte de quienes no conocemos, es decir, cuando la muerte de otros, que son diferentes, importa demasiado”. Judith Butler

Precisamente dicha frase señalada por la reconocida filósofa política norteamericana, es la que trae a relación los últimos sucesos acontecidos en nuestra decaída política peruana. La protagonista, la siempre controversial fujimorista Martha Chávez y sus nuevamente colaboradores eficaces – la bancada aprista con Mulder a la cabeza- . Pero ¿A qué están jugando apristas y fujimoristas?, ¿Qué están tramando nuevamente?, ¿Hasta dónde son protagonistas los ex presidentes García y Fujimori? Tratando de desmarañar esta madeja de ideas y preguntas, estoy seguro, como también deben de estarlo ustedes, que para estos “capos” de la política, nada sucede por las puras.

Pasada de Mano de García a Fujimori – ¿Vientos de Aprofujimorismo? –

Primero las declaraciones de Alan García en contra de una sanción al reo Fujimori por su conducta desdeñable en la Diroes, resguardado por su hijo menor y Julio Gagó, evitando el accionar de los agentes penitenciarios y luego la abstención de Mauricio Mulder en la ratificación de la legisladora Martha Chávez como coordinadora del sub grupo de derechos humanos, son evidentemente una “pasada de mano” que tiene como fin evitar la inhabilitación del líder aprista por las investigaciones que se le siguen por los innumerables indultos otorgados a narcotraficantes en su gobierno. Esta situación, como bien lo ha señalado también el ex procurador Ronald Gamarra, hacen recordar las sonrisas descaradas entre Fujimori y Montesinos durante una audiencia judicial.

Realmente es una vergüenza que el Congresista Mulder, de manera servil al ex presidente García, haya apoyado con su presencia, la ratificación de Martha Chávez como coordinadora del sub grupo de Derechos Humanos de la Comisión de Justicia, la cual tenía como única finalidad mostrar el desprecio por los derechos humanos y cuestionar de manera deliberada el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, esperando luego que el fujimorismo le devuelva el favor con sus votos en el congreso, evitando una posible inhabilitación de Alan García.

¿Pero esta “alianza” acaso es de ahora? Para refrescar la memoria tendríamos que remontarnos a los años 90’ cuando el APRA apoyó a Fujimori evitando el triunfo de Mario Vargas Llosa y luego este último le devolvió el favor en el Congreso evitando las acusaciones en contra de García por su desastroso primer gobierno. Asimismo, en eventos más recientes, recordemos el cogobierno que el APRA realizó en su segundo gobierno junto al fujimorismo, manejando a su antojo el Congreso de la República. Por otro lado, resulta indignante que el congresista Mulder, habiendo presidido en el 2001 la comisión que investigó casos de derechos humanos y que dijo que en el gobierno de Fujimori se habían perpetrado violaciones de derechos humanos, sea el mismo Mulder que en estos tiempos le daba la mano a Martha Chávez para que presida de manera cuestionada un sub grupo totalmente antagónico a lo que representa el Fujimorismo, con lo cual queda demostrado con estas maniobras, el pacto de impunidad con el cual se pretenden “proteger” mutuamente.

El tiro de gracia a Chávez y la reacción tardía del Congreso.

Para todos resulta evidente que la congresista Martha Chávez ha descubierto el viejo rostro del fujimorismo, el mismo que Keiko Fujimori, Julio Gagó, Rolando Reátegui, etc. han tratado de maquillar en los últimos años. Ya no es un secreto que Alberto Fujimori ha retomado las decisiones en el interior del fujimorismo y la aparición coyuntural de Martha Chávez quien buscaba ser elegida como coordinadora del sub grupo de derechos humanos de la Comisión de Justicia, obedecía sólo a una estrategia de posicionamiento político.

Felizmente para la mayoría de peruanos (los que tenemos buena memoria), en la última sesión de la Comisión de Justicia, se votó a favor de que el sub grupo presidido por la cuestionada parlamentaria sea desactivado. Ha sido una tardía reacción del Congreso, pero finalmente se logró que Martha Chávez no sea presidenta del grupo de trabajo de Derechos Humanos, con nueve votos a favor y seis en contra de la desactivación. Pese a eso, antes de terminar la sesión, se evidenció el verdadero objetivo del fujimorismo que era cuestionar el informe de la CVR y colocarle el cliché de sacrosanto.

La segunda vuelta y la estrategia del (APRA) para representar el mal menor.

Más allá de los infortunados eventos que han terminado por desenmascarar al fujimorismo, el que quiere ganar si o si es el partido aprista. Como hemos podido ver en las últimas encuestas realizadas por GFK para el Diario La República, Keiko Fujimori aparece liderando de lejos la intención de voto con un (26%), seguido lejanamente por Alan García con un (18%) y un rezagado PPK con (9%), ubicándose principalmente el apoyo al fujimorismo (Fuerza Popular) en los estratos económicos D y E con (31%) y (27%) respectivamente.

Esto para el APRA, más que una amenaza, representa una oportunidad, puesto que conoce que el anti voto que arrastra el fujimorismo se acrecienta siempre en segunda vuelta. Entonces un escenario perfecto es el de ubicarse segundo y pasar a segunda vuelta, recibiendo de parte de los enemigos del fujimorismo su apoyo, una vez más con la nariz tapada, como se hiciera en el 2006 cuando se enfrentó al radical Humala.

Finalmente señalar que el desastroso gobierno que tenemos hoy en día, no ayuda en nada para evitar esa posible coyuntura. Los intentos todavía fallidos por inhabilitar al peligroso García, son evitados de manera “magistral” por los alfiles apristas en el Congreso; esa realidad sumada a la violencia generalizada por la inseguridad ciudadana, dejan un camino también libre para que el fujimorismo, señale en su campaña, que como puso fin al terrorismo (cosa que es totalmente falso), también puede poner fin a la delincuencia. Esperemos por el bien del país que no tengamos nuevamente ese escenario caótico de tener que elegir entre el cáncer y el sida, y podamos apostar en primera vuelta por un candidato presidencial que genere las suficientes expectativas para mejorar un país que goza de un boom económico, pero que necesita urgentemente cambios radicales en las políticas sociales e institucionales. ¿Aparecerá alguno?

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