Facultades Extraordinarias

Corte de Lima rechaza intención de San Martín de tener más facultades

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Marlene Huamanlazo – web@grupoepensa.pe

Lima –

Una guerra interna estaría a punto de estallar en el seno del Poder Judicial luego de que ayer los jueces de la Corte Superior de Justicia de Lima rechazaran enérgicamente la intención del presidente de la Corte Suprema, César San Martín, de obtener facultades “extraordinarias” y mayor poder en la judicatura.

Y es que a través de un comunicado, la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Lima indicó que dichas facultades constituirían un otorgamiento de poderes excesivo.

“Expresar públicamente nuestra preocupación y rechazo a cualquier proyecto de ley que propone el otorgamiento de ‘facultades extraordinarias’ que pongan en riesgo la independencia de la judicatura, garantía constitucional de la administración de justicia que resulta ser el soporte del Estado de Derecho”, dijeron.

Los jueces añadieron que los cambios propuestos no serían más que un modo de intervención y rechazaron cualquier intromisión interna o externa al Poder Judicial y a las cortes superiores de Justicia de la República.

Asimismo, rechazaron las afirmaciones de San Martín con respecto a la existencia de “organizaciones delictivas y la actuación de redes de funcionamiento ilícito que llevan a las diferentes manifestaciones de corrupción sobre el Poder Judicial”.

Por ello, manifestaron que esas expresiones “faltan el respeto y no solo agravian a jueces y juezas, sino que además colocan en una situación deplorable a todos los magistrados”.

http://diariocorreo.pe/nota/86493/corte-de-lima-rechaza-intencion-de-san-martin-de-tener-mas-facultades/ (más…)

Los titulares de 30 cortes le dicen no a César San Martín

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Presidente del Poder Judicial insiste con elevar su proyecto a la Sala Plena de la Corte Suprema.
Janet Leiva D.
Sin apoyo. Pidió consenso para que los 31 presidentes de las cortes superiores del país aprueben el modificado proyecto que presentó al Congreso de la República, pero aún así, el presidente del Poder Judicial, César San Martín, se quedó con “los crespos hechos” pues sólo recibió un “no” por respuesta a su ansiado proyecto para combatir la corrupción y destituir jueces y juezas, con facultades extraordinarias.
En la edición de ayer, EXPRESO adelantó que los jueces superiores mantendrían una “cerrada posición” respecto a su intención, ya que, de los 31 presidentes de todas las cortes, el único que respaldó al titular de la Corte Suprema fue César Longaray Bolaños, presidente de la Corte Superior de Justicia de San Martín.
Según supimos, durante la reunión hubo ácidas críticas a San Martín por atribuirse facultades que no le corresponden, como el sancionar a jueces por supuestamente existir una “red de jueces corruptos” en diversas cortes superiores. Esta situación incomodó a San Martín, quien sólo atinó a tocar el tema de su modificado proyecto por la Comisión de Justicia del Parlamento.
Sin embargo, y pese a la insistencia de San Martín Castro para que el proyecto se apruebe por los 31 jueces superiores, los magistrados dijeron que “estaban en desacuerdo”.
Finalmente el magistrado supremo dijo que el proyecto aprobado pero modificado por la comisión del Legislativo lo elevaría a la Sala Plena de la Corte Suprema para que se decida de manera definitiva.
Aunque la Sala Plena de la Corte Suprema aprueba el ‘proyecto San Martín’, no está de acuerdo en la modificatoria que éste sufrió por la Comisión de Justicia del Congreso, por lo que pedirá se enmiende ese extremo.

El dato
Para el presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, Bonifacio Meneses, el proyecto de San Martín, aunque fue modificado, tendría el “mismo fondo”. “Todos los magistrados pensamos que esto le restaría autonomía al Poder Judicial”, dijo.

