Una arremetida Ley Universitaria
Pésima respuesta la del profesorado agustino agrupado en su sindicato para rechazar el Proyecto de la Nueva Ley Universitaria aprobado esta semana: declararse en paro y tomar locales, justo ahora que ya termina el año académico acumulándose los exámenes, trabajos, subsanaciones, grados, etc. Si los sindicalizados docentes agustinos creen que con esa medida suman adeptos a su protesta, están tan confundidos como el propio proyecto universitario.
Esta manera de protestar contra la nueva ley universitaria, ahonda más la forma cómo Daniel Mora y la Comisión de Educación del Congreso quieren promulgarla: el caballazo o la imposición. Acciones como ésta, sumadas a la forma cómo se han comportado las universidades públicas, en especial la UNSA, imposibilitando el diálogo o abucheando a sus hacedores, ayudarían a Mora a confirmar que, efectivamente, en las universidades no impera el diálogo y la tolerancia y, por consiguiente, se justifica el despliegue de una estrategia militar para erigir una ley que los propios universitarios no pueden o no quieren poner en marcha.
Es en ese ambiente, el de la imposición, las medias verdades, las seudo comisiones y la intransigencia que viene avanzando esta ley, con dos protagonistas principales, por un lado la figura soldadesca de Mora, defendiendo su trabajo, en especial lo referido a la Superintendencia, que considera futurista y trascendental, y por el otro, la ANR, anclada en su vetusta defensa de la “autonomía”. A eso se ha reducido el debate de la nueva ley universitaria: intervenimos para controlar la calidad o seguimos libres para hacer lo que nos venga en gana.
Ese reduccionismo le hace mucho daño al proyecto de ley al debate, pues es fácil darse cuenta que ambos extremos son errados, pues nada garantiza que un mayor controlismo, mucho más siendo estatal, mejore la calidad universitaria. Lo mismo puede decirse de la autonomía, pues luego de casi un siglo de existencia, poco o nada ha contribuido a mejorar la universidad.
Estando el proyecto ya aprobado, ojalá que el Congreso genere un ambiente para que el debate trascienda a otro nivel, pues no hay que olvidar que una nueva ley universitaria se hace urgente, pero no cualquiera, sino una ley que se articule a un proyecto mayor que tenga en lo educativo su eje central, pues debiéramos reconocer que la educación es lo que mejor refleja el rol del Estado y también lo que más estimula su mejoría, ya que apunta al objetivo político socio-cultural que éste debe tener. En otras palabras, no sólo la ley universitaria sino la educación en general, debieran señalarnos qué queremos ser como país, adónde queremos llegar y en qué tiempo lo queremos hacer.
Justamente eso es lo que no se está debatiendo con el proyecto y todo parece indicar que no se hará porque en el congreso se cocinan muchos intereses que han hecho de la universidad no un instrumento para visionar o soñar con un futuro mediato, sino un negociado, económico y político para intereses subalternos que se alimentan con paros o tomas de locales, como la de hoy. Ojalá nos equivoquemos y el próximo año, que además es electoral, lo del tema universitario sirva apara adecentar la campaña y el debate político.