La columna del juez

Juan Carlos Valera Málaga (*)

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Manuel Carranza Paniagua (*)

Muchas veces escuchamos decir que existen buenos jueces y malos jueces. Sin embargo es necesario sentarse en el asiento de un magistrado para decir con certeza lo que significa ser juez. Desde que el hombre se reunió como tribu o comunidad siempre existió alguien encargado de resolver los problemas, fueran reyes, sacerdotes, ancianos e incluso chamanes, con la característica principal que sus decisiones las obedecían toda la colectividad.

Un país desarrollado se mide por el respeto a sus instituciones, en especial a la justicia, pero en algunos países que no han alcanzado la plenitud de su desarrollo socioeconómico, el respeto a la autoridad judicial es menoscabado, porque se pretende controlar la justicia para evitar sentencias polémicas o encubrir actos de corrupción.

El juez decide sobre todo aspecto en que el ser humano entra en conflicto, ya sea entre personas comunes como entre los más altos funcionarios públicos sean de Indecopi, Sunat, Superintendencia de Banca y Seguros, etc. El magistrado debe ser considerado como un alto funcionario, sin embargo, en nuestra realidad no se da tal reconocimiento, una prueba de ello es que los jueces tienen una escala remunerativa menor que los funcionarios públicos de las instituciones antes mencionadas, por ejemplo, sin desmerecer cargo alguno, una secretaria o asistente del directorio de dichas entidades públicas tiene una sueldo mayor que un juez pese a que las sentencias judiciales tienen mayor jerarquía que las resoluciones administrativas de estas instituciones.

La labor de un juez no tiene horario de trabajo pues su labor acaba cuando resuelve una controversia jurídica, aunque demore altas horas de la noche; asimismo, no puede tener otro trabajo ni empresa para completar sus ingresos, enfrentándose con los reclamos de su familia que con justicia aspiran mayores comodidades, porque ven en otros ámbitos de la administración pública puestos laborales que, con menores responsabilidades y sin la preparación académica y profesional exigida en la carrera judicial, tienen mejores remuneraciones.

Por todo ello vemos frecuentemente que la mayoría de los hijos de magistrados no quieren seguir a sus padres en la noble misión de administrar justicia a nombre de la Nación, como en antaño era clásico, mística que se transmitía de generación en generación y que se ha perdido por las justas aspiraciones económicas que persiguen las nuevas generaciones. ¡Revaloremos la carrera judicial, no hagamos injusticia a la justicia!

(*) Juez integrante del programa social “Justicia en tu Comunidad” de la Corte de Lima

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Rosa Amelia Barreda Mazuelos (*)

Al margen de la actuación del Tribunal Constitucional, respecto de retardar la ejecución de la resolución judicial con la autoridad de cosa juzgada que ordenaba la nivelación de las remuneraciones de los jueces suspendiendo tal ejecución mediante una medida cautelar, es de recalcarse que nuestro reclamo sobre las remuneraciones se torna justo, al haber esperado por más de 20 años para su concreción.

La remuneración actual de un juez, inherente a la compleja y dignísima tarea de administrar justicia, no resulta equitativa al esfuerzo permanente que conlleva resolver ingentes litigios en nuestra labor diaria; en infinidad de ocasiones, nuestra difícil función irroga la renuncia al tiempo con nuestra familia, y, peor aún, velar por nuestra persona, aunado a las altas especializaciones que continuamente recibimos para decidir correctamente en arduo esfuerzo intelectual.

En comparación con los salarios de un juez en otro países de la región, tales como Colombia, con un sueldo de US$ 3,300.00; Chile, con un estipendio ascendente a US$ 8,000.00; Brasil con una retribución de US$11,300.00, nuestros sueldos nos llevan a la reflexión de que el quehacer jurisdiccional debe ser compensado con un salario digno a dicha función en la sociedad, más aún si las decisiones a las que arribamos día a día inciden directamente en el desarrollo económico y social del país, al proveer de seguridad, transparencia y previsibilidad jurídica en todos los ámbitos.

En tal sentido, ¿no contribuye a dichos fines nobles una remuneración equitativa y digna? La respuesta categórica es afirmativa; y ha guardado vinculación con nuestro compromiso permanente de lograr la excelencia en el servicio judicial, como consecuencia de una capacitación personal pagada con nuestro mismo sueldo.

Una retribución justa contribuye a reafirmar el compromiso jurisdiccional de un juez con su labor, al ver que esta no es solo reconocida por la sociedad en su conjunto sino que, su vocación de servicio sacrificada, se ve reflejada en la equidad de un salario acorde a su alta función, especialidad, vocación de servicio y perfil profesional.

(*) Jueza integrante del programa social “Justicia en tu Comunidad” de la Corte de Lima. 

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Omar Abraham Ahomed Chávez (*)

En estas semanas existe polémica por reabrirse la discusión sobre nivelación de las remuneraciones de los jueces de la República; muchas personas critican esa homologación diciendo que no se lo merecen porque son corruptos ya que siempre los policías detienen al supuesto delincuente, y luego el magistrado ordena su libertad impunemente.

Ante tales críticas resulta oportuno aclarar que una cosa es la ficción y otra la realidad que el juez descubre durante el proceso. Para ilustrar esto les presento dos casos que causaron mucha atención en los periódicos y la televisión.

El primer caso fue hace ya un par de años con unas personas que fueron presentadas en conferencias de prensa por los efectivos policiales como miembros de una banda criminal que asolaba diversos distritos populosos de la capital; durante la investigación se advirtió que las actas de incautación habían sido manipuladas y la detención de estas personas se hizo violando el principio de inocencia y los derechos humanos actualmente delimitados en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de los Tribunales de Justicia Internacionales, todo ello motivó que el juez ordenara la libertad de los mal llamados “delincuentes”. La población tuvo una inicial impresión equivocada sobre estas personas que fue despejada gracias al conocimiento legal especializado que tuvo el magistrado, capacitación muy técnica que es requerida tanto para ingresar en la magistratura como para ser ratificado periódicamente por el Consejo Nacional de la Magistratura y que pocos abogados conocen.

Otro caso muy difundido en los medios de comunicación fue cuando se detuvo a una persona que, también ante la opinión pública, se le atribuyó herir en la nalga a una serie de mujeres, pero, posteriormente, tras una minuciosa investigación judicial se demostró que no era culpable de estos crímenes.

Estos ejemplos muestran que la carrera judicial es difícil porque la eficacia de tal labor depende del carácter discreto del juez, evitando cualquier protagonismo que afecte el objetivo de esclarecer la verdad; por ello, aunque la judicatura sea incomprendida, sin embargo, cuenta con muchos magistrados altamente especializados y de mucha prudencia para garantizar el debido proceso de los justiciables, a fin de condenar a quien se merece la pena como también declarar inocente a quien lo es, sin afán de protagonismo mediático y, muchas veces, pese a la presión pública en contra.

(*) Juez integrante del programa social “Justicia en tu Comunidad” de la Corte de Lima 

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Tania Ynes Huancahuire Díaz (*) 

¿Qué hacen nuestras autoridades para frenar tanto abuso contra la mujer?, ¿cuál será el límite para que se tome conciencia de lo que realmente pasa? Estas son interrogantes que se hacen miles de personas que a diario leen los titulares de las noticias donde se ven casos de mujeres maltratadas, golpeadas, violadas y muchas veces muertas de la manera más cruel y brutal que puede tener el ser humano. Acaso se tendrá que modificar, otra vez, el Código Penal para reducir estos casos, creemos que no; entonces, cuál será el remedio efectivo que se busca para este tipo de crímenes.

La mujer, desde tiempos antiguos, fue considerada como el sexo débil, pero con el pasar del tiempo ha ido cambiando y hoy en día es igual de competitiva en todos los niveles que el varón; entonces, por qué permitimos tanta violencia contra la mujer o es que estamos tan cegados y no queremos ver nuestra realidad.

