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15/05/13: Caso Asunción Puma León II
Vega Vega pide justicia
Señor Director:
Hace más de un año me permití dirigir una carta a los medios de expresión masiva para sentar mi posición de enérgica protesta por el modo por demás injusto con que se trató el tema de la Magistrada Lily Asunción Puma León, cuya opinión jurisdiccional no sólo fue materia de cuestionamiento sino de una suspensión por la Oficina de Control de la Magistratura, sin que recibiera, insólitamente, el más mínimo y elemental apoyo de la Institución a la cual pertenecemos y, paradójicamente, sus representantes altamente jerarquizados se unieron a la censura y a la sanción en menoscabo del carácter estrictamente jurisdiccional de ese fallo.
Hoy a más de un año de tales hechos ésta honorable Magistrada sigue suspendida privándosele de su emolumento por tan prolongado período de tiempo, condenándosele a la indigencia y privación de sus más elementales necesidades.
Me pregunto: ¿así premia el Poder Judicial a los Magistrados probos? La Doctora Puma vive hacinada en una casa de vecindad sin ningún signo de riqueza exterior y sumida en limitaciones de todo orden y si a eso le agregamos el despojo de su sueldo que le corresponde por más de treinta años de servicios prestados al Poder Judicial, constituye por decir, lo menos, una aberrante injusticia.
Asumo las responsabilidades por denunciar este atropello. Todos proclamamos la independencia y autonomía del Poder Judicial y en casos tan dramáticos como éste ¿por que no se pone en práctica tal defensa? Los altisonantes defensores de los Derechos Humanos y de la Mujer guardan cómplice silencio. ¿Tendrán autoridad moral en el futuro para hablar de esos temas?
En nombre de los miles de Magistrados que integramos el Poder Judicial y que diariamente somos víctimas de incomprensión e intolerancia: Protesto por este vejamen e invoco a los actuales personeros de nuestro Poder del Estado a demostrar auténtica sensibilidad humana y poner en práctica la defensa de la autonomía e independencia de la que nos jactamos en discursos que no tienen su correlato en la realidad.
Muy atentamente
CÉSAR JAVIER VEGA VEGA
Juez Constitucional
DNI 06758739.
EXPRESO
15/05/13: Caso Asunción Puma León
Error de motivación cualificada, la detención de Gastón Mansilla
Por Ricardo León Pastor
Acabo de leer la resolución de la jueza penal de turno permanente del 8 de enero de 2012 en la que abre instrucción contra Gastón Mansilla Yupanqui por delito de homicidio ordenando su detención.
Este proceso ha adquirido relevancia pública porque Mansilla Yupanqui es un estudiante que hizo un disparo de su arma de fuego contra Víctor Manuel Díaz Acevedo el 7 de enero, quien pretendió robarle sus pertenecías, amenazándole con una navaja, luego de asaltar a otro sujeto en la avenida Tacna y Nicolás de Piérola, Cercado de Lima.
La orden de detención ha levantado la indignación pública, en la medida en que lo único que ha pretendido Mansilla Yupanqui es ejercer su legítima defensa.
Este es un caso de motivación cualificada, según la clasificación que ha hecho el Tribunal Constitucional, de los errores frecuentes en la motivación judicial. En especial, en el sonado caso Giuliana Llamoja, este alto Tribunal clasificó los errores de motivación en los que incurren los jueces peruanos en las siguientes categorías: motivación inexistente, motivación aparente, motivación insuficiente, motivación incongruente, defecto en la motivación interna y error en la motivación cualificada (ver: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/00728-2008-HC.html, fundamento 7).
La jueza que ha ordenado la detención de Mansilla lo ha hecho proponiendo, de manera aparente, la aplicación y análisis del artículo 135 del Código de Procedimientos Penales. Ha propuesto en su resolución analizar si se cumplen en el caso concreto los siguientes requisitos: a) si existe evidencia sobre la comisión de un hecho delictivo, b) si existe suficiencia probatoria sobre la participación delictiva del imputado, c) la gravedad de la sanción penal a imponerse, d) que exista peligro de fuga o perturbación de la actividad probatoria. Pero lo ha hecho aparentemente, porque no se ha referido a las circunstancias de hecho específicas que el caso reclama en el accionar de Mansilla, sino que ha asumido una conducta que no se ha demostrado en el plano de los hechos del caso. Tampoco ha explicado las razones, presunciones o reglas de la experiencia que la llevan a concluir como lo hace. Esto no es más que un típico caso de motivación aparente en el plano factico.
Eso no es noticia
Jaime David Abanto Torres (*)
Un domingo por la noche mi esposa me avisó que en un programa de televisión estaban entrevistando a dos jueces, sobre un tema de actualidad. Cuando los magistrados entrevistados señalaron que los medios de comunicación solo resaltaban lo malo del Poder Judicial y nunca lo bueno, la periodista replicó que “eso no es noticia”.
No sé si fue intencional o inconsciente. Solo sé que difícilmente algunos medios de comunicación harán conocer a los ciudadanos las carencias que padecemos quienes prestamos el servicio de justicia. La razón es sencilla: “eso no es noticia”.
El público poco conoce que por las noches, pasada la jornada laboral, las luces continúan encendidas en los juzgados, que siguen analizándose los folios de los expedientes, que aún suenan los teclados de las computadoras sobre incómodos y vetustos escritorios, que las hojas de las fotocopiadoras e impresoras continúan atascándose, que las agujas e hilos aún continúan cosiendo tomos y tomos de expedientes, hasta romperse. Pero no son los duendes del zapatero del cuento de hadas, son personas de carne y hueso como ustedes, amables lectores. Trabajadores que llegan tarde a casa robando tiempo a sus familias, héroes anónimos e incomprendidos. Son los milicianos de la justicia, personas que tienen sueños y esperanzas, principios y valores y luchan por ellos.
Un juez jubilado me dijo amargamente: “para ganar un juicio no basta tener la razón: hay que tener dinero o hay que tener influencias”. Lo escuché en silencio y hoy le respondo que los jueces resuelven conforme a la ley y lo que aparece en el expediente, que en los juzgados se cierra las puertas a la corrupción y al tráfico de influencias, que en un proceso gana el que tiene la razón y pierde el que no la tiene, se condena al culpable y se absuelve al inocente, y jamás a la inversa.
No podemos negar que algún juez pueda sucumbir ante los poderosos o a las más variadas de las tentaciones. De seguro usted sabrá de algún juez o servidor que anda por malos pasos, pero tal vez no se atreve a denunciarlo porque cree que de hacerlo usted se perjudicará perdiendo su proceso; pero no debe temer, presente su queja ante
Es sorprendente ver la facilidad con que algunas personas utilizan a los medios de comunicación y atacan a los jueces sin que estos tengan mayor defensa que los fundamentos de su resolución, dictada muchas veces en horas de la madrugada, como cuando se trabaja en un Juzgado Penal de Turno Permanente, recibiendo muchos atestados policiales con detenidos cuya situación debe definirse con igual número de resoluciones.
Los jueces no somos insensibles a los sentimientos y emociones de los litigantes, pero los escuchamos y formamos nuestro criterio en silencio, porque la ley nos prohíbe adelantar opinión. Y si cometemos un error, para corregirlo están los jueces de la instancia superior a la que cualquiera de las partes puede recurrir.
