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TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LOS DIVIDENDOS PARA EL EJERCICIO GRAVABLE 2015

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Categoría : Impuesto a la Renta

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Con fecha 31 de diciembre del 2014 se publicó la Ley Nº 30296 vigente desde el 01 de enero del 2015, la cual ha realizado una serie de modificaciones al TUO del Impuesto a la Renta-DS Nº 179-2004-EF (LIR), entre ellas está la variación de la tasa de retención en el caso de los dividendos.

A raíz de esta modificación han surgido una serie de dudas respecto a su aplicación para el ejercicio gravable 2015. En el presente informe se desarrollará el tratamiento tributario de los dividendos con el fin de evitar contingencias tributarias.

1. Concepto de dividendos:

El dividendo es la parte del beneficio de una empresa que se reparte entre los accionistas de una sociedad. El dividendo constituye la principal vía de remuneración de los accionistas como propietarios de una sociedad. Su importe debe ser aprobado por la Junta General de Accionistas de la sociedad, a propuesta del consejo de administración.

Conforme lo señalado en el artículo 9º de la LIR en el caso de dividendos, la fuente está dada siempre por el lugar de constitución de la sociedad que los distribuye. Consecuentemente, solamente dividendos distribuidos por sociedades constituidas en el Perú califican como rentas de fuente peruana. Por este motivo, para efectos fiscales peruanos el lugar en que se desarrollan las actividades empresariales carece de relevancia para determinar la fuente de los dividendos.  Como puede observarse, Perú ha adoptado una posición muy formalista respecto a este aspecto, toda vez que el lugar de constitución prevalece sobre la sustancia económica (lugar donde las actividades empresariales son llevadas a cabo). Es importante destacar que esta estructura, puede producir efectos diametralmente opuestos respecto de los accionistas de dos sociedades que realizan exclusivamente actividades en el Perú, en caso una de ellas hubiese sido constituida en el Perú y la otra en el extranjero. En el primer supuesto, los dividendos se encontrarán gravados con una tasa del Impuesto a la Renta de 6.8% si los dividendos son recibidos por personas naturales domiciliadas o no domiciliadas y por personas jurídicas no domiciliadas; o no gravados si son recibidos por personas jurídicas constituidas en el Perú. En el segundo supuesto, los dividendos se encontrarán gravados con una tasa de 30% para el caso de las personas jurídicas constituidas en el Perú y se aplicará la tasa progresiva acumulativa para el caso de una persona natural domiciliada que tendrá que sumar a su renta de trabajo la renta de fuente extranjera generada por dividendos recibidos de fuera.

2. Supuestos que califican como dividendos:

El literal f) del artículo 24°-A del TUO LIR vigente hasta el 31 de diciembre de 2014 regula que califica como dividendos: “Todo crédito hasta el límite de las utilidades y reservas de libre disposición que las personas jurídicas que no sean Empresas de Operaciones Múltiples o Empresas de Arrendamiento Financiero, otorguen a favor de sus socios, asociados, titulares o personas que las integran, según sea el caso, en efectivo o en especie, con carácter general o particular, cualquiera sea la forma dada a la operación y siempre que no exista obligación para devolver o, existiendo, el plazo otorgado para su devolución exceda de doce meses, la devolución o pago no se produzca dentro de dicho plazo o, no obstante los términos acordados, la renovación sucesiva o la repetición de operaciones similares permita inferir la existencia de una operación única, cuya duración total exceda de tal plazo.”

Sobre el particular la ley Nº 30296 modifica el citado literal f), eliminando de su texto la referencia a: “siempre que no exista obligación para devolver o, existiendo, el plazo otorgado para su devolución exceda de doce meses, la devolución o pago no se produzca dentro de dicho plazo o, no obstante los términos acordados, la renovación sucesiva o la repetición de operaciones similares permita inferir la existencia de una operación única, cuya duración total exceda de tal plazo.”

En virtud a ello, a partir del ejercicio 2015 calificará como Dividendo todo crédito hasta el límite de las utilidades y reservas de libre disposición que se otorguen a favor de los socios, asociados o titulares, independientemente del plazo que se fije para su devolución.

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¿EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO ARBITRARIO ES UN GASTO DEDUCIBLE PARA EFECTOS DEL IMPUESTO A LA RENTA?

Categoría : Impuesto a la Renta

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1.- ¿Qué es el Despido Arbitrario?

El artículo 34° del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, Ley de Competitividad y Productividad Laboral, adelante LPCL, establece que el despido es arbitrario por no haberse expresado causa o no poderse demostrar ésta en juicio; en ese caso, el trabajador tiene derecho al pago de la indemnización establecida en el artículo 38° de la misma norma, como única reparación por el daño sufrido.

Así mismo, según este artículo, existen dos tipos de despido arbitrario: el que es arbitrario porque no se ha expresado causa alguna (ad nutum o incausado) y el que es arbitrario porque habiéndose alegado causa justa, ésta no ha podido ser demostrada judicialmente, con el único efecto reparatorio para ambos, el de una indemnización.

El monto de la indemnización, en ese caso asciende a una remuneración y media ordinaria mensual, por cada año completo de servicios, con un máximo de 12 remuneraciones. En ese caso, si un trabajador tuviera más de nueve años de servicios, igualmente su indemnización no podrá superar dicho tope de 12 remuneraciones.

 2.-La Indemnización: Un tipo de penalidad

La penalidad constituye un mecanismo de resarcimiento que se genera cuando existe un incumplimiento por una de las partes contratantes. Su naturaleza busca resarcir el daño patrimonial que ha sufrido la parte que no ha visto satisfecha la prestación que esperaba y por la cual contrató

  • La Indemnización por Despido Arbitrario de un trabajador
  • Intereses de demora en el pago de las aportaciones a las AFPs
  • Sanciones impuestas producto de la existencia de alguna cláusula penal pactada previamente por las partes contratantes.
  • Respecto a la Indemnización por Despido Arbitrario de un trabajador, cabe precisar que la relación laboral puede mantenerse vigente en el tiempo hasta que el trabajador renuncie por voluntad propia, se cumpla el plazo de duración del contrato si este tiene temporalidad, exista despido por causal contenida en la norma laboral, entre otros supuestos. Sin embargo, la relación laboral también puede concluir cuando el empleador decide por propia voluntad despedir al trabajador de manera arbitraria, asumiendo de este modo las consecuencias que se originen de dicha decisión, dentro de las cuales se incluye la entrega de una indemnización que el empleado despedido le solicite cuando cuente con una sentencia favorable emitida por un juzgado laboral que ampare dicha pretensión en una sentencia que quede firme y consentida.

    Bajo este contexto, la interrogante que se presenta es si el pago que realiza el empleador de una indemnización a favor del trabajador despedido cuando éste recibe un mandato judicial es un gasto deducible para efectos de la determinación del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría. Dicha interrogante la pasaremos a desarrollar en el siguiente punto.

     3.-Las penalidades son gastos deducibles

    Entrando al análisis de la causalidad del gasto, debemos advertir que el acto de despido arbitrario califica como un acto unilateral del empleador, toda vez que en realidad no existe causal alguna para culminar la relación laboral. Es por ello que el pago que se origine de dicho acto no permitirá al empleador generar una nueva riqueza ni mucho menos mantener la fuente productora de la renta, lo cual implica necesariamente que no guarda coherencia con lo dispuesto por el Principio de Causalidad. Situación que el mismo empleador debe asumir pues él mismo ha tomado la decisión de efectuar el despido arbitrario; es decir, sin que exista causal o motivo alguno.

    En ese sentido, no es correcto colocar la entrega de la indemnización por despido arbitrario al trabajador en el supuesto del literal l) del artículo 37º de la Ley del Impuesto a la Renta (en adelante LIR), pues tengamos presente que los pagos que se encuentran contemplados en el referido literal obedece a un acuerdo entre las partes, es decir que existe consenso entre empleador y trabajador, situación que a todas luces no se presenta en el caso de la decisión del empleado que fue despedido, ya que éste último puede optar por el pago de la indemnización o si lo desea puede pedir su reposición al centro de labores, lo que permite apreciar que el empleador no tendría ninguna ingerencia en el tema, demostrándose que no existiría el mecanismo del consenso, necesario para poder deducir los gastos de acuerdo al literal l) del artículo 37º de la LIR.

    Siguiendo la misma línea, resultaría contradictorio que un empleador decida por motu propio despedir a varios de sus trabajadores y posteriormente deduzca como gasto tributario el pago de las indemnizaciones que se encuentra obligado a entregar a todos ellos. De ser así, se estaría permitiendo a los empleadores despedir a sus trabajadores y no mantener un vínculo laboral con ellos y además deducir el gasto.

    Por tales razones, consideramos que el pago de una indemnización por despido arbitrario al trabajador, como penalidad no podrá ser deducible para el empleador en la determinación de la renta neta de tercera categoría del Impuesto a la Renta.

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    DIFERIMIENTO DEL USO DEL CRÉDITO FISCAL EN EL SISTEMA DE DETRACCIONES

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    1.      Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central (SPOT)

    El Poder Ejecutivo en aplicación de las facultades delegadas otorgadas por el Congreso de la República mediante la Ley N° 28079, publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo N° 940, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo N° 155-2004-EF.

