MEDIDAS TRIBUTARIAS Y LABORALES EXCEPCIONALES ANTE EL COVID-19 ESTADO DE EMERGENCIA

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  1. Aspectos preliminares:

 El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calificado el brote de COVID-19 como una pandemia, al haberse extendido en más de cien países del mundo de manera simultánea. En ese sentido, en el Perú, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú donde se señala que todos tenemos derecho a la protección de su salud, del medio familiar y de la comunidad, el Gobierno Central, el día 15 de marzo de 2020, el Gobierno emitió y publicó el Decreto Supremo No. 044-2020-PCM a fin de adoptar medidas adicionales y excepcionales para proteger eficientemente la vida y la salud de la población, reduciendo la posibilidad del incremento del número de afectados por el COVID-19, sin afectarse la prestación de los servicios básicos, así como la salud y alimentación de la población.

En base a este contexto de emergencia en que se encuentra el país, se han publicado una serie de normas a efecto de poder sostener de la mejor manera está situación, tanto desde el punto de vista civil como tributario y laboral.

2.-Disposiciones Generales:

 Entre las medidas más relevantes que ha dictado el Gobierno, debemos destacar las siguientes:

  • El Estado de Emergencia tiene una duración de 15 días calendarios, computados desde el día 16 de marzo hasta el 30 de marzo de 2020.
  • Se ha dispuesto el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las graves consecuencias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.
  • Durante el Estado de Emergencia, están permitidas la prestación de los siguientes servicios:

– Abastecimiento de alimentos.

– Abastecimiento de medicinas.

– Servicios bancarios y financieros (bancos, COOPAC, cajas, etc.)

– Continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas y combustible.

– Continuidad de telecomunicaciones.

– Continuidad de limpieza y recojo de residuos sólidos.

– Continuidad de servicios funerarios.

– Otros relacionados a los antes indicados.

  • Asimismo, se garantiza la adecuada prestación y acceso a los servicios y bienes esenciales, tales como:

a) Adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al público.

b) Adquisición, producción y abastecimiento de productos farmacéuticos y de primera necesidad.

c) Asistencia a centros, servicios y establecimientos de salud, así como centros de diagnóstico, en caso de emergencias y urgencias.

d) Entidades financieras, seguros y pensiones, así como los servicios complementarios y conexos que garanticen su adecuado funcionamiento.

e) Producción, almacenamiento, transporte, distribución y venta de combustible. f) Hoteles y centros de alojamiento, solo con la finalidad de cumplir con la cuarentena dispuesta.

g) Medios de comunicación y centrales de atención telefónica (call center).

h) Circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de las actividades descritas.

i) Asistencia y cuidado de personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes.

  • Se ha dispuesto la suspensión del acceso al público a los locales y establecimientos, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, grifos y establecimientos de venta de combustible. Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que, a juicio de la autoridad competente, pueda suponer un riesgo de contagio.
  • La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida debe ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos. En todo caso, se deben evitar aglomeraciones y se controla que consumidores y empleados mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles contagios.
  • Se suspende el acceso al público a los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así como a los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, actividades culturales, deportivas y de ocio. Asimismo, se suspenden las actividades de restaurantes y otros centros de consumo de alimentos, así como los desfiles, fiestas patronales, actividades civiles y religiosas, así como cualquier otro tipo de reunión que ponga en riesgo la salud pública.
  • Durante el estado de emergencia, se dispone el cierre total de las fronteras, por lo que queda suspendido el transporte internacional de pasajeros, por medio terrestre, aéreo, marítimo y fluvial. Esta medida entró en vigencia desde las 23.59 horas del día lunes 16 de marzo de 2020. Antes de esta fecha, los pasajeros que ingresen al territorio nacional deben cumplir aislamiento social obligatorio (cuarentena) por quince (15) días calendario.
  • El transporte de carga y mercancía no se encuentra comprendido dentro de este cierre temporal. Las autoridades competentes adoptan las medidas necesarias para garantizar el ingreso y salida de mercancías del país por puertos, aeropuertos y puntos de frontera habilitados.
  • En el transporte interprovincial de pasajeros, durante el estado de emergencia, se dispone la suspensión del servicio, por medio terrestre, aéreo y fluvial. Esta medida entró en vigencia desde las 23.59 horas del día lunes 16 de marzo de 2020.

