Archivo por meses: octubre 2017

LAS ÚLTIMAS MODIFICACIONES EN EL SISTEMA DE DETRACCION

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  1. Funcionamiento del Sistema de Detracciones

El sistema de detracciones, conocido también por la siglas SPOT, es un mecanismo administrativo que coadyuva con la recaudación de determinados tributos y consiste básicamente en la detracción o descuento que efectúa el comprador o usuario de un bien o servicio afecto al sistema, de un porcentaje del importe a pagar por estas operaciones, para luego depositarlo en el Banco de la Nación, en una cuenta corriente a nombre del vendedor o prestador del servicio, el cual, por su parte, utilizará los fondos depositados en su cuenta del Banco de la Nación para efectuar el pago de tributos, multas y pagos a cuenta incluidos sus respectivos intereses y la actualización que se efectúe de dichas deudas tributarias de conformidad con el artículo 33° del Código Tributario, que sean administradas y/o recaudadas por la SUNAT.

El sistema de detracciones se aplica a las siguientes operaciones:

  • La venta de bienes muebles gravada con el IGV señalados en el Anexo 1 y 2 de la Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT.
  • Venta de bien inmueble gravada con el IGV.
  • Retiro considerada como venta conforme el inciso a) del artículo 3° de la Ley del IGV.
  • Venta de bienes exonerada del IGV cuyo ingreso califica como renta de tercera categoría para efecto del impuesto a la renta.
  • Prestaciones de servicios señaladas en el Anexo 3 de la Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT.
  • Servicio de transporte de bienes por vía terrestre.
  • Servicio de transporte público de pasajeros realizado por vía terrestre.
  • Operaciones sujetas al IVAP (Impuesto a la Venta de Arroz Pilado).
  1. Bienes incorporados a partir del 16.10.2017:

El 04.10.2017 se publicó la Resolución de Superintendencia N° 246-2017/SUNAT, vigente a partir del 16.10.2017 la cual tiene como objetivo modificar la Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT y agregar nuevamente el Anexo 1 al Sistema de Detracciones.

Los bienes del Anexo 1 incorporado son:

 

1 Azúcar y melaza de caña Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 1701.13.00.00, 1701.14.00.00, 1701.91.00.00, 1701.99.90.00 y 1703.10.00.00.                 10%
2 Alcohol etílico Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 2207.10.00.00, 2207.20.00.10, 2207.20.00.90 y 2208.90.10.00.          10%

Asimismo, mediante Resolución de Superintendencia N° 246-2017/SUNAT se incorpora en el Anexo 2 de la Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT:

DEFINICIÓN                DESCRIPCIÓN   PORCENTAJE
4 Caña de azúcar Bienes comprendidos en la subpartida nacional 1212.93.00.00.           10%

 

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LA QUEJA COMO MEDIO DE DEFENSA

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Conforme al criterio del Tribunal Fiscal, la queja es un remedio procesal que permite a los administrados cuestionar las actuaciones indebidas de la Administración que puedan vulnerar sus derechos o intereses, a fin que se pueda corregir las actuaciones y encauzar el procedimiento. En ese sentido, la queja no  constituye un recurso impugnativo, ni procede cuando existan otros procedimientos o vías idóneas para conocer el asunto cuestionado.

La queja contra las actuaciones de la Administración Tributaria se encuentra regulada de manera general en el artículo 155° del TUO del Código Tributario-Decreto Supremo N° 133-2013-EF (En adelante CT), siendo el Tribunal Fiscal, a través de la Oficina de Atención de Quejas, el competente para resolverla, de ahí resulta la jurisprudencia del Tribunal Fiscal que nos da los criterios sobre su regulación.

En el caso que se necesite defender contra actuaciones irregulares del Tribunal Fiscal, también se puede interponer queja ante la Defensoría del Contribuyente, la cual será resuelta por el Ministerio de Economía y Finanzas.

También contamos con la queja administrativa, regulada en la Ley de Procedimiento Administrativo General.

  1. La naturaleza de la queja: 

El artículo 155 del CT establece que “La queja se presenta cuando existan actuaciones o procedimientos que afecten directamente o infrinjan lo establecido en este código, en la Ley General de Aduanas, su reglamento y disposiciones administrativas en materia aduanera; así como en las demás normas que atribuyan competencia al Tribunal Fiscal”. Esta norma debe ser concordada con el literal h) del artículo 92 del mismo cuerpo normativo, según el cual los deudores tributarios tienen derecho, entre otros, a: “Interponer queja por omisión o demora en resolver los procedimientos tributarios o por cualquier otro incumplimiento a las normas establecidas en el presente código“.

Así mismo cabe tener en cuenta lo establecido en el numeral 5) del Artículo 101 del CT, según el cual, son atribuciones del Tribunal fiscal “Atender las quejas que presenten los administrados contra la Administración Tributaria, cuando existan  actuaciones o procedimientos que los afecten directamente o infrinjan lo establecido en este Código; las que se interpongan de acuerdo con la Ley General de Aduanas, su reglamento y disposiciones administrativas en materia aduanera, así como lo demás que sea de competencia del Tribunal Fiscal conforme al marco normativo aplicable”.

