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CAS-8407-2013 LIMA: PAGO DE INDEMNIZACIÓN NO CONSTITUYE UN GASTO DEDUCIBLE AL IMPUESTO A LA RENTA

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La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República ha emitido la Sentencia Casatoria N° 8407-2013-LIMA, de fecha 02 de julio del 2015 pero publicada recién el miércoles 31 de agosto del 2016 en la Sección Sentencias en Casación del Diario Oficial El Peruano. En dicha sentencia la Sala declara INFUNDADO el recurso de casación y en consecuencia NO CASARON la Sentencia de Vista Número Catorce (N° 14), disponiéndose la publicación en el Diario Oficial.

La Corte Suprema fija la siguiente sumilla:

PAGO DE INDEMNIZACIÓN NO CONSTITUYE GASTO DEDUCIBLE AL IMPUESTO A LA RENTA, conforme a los términos fijados en el artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta; en tanto, dicho gasto no cumple con el Principio de Causalidad con el hecho generador de la renta; hacer lo contrario, implicaría avalar la conducta de quién incumple con un contrato y pretende valerse de dicha trasgresión para obtener beneficios tributarios.

Entre los fundamentos más importantes tenemos aquel que señala que  “no se puede avalar la conducta de quién incumple con un contrato y pretende valerse de dicha trasgresión para obtener beneficios tributarios, como es considerar la indemnización que la demandada debió pagar por su incumplimiento como un gasto deducible del impuesto a la renta.”

 

STC N.° 04082-2012-PA/TC- inaplica la regla del cobro de intereses durante la etapa de impugnación administrativa.

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Esta sentencia se basa en el Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hugo Escobar Agreda, en representación de doña Emilia Rosario del Rosario Medina de Baca, contra la resolución de fecha 8 de agosto de 2012, que declaró improcedente la demanda de amparo.

En esta sentencia el Tribunal Constitucional Declara FUNDADA la demanda, por haberse acreditado la vulneración de los derechos a la razonabilidad de las sanciones administrativas y al acceso a los recursos en sede administrativa; en consecuencia, NULA la Resolución de Ejecución Coactiva 023-006-1085011.

Asimismo, dispone que la Sunat efectúe el cálculo de los intereses moratorios de las deudas originadas en las Resoluciones de Determinación 024-003-0008223 y 024-003-0008224, y en la Resolución de Multa 024-002-0022735, sin aplicar la regla de la capitalización de intereses contenida en el artículo 7 de la Ley 27038, y sin aplicar la regla del cobro de intereses durante la etapa de impugnación administrativa de las resoluciones de determinación y de multa, contenida, en el extremo de la apelación ante el Tribunal Fiscal, en el artículo 6 del Decreto Legislativo 981; más los costos del proceso.

PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE RESIDENCIA PARA LA APLICACIÓN EN EL PAIS DE LOS CONVENIOS DE DOBLE IMPOSICIÓN

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En los últimos años el Perú ha empezado a realizar transacciones comerciales con otros países; es por ello que se han venido implementando diferentes Convenios de Doble Imposición (CDI). Sin embargo, conforme lo indicado en el DS N° 090-2008-EF para que puedan aplicarse los beneficios previstos en dichos convenios y prevenir la evasión tributaria, es obligatorio la sustentación en el Perú por parte del no domiciliado, de su condición de residente en el otro Estado Contratante a través de una Constancia de Residencia; así como el sujeto domiciliado en el Perú que debe realizar la acreditación de la residencia en el Perú, en un Estado con el cual se tenga celebrado algún CDI[1].

Cabe señalar que, en ninguno de los CDI suscritos por el Perú (excepto el CDI con Brasil) se prevé la acreditación de la residencia a través de un CR para poder utilizar los beneficios establecidos en estos Convenios. Sin embargo, el DS N° 090-2008-EF (norma reglamentaria), establece la obligación de requerir la presentación del Certificado de Residencia para aplicar los CDI. La pregunta que podríamos hacer es ¿el incumplimiento de una norma reglamentaria puede dejar sin efecto un acuerdo bilateral entre dos Estados?. Ello no parece muy acorde con el principio de jerarquía normativa reconocido en nuestra Constitución. Sin embargo, la obligación existe y para no generar contingencias se debe cumplir con la formalidad.

A continuación se procederá a evaluar todos los mecanismos necesarios para la emisión y uso de estos certificados de residencia.

  1. Sujetos que deben solicitar la emisión del Certificado de Residencia.

 El Artículo 2° del DS N° 090-2008-EF señala que el Certificado de Residencia emitido por la entidad competente de un Estado con el cual el Perú ha celebrado un CDI, tiene por finalidad acreditar la calidad de residente en ese Estado a fin de poder hacer uso de los beneficios contemplados en el CDI.

En ese sentido, la SUNAT ha emitido la Resolución de Superintendencia  N° 230-2008-SUNAT, la cual en su artículo 2° señala que cuando un sujeto domiciliado en el Perú inscrito en el RUC genera renta de fuente extranjera a consecuencia de operaciones con sujetos no domiciliados provenientes de países con los cuales el Perú tiene Convenio de Doble Imposición (CDI) se encuentra en la obligación de solicitar la emisión del Certificado de Residencia a efecto de acreditar su condición de residente en el Perú, tal como lo dispone los CDI, con el fin de hacer efectiva la aplicación de los beneficios establecidos en tales convenios.

De la misma manera, cuando un residente de un Estado contratante genera renta de fuente peruana en el país, por el cual el sujeto domiciliado tiene la obligación de efectuar la retención conforme lo señala el CDI tiene la obligación de agenciar su certificado de residencia en su país ante la entidad competente, ello con el fin de hacer uso de los beneficios contemplados en el CDI. Así lo establece el artículo 2° del Decreto Supremo Nº 090-2008-EF cuando señala que el agente de retención del Impuesto a la Renta por rentas pagadas o acreditadas a sujetos residentes en un Estado con el cual el Perú ha celebrado un CDI, o en general, de cualquier impuesto al que sea aplicable el CDI, deberá sustentar el otorgamiento de beneficios previstos en el CDI únicamente con el Certificado de Residencia entregado por el sujeto residente en ese Estado, el cual deberá ser emitido por la entidad competente de dicho Estado.

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