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INFORME N.° 018-2020-SUNAT/7T0000

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La Administración Tributaria en el Informe N° 018-2020-SUNAT/7T0000 señala que las sucursales no son personas jurídicas para el derecho común, y por lo mismo, estas no distribuyen utilidades en favor de la entidad no domiciliada a la que pertenecen, sino que es dicha entidad la que, sobre la base de sus estados financieros, determina sus utilidades y acuerda distribuirlas en favor de sus socios.

Como se puede apreciar, tratándose de las sucursales de empresas constituidas en el exterior, sin el referido inciso e) del artículo 56° de la LIR, no habría manera de determinar el aspecto material (en qué consiste el dividendo) ni el temporal (oportunidad en que se genera el gravamen). Por tal motivo, la ficción prevista en el segundo párrafo del referido inciso e) resulta necesaria para gravar las utilidades generadas a través de dichas sucursales que serían posteriormente distribuidas por sus titulares no domiciliados.

El inciso g) del artículo 24°-A de la LIR establece una presunción de traslado de las utilidades generadas por la empresa a sus socios de manera indirecta sin la adopción previa de un acuerdo de distribución de estas; situación que para el legislador justifica la imposición de la tasa adicional del 5% a la empresa que realizó la distribución indirecta de utilidades sobre el importe de dicha disposición.

Ahora, si bien conforme al artículo 13°-B del Reglamento de la LIR el citado inciso g) resulta aplicable a las personas jurídicas señaladas en el artículo 14° de la LIR, el cual en su inciso h) incluye a las sucursales en el país de entidades no domiciliadas, podemos afirmar que a estos no les alcanza el gravamen previsto en el inciso g) en mención.

En efecto, como se señaló anteriormente, el inciso g) pretende evitar la práctica elusiva que supone la posibilidad de beneficiar económicamente a los socios de una persona jurídica sin que se genere el gravamen a los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades; lo cual no podría producirse en el caso de las sucursales y otro tipo de establecimientos permanentes en el país de empresas no domiciliadas, pues respecto de aquellos no se configuraría el gravamen previsto en el artículo 73°-A de la LIR.

En ese sentido, el informe concluye que las sucursales en el país de empresas no domiciliadas no están sujetas a la tasa adicional del 5% sobre las sumas a que se refiere el inciso g) del artículo 24°-A de la Ley del Impuesto a la Renta.

ASPECTOS TRIBUTARIOS DEL IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS 2020

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En el presente trabajo desarrollaremos los principales alcances a considerar respecto a la determinación del Impuesto Temporal a los Activos Netos del ejercicio 2020, incidiendo principalmente en la Base Imponible sobre la cual se calcula el impuesto que es sobre los Activos Netos al 31 de diciembre del ejercicio anterior (2019)[1].  Al final presentaremos un Caso Práctico.

  1. Introducción:

El Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) es un tributo que se encuentra regulado mediante la Ley Nº 28424 y el Decreto Supremo N° 025-2005-EF y grava activos netos como manifestación de capacidad contributiva no directamente relacionado con la renta, así mismo no constituye un pago a cuenta o anticipo del Impuesto a la Renta.

Es en ese sentido, que no se puede imputar al ITAN los mecanismos de determinación establecidos para otro impuesto; por lo que, las adiciones y deducciones a la base imponible del ITAN corresponden a aquellas vinculadas con el Activo Neto, las cuales no tienen que coincidir con las establecidas para el Impuesto a la Renta.

2. Aspectos relevantes:

2.1. Contribuyentes del ITAN

Son contribuyentes del ITAN, los sujetos del Régimen General o Régimen MYPE[2] Tributario que generen rentas de tercera categoría, incluyendo las sucursales, agencias y demás establecimientos permanentes en el país de empresas unipersonales, sociedades y entidades de cualquier naturaleza constituidas en el exterior; así como las personas naturales con negocio que generen rentas de actividades empresariales; excepto aquellas perciban exclusivamente rentas de tercera categoría generadas por los Patrimonios Fideicometidos de Sociedades Titulizadoras, los Fideicomisos Bancarios y los Fondos de Inversión Empresarial, que provengan del desarrollo o ejecución de un negocio o empresa, cuyo valor de los activos netos al 31 de diciembre de 2019 supere un millón de Soles (S/ 1 000,000), siempre que hayan iniciado operaciones antes del 1 de enero del año 2019. La obligación incluye a los que se encuentran en Régimen de Amazonía, Régimen Agrario, los establecidos en Zona de Frontera, entre otros.