    El sistema de detracciones consiste en detraer o descontar a cargo de la persona que efectúa la compra de un bien o el usuario de un servicio que se encuentren comprendidos en el sistema, para ello se aplicará un porcentaje el cual se encuentra fijado por la norma, considerando para ello como base el Precio del Proveedor (vendedor del bien o prestador del servicio), para posteriormente efectuar el depósito en el Banco de la Nación, en una cuenta corriente que se encuentra a nombre del Proveedor.

    En sí, la finalidad de la detracción es asegurar que el destino final de una parte de los montos que corresponden al pago de una operación tenga como destino exclusivo el pago de tributos ante el fisco, asegurando por medio de la recaudación tributaria.  Con ello, se intenta reducir la informalidad cuando se realicen ventas de los productos o también cuando se presten servicios sujetos al Sistema, ya que el comprador o usuario del servicio para poder cumplir con su obligación de efectuar la detracción correspondiente necesita que las personas que le efectúen ventas de bines o les provean de servicios tengan una cuenta corriente en el Banco de la Nación, entidad que adicionalmente a los requisitos comunes para la apertura de una cuenta corriente exige que el proveedor cuente con número de RUC. Lo que se busca es básicamente ampliar la base tributaria y por ende incrementar la recaudación.

    Otro tema puntual que es bueno indicar es que con respecto a los sujetos involucrados en el caso del Régimen de Retenciones y de Percepciones, se determina puntualmente quiénes son los sujetos designados como agentes de retención y percepción. No obstante, en el Sistema de Detracciones (SPOT); La SUNAT no designa Agentes de Detracción. En este sistema, se encuentran comprendidos de manera general todos los sujetos que adquieran bienes o servicios comprendidos en el sistema, independientemente del tipo de persona que se trate, pudiendo darse casos en los cuales sean personas naturales o jurídicas, del sector estatal o privado, etc.

    2. Crédito Fiscal en el Sistema de Detracciones

    Conforme lo establecido en la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 940 podrán ejercer el Crédito Fiscal, Saldo a Favor del Exportador o cualquier otro beneficio vinculado al IGV, a partir del periodo en que se acredite el depósito de la detracción.

    2.1.        ¿Cuándo deberá ejercerse el Crédito Fiscal?

     Como sabemos, el contribuyente ejercerá el crédito fiscal cumpliendo con los requisitos formales y sustanciales establecidos en los artículo 18° y 19° de la Ley del IGV; no obstante, además de estos requisitos deberá, en el caso que se encuentre en el supuesto de la norma, efectuar el pago de la detracción como un requisito más.

          En ese sentido, en el periodo que cumpla con efectuar el pago total de la detracción es cuando podrá ejercer el crédito fiscal. Cabe indicar, que ello no es limitación a la existencia del derecho al crédito fiscal sino a su ejercicio, lo cual ha sido confirmada por el Tribunal Fiscal en reiteradas resolucionesdiferir el uso del crédito fiscal, porque en algunas circunstancias se encuentra imposibilitado a detraerConforme lo establecido en el artículo de la Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT el usuario del servicio o quien efectúe el contrato de construcción deberá efectuar el depósito:

    –       Hasta la fecha de pago parcial o total

    –       Dentro del quinto día hábil del mes siguiente a aquel en que se efectúe la anotación del comprobante de pago en el Registro de Compras, lo que ocurra primero.

    Para los efectos seguimos las siguientes reglas:

    SITUACIÓN

    MOMENTO

     

    Se realiza la detracción en alguno de los cinco días hábiles del mes siguiente.

     

     

    Se podrá usar el Crédito Fiscal en el mes de la anotación.

     

    Se realiza la detracción en alguno de los cinco días hábiles del mes siguiente pero el pago del depósito se hizo en el mes de la anotación.

     

     

    Se podrá usar el Crédito Fiscal en el mes en que se efectuó el depósito.

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    IMPLICANCIAS TRIBUTARIAS EN LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE PERSONAS JURÍDICAS

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    En el siguiente trabajo se desarrollará los aspectos medulares en la configuración del Impuesto a la Renta los cuales servirán de base para el llenado del PDT Nº 668-Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta 2010.

    1.    OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA ANUAL

    Conforme lo establecido en el Artículo 79° de la Ley del Impuesto a la Renta ( en adelante LIR) y el Artículo 47º del Reglamento de la misma norma, los contribuyentes del impuesto que obtengan rentas computables para los efectos de la LIR, deberán presentar declaración jurada de la renta obtenida en el ejercicio gravable.