Como se puede visualizar la norma ya no hace referencia a la queja como un recurso como antes lo hacía, este error fue corregido con el Decreto Legislativo N° 1315 publicado el 31 de Diciembre del 2016. La explicación de ello es que la queja no puede ser un recurso porque tiene una naturaleza de un medio excepcional procedimental, es un remedio procesal mediante el cual se busca corregir las actuaciones de la administración que afecten de manera indebida al deudor tributario y reencauzar el procedimiento.

Es decir, mediante el recurso administrativo, se promueve el control de la legalidad de un acto emanado de la autoridad administrativa, con la finalidad que se le revoque o modifique, con el objeto de restablecer el interés que ha sido lesionado o vulnerado por este acto administrativo que se impugna mediante el recurso. En ese sentido, la nota característica de los recursos es su finalidad impugnatoria de actos o disposiciones preexistentes que se estiman contrarias a Derecho, en cambio, la queja no es instrumento para impugnar, sino para corregir, por lo que su finalidad es distinta.

Esta diferencia se nota cuando analizamos el recurso de reclamación, reconsideración, oposición, o revocación, el cual se interpone ante el mismo órgano que emitió el acto administrativo que es materia de controversia, a fin que considere nuevamente el asunto sometido a su pronunciamiento, ya que el Administrado tiene el derecho de impugnar un acto administrativo y la Administración tiene el deber de revisar su propio acto. Sin embargo, la queja es diferente, no ha sido diseñada para impugnar acto administrativo alguno; por el contrario, la queja en materia tributaria procede cuando existen actuaciones o procedimientos que infrinjan lo establecido en el Código Tributario. Entonces podemos apreciar que la naturaleza de una queja es la de un remedio procesal que el legislador ha regulado; de tal manera que los administrados puedan utilizarla para que se corrijan los defectos que se pudieran presentar en la tramitación de cualquier procedimiento administrativo, de tal manera que puedan subsanarse los errores cometidos dentro del procedimiento[1]. 

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EL PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA FRENTE A LA SUNAT

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  1. Procedimiento de Cobranza Coactiva.

El Procedimiento de Cobranza Coactiva de la Sunat se rige por las normas contenidas en el Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva regulado en la Resolución de Superintendencia N.° 216-2004/ SUNAT y normas modificatorias, en el Título II del Libro III del Código Tributario aprobado mediante Decreto Supremo   N° 133-2013-EF (en adelante CT), y por el Artículo IV del Título Preliminar y artículo 55° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444.

El artículo 2° de la Resolución de Superintendencia N.° 216-2004/SUNAT (en adelante el Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva) señala que esta norma regula:

a. El procedimiento que lleve a cabo la SUNAT, en ejercicio de su facultad coercitiva, a fin de hacer efectivo el cobro de la deuda exigible detallada en el artículo 115 del Código Tributario y demás actos que se deriven del citado procedimiento.

Se considera comprendida como deuda exigible a las liquidaciones de las declaraciones únicas de aduanas u otro documento que contenga deuda tributaria aduanera y a las resoluciones de multa por infracciones tributarias a que se refiere la Ley General de Aduanas no reclamadas ni apeladas oportunamente.

b. Las medidas cautelares previas a que se refieren los artículos 56, 57 y 58 del CT.

c. La ejecución de las garantías otorgadas a favor de la SUNAT según lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 116 del CT.

El procedimiento Coactivo así como las acciones de cobranza se sustentan en la facultad de recaudación de la Administración Tributaria regulada en el artículo 55 del CT, el cual establece lo siguiente: “Es función de la Administración Tributaria recaudar los tributos. A tal efecto, podrá contratar directamente los servicios de las entidades del sistema bancario y financiero, así como de otras entidades para recibir el pago de deudas correspondientes a tributos administrados por aquella. Los convenios podrán incluir la autorización para recibir y procesar declaraciones y otras comunicaciones dirigidas a la Administración”.

Así lo determina también el fundamento 5 de la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 06269-2007-PA/TC, cuando señala que: “La cobranza coactiva es una de las manifestaciones de la autotutela ejecutiva de la que gozan algunas entidades administrativas, por lo que éstas se encuentran facultadas para ejecutar el cobro coactivo de deudas exigibles (sean tributarias o no). Tal como lo indicó este Tribunal Constitucional en el fundamento 46 de la STC 00152005-AI/TC, la facultad de autotutela de la Administración Pública de ejecutar sus propias resoluciones –como sucede en el caso del procedimiento de ejecución coactiva– se sustenta en los principios de presunción de legitimidad y de ejecución de las decisiones administrativas, lo que también implica la tutela de los derechos fundamentales de los administrados que puedan verse amenazados o vulnerados por la actividad de la Administración, como son los derechos al debido procedimiento y a la tutela judicial efectiva”.

No obstante ello, esta facultad de la Administración no puede ser ejercida de manera arbitraria y sin limitaciones, pues existen una serie de presupuestos que deben cumplirse, en virtud de los derechos que tiene todo administrado. Se tiene que seguir el Procedimiento regulado en el CT y en el Reglamento de Procedimiento Coactivo aprobado por la misma SUNAT.

En ese sentido la cobranza coactiva de las deudas tributarias se ejerce a través del ejecutor coactivo, quien actuará en el procedimiento de cobranza coactiva con la colaboración de los auxiliares coactivos, de acuerdo a lo indicado en el artículo 114° del CT.

 

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