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TRATAMIENTO TRIBUTARIO EN EL SECTOR INMOBILIARIO Venta de Bienes Inmuebles realizada por persona natural

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  1. Introducción:

En los últimos años el sector inmobiliario ha tenido un movimiento muy acelerada. Se cuenta con empresas que se dedican a construir y vender inmuebles, algunas otras sólo venden inmuebles, también se cuenta con personas naturales que se dedican a la venta de inmuebles sin ser una empresa inmobiliaria, personas naturales que invierten en un inmueble que luego venden, etc. Bajo este contexto, el derecho tributario presenta un tratamiento para la enajenación de inmuebles con los diversos matices, según el caso concreto.

Este artículo, sólo se abocará a desarrollar el tratamiento tributario en el caso de la venta de inmuebles realizada por persona natural con las particularidades para cada supuesto.

  1. ¿Cuándo estamos ante una ganancia de capital gravada?:

El impuesto directo más importante en nuestro sistema tributario en términos de recaudación es, sin lugar a dudas, el Impuesto a la Renta[1]. Dicho impuesto grava las rentas que provienen del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, las ganancias de capital, entre otros ingresos producidos por las personas naturales o las personas jurídicas. Según el artículo 1° de la Ley de Impuesto a la Renta (LIR) se encuentran gravadas, entre otras:

“Artículo 1.- El Impuesto a la Renta grava: a) Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales aquellas que provengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos. b) Las ganancias de capital. (…)”

En el caso de las personas naturales tributan con el impuesto a la renta cuando realizan diversas actividades generadoras de renta como el trabajo de manera independiente o dependiente, la enajenación de acciones, ganancia de capital, etc.

La definición de ganancia de capital está contenida en el artículo 2 de la LIR, que establece lo siguiente:

“Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, constituye ganancia de capital cualquier ingreso que provenga de la enajenación de bienes de capital. Se entiende por bienes de capital a aquellos que no están destinados a ser comercializados en el ámbito de un giro de negocio o de empresa.”

De acuerdo con lo anterior, cuando una persona natural obtiene ingresos por la enajenación de un bien de capital, la operación está gravada con renta. Dicha renta será de segunda categoría según el artículo 24 de la LIR, citado a continuación:

“Artículo 24.- Son rentas de segunda categoría: (…) j) Las ganancias de capital.”

De acuerdo a la revisión normativa realizada, podemos concluir que, si una persona natural, que no genera renta empresarial, realiza la venta de un inmueble y obtiene una ganancia por dicha operación, esta se encontrará gravada como renta de segunda categoría.

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PROCEDIMIENTO PARA CORREGIR ERRORES EN LA CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE DETRACCIÓN

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Últimas modificaciones respecto del pago

  1. Introducción:

 Durante el procedimiento que realizan cualquier de los obligados de hacer del depósito de detracción se pueden producir errores que originen que el depósito realizado no se encuentre conforme a lo señalado en las normas vigentes; y, lamentablemente; en el contexto normativo no se encuentra previsto algún mecanismo o procedimiento para corregir estos errores.

En ese sentido, la Administración Tributaria (SUNAT) sí ha establecido unos procedimientos a seguir cuando el depósito se realiza con errores. Estos procedimientos se encuentran detallados en la página web de la SUNAT.

En base a ello; a continuación, vamos a desarrollar cada uno de los procedimientos administrativos a efecto de corregir errores en el sistema de detracción. Cabe precisar que la SUNAT incluye un formato de “Solicitud de Corrección de Errores en las Constancias de Depósito de Detracciones” que se usará para corregir estos errores y que es obligatorio presentar: 

  1. Procedimiento a seguir para corregir los depósitos por concepto de detracción efectuadas en una cuenta que no corresponde al proveedor o prestador del servicio. 
  • Definiciones:

Sistema: Al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central (SPOT).