(*) Juez Civil, integrante del Programa Social “Justicia en tu Comunidad” de
15/05/13: Caso Asunción Puma León
Resolución del Juzgado Penal de Turno Permanente de Lima
http://es.scribd.com/fullscreen/77974166?access_key=key-1nfyxxbayl77vjocp956
Resolución de la OCMA
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Resolución de la Segunda Sala Especializada en lo Penal con Reos en Cárcel
20120117-resolucion_gaston.pdf[113clicks]
Jueza que dispuso detención de Gastón Mansilla: “No soy inepta”
Asunción Puma León señaló que nunca mencionó la palabra “proporcionalidad” en la resolución que mandó a prisión al joven
La jueza Asunción Puma León, quien fue separada de sus funciones por la OCMA con el fin de investigar los motivos que la llevaron a ordenar la encarcelación del joven Gastón Mansilla Yupanqui, quien mató a un delincuente en defensa propia el último sábado, señaló que no es “una incapaz” ni mencionó el criterio de proporcionalidad en su resolución.
“Todo está en al resolución. No soy inepta, no he dicho la palabra proporcionalidad. Me han agraviado”, señaló la jueza, quien argumentó hasta el momento no había podido declarar a los medios pues debía “contar con una autorización”.
En declaraciones propaladas por Frecuencia Latina, que serán difundidas en su totalidad este domingo en Reporte Semanal, Puma León manifestó haber tenido “una carrera intachable”, como defensa ante las informaciones que la señalaban como poseedora de antecedentes por inconducta.
“Yo cumplí con lo que dice la ley. No tengo por qué arrepentirme. Era una decisión apelable”, agregó.
Viernes 13 de enero de 2012 - 10:26 pm
http://elcomercio.pe/lima/1360737/noticia-jueza-que-dispuso-detencion-gaston-mansilla-no-soy-inepta
¡Exclusivo! Habla jueza Asunción Puma León
Viernes 13 de Enero del 2012
La jueza Asunción Puma, cuestionada por ordenar la detención del joven universitario Gastón Mansilla, que matara a un delincuente cuando este intentó robarle habló en exclusiva con Frecuencia Latina.
Un equipo de Reporte Semana logró captar a la magistrada y obtener breves declaraciones de ella.
Puma León aseguró que actuó de acuerdo a ley y negó estar arrepentida de su decisión de ordenar la detención del joven. "Me han suspendido gracias a la presión de los medios", dijo indignada. En todo momento rechazó haber actuado al margen de la ley.
Todos los detalles y la entrevista completa la podrá ver este domingo en un reportaje exclusivo de Reporte Semanal.
http://www.frecuencialatina.com/90segundos/interior.php?not=1&idnot=44292
Jueza que encarceló a Gastón Mansilla será investigada pese a renuncia
La eventual sanción a la magistrada Asunción Puma será incluida en su legajo para que sea tomado en cuenta si vuelve a postular al Poder Judicial
EL COMERCIO
El viernes 13, el mismo día que el universitario Gastón Mansilla recuperaba su libertad luego de haber disparado en defensa propia contra un delincuente, la jueza que ordenó su encarcelamiento, Asunción Puma León, presentó su carta de renuncia ante el Poder Judicial.
La presión mediática y política de la semana pasada condenó a Puma de antemano. Y, al parecer, ella no estaba dispuesta a esperar más críticas, sobre todo ahora que el Órgano de Control de la Magistratura (OCMA) ha abierto un proceso en su contra por este hecho cuyo fallo se conocería en las próximas semanas.
La carta que envió al presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Héctor Lama More, es escueta, no da mayores explicaciones, pero aprovecha esas líneas para recalcar que luego de 30 años de servicio decide presentar su renuncia irrevocable como jueza provisional del Tercer Juzgado Penal de Lima.
Incluso pide que se le exonere de permanecer en el cargo hasta fin de mes, como lo señala la ley de carrera judicial.
Lamas More, en diálogo con RPP, dijo desconocer los motivos de Puma para abandonar el cargo porque en su carta no los explica, pero atribuyó su renuncia a razones personales. En su despacho tampoco dieron información sobre el tema.
TODO IGUAL
Por decisión de la OCMA, y como medida preventiva, Puma León ya había sido suspendida en el cargo hasta que acabe la investigación para determinar si su fallo fue irregular. Dicho proceso no se verá afectado ante su salida.