En http://www.expreso.com.pe/noticia/2012/05/11/los-titulares-de-30-cortes-le-dicen-no-cesar-san-martin (más…)

Dictamen de la Comisión de Justicia y DD HH sobre el Proyecto de Ley 424-2011-CR

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http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc10052012-092956.pdf (más…)

HORAS DECISIVAS EN EL PODER JUDICIAL: AL TORO POR LAS ASTAS

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Ha entrado en su etapa final el debate en el Congreso de la República de los cuatro anteproyectos de Ley presentados por el Presidente del Poder Judicial con la aprobación de la mayoría absoluta de los jueces supremos de la Sala Plena de la Corte Suprema. Se trata de las siguientes propuestas:

 Proyecto de Ley que otorga al Presidente del Poder judicial facultades extraordinarias frente a situaciones de excepción como lo es la extendida y reiterada corrupción en el seno del Poder Judicial.
 Proyecto de ley que crea la Corte Superior Nacional con competencia a nivel nacional y sobre determinadas materias.
 Proyecto de Ley de Reforma de algunos ámbitos de gobierno y organización del Poder Judicial
 Proyecto de Ley que instituye la especialidad de los jueces contralores

La importancia de estos proyectos radica en el diagnóstico sumamente grave que se plantea, especialmente en la exposición de motivos del primero de los anteproyectos mencionados, sobre la situación de la corrupción en el poder Judicial. En este último se menciona que esta situación no sólo se limita a los actos de corrupción individual o aislada de algunos magistrados o funcionarios auxiliares de la función judicial, sino que alcanza aspectos colectivos de corrupción, esto es, de redes de corrupción en el seno del poder judicial y que involucra a magistrados, funcionarios jurisdiccionales y también a poderosos entes externos (económicos o políticos) que presionan sobre los primeros, determinado una situación de corrupción preocupante.

Este diagnóstico no es nuevo. El Informe Final sobre Planificación Políticas de Moralización, Eticidad y Anticorrupción del Consejo Transitorio del Poder Judicial (2001) develó, en su momento, la existencia de tales redes e incluso detalló algunas modalidades frecuentes. Sin embargo lo nuevo radica en que tal diagnóstico forma parte de los fundamentos de una propuesta legislativa aprobada por la casi totalidad de jueces supremos, denotando su plena legitimidad democrática.

Sin embargo, a pesar de lo anteriormente mencionado, no puede pasarse por alto que sólo uno de los magistrados supremos se ha opuesto públicamente a las propuestas que se contienen el los diversos proyectos de ley. Más allá de los argumentos referidos a la sensibilidad de los jueces (cuestión que no se ajusta a la verdad. La amplia mayoría de los jueces tienen el propósito de ser seriamente fiscalizados a cambio de que se erradique a aquellos elementos que desprestigian a la magistratura) sólo resulta necesario discutir el argumento que pretende asimilar el contenido de estas propuestas con la experiencia nefasta de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial creada durante el gobierno del condenado Alberto Fujimori Fujimori (Ley 26546) la misma que suspendió ampliamente las funciones de los órganos de gobierno del Poder Judicial e interfirió groseramente en la independencia de ese Poder del Estado. En nuestro concepto son tres al menos las fundamentales diferencias:

 Las propuestas que discutimos ahora gozan en primer lugar de la legitimidad democrática institucional al ser aprobada por la casi totalidad de magistrados supremos. Esto no ocurrió con la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial del año 1995 la cual fue creada por Ley la misma que entregó la decisión de las medidas de intervención a un grupo de solo tres magistrados supremos, delegando a su vez el poder a un omnipotente Secretario Ejecutivo de dicha Comisión.
 Las propuestas que ahora discutimos no suspenden las funciones de los órganos de gobierno del Poder Judicial, como lo hacía la ley que creo la Comisión Ejecutiva del poder Judicial, sino todo lo contrario. En efecto, las propuestas otorgan funciones de control y supervisión a los órganos ordinarios del Poder Judicial sobre las facultades extraordinarias y temporales del Presidente y mantienen el resto de todas sus funciones.
 Las propuestas que ahora discutimos sólo se refieren a delimitadas potestades del Presidente del Poder Judicial y la OCMA para enfrentar las manifestaciones colectivas de corrupción al interior del Poder Judicial. Esto a diferencia de las amplias y extendidas competencias asignadas a la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial.

En virtud de todo ello consideramos de suma importancia las propuestas planteadas por el propio Poder Judicial, siendo especialmente la primera y última de las indicadas propuestas las directamente pertinentes para luchar contra la gran corrupción en el seno del Poder Judicial. En efecto, tanto las potestades del Presidente del Poder Judicial para reemplazar a jueces o juezas por indicios de infracción administrativa disciplinaria como para crear jueces contralores, pasando por las indagaciones especiales a cargo de la OCMA son medidas idóneas y necesarias para enfrentar el fenómeno de la corrupción a gran escala.