  • Cuenta de detracciones: A la cuenta abierta en el Banco de la Nación en aplicación de lo establecido en el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central.
  • Titular de la cuenta de detracciones: Es el beneficiario, persona natural o jurídica, de los depósitos realizados en aplicación del Sistema.
  • Constancia de Depósito: Documento que acredita el depósito de la detracción en las cuentas habilitadas para tal efecto.
  • Proveedor: Persona natural o jurídica que realiza la venta de los bienes, la prestación de servicios o quien ejecuta el contrato de construcción sujeto a detracción.
  • Adquiriente: Persona natural o jurídica que realiza compra los bienes, recibe los servicios o encarga la construcción sujeta a detracción.
  • Propietario: Persona natural o jurídica propietaria de los bienes del Anexo 1 de la Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT y modificatorias, que realiza o encarga el traslado de los mismos, cuando dicho traslado no se origina en una operación de venta gravada con el IGV.
  • Depositante: Es la persona natural o jurídica que realizó el depósito de detracción en una cuenta de detracciones que no corresponde al proveedor o al propietario.
  • Depósito indebido a una cuenta que no es del proveedor o del propietario: Aquel depósito realizado en una cuenta de detracciones que no corresponde al proveedor o al propietario.
  • Autodetracción: Aquel depósito realizado por el proveedor por una operación sujeta al sistema de detracciones en su propia cuenta de detracciones, por haber recibido del adquiriente el 100% del importe total de la operación. También es aquel depósito realizado por el propietario en su propia cuenta de detracciones, por el traslado de los bienes del Anexo 1 de la Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT y modificatorias, cuando dicho traslado no se origina en una operación de venta gravada con el IGV.
  • Titular o Beneficiario incorrecto: Es aquel titular de una cuenta de detracciones abierta en el Banco de la Nación, que recibió en dicha cuenta un depósito de detracción sin tener la calidad de proveedor o de propietario.
  • Transferencia de fondos: Transferencia de fondos realizada por el Banco de la Nación a solicitud de la SUNAT por la que se extorna totalmente el depósito en la cuenta de detracciones que no corresponde al proveedor o al propietario para ser abonado en la cuenta de detracciones que corresponde al proveedor o al propietario correcto.
  • Solicitud de corrección de errores: A la solicitud presentada por el depositante, en el que solicita la corrección de un depósito indebido en una cuenta que no corresponde al proveedor o al propietario.

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Valor de la Unidad Impositiva Tributaria durante el año 2020

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El día de hoy 20 de diciembre del 2019 se ha publicado DECRETO SUPREMO N° 380-2019-EF, la cual aprueba como monto de la UIT  como índice de referencia en normas tributarias, para el periodo 2020, el valor de Cuatro Mil Trescientos y 00/100 Soles (S/ 4 300,00).

file:///C:/Users/Jenny/Downloads/1838987-2.pdf

DECRETO SUPREMO N° 369-2019-EF

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Modifican el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta y modifican el Reglamento que establece la información financiera que se debe suministrar a la SUNAT para que realice el intercambio automático de información conforme a lo acordado en los tratados internacionales y en las decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina

1.-Se modifica el artículo 58 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. (esta modificación entra en vigencia el día 01.01.2019)

2.-Se incorpora el artículo 58-A al Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta-el cual regula el REGISTRO PARA TENER DERECHO A LA DEDUCCIÓN DEL CRÉDITO INDIRECTO para la deducción a que se refiere el inciso f) del artículo 88 de la Ley, la persona jurídica domiciliada en el país, debe informar en el registro a que se refiere el numeral 4 del sexto párrafo del referido inciso f), entre otros, los dividendos o utilidades distribuidos por las sociedades no domiciliadas de primer y segundo nivel; así como la participación accionaria que posea en esta. (esta modificación entra en vigencia el día 01.01.2019)

3.-Se modifica el artículo 5 del Reglamento que establece la información financiera que se debe suministrar a la SUNAT para que realice el intercambio automático de información conforme a lo acordado en los tratados internacionales y en las decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina. (esta modificación entra en vigencia el día 12.12.2019).

Les dejo el linck para la visualización de la norma:

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-de-la-ley-del-impuesto-a-la-renta-y-decreto-supremo-n-369-2019-ef-1835374-1/

MODIFICAN LA NORMATIVA SOBRE LA LIQUIDACIÓN DE COMPRA ELECTRÓNICA-RS N° 244-2019/SUNAT

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El 28 de noviembre del 2019 se publicó la  Resolución de Superintendencia N°. 244-2019-EF/15, la cual modifica el Rgto. de Comprobantes de Pago a fin de establecer que, para la emisión de una liquidación de compra el valor de las ventas acumulado por el vendedor en el transcurso de cada período aplicable hasta el día calendario anterior al de la emisión no supere el límite de 75 UIT.

Por otro lado, ha modificado las siguientes resoluciones de superintendencia, vinculadas a la emisión electrónica de comprobantes:

Res. 317-2017/SUNAT: Se prevé que la liquidación de compra electrónica (LCE) pueda emitirse por los sujetos designados por la SUNAT a través del SEE-Del contribuyente.

Res. 188-2010/SUNAT: Se modifican algunos aspectos de la emisión de la LCE a través del SEESOL, así como el plazo para realizar la reversión y el registro de pagos.

-Res. 300-2014/SUNAT: Se regula el envío a la SUNAT de una declaración jurada informativa con la información de las liquidaciones de compra emitidas en formatos impresos y/o importados por imprenta autorizada emitidas cuando por causas no imputables al emisor electrónico esté imposibilitado de emitir una LCE y para modificar el plazo de envío de la declaración jurada informativa en la que se informa las liquidaciones de compra emitidas en formatos impresos y/o importados por imprenta autorizada cuando el domicilio fiscal y/o el establecimiento anexo del emisor electrónico se encuentren en una zona con baja o nula conexión a Internet.

– Res. 097-2012/SUNAT y 199-2015/SUNAT: Se establecen las disposiciones necesarias para la emisión de la LCE a través del SEE-Del Contribuyente.

El 1-1-20 entrará en vigor esta disposición, salvo determinadas disposiciones, vinculadas a las modificaciones de las Res. 317-2017/SUNAT, 097-2012/SUNAT, 300-2014/SUNAT y disposiciones derogatorias, que entrarán en vigor el 1-2-20.

A continuación un resumen preciso de las modificaciones realizadas:

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TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LAS OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO ENTRE SUJETOS NO DOMICILIADOS (SEGUNDA PARTE)

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  1. Impacto en los intereses presuntos.

 Si la empresa no cumple con alguno de los requisitos sustanciales o formales para la deducción del gasto por intereses, en la declaración jurada anual del ejercicio que corresponda se deberá adicionar el gasto, ya que dicho desembolso calificará como gasto no deducible para efecto del impuesto a la renta. Ahora, como consecuencia de ello, se deberá efectuar un pago directo y definitivo a la SUNAT por el concepto de dividendo presunto. La tasa impositiva en ese caso es del 5% sobre el monto no deducible que cumpla con los requisitos señalados en el artículo 24-A de la LIR: i) Suma o entrega en especie que constituye disposición indirecta de renta. (Gasto no deducible o ingreso no declarado); y, ii) No hay un control tributario de la naturaleza o destino del gasto o ingreso. 

  1. Regla de subcapitalización de intereses. 

Como lo hemos comentado líneas arriba, está regla de Subcapitalización de intereses, consiste en que el capital de endeudamiento de una empresa no puede ser superior al triple del patrimonio neto de la empresa correspondiente al ejercicio anterior. Esta regla hasta el 2018, era aplicable para sólo para operaciones de financiamiento con pares vinculadas. A partir del 2019, con la modificación, la regla aplica para todo tipo de operaciones de préstamo sea entre partes vinculadas o terceros.

Mediante el Decreto Legislativo N° 1424 publicado el 13 de setiembre de 2018 se modificaron las normas del IR en materia de deducción de intereses, con la finalidad de perfeccionar las normas de “subcapitalización”. Esta modificación tiene como objetivo corregir la facilidad con la cual los grupos empresariales podían eludir la citada norma, a través de préstamos back-to-back[1].

Asimismo, la posibilidad de deducir intereses por préstamos otorgados desde paraísos fiscales, así como la tasa reducida del IR sobre intereses pagados a beneficiarios no vinculados en el exterior, eran incentivos suficientes para erosionar la base fiscal con préstamos desproporcionados.

