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Reflexiones en el Día del Idioma y las Letras
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Derecho y Literatura
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Archivo por meses: abril 2013
Incumplimiento de las sentencias judiciales
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Percy Salas Ferro Juez Superior de la Corte Superior de Justicia de Lima
Día a día aumenta el incumplimiento de sentencias por parte de la administración pública. No obstante el esfuerzo del Poder Judicial para resolver las causas, observamos hoy decenas de miles de ciudadanos que, con título en mano, exigen el cumplimiento de derechos reconocidos.
Lejos de atender diligente y oportunamente las decisiones jurisdiccionales, y efectivizar estos derechos, las entidades públicas obstaculizan y retardan deliberada y sistemáticamente las ejecuciones. Los procesos de ejecución de pago de devengados, seguro de vida, bonificaciones, reincorporaciones, etcétera, duran dos o tres años, y no precisamente por falta de dinero u oportunidades de trabajo, sino por la desidia de la administración.
Esta situación, sin duda, tiene que cambiar, porque no sólo están en juego derechos de ciudadanos, sino la propia estabilidad del sistema. Los deliberados incumplimientos minan la institucionalidad, angustian a la población y generan un clima de precariedad jurídica e inestabilidad general. La plena vigencia de los derechos humanos, el estado constitucional de derecho y el bienestar general, son deberes de la administración pública y del Poder Ejecutivo que están llamados a honrar oportuna e ineludiblemente.
Lo primero que hay que hacer es cambiar la actitud de la administración pública frente a las decisiones judiciales. Luego, crear unidades de ejecución de sentencias en las entidades públicas para materializar los mandatos de la autoridad y que, junto con el titular de la entidad, respondan por el cumplimiento de los fallos. Tercero, implementar un procedimiento ágil y expeditivo para la ejecución de sentencias. Finalmente, todo ello debe formar parte de una política que el Poder Ejecutivo está obligado a diseñar y poner en marcha para aliviar el drama de miles de ciudadanos que han vencido al Estado en juicio y reclaman la efectivización de derechos indiscutibles.
Publicado: 23/04/2013
En http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-incumplimiento-las-sentencias-judiciales-4758.aspx
Caricaturas y Derecho de rectificación
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En http://www.larepublica.pe/carlincaturas/carlincatura-del-19-04-2013-2013-04-19
Enrique Mendoza: Hemos hecho
fumigación en el Poder Judicial
El presidente de la Corte Suprema, Enrique Mendoza, aseguró que se ha realizado una “fumigación” en el Poder Judicial, sacando a 77 jueces por diversos motivos, aunque no especificó cuáles.
“Si se trata de fumigación, nosotros hemos hecho fumigación. Hemos sacado 77 jueces en tres años. Hemos limpiado. Eso no quiere decir que nos queden por ahí unos cuantos. Y esperamos poderlos reducir o sacar del Poder Judicial“, dijo a RPP Noticias.
“Estamos avanzando. Tenemos una reforma silenciosa que la estamos llevando adelante, con la medición de la productividad de los jueces, con estándares de carga de trabajo”, añadió, tras señalar que los resultados se verán en el corto plazo.
En tal sentido, Mendoza Ramírez explicó que el Poder Judicial emite al mes más de cien mil sentencias. “De esas sentencias, hay dos o tres que son muy polémicas o que crean problemas”, apuntó.
“Sin embargo, eso no quiere decir que tengamos que hacer una autocrítica. Lo que podemos avanzar en dos meses, basta que haya un juez que cometa un despropósito y nos trae abajo la imