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IVÁN SEQUEIROS VARGAS (*)

La Sala Plena Suprema diseña la política del Poder Judicial (PJ) a propuesta del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ). La Sala Plena decide el rumbo del PJ, acuerdo crucial para desarrollar la justicia bajo la perspectiva de ser Poder del Estado, dentro de políticas de desarrollo estatal y sometido a la Constitución.
La Sala Plena Suprema toma decisiones sobre la propia Corte Suprema y sobre todo el PJ buscando que la justicia cumpla su misión en la estructura del Estado; no significa que coincida con los planes del gobierno, sino fija pautas que regirán los destinos del PJ, determina las políticas del sistema judicial que garanticen el respeto al orden constitucional y legal. La Sala Plena desarrolla el rol político del PJ dentro de la administración estatal.

Igualmente, las Salas Plenas Superiores diseñan políticas de gestión en su ámbito distrital, conforme a las políticas establecidas por la Sala Plena Suprema, velan por la buena marcha de la justicia en el Distrito Judicial.

El CEPJ propone la Política General del PJ, ante la Sala Plena Suprema, además aprueba el Plan General de Desarrollo del PJ. Es el máximo órgano ejecutivo del PJ, vela que la función judicial marche en las mejores condiciones, por esa razón aprueba el Proyecto de Presupuesto, vela por el respeto de las atribuciones del PJ, procura la logística adecuada, asegura que se cumpla el pago integro de las remuneraciones de los jueces y demás atribuciones que permitan el desarrollo institucional satisfactorio, basando la operatividad de su gestión en la Gerencia General del PJ.

Desde hace dos años, los Distritos Judiciales son Unidades Ejecutoras, significa autonomía de gestión pero sin autonomía presupuestaria.

La Gerencia General controla la gestión administrativa del PJ, incluidos los Distritos Judiciales que son Unidades Ejecutoras, lo ue hace deducir que tales Unidades no cumplen sus objetivos y lo logrado solo fue elevar el personal administrativo en cada Unidad, sin mayor eficiencia en la administración del PJ. Una administración central con agencias en cada Distrito tendría mejor resultado, que las 30 administraciones distritales actuales, que dificultan uniformizar decisiones, complicando la coherencia del comportamiento de cada Distrito en función de las Políticas Generales del PJ.

(*) Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima

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