En nuestra consideración, y sólo a manera de planteamiento complementario que permita una mayor eficacia de las medidas propuestas, creemos que resultaría importante incluir algún mecanismo premial en el ámbito administrativo-disciplinario y penal para aquellos que, habiendo intervenido en actos de corrupción de un funcionario judicial, inmediatamente después colaboren con la OCMA sea delatando el hecho o proporcionando información sobre estructuras de corrupción en el Poder Judicial. Sólo así podrá romperse el pacto de silencio entre el corrupto funcionario judicial y el corruptor generalmente ajeno a dicho Poder del Estado. Finalmente, también creemos importante que los casos de delitos contra la administración pública sean de competencia de la Sala Penal de la Corte Superior Nacional. Ello sería coherente con la ratio que da origen a todas las propuestas.

Yvan Montoya Vivanco
Profesor de Derecho Penal PUCP
Coordinador del Proyecto Anticorrupción del IDEHUCP (más…)

PRESIDENTES DE CORTES SUPERIORES SERÁN INFORMADOS SOBRE TEXTO DE PROYECTO SOBRE FACULTADES EXTRAORDINARIAS APROBADO EN LA COMISIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO

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PRESIDENTES DE CORTES SUPERIORES SERÁN INFORMADOS SOBRE TEXTO DE PROYECTO SOBRE FACULTADES EXTRAORDINARIAS APROBADO EN LA COMISIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO

Sostendrán reunión conjunta con miembros del CEPJ el 10 de mayo próximo

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) informará a los Presidentes de las 31 Cortes Superiores de Justicia del país sobre cuál es el actual contenido del texto del proyecto de ley que propone otorgar facultades extraordinarias en situaciones de carácter excepcional que pongan en riesgo el normal y debido funcionamiento de las instituciones judiciales, luego de que éste ya ha sido visto por la Comisión de Justicia del Congreso de la República.

El encuentro se realizará en Palacio Nacional de Justicia entre las 8:30 y 11:30 de la mañana del citado día.

La cita busca aclarar cualquier duda que los magistrados tengan sobre los actuales alcances de esta iniciativa, que cuenta con un dictamen favorable en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, dictamen que ha implicado algunas puntuales modificaciones al texto original que conviene conocer y analizar.

La decisión de convocar a los presidentes de las Cortes Superiores del país responde así a la política, ya establecida a nivel institucional, destinada a promover un diálogo abierto y franco en temas de trascendental importancia.

El CEPJ es el órgano de gobierno del Poder Judicial, y está presidido por el doctor César San Martín, e integrado por los jueces supremos titulares doctores Luis Felipe Almenara Bryson y Rodolfo Walde Jáuregui; el representante de los jueces superiores doctor Luis Alberto Vásquez Silva; el de los jueces especializados doctor Darío Palacios Dextre; y de los Colegios de Abogados del Perú, doctor Ayar Chaparro Guerra.

Lima, 4 de mayo de 2012
OFICINA DE IMAGEN Y PRENSA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (más…)

PRONUNCIAMIENTO DE LA SALA PLENA DE LA CORTE SUPREMA

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20120507-pronunciamiento_web.pdf

SALA PLENA DE CORTE SUPREMA OTORGA VOTO DE CONFIANZA A GESTIÓN DEL DOCTOR CÉSAR SAN MARTÍN

Ratifica unidad institucional e invoca a sus miembros abstenerse de expresar juicios de valor lesivos a las personas y a la corporación judicial.

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, acordó por unanimidad, y una abstensión, otorgar un voto de confianza a la gestión del Presidente del Poder Judicial, doctor César San Martín, por la forma cómo está orientando y guiando la labor de la Corte Suprema y el Poder Judicial en su conjunto.

Así lo anunciaron en conferencia de prensa el propio titular del Poder Judicial y el Juez Supremo Decano doctor Luis Felipe Almenara Bryson.