    Adicionalmente, se encuentran obligadas a presentar la declaración jurada, las personas o entidades generadoras de rentas de tercera categoría, que hubieran realizado operaciones gravadas con el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) por haber realizado el pago de más del 15% de sus obligaciones sin  utilizar dinero en efectivo o Medios de Pago. Para los casos de personas naturales, titulares de dos o más empresas unipersonales, deberán consolidar las operaciones de estas empresas para efecto de la declaración y pago mensual y anual del Impuesto a la Renta. Así mismo, conforme lo indicado en el Tercer párrafo del artículo 14° de la Ley y numeral 4 del inciso c) del artículo 20° del Reglamento, para los casos de las retribuciones  que  se  asignen  los  propietarios  de  las  empresas  unipersonales constituyen  rentas  de  tercera  categoría  y  no rentas de quinta categoría ni gastos deducibles de la renta neta de tercera categoría.

    2.    ACTIVIDADES GENERADORAS DE RENTAS DE TERCERA CATEGORÍA

    En el Artículo 28° de la LIR en concordancia con el artículo 17° del Reglamento de la misma norma establece como actividades que generan renta de empresarial lo siguiente:

    a) Las  derivadas  del  comercio,  la  industria  o  minería;  de  la  explotación agropecuaria,  forestal,  pesquera  o  de  otros  recursos  naturales;  de  la prestación  de  servicios  comerciales,  industriales  o  de  índole  similar,  como transportes,  comunicaciones,  sanatorios,  hoteles,  depósitos,  garajes, reparaciones,  construcciones,  bancos,  financieras,  seguros,  fianzas  y capitalización;  y,  en  general,  de  cualquier  otra  actividad  que  constituya negocio habitual de compra o producción  y venta, permuta o disposición de bienes.

    b) Las  derivadas  de  la  actividad  de  los  agentes  mediadores  de  comercio, rematadores y martilleros y de cualquier otra actividad similar.

    c) Las que obtengan los Notarios.

    d) Las ganancias de capital y  los  ingresos por operaciones habituales a que se refieren los artículos 2º y 4° de esta Ley, respectivamente. En el supuesto a que se  refiere el artículo 4° de  la Ley, constituye  renta de tercera  categoría,  la  que  se  origina  a  partir  de  la  tercera  enajenación, inclusive,  que  se  produzca  en  el  ejercicio  gravablee) Las  demás  rentas  que  obtengan  las  personas  jurídicas  a  que  se  refiere  el artículo  14º  de  esta  Ley  y  las  empresas  domiciliadas  en  el  país, comprendidas en los incisos a) y b) o en el penúltimo párrafo, cualquiera sea la categoría a la que debiera atribuirse.

    f) Las  rentas  obtenidas  por  el  ejercicio  en  asociación  o  en  sociedad  civil  de cualquier profesión, arte, ciencia u oficio.

    g) Cualquier otra renta no incluida en las demás categorías.

    h) La derivada de la cesión de bienes muebles o inmuebles distintos de predios, cuya  depreciación  o  amortización  admite  la  presente  Ley,  efectuada  por contribuyentes generadores de renta de  tercera categoría, a  título gratuito, a precio no determinado o a un precio inferior al de las costumbres de la plaza; a  otros  contribuyentes  generadores  de  renta  de  tercera  categoría  o  a entidades comprendidas en el último párrafo del artículo 14° de  la presente Ley. Se  presume,  sin  admitir  prueba  en  contrario,  que  dicha  cesión  genera una renta neta anual no menor al seis por ciento (6%) del valor de adquisición producción, construcción o de ingreso al patrimonio, ajustado, de ser el caso, de los referidos bienes. Para estos efectos no se admitirá  la deducción de  la depreciación acumulada.

    Se presume que los bienes muebles e inmuebles distintos de predios, han sido cedidos por todo el ejercicio gravable, salvo prueba en contrario a cargo del cedente de los  bienes, de conformidad con lo que establezca el Reglamento. Si los bienes muebles e inmuebles distintos de predios hubieren sido cedidos por un periodo menor al ejercicio gravable,  la renta presunta se calculará en forma proporcional al  número meses del ejercicio por  los  cuales  se hubiera cedido  el  bien,  siendo  de  cargo  del  contribuyente  la  prueba  que  acredite  el plazo de la cesión.i)  Las rentas obtenidas por las Instituciones Educativas Particulares.

    j) Las rentas generadas por los Patrimonios Fideicometidos de Sociedades Titulizadoras,  los Fideicomisos bancarios y los Fondos de Inversión Empresarial, cuando provengan  del  desarrollo o ejecución de un negocio o empresa.

    En los casos en que las actividades incluidas por esta Ley en la cuarta categoría se complementen con explotaciones comerciales o viceversa, el total de  la  renta  que  se  obtenga  se  considerará  comprendida  como  tercera categoría“Leer más”


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