Voceros de dicho organismo señalaron que continuarán hasta determinar la sanción que le corresponde y esta será anotada en su legajo para que, en caso quiera volver a postular al Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) lo tome en cuenta.
Para el abogado de Gastón Mansilla, Frank Guerrero, la magistrada ha tomado una decisión acertada para evitar sumar más escándalo a su carrera.
“Nosotros habíamos señalado que no tomaríamos ninguna acción contra la jueza. No íbamos a hacer leña del árbol caído. Renunciar es la mejor opción que ha tomado, pues sería peor esperar sentada una sanción o destitución por parte de la OCMA”, dijo.
El juicio a Mansilla por homicidio simple continúa, pero en el Juzgado Penal 51 de Lima, a cargo de Norma Pacora
En http://elcomercio.pe/lima/1362882/noticia-jueza-que-encarcelo-gaston-mansilla-investigada-pese-renuncia
15/05/13: Caso Asunción Puma León
Carta remitida por el Dr. César Vega Vega
Lima, 15 de Enero de 2012
Sr. Director:
Aún, resuenan en nuestros oídos las enérgicas palabras pronunciadas, a propósito de la inauguración del Año Judicial 2012, por el Presidente de la Corte Suprema de la Republica Dr. César San Martín Castro cuando textualmente afirmó: “… Hemos exigido y exigimos respeto absoluto a los inabdicables principios de independencia y autonomía jurisdiccionales… “; Sin embargo, sin siquiera haber trascurrido 15 días desde aquella circunstancia hemos asistido estupefactos ante la demolición que la prensa en todas sus formas ha efectuado contra la Dra. Asunción Puma León, Juez Penal de turno en el momento de acontecidos los hechos que merecen el contenido de esta carta sin que haya merecido el más elemental de los apoyos de quienes ejercen la representatividad del Poder Judicial. En efecto, la Magistrada en mención desarrolló una labor estrictamente jurisdiccional definiendo la situación jurídica de Cristhian Dorian Arenas Perona y Gastón Gabriel Mansilla Yupanqui, denunciados por el Ministerio Público el primero como presunto autor del delito de robo agravado y el segundo como presunto autor del delito contra la vida el cuerpo y la salud- homicidio simple-en agravio de Víctor Manuel Ríos Acevedo. Al recibir tal denuncia de parte de la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Turno de Lima, la Magistrada en mención, no hizo sino cumplir su deber jurisdiccional, definiendo, la situación jurídica de cada uno de los denunciados.
No voy a entrar a detallar el análisis conceptual, doctrinal, ontológico, sobre la calificación del delito y la situación legal de los procesados. Tal interpretación corresponde efectuarlos a los respectivos órganos jurisdiccionales, que en atención a su jerarquización pueden enmendar revocando, anulando o confirmando la decisión emitida en primera Instancia, pues así lo establecen el Código de Procedimientos Penales; ello no obstante, se ha dado a este tema un tratamiento absolutamente mediático promovido por la prensa sobre una resolución emitida y lo que es peor, las autoridades Judiciales le han dado prominente atención y actuación a tales medios de presión.
Lo acontecido, es una demostración palpable y evidente que se ha abdicado de la defensa de la institucionalidad que como Poder del Estado libre y autónomo corresponde a un mandato jurisdiccional. De este modo se siembra de temor y zozobra en todos los Magistrados que no efectúan sino el cumplimiento de su deber. En nombre de ellos elevo mi más enérgica protesta, sobre todo como en el caso particular de la Doctora Asunción Puma León, pues se trata de una Magistrada a quien, por la autoridad que tengo de pertenecer al Poder Judicial por más de 30 años, conozco en su probidad, su integridad, su experiencia, su responsabilidad y es a todas luces injusto que se le haya dado un trato degradante, impropio a los derechos humanos que también alcanza a los Magistrados.