Almenara Bryson expresó que este voto de confianza era necesario ante las expresiones, adjetivos y frases vertidas en los medios de comunicación por el juez supremo Javier Villa Stein, que agraviaban a la institución de la Corte Suprema, y en especial del doctor César San Martín.

Facultades

Por su parte, el doctor César San Martín, explicó el sentir de la Sala Plena respecto a temas institucionales que han sido tratados en los medios de comunicación.

Respecto al Proyecto de Ley N° 424/2011, que propone otorgar facultades extraordinarias al Presidente del Poder Judicial, indicó que producto del aporte de los jueces supremos se reforzaron las garantías para asegurar un cuidadoso y prudente ejercicio de tales facultades.

Dijo que ante el cambio de las circunstancias, se busca un nuevo enfoque u otras alternativas, razón por la cual el pleno del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) ha convocado a una reunión para el jueves 10 a los 31 Presidentes de Corte para discutir este tema.

“Estoes un signo de apertura que revela que acá no hay dictadores o que se piensa tomar el Poder Judicial u otra cosa por el estilo”, remarcó.

Caso Almenara Bryson

Respecto al caso del juez supremo Almenara Bryson, cuya permanencia en la Corte Suprema de Justicia fue cuestionada por el juez supremo Javier Villa Stein, dijo que la consulta que se hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este organismo reconoció el derecho del citado magistrado a ejercer sus funciones hasta los 75 años de edad.

“El señor Villa Stein pidió por escrito una convocatoria a una sesión extraordinaria de Sala Plena recién el 20 de abril, e hizo mención a supuestas irregularidades en el acta de Sala Plena, empero, en la sesión de hoy quedó establecido que sus cuestionamientos no procedían”, indicó.

Señaló que más allá del voto de confianza que recibió de sus colegas, lo importante es que la Sala Plena insiste en la necesidad del respeto a las pautas democráticas en la generación y aprobación de la normatividad conforme a Derecho que ella promueve y aprueba.

“Decimos también que todos los miembros de la Sala Plena están obligados a evitar declaraciones al margen del ámbito institucional, y deben abstenerse de expresar juicios de valor lesivos a las personas y a la corporación judicial”, acotó.

Asimismo ratificó la unidad institucional de los integrantes de la Corte Suprema y el interés por fortalecer la credibilidad ciudadana sobre todo en temas sensibles como lucha contra la corrupción y el mejor funcionamiento de la justicia.

Huelga de los trabajadores

Consultado acerca de la huelga que mantiene un sector de trabajadores judiciales, expresó que existe un Decreto Supremo firmado ya por el Ministro de Economía y Finanzas, y el Presidente del Consejo de Ministros, y sólo falta la del Presidente de la República por el cual se otorga un aumento a las remuneraciones de los servidores.

Indicó que está gestionando hoy mismo una reunión con el Jefe de Estado para agilizar este trámite, y los trabajadores levanten la medida de fuerza.

Lima, 4 de mayo de 2012
OFICINA DE IMAGEN Y PRENSA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PRESIDENTES DE CORTES SUPERIORES SERÁN INFORMADOS SOBRE TEXTO DE PROYECTO SOBRE FACULTADES EXTRAORDINARIAS APROBADO EN LA COMISIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO

Sostendrán reunión conjunta con miembros del CEPJ el 10 de mayo próximo

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) informará a los Presidentes de las 31 Cortes Superiores de Justicia del país sobre cuál es el actual contenido del texto del proyecto de ley que propone otorgar facultades extraordinarias en situaciones de carácter excepcional que pongan en riesgo el normal y debido funcionamiento de las instituciones judiciales, luego de que éste ya ha sido visto por la Comisión de Justicia del Congreso de la República.

El encuentro se realizará en Palacio Nacional de Justicia entre las 8:30 y 11:30 de la mañana del citado día.

La cita busca aclarar cualquier duda que los magistrados tengan sobre los actuales alcances de esta iniciativa, que cuenta con un dictamen favorable en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, dictamen que ha implicado algunas puntuales modificaciones al texto original que conviene conocer y analizar.

La decisión de convocar a los presidentes de las Cortes Superiores del país responde así a la política, ya establecida a nivel institucional, destinada a promover un diálogo abierto y franco en temas de trascendental importancia.

El CEPJ es el órgano de gobierno del Poder Judicial, y está presidido por el doctor César San Martín, e integrado por los jueces supremos titulares doctores Luis Felipe Almenara Bryson y Rodolfo Walde Jáuregui; el representante de los jueces superiores doctor Luis Alberto Vásquez Silva; el de los jueces especializados doctor Darío Palacios Dextre; y de los Colegios de Abogados del Perú, doctor Ayar Chaparro Guerra.

Lima, 4 de mayo de 2012
OFICINA DE IMAGEN Y PRENSA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (más…)

Cortes del país discrepan de pedido de San Martín

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Ante esta posición, titular de la Corte Suprema habría cambiado de opinión.
JANET LEIVA D.
Todas las Cortes Superiores de Justicia del país se mostraron en contra del proyecto presentado por el titular de la Corte Suprema, César San Martín Castro, para que se le otorguen facultades extraordinarias y pueda combatir una supuesta “red de corrupción” dentro del Poder Judicial, destituyendo a jueces y juezas a diestra y siniestra.
En la última reunión entre los 31 titulares de las diversas cortes del país, estos se opusieron a este proyecto. Según fuentes judiciales, todos los magistrados superiores se pronunciaron de la siguiente manera: “Doctor San Martín, este proyecto no va”, ante lo que el máximo representante de la justicia en el país habría dicho que no lo presentaría.
Sin embargo, aseguraron que grande fue la sorpresa cuando el propio San Martín sustentó tal proyecto ante la Comisión de Justicia del Congreso, para que se le otorguen ciertas facultades que ya tiene la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Agregaron que las diversas cortes del país, están enviando sus pronunciamientos al Poder Judicial y también a la Comisión de Justicia del Parlamento nacional.
El presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, Bonifacio Meneses Gonzales, confirmó lo dicho por César San Martín sobre la intención de no presentar el proyecto ante el Congreso. El magistrado dijo que no podía tener un pronunciamiento por su cargo, pero como hombre de derecho, consideró que “las circunstancias no eran las oportunas”. “Como hombre de derecho, profesor universitario, creo que estas circunstancias no son las oportunas, tenemos cosas más importantes en el Poder Judicial como atacar la prescripción de la justicia, la dilación de los procesos, en los que la colectividad está más preocupada que intervenir o no cortes. Al justiciable de a pie no le interesa si intervienen o no la corte, le interesa que su juicio salga pronto y que sea oportuna su sentencia. Un viejo adagio es: “Justicia tardía, no es justicia”, enfatizó.

El dato
El magistrado superior asimismo hizo una invocación a los congresistas para que revisen el proyecto presentado por San Martín Castro, pues, a su consideración, “no se ajusta a las normas de la Constitución”.

En http://www.expreso.com.pe/noticia/2012/05/04/cortes-del-pais-discrepan-de-pedido-de-san-martin (más…)

La lucha contra la corrupción y las facultades extraordinarias

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Autor(a): César Bazán Seminario

Perú
03-05-2012

El Proyecto de Ley N° 424/2011-PJ, ley que otorga al Presidente del Poder Judicial facultades extraordinarias frente a situaciones de carácter excepcional ha generado un intenso debate. El magistrado Villa Stein, con un discurso subido de tono, ha liderado la postura en contra secundado por otros jueces. Mientras que a favor del proyecto, está el titular de ese poder del Estado junto con gran parte de la Sala Plena de la Corte Suprema y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

El objetivo de dicho proyecto es combatir una realidad evidente (que lamentablemente es negada sistemáticamente por muchos magistrados): la corrupción judicial. Eso no significa que todos los jueces sean corruptos. En efecto, hay magistrados que ejercen su labor honorablemente. Sin embargo, no se puede negar que la corrupción es un mal extendido por la sociedad peruana que ronda y penetra en los juzgados y salas, incorporando en sus redes a jueces y otros funcionarios judiciales. Este mal ha sido profundamente estudiado y se conoce bastante bien su funcionamiento al interior de la judicatura, tal como ha sido documentado en reiterados informes (por ejemplo, Consejo Transitorio del Poder Judicial 2001, CERIAJUS 2004, Defensoría del Pueblo 2006, etc.).

