Constitución y empresas peruanas: entre la globalización y el cambio de rumbo

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En un mundo que cambia más rápido de lo que podemos anticipar, las empresas peruanas están navegando un mar revuelto: globalización, normas internacionales, cortes que dictan desde fuera, derechos humanos en la agenda y una Constitución que intenta seguir siendo el faro. ¿Cómo se sobrevive —y prospera— en este nuevo entorno jurídico?

1. Del Estado de Derecho al Estado constitucional

Durante años, creímos que tener reglas claras y jueces independientes bastaba. Eso era el Estado de Derecho. Pero nos dimos cuenta de algo inquietante: las grandes injusticias seguían ocurriendo. De allí nace el Estado constitucional, que no solo busca reglas claras, sino también justas. Hoy, la Constitución no es solo para abogados: impacta decisiones empresariales todos los días.

2. Las cortes internacionales ya están aquí

No se trata solo de lo que diga el Congreso o el Tribunal Constitucional. Cada vez más, las cortes internacionales están marcando la pauta, y sus decisiones influyen directamente en Perú. Casos sobre consulta previa, medio ambiente, pueblos indígenas o derechos laborales pueden cambiar la estrategia de una empresa de un día a otro.

Este nuevo escenario se llama tutela multinivel: los empresarios deben mirar a Lima, pero también a San José (Corte IDH) o incluso a Bruselas y Nueva York.

3. Globalización: oportunidad y vulnerabilidad

Gracias a la globalización, las empresas peruanas exportan, reciben inversiones, y compiten globalmente. Pero también quedan expuestas a estándares que no se discutieron en el país, y deben cumplir con reglas impuestas desde tratados, foros internacionales o normas extraterritoriales.

Cuando viene la desglobalización, con tensiones geopolíticas o políticas nacionalistas, las reglas cambian otra vez. ¿Cómo opera una empresa en medio de esta incertidumbre? Necesita una brújula: y esa es una Constitución firme pero adaptable.

4. El derecho empresarial ya no es solo comercial

Hoy, el derecho empresarial está constitucionalizado. No basta cumplir con normas mercantiles o tributarias. Las empresas deben demostrar respeto a los derechos humanos, al medio ambiente, a la equidad de género, y más. No hacerlo ya no es solo un problema reputacional: puede ser un riesgo legal.

Ejemplo: una empresa minera que no realiza consulta previa puede ver paralizado su proyecto por una sentencia constitucional. Un caso de discriminación puede terminar en la Corte IDH. Las decisiones empresariales deben incorporar una mirada constitucional.

5. El constitucionalismo líquido: ¿oportunidad o riesgo?

Vivimos lo que algunos llaman un “constitucionalismo líquido”: las reglas cambian, se reinterpretan, se mezclan con derechos globales. Para algunos, esto genera caos. Para otros, es una oportunidad de reinventar el contrato social entre empresas, Estado y ciudadanos.

En Perú, este fenómeno exige que las empresas no solo cumplan la ley, sino que comprendan el espíritu de la Constitución y de los derechos fundamentales. Eso requiere nuevos equipos legales, nuevas mentalidades y una nueva forma de hacer negocios.

6. ¿Qué pueden hacer las empresas peruanas?

  • Actualizar sus políticas internas bajo un enfoque de derechos.
  • Escuchar a las comunidades y grupos vulnerables como parte de sus stakeholders.
  • Adoptar marcos internacionales, como los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.
  • Establecer programas de compliance constitucional, que no solo prevengan riesgos, sino generen valor.

7. Conclusión: una Constitución como aliada

La Constitución peruana no es un obstáculo para los negocios. Al contrario, puede ser la mejor herramienta para darles legitimidad, estabilidad y visión de largo plazo. Pero requiere que las empresas la entiendan, la respeten y la integren en su cultura.

Hoy más que nunca, en un mundo fragmentado, las empresas necesitan algo firme a lo que aferrarse. Y si se hace bien, ese algo puede ser nuestra Constitución.