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TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LAS OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO ENTRE SUJETOS NO DOMICILIADOS (PRIMERA PARTE)

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Durante el desarrollo comercial de una empresa suele ser imperativo que ésta cuente con el dinero suficiente para poder llevar a cabo su objeto social. Una de las formas de obtener dinero es mediante los aportes de capital realizados por sus socios y la otra forma es a través de un préstamo.

Cada una de estas formas tienen un impacto tributario distinto. En el caso de los dividendos, estos sólo permiten que los accionistas tengan una participación en el resultado final de la empresa, cuando se distribuya dividendos. Por otro lado, respecto de los intereses, reducen los resultados de la empresa por constituir gasto; ya que deuda debe ser devuelta con intereses, los cuales califican como gasto.

En este artículo se evaluarán los efectos tributarios que se deben tomar en cuanta, al momento de tomar una decisión de financiamiento, considerando lo establecido en el TUO de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR).

  1. Tipos de Financiamiento Empresarial: 

1.1.-Financimiento interno: 

El financiamiento interno es aquel que la empresa encuentra en sus propios accionistas. Si la empresa necesita capital para seguir trabajando o para emprender un nuevo proyecto, la opción que se vocea en la mesa es que los accionistas inyecten capital a la empresa cambio de acciones. En este caso, el aumento de capital consiste en la realización de nuevos aportes, en bienes o en efectivo a favor de la sociedad, que incrementan su economía a cambio de la entrega a los aportantes de nuevas acciones y / o participaciones o del aumento del valor nominal de las acciones y / o participaciones. En la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada –EIRL- también procede el trámite del aumento de capital.

En este sentido, la doctrina reconoce dos funciones del capital social: (I) una función garantista y (ii) una función organizativa. Respecto a la primera, el capital social «expresa la cifra a que debe ascender como mínimo el patrimonio social líquido que los socios se comprometen a mantener en el sentido de que no podrán retirar cantidad alguna de ese patrimonio ni en concepto de beneficios ni en ningún otro[1].” Por otro lado, respecto a la función organizativa del capital social, cabe precisar que esta hace alusión al rol que cumple el capital al interior de la sociedad en lo correspondiente a la regulación de las distintas relaciones que toman lugar en la sociedad, como son la relación entre la sociedad y sus accionistas, y la relación entre los mismos accionistas.

Dicho esto, es claro que el capital no es “una mera expresión sino un concepto jurídico y económico, con un contenido real que se sostiene en principios o postulados esenciales que el legislador recoge.[2]” Teniendo su reducción o aumento una importancia en la vida económica de una empresa.

En el artículo 202° de la Ley General de Sociedades (LGS) contempla cuatro modalidades de aumento de capital: (i) nuevos aportes, (ii) capitalización de créditos, (iii) capitalización de utilidades, y (iv) “los demás casos previsto en la ley”.

De manera trasversal a las distintas formas de aumento de capital, el artículo 201 de la LGS establece los requisitos formales para la adopción de un acuerdo de aumento de capital, de esta manera dispone: (i) que el acuerdo debe ser tomado por la junta general, (ii) que debe cumplir los mismos requisitos que la ley señala para cualquier modificación de estatuto, y (iii) que debe constar en escritura pública e inscribirse en el registro correspondiente.

Si bien todo aumento de capital entraña nuevos aportes-, pues a pesar de que la ley hace la distinción esbozada líneas atrás, todas las modalidades representan-directa o indirectamente- aportes nuevos en favor de la sociedad que emite las acciones.

Desde el punto de vista económico, estos aportes de capital tienen un impacto en el Balance General. Cuando se toma la decisión hacer el reparto de las utilidades y se paga dividendos a los accionistas (antiguos y nuevos), el impacto también es tributario, porque se tiene que efectuar la retención del impuesto de renta por dividendos (tasa impositiva efectiva 5%). Dicha retención debe ser declarada y pagada por la empresa emisora de la acción mediante PDT 617 en el periodo en que se ha efectuado la retención. Cabe precisar que, conforme al artículo de la LIR, en el caso de las personas jurídicas, éstas no pagan impuesto por dividendos; por lo tanto, se le efectúa ningún tipo de retención. 

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