Ante esta situación lacerante son necesarias medidas estructurales. Sin embargo, la respuesta usual ha sido diferente y ha primado la pasividad, cuando no el retroceso en la lucha contra la corrupción desde las altas autoridades del Poder Judicial. Por ello, sorprende gratamente que la gestión actual haya presentado un proyecto de ley que rompe con el inmovilismo y reconoce expresamente la existencia de redes organizadas.

Un combate serio contra la corrupción judicial requiere de varias medidas, entre las que destaca superar los problemas del sistema de control interno, que adolece de un solo órgano rector, puesto que existe una multiplicidad de cabezas, que entorpece su funcionamiento. Igualmente, ello hace que el procedimiento disciplinario sea engorroso y que el derecho al debido proceso de los magistrados pueda ser menoscabado. Es preciso que haya una mayor coordinación entre el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y los órganos de control interno del Poder Judicial; que exista seriedad en la imposición de sanciones menores a vocales supremos cuando el CNM no determina la destitución del magistrado; que órganos políticos no actúen como órganos técnicos de sanción; que el sistema de inteligencia para detectar las redes de corrupción tenga el mayor respaldo político posible y cuente con la institucionalidad necesaria para poder actuar; entre otros.

Es decir, las medidas que pueden plantearse para luchar contra la corrupción son varias y una de ellas es, sin duda, el Proyecto de Ley N° 424/2011-PJ, validado por la Sala Plena de la Corte Suprema y presentado en octubre pasado al Congreso. Desde nuestro punto de vista, esta medida cuenta con candados previos y controles posteriores para el ejercicio de las facultades extraordinarias, que lo limitan fuertemente. De esa manera, no podría ser considerada como un golpe de estado al Poder Judicial. Inclusive parecería que el procedimiento es muy burocrático para lograr resultados concretos. Por ello, nos parece importante que el Congreso estudie el proyecto y eventualmente lo apruebe con un lapso de tiempo de vigencia.

Sin embargo, no debe perderse de vista que la lucha contra la corrupción es una batalla que ha de darse desde varios frentes y con propuestas integrales. En ese sentido, el debate iniciado es propicio para profundizar en el problema de la corrupción judicial y generar propuestas de mediano y largo plazo para atacarla frontalmente.

En http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=805 (más…)

¿Quién vigila al vigilante?

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(Editorial)

Es peligroso concentrar en el presidente del Poder Judicial la facultad de nombrar y remover jueces

Jueves 03 de mayo de 2012 – 07:00 am
Ha sido tema de gran debate durante los últimos días el proyecto de ley presentado por el Poder Judicial para conceder a su presidente, César San Martín, facultades extraordinarias que le permitirían reemplazar temporalmente a jueces investigados por corrupción. Los reparos frente a este proyecto son comprensibles, pues el remedio que prescribe puede resultar tan malo como la enfermedad que pretende curar.

Nadie puede negar el gran mérito del doctor San Martín, tanto de reconocer públicamente la difundida existencia de organizaciones delictivas dentro de la institución que preside, como de buscar una solución radical a esta situación. El problema, sin embargo, es que su propuesta de concentrar poderes para combatir la corrupción ignora uno de los principios en los que se funda el Estado de derecho: el poder absoluto no se le entrega a nadie.

Repartir el poder entre varias personas, más bien, es la manera que han encontrado las democracias de controlar que no se abuse del mismo. Cuando el poder está dividido, existen diferentes intereses decidiendo, hay contrapesos y hay más puertas que pueden tocar las víctimas de un abuso. Es más difícil, pues, que la vara de la autoridad sea utilizada para golpear a inocentes en vez de para protegerlos, cuando son varias las manos las que la sostienen. Es por esto que son órganos distintos y compuestos por un grupo de integrantes (el Consejo Nacional de la Magistratura y la Oficina de Control de la Magistratura) los que hoy se encargan del nombramiento y de la destitución de los jueces.

Además, la piedra con la que podríamos tropezar si tomamos este camino es una con la que ya nos hemos topado antes. El tropezón más grave, quizá, fue con Fujimori, a quien se le consintió un golpe de Estado que le permitió concentrar poderes extraordinarios bajo el argumento de que, al habernos salvado del terrorismo y de la debacle económica, era el hombre correcto para recibir todo el poder. Y llama la atención que este tropezón lo haya olvidado quien, precisamente, puso a Fujimori en la cárcel.

Los defensores de este peligroso proyecto de ley, sin embargo, sostienen que el caso del doctor San Martín es muy distinto. Se trata, a fin de cuentas, de uno de nuestros abogados penalistas más prestigiosos, que ostenta una brillante trayectoria académica y que goza, asimismo, de una reputación intachable. Por eso, argumentan, él sería el indicado para concentrar estas facultades extraordinarias, que le darían el poder necesario para acabar con los corruptos. El problema es que, por más méritos que hasta hoy tenga, siempre existe el miedo de que, como dice el dicho, frente al arca abierta hasta el justo peca.

Pero incluso cuando pudiésemos tener la seguridad de que el presidente del Poder Judicial nunca podrá ser corrompido ni cometerá otros abusos (como seleccionar arbitrariamente solo a jueces amigos o a los de sus preferencias ideológicas), habría que ser muy cándido para creer que esta institución se puede reformar encargándole a una sola persona el cambio de jueces. Independientemente de quien se trate, todos los hombres son finitos, se vuelven débiles, cambian de valores, mueren. Por eso, una reforma real nunca puede depender de la existencia de un solo hombre.

Más bien, lo que hay que desaparecer son las condiciones que permiten y crean incentivos para que hoy existan el abuso y la delincuencia. Es cierto que esta es una reforma más compleja y profunda, pero es necesaria. Solo cambiar a quienes hoy ocupan el asiento de los jueces corruptos es inútil para resolver el problema de fondo. Pasa como con los ríos: mientras no cambien su cauce, seguirán llegando al mismo destino, aunque renueven sus aguas.

La lucha contra la corrupción judicial, nadie puede discutirlo, debe ser una prioridad del Estado. No podemos caer, sin embargo, en el error de coronar a un solo individuo, por muy virtuoso que hasta hoy haya sido, como el sumo vigilante de la ética del Palacio de Justicia y aceptar que, a él, nadie lo vigile.

El Comercio, 3 de mayo de 2012 (más…)

Corrupción judicial: ahora o nunca

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Una oportunidad de oro para el Congreso

La Comisión de Justicia del Congreso ha dictaminado un proyecto de ley presentado en octubre pasado por el Poder Judicial (PJ) que propone delegar en el Presidente de la Corte Suprema la potestad de intervenir las cortes superiores para destruir las redes de corrupción, las mismas que quedan fuera de las funciones de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) debido a que estas instituciones realizan un control individual. En su dictamen, la Comisión ha mejorado el texto presentado por el PJ señalando que la decisión de intervención debe ser tomada por una comisión formada por el Presidente de la Corte Suprema, el Vocal Supremo Decano y el Jefe de la OCMA. También ha establecido que la intervención debe ser informada al CNM y al parlamento. Con esas precisiones, se garantiza que la operación limpieza de las redes corruptas se exterminen sin colisionar con los principios de la función jurisdiccional que consagra el artículo 139º de la Constitución vigente. Con estos cambios, el parlamento estaría en condiciones de aprobar una norma básica y urgente.

Lamentablemente, el proyecto es torpedeado desde la misma Corte Suprema por dos vocales supremos, uno de ellos ex Presidente de ese órgano del Estado y en cuyo período, se dedicó, casi exclusivamente a promover su figura personal en la perspectiva de una candidatura presidencial. La oposición a la norma no tiene fundamentos de peso; en cambio, el proyecto ha recibido el respaldo del Ministerio de Justicia, del CNM y de organizaciones de la sociedad civil.

Las circunstancias del debate de esta iniciativa son cruciales. Las intervenciones externas del Poder Judicial arrastran sonados fracasos, como el que realizó el gobierno de Alberto Fujimori en el período 1995/2000; también terminaron en reveses los intentos de cambios estructurales desde adentro, haciendo de los magistrados jueces y partes de la moralización. El espíritu de la iniciativa que el parlamento debatirá se ubica en un camino intermedio, entre la voluntad política de la Corte Suprema y la vigilancia del CNM y del parlamento. Ahora o nunca, deben ser enfrentadas las mafias judiciales.

La República 3 de mayo de 2012
En http://www.larepublica.pe/politica/editorial-03-05-2012 (más…)