Es por eso, como antes ya mencioné en una emisora radial al tratar el tema del feminicidio, mi mensaje para las mujeres maltratadas es que denuncien a sus agresores por más que sean sus propias parejas, esposos, convivientes o enamorados. Es muy alarmante vivir con el enemigo en casa pues no se sabe cómo defenderse ante los ataques de estas personas con quienes se ha formado un hogar con hijos y que muchas veces, por proteger a éstos, las víctimas callan.

Mujer, que lees estas líneas, acude a las comisarías, Fiscalía, Ministerio de la Mujer, y demás instituciones donde les brinden apoyo legal y moral; no permitas que exista “una primera vez”, porque así empieza y luego existe otra vez reiteradamente hasta finalmente la muerte. Es hora que las mujeres pongan freno a la violencia, denunciando a sus agresores, sin miedo, y que las autoridades tomen conciencia de este problema social, empezando por instruir a la policía de las comisarías donde acuden estas mujeres maltratadas ya que muchas veces son tratadas indiferentemente y les exigen que muestren sus golpes para recibir la denuncia; eso no es ficción, es una triste realidad, que esperemos cambie.

Ya no más queremos despertar con noticias de mujeres muertas por sus parejas, el juez impondrá la pena drástica pero no evitará el daño irreparable de la muerte de la víctima. Mujeres, ustedes tienen el poder de prevenir estos daños irreparables denunciándolos oportunamente antes las autoridades.

(*) Jueza integrante del programa social “Justicia en tu Comunidad” de la Corte de Lima 

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Yony César Aquino Quintana (*)

A partir del 23 de septiembre de 1984 se introduce al Sistema Nacional de Pensiones, el concepto de la pensión mínima, que sería el equivalente a tres sueldos mínimos vitales, que se aplica a quienes alcanzaron la contingencia hasta el 18 de diciembre de 1992, un día antes de su derogación.

Al respecto hay que precisar que la pensión mínima nunca fue el equivalente a tres veces el ingreso de un trabajador en actividad, así como dicho reajuste no es de carácter automático, sino que está condicionado a la capacidad financiera del Sistema Nacional de Pensiones y a la situación económica nacional, así lo ha afirmado el Tribunal Constitucional en diversas sentencias.

Asimismo, hay que precisar que, respecto al otorgamiento del reajuste de la pensión mínima, no sólo debe limitarse en el sólo análisis de la fecha de contingencia para amparar una solicitud, sino, que, además, debe llevarse adelante un juicio de comparación del monto de pensión otorgado con el triple del valor del Sueldo Mínimo Vital (SMV) o el Ingreso Mínimo Legal (IML) vigente a la fecha de contingencia.

La pensión mínima se encuentra establecida en razón al número de años de aportaciones debidamente acreditadas y el monto de la pensión mínima mensual de las pensiones comprendidas en el Sistema Nacional de Pensiones que estableció en la suma de S/. 346.00 con más de 10 y menos de 20 años de aportaciones. Por otro lado, hay que indicar que, respecto a los intereses, el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de nuestra Constitución Política del Perú, ha establecido en diversas sentencias que el pago de tales conceptos es procedente, debiendo aplicarse la tasa y los intereses legales establecidos en el Código Civil.

En consecuencia, a partir del 23 de septiembre de 1984 se introduce al Sistema Nacional de Pensiones el concepto de la pensión mínima, y en caso que el pensionista acredite los años de aportación requerida, tendrá derecho que su pensión equivalga a la suma de S/. 346.00 con más de 10 y menos de 20 años de aportaciones, con los intereses legales y la tasa establecida en el Código Civil.