Asumo bajo mi entera y exclusiva responsabilidad, las acciones a que pudiera dar lugar la libre expresión de mi opinión.
Muy Atentamente
CESAR JAVIER VEGA VEGA
Ex - Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima,
Miembro del Consejo Ejecutivo de la CSJL,
Presidente de la Cuarta Sala Penal de Reos Libres de Lima
DNI Nº 06758739
* Juan Carlos La Puente
Amnistía Internacional
El sacerdote Michael Woodward se vio obligado a subir a un barco, de nombre Armada Esmeralda, en el año 1973. Anclado en la costa chilena, el que años después se acertó en llamar el Barco Tortura, fue escenario del maltrato y muerte de Woodward por parte de las fuerzas policiales y militares de Pinochet. El fallecimiento del religioso, junto con el de más de dos mil personas, formó parte del bochornoso catálogo de violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen del dictador.
Por suerte para la justicia universal y la dignidad humana alguien, al otro lado del charco, pensó que los crímenes de Pinochet no podían pasar desapercibidos. Woodward y otros tantos miles de chilenos lo merecían.
Así fue como Baltasar Garzón Real, en aquel entonces juez de la Audiencia Nacional española, dictó el auto de prisión el 18 de octubre de 1998, atribuyendo al ex dictador Augusto Pinochet un delito de genocidio conformado por numerosas detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzosas y asesinatos que el propio juez español llegó a tipificar como “terrorismo”.
De esta manera, y de acuerdo al Código Penal español y a los convenios internacionales firmados por España, el delito de genocidio o, lo que es lo mismo, el "propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”, iba a ser juzgado por primera vez cruzando las fronteras.
A diferencia de Michael Woodward, Marcos Ana sigue vivo, aunque también fue víctima de un dictador. Fue el preso que durante más tiempo sufrió las cárceles de la dictadura franquista. Nada menos que 23 años. Fue encarcelado en 1938 por defender un gobierno democráticamente constituido. Su padre, también republicano, murió durante un bombardeo franquista durante la Guerra Civil Española. Su madre, como Marcos cuenta, “murió de desesperación” siguiéndolo de cárcel en cárcel por todo del país.
Durante el tiempo que permaneció recluido, fue numerosas veces vejado y torturado, por estar en contra del régimen impuesto. Otra víctima de las persecuciones políticas del franquismo, de la intolerancia, de sus métodos de tortura. Con todo, Marcos tuvo la fuerza para seguir vivo, hasta que, en 1961, por fin cambió la dolorosa vista de los paredones de las cárceles franquistas por el de los amplios paisajes de la libertad.
Pero no todos los detenidos del franquismo corrieron igual suerte: solo entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951 el régimen dejó un rastro de 114 mil desapariciones forzosas. Una cifra a todas luces escandalosa.
Viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio
De esta forma debió de considerarlo Garzón cuando, en virtud de los mismos tratados de defensa de los derechos humanos que habían avalado la extradición, enjuiciamiento y condena de Pinochet, emprendió la investigación sobre los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos durante el franquismo.
De hecho, según sus propias palabras, “había sospechas fundadas para investigar el franquismo por tener un plan preconcebido para la eliminación, detención y desaparición de personas". Estas declaraciones corresponden a la vista judicial que se está cursando en su contra desde el pasado 23 de enero en la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Madrid, donde asistimos a una incoherencia en el sistema judicial español: el que permite investigar crímenes de lesa humanidad en el extranjero en pro de la justicia universal y los veta en su propio feudo en un dudoso acto de justicia doméstica.
Es importante tener en cuenta quién es quién en este caso: el grupo que ha formulado la denuncia contra el magistrado español es un autodenominado sindicato de nombre Manos Limpias del que su máximo dirigente es un reconocido simpatizante franquista galardonado años atrás como “Caballero de Honor de la Fundación Nacional Francisco Franco” por sus “servicios en defensa de los ideales del Movimiento”.