Análisis Comparativo entre el Sistema Universitario de Luisiana (USA) y el Sistema Universitario Peruano: Libertad Académica y Autonomía Universitaria

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El caso del profesor de derecho constitucional de la Universidad Estatal de Luisiana (LSU) removido de sus funciones docentes por comentarios políticos dirigidos al gobernador de Luisiana ofrece una oportunidad para analizar cómo funcionan los sistemas universitarios en Estados Unidos y Perú, centrándonos en la autonomía universitaria, la libertad académica y la relación con los poderes del Estado.

 

Autonomía Universitaria y Libertad Académica en Luisiana

 

En Estados Unidos, las universidades públicas como LSU están financiadas, en parte, por los gobiernos estatales, lo que las hace más susceptibles a la influencia política. Si bien la autonomía universitaria y la libertad académica están protegidas, estas no son absolutas. En el caso particular de Luisiana, la remoción de un profesor por sus comentarios políticos muestra cómo estas protecciones pueden entrar en conflicto con intereses estatales o institucionales.

 

Desafíos clave en Luisiana:

  1. Relación con el Estado: La dependencia de fondos estatales genera presiones que pueden limitar la independencia de las instituciones frente a los gobiernos locales.
  2. Límites a la Libertad Académica: Aunque la Primera Enmienda protege la libertad de expresión, las universidades públicas están obligadas a equilibrar esta protección con políticas internas que promuevan un entorno profesional y respetuoso.
  3. Tensión entre Libertad y Control: La remoción de un profesor por comentarios políticos sugiere que la influencia estatal puede interferir en la autonomía universitaria, especialmente en contextos polarizados políticamente.

 

Sistema Universitario Peruano: Autonomía y Bondades

 

En Perú, el artículo 18 de la Constitución Política garantiza la autonomía universitaria, permitiendo a las universidades organizarse y administrar sus recursos sin interferencias externas, incluyendo la elección de sus autoridades y la formulación de sus políticas internas. Esta autonomía está regulada por la Ley Universitaria N° 30220, que refuerza aspectos clave de gobernanza y calidad educativa.

 

Fortalezas del sistema peruano:

  1. Autonomía Constitucional: Las universidades peruanas, tanto públicas como privadas, tienen garantizada su independencia frente al Estado en aspectos académicos, normativos y administrativos.
  2. Libertad Académica Amplia: Los docentes y estudiantes tienen plena libertad para expresar opiniones y desarrollar investigaciones sin temor a represalias políticas, siempre que se respete el marco legal y ético.
  3. Control de Calidad: La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) regula y supervisa la calidad de las universidades, lo que fortalece la institucionalidad sin interferir directamente en su autonomía.
  4. Separación del Poder Político: Aunque las universidades públicas reciben financiamiento estatal, la injerencia directa de los gobiernos en decisiones académicas es mínima debido a las protecciones constitucionales y regulatorias.

 

 

Lecciones del Sistema Peruano

 

El sistema universitario peruano destaca por sus garantías robustas en cuanto a autonomía y libertad académica. Esto permite que las universidades sean espacios de pensamiento crítico y debate libre, incluso en contextos políticos sensibles. Aunque existen desafíos relacionados con el financiamiento y las tensiones entre autonomía y supervisión estatal, el modelo peruano ofrece ciertas ventajas:

  1. Protección Constitucional: La autonomía universitaria tiene un respaldo jurídico sólido, lo que reduce el riesgo de interferencia política directa.
  2. Énfasis en la Calidad: La regulación centralizada asegura estándares educativos consistentes sin comprometer la independencia institucional.
  3. Pluralismo Académico: La libertad académica fomenta un entorno en el que las ideas pueden ser discutidas sin temor a represalias, fortaleciendo la democracia.

 

En conclusión, mientras que el sistema universitario de Luisiana enfrenta retos relacionados con la influencia política en instituciones públicas, el modelo peruano proporciona un ejemplo de cómo la autonomía universitaria y la libertad académica pueden coexistir con mecanismos regulatorios. Este balance refuerza el papel de las universidades como centros independientes de pensamiento crítico y promotores de la democracia.

Louisiana Illuminator. (2025, January 21). LSU law professor reportedly removed from classes amid investigation into political comments. Recuperado de https://lailluminator.com/2025/01/21/lsu-law-professor-reportedly-removed-from-classes-amid-investigation-into-political-comments/