(*) Juez integrante del programa “Justicia en tu Comunidad” de la Corte Superior de Justicia de Lima 

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Manuel Alejandro Carranza Paniagua (*)

Para ser juez se requiere previamente ser abogado colegiado, con algunos años de experiencia. Luego de algunas evaluaciones se nos designa como tales y salimos a ejercer con las mejores intenciones y conocimientos suficientes para resolver los conflictos presentados según las especialidades y complejidades de la controversia legal.

Muchas veces las personas me preguntan por qué nosotros escogimos ser jueces ya que es una carrera incomprendida, no muy remunerada, y en donde el magistrado varias veces está expuesto a críticas por la opinión pública y la prensa por las sentencias que dictamos. A estos amigos les respondo de la siguiente manera: escogimos ser jueces por múltiples razones que cada uno de nosotros lleva en su interior. Sin embargo, cuando ejercemos nuestras funciones, todos confluimos en algo: hacer justicia de la mejor manera y con todos nuestros conocimientos.

Desde tiempos remotos al juez se le ha respetado por el poder que tiene para decidir en los problemas presentados de una manera justa e imparcial y por hacer que su decisión se cumpla con el apoyo del Estado.

Estas reflexiones realizadas en lenguaje fácil de entender, son volcadas por vuestro servidor, un juez con algunos años de experiencia que siente, muchas veces, que debido a los muchos conocimientos acumulados a lo largo de los años o a veces por el extenso tiempo que utilizamos en profundizar nuestros conocimientos especializados, nos alejamos de aquel ciudadano simple y sencillo que acude en busca de justicia, deficiencia que debemos corregir para acercarnos más al pueblo y para que entienda en su lenguaje coloquial las razones que hemos tenido para adoptar una decisión en su pretensión legal.

Ofrezco disculpa en nombre de mis colegas magistrados por aquellas decisiones tomadas que sean de una complicada comprensión para los involucrados, deben tener en cuenta que es difícil ser juez y no se puede satisfacer a todas las partes enfrentadas en la controversia jurídica.

*Juez integrante del programa social “Justicia en tu Comunidad” de la Corte de Lima 

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Juan Carlos Montoya Muñoz (*)

Hasta aquí el plazo del proceso que no debería superar dos meses, sin embargo, en la realidad, por sobrecarga procesal, malas prácticas del obligado o deficiencia en la gestión del despacho judicial, este suele prolongarse por seis meses a un año e incluso más cuando hay apelación.

¿Qué hacer ante esta situación?. Una alternativa podría ser que el Poder Judicial proponga al Congreso una Ley que regule el Proceso de Alimentos cuyos ejes fundamentales sean la tecnología y la oralidad; que posibilite audiencias grabadas y filmadas, simplifique su plazo, fortalezca la conciliación, faculte la aplicación de medidas coercitivas, dote de eficiencia el despacho judicial con la creación de Juzgados de Paz Letrado en la especialidad de Familia eliminando así las malas prácticas al interior del proceso; en resumen, un nuevo proceso que implique un cambio en la mentalidad del juez y de las partes, así como diseñar políticas públicas que fortalezcan la paternidad responsable y generen conciencia en los ciudadanos, de la necesidad de asumir como una responsabilidad natural y un deber moral de sostener a los hijos y no esperar una orden judicial que los obligue.

(*) Juez integrante del programa social “Justicia en tu Comunidad” de la Corte de Lima

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Cuál es la respuesta a esta vieja problemática de cuando reducir el índice delincuencial en un mundo polarizado cuyas diferencias entre pobres y ricos resultan abismales, lo que constituye un peligro para la paz social que se anhela. La respuesta es que sí es hora de reducir el índice delincuencial, aplicándose una política estatal que así lo determine. 

Para ello se debe establecer la regla básica del Estado, cual es, generar trabajo masivo para desocupados mediante la preparación a los jóvenes en carreras técnicas que la empresas realmente necesitan a fin de que estén aptos para conseguir trabajo, hoy gracias a la políticas estatales de inclusión social es posible cambiar esa realidad con medidas económicas estratégicas en bien de todos los peruanos.

Asimismo es esencial impulsar una política de apoyo a la pequeña y mediana empresa, tenemos el ejemplo del penal de San Pedro de Lurigancho donde los internos se han organizado mediante la asociación de micro y pequeños empresarios y actualmente parte de su producción vinculada al rubro de artesanía ya se exporta al extranjero. El trabajo los dignifica y los esfuerzos de estas personas también contribuyen simultáneamente al desarrollo económico del país.

Por otro lado, es necesario esclarecer que el Código Penal vigente tiene como fin prevenir los delitos y faltas. Para consolidar esa función de prevención, los jueces están contribuyendo a la prevención colaborando en el Programa “Justicia en Tu Comunidad”, el cual difunde charlas en temas penales en los centros escolares de todos los niveles, efectivizando el principio de publicidad y advertencia sobre la comisión de nuevos delitos.

Ejecutando estas medidas saldremos de ser un país tercermundista a una civilización desarrollada, también lograremos reducir drásticamente las desigualdades sociales y con ello la criminalidad; es hora de reducir el índice delincuencial, la trata de personas en diversas modalidades, el narcotráfico, etc. El trabajo masivo cambiará esta dura realidad que parece insuperable. El Poder Judicial y el Ministerio Público, que no tienen un presupuesto adecuado, tramitarán menos procesos, al bajar el índice delincuencial. Lograremos así una sociedad que nos acerque a la justicia y a la paz social.

(*) Juez integrante del programa social “Justicia en tu Comunidad” de la Corte de Lima 

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Xuany Reátegui Meza (*)

Hace unos días se condenó a un adolescente menor de edad como autor de bullying contra un compañero de clase; es la primera sanción por esa falta y, lamentablemente, no será la última.Burlarse de un menor, avergonzarlo en público, así como las amenazas, acosos, insultos son conductas alarmantes de bullying; se presenta en escuelas con abundante o también poco alumnado.

Para Candelaria Irazusta, psicóloga especialista en violencia escolar, co-fundadora del Equipo Anti Bullying Argentina (ABA), se debe desmitificar los elementos del acoso escolar y de agresión. Señala que actualmente los hostigadores son personas con la autoestima muy alta, se empoderan al acosar a otros compañeros y ello no depende del grado de autoestima. Otro mito que debe ser erradicado es la apariencia física consistente en que las víctimas son niños con sobrepeso, los que usan lentes, los de origen étnico diferente, etc. Hoy se ha superado esa posición y se precisa que en el bullying no son relevantes tales circunstancias; sino la percepción de debilidad que se tenga del niño hostigado.

La licenciada señala que no se puede enfocar el tema en una sola causa, dicho fenómeno surge de múltiples causas y para evitarlo se debe aplicar la regla de las “3 R”: Refuerzo de información, profundizar los datos que los niños manifiesten, no minimizar ni descalificar sus quejas, es necesario que los padres cuenten con toda la información posible acerca de sus hijos sin llegar a extremos, siendo necesario conocer las claves de las cuentas de correo y direcciones electrónicas, verificar si tienen correos alternativos, conocer a sus amigos, a la familia de estos, estar en contacto permanente con sus profesores, a fin de trabajar conjuntamente.

Refuerzo del vínculo, reforzar la atención positiva a los hijos y no criticarlos, animar a expresar sus deseos, sentimientos, desahogos, es necesario que el niño esté convencido del apoyo y atención de sus padres.

Refuerzo de la autoestima, un niño hostigado tiene una visión muy disminuida de sí mismo y debe trabajar en la elevación de su autoestima.

Finalmente, no permitamos que el bullying crezca y se convierta en un mal crónico. Los jueces que formamos parte del programa “Justicia en tu Comunidad”, damos constantes charlas informativas y preventivas sobre el tema. Si alguna institución requiere de nuestra atención pueden ponerse en contacto con el programa mediante el portal electrónico del Poder Judicial.

(*)Jueza integrante del programa social “Justicia en tu Comunidad” de la Corte de Lima

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