Su acusación se cimienta en la Ley de Amnistía de 1977, por la que la España de la transición hizo un borrón en el pasado para así solidificar la construcción de la democracia.
En base a esta ley no se deben de investigar ni el franquismo ni la Guerra Civil. No se debe de tocar a los culpables de las masacres, de la tortura o de la intimidación. De esta forma, las investigaciones del juez Garzón sobre las desapariciones producidas durante la dictadura se consideraron ilegales y se admitió la denuncia a trámite.
Pero aquí entra la paradoja. Según la legalidad internacional, la misma que España suscribió en el pasado y a la que está obligada a adaptar sus leyes nacionales, los crímenes de derecho internacional son imprescriptibles y no pueden conllevar amnistías o indultos a sus perpetradores. Con lo que la investigación del juez Baltasar Garzón no solamente sería legal, sino que pondría en evidencia la propia ilegalidad de la Ley de Amnistía de 1977 en base a la cual está siendo juzgado.
Las víctimas, sepultadas bajo la indiferencia
Ante estos hechos, Amnistía Internacional considera espeluznante que el juicio se siga llevando a cabo en estos términos y ve con profunda preocupación la dilación que ha sufrido la investigación de los crímenes de desaparición forzada durante la guerra civil y el franquismo.
De hecho, una de las investigaciones de Amnistía Internacional actualmente en curso, cuyas conclusiones se harán públicas este año, parece evidenciar que al menos cuatro procesos de investigación de dichos crímenes se han visto postergados y su avance ha sido condicionado a la decisión final por parte del Tribunal Supremo en la causa contra Garzón. Además, hay indicios de que los criterios utilizados para fundamentar los cargos contra el juez han sido esgrimidos por juzgados territoriales que investigaban los crímenes cometidos durante el franquismo para archivar masivamente los procedimientos, con el consecuente perjuicio de los derechos de las víctimas y sus familias.
No obstante, irónicamente, el juicio a Garzón está devolviendo a las portadas de los periódicos españoles los horrores del franquismo, las familias olvidadas.
María Martín, de 75 años, ha reclamado en público el cuerpo de su madre, fusilada en 1936. María Antonia Oliver ha denunciado también la desaparición de su abuela. Ellas son solo una mínima representación de las familias que siguen sufriendo en el olvido, y que seguirán penosamente enterradas en la memoria colectiva si Garzón resulta condenado.
Parafraseando a Marcos Ana cuando se refería a quienes prefieren no tocar el pasado: no hay que pasar página. No. Hay que leerla, releerla y memorizarla para no recaer en los mismos errores.
Algo que, en su momento, aprendió bien el pueblo peruano y quedó reflejado en el informe y recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Perú. Todo un desafío para el ejercicio pleno de los derechos humanos. Ahora también en España.
En http://www.revistaideele.com/content/garz%C3%B3n-y-las-sombras-de-la-justicia-espa%C3%B1ola
11/02/12: El paradigma Garzón ha sido condenado
El juez Baltasar Garzón ha sido condenado por la Suprema a 11 años de inhabilitación en el juicio del llamado caso Gurtel. Allí el todopoderoso juez caviar ordenó interceptar las conversaciones entre los abogados y los acusados, mientras éstos se hallaban en la cárcel sin condena. Es la primera de tres sentencias que le espera. Las otras son: 1) por investigar los crímenes del franquismo sin tener la debida competencia; y 2) el patrocinio de unos cursos a su cargo en la Universidad de Nueva York. Se trata del delito de cohecho propio y continuado, en relación a unos “patrocinios” financiados por Telefónica, BBVA, CEPSA y Endesa precisamente para solventar los citados cursos. Existe otro pedido de condena de prevaricación contra Garzón por una querella contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín –uno de los “patrocinadores” de sus cursos en NY– que, ¡oh sorpresa! se ventilaba nada menos que en el juzgado del súper juez. Garzón aprovechó la coyuntura para dirigirle sendas cartas –con membrete del juzgado– al banquero Botín, solicitándole decenas de miles de dólares para que auspicie sus cursos. Lo que reúne visos de extorsión. A lo largo de los tres procesos, Garzón ha recurrido a infinidad de tachas a los vocales que integrarían las salas donde caerían sus juicios, tratando de hallar jueces a su medida. Para desgracia del súper juez, engreído de la progresía, la Suprema no le dio gusto en todas.
Pero si Garzón es el ícono de la progresía, ¿cómo lo condena la Justicia? ¡Los evangelios por tierra! Por supuesto la reacción de los caviares ha sido denunciar a la Justicia por fascista, aduciendo que “castiga a Garzón porque se atrevió a perseguir al franquismo”. No, señor. Garzón incumplió la norma, por tanto prevaricó. Y en el asunto del “patrocinio” a sus cursos –pedir cientos de miles de dólares a las grandes firmas españolas, en tono de ucase y a sabiendas de que, tarde o temprano, caerían en sus manos– revela que Garzón cometió un obvio chantaje. Indigna por eso el aura de corrección que rodea a todo lo relacionado con la progresía internacional. Es que los caviares actúan como todo grupo mafioso. Sólo ellos son honestos, incorruptibles, dueños de la verdad, etc. Y por si fuera poco, se alaban mutuamente y blindan entre sí usando la maquinaria mediática de la que disponen, gracias a que muchos propietarios de diarios, radios y canales de tv sucumben ante el chantaje de la progresía que no tiene reparo en crucificarlos por lo que fuere. Por eso prefieren tener al enemigo a sueldo, para apaciguar el ataque. Bienvenidos al mundo de los caviares. Todo aquel que se manifieste contra ellos la pagará con la deshonra. ¿Y si delinque alguno del clan, como Garzón? Pues a defenderlo y a crucificar a sus acusadores, enrostrándoles los clásicos epítetos de corruptos, fascistas, violadores de ddhh, etc.
En
http://www.expreso.com.pe/el-mundo-al-reves/el-paradigma-garzon-ha-sido-condenado
11/02/12: Zaffaroni: 'Fallo contra Garzón es un peligro como modelo para los jueces de todo el mundo'
Zaffaroni sostuvo que la condena del Tribunal Supremo de España a Garzón a 11 años de inhabilitación "significa la pérdida total de independencia interna de los jueces".
"El fallo tiene un sentido disciplinante para abajo", consideró, y agregó que "es una suerte de dictadura de los cuerpos colegiados de los propios poderes judiciales", dijo en declaraciones a Télam, en las que añadió que cualquier magistrado puede preguntarse "qué no podrían hacerme a mí si le hacen esto a Garzón".
El integrante de la Corte dijo que espera "que el tribunal constitucional español remiende este terrible papelón que hace la Justicia española y, si no lo recompone Tribunal Constitucional de España, lo tendrá que recomponer el Tribunal de Estrasburgo", instancia ante la cual puede llevar el caso el propio Baltasar Garzón, o el mismo ministerio público.
Zaffaroni rescató también que "el mismo ministerio público español, en este caso, actuó con una dignidad que merece el mayor elogio".
Consultado sobre si ese intento de disciplinamiento intentaba cortar la posibilidad de que se investiguen delitos "globales" como los vuelos clandestinos que trasladaron prisioneros de un país a otro, Zaffaroni aceptó esa posibilidad y recordó que "hemos tenido un caso de esa naturaleza; en Italia se intentó sancionar a un ministerio público que quiso investigar esos vuelos".
También indicó que Garzón no podría haber investigado los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura argentina cuando esa posibilidad estaba negada en el país.
Zaffaroni afirmó que "hay dos independencias de los jueces, una externa, que es que el judicial no reciba presiones de facto de poderes como el económico y el político; y una interna, que hay que preservar para que el juez no reciba presiones de los propios órganos del Poder Judicial"
Esto último, consideró, "es lo que garantiza la autonomía del juez para interpretar el derecho, de lo contrario todos los jueces se convierten en empleados o amanuenses del órgano supremo".
El ministro de la Corte y catedrático consideró que "el Poder Judicial no es corporativo ni vertical, cada juez tiene su propia responsabilidad e independencia interna; lo que los jueces tenemos son diferencias de competencia".
"Si entendemos que está equivocado algo que hizo alguien de otra instancia, lo corregimos; pero no podemos imponer una dictadura ideológica desde un cuerpo colegiado supremo. Eso es creer que el Poder Judicial es un ejército", subrayó.
En
"Rechazo frontalmente la sentencia"
Garzón emite un comunicado en el que asegura que la decisión del Tribunal Supremo "no se ajusta a derecho" y le condena "de forma injusta y predeterminada"
Baltasar Garzón acaba de hacer pública una nota como respuesta a la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que le considera culpable de un delito de prevaricación por ordenar grabar las conversaciones entre la trama Gürtel y sus abogados, por lo que le condena a 11 años de inhabilitación. Este es el comunicado:
NOTA DE BALTASAR GARZÓN REAL ANTE LA SENTENCIA DE LA SALA 2 DEL TRIBUNAL SUPREMO EN LA CAUSA SEGUIDA CONTRA EL MISMO
"Rechazo frontalmente la sentencia que me ha sido notificada en el día de hoy.
Lo hago por entender que no se ajusta a derecho, que me condena de forma injusta y predeterminada.
He trabajado contra el terrorismo, el narcotráfico, los crímenes contra la humanidad y la corrupción. Lo he hecho con la ley en la mano y en unión de fiscales, jueces y policía. En este trabajo, siempre he cumplido con rigor las normas, he defendido los derechos de los justiciables y de las víctimas en situaciones muy adversas.
Ahora y a lo largo de este procedimiento, mis derechos han sido sistemáticamente violentados, mis peticiones de defensa desatendidas, el juicio oral una excusa, cuyo contenido ha sido utilizado sólo contra mí, prescindiendo de los elementos favorables que me beneficiaban, para, con ello, poder dar forma a una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses.
Mi actuación en el denominado caso Gürtel, se ajustó a la ley y en su desarrollo, tomé todas las medidas para garantizar el derecho de defensa y la investigación de delitos muy graves relacionados con la corrupción, partiendo de los contundentes indicios y para evitar la continuidad delictiva de blanqueo de dinero de los jefes mafiosos que utilizaban, como ya lo habían hecho antes, a los abogados designados.
Se me ha impedido aportar las pruebas que lo demostraban y se ha prescindido de la implicación y participación de abogados en la trama.
La afirmación que se contiene en la sentencia para justificar el supuesto dolo de que “la inclusión de la cláusula previniendo el derecho de defensa dejando a un lado su efectividad, revela que sabía que su resolución afectaba a este derecho” es una aberración que contradice todo el sentido de la misma y se utiliza para eliminar la base de mi absolución. La sentencia no dice en ningún momento cual es el daño producido en el derecho de defensa y no lo dice sencillamente porque no existe. Lo inventa. Así mismo falta a la verdad cuando se dice que no se ejecutó la medida de salvaguardar dicho derecho, cuando personalmente me cuide de garantizarlo y así lo avalan las pruebas practicadas e ignoradas por el tribunal.
Esta sentencia, sin razón jurídica para ello ni pruebas que la sustenten, elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuye gravemente, en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces en España.
Acudiré a las vías legales que correspondan para combatir esta sentencia y ejerceré todas las acciones que sean pertinentes para tratar de paliar el perjuicio irreparable que los autores de esta sentencia han cometido.
Madrid a 9 de febrero de 2012
En
11/02/12: Sentencia Baltazar Garzón
http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/201202/09/espana/20120209elpepunac_1_Pes_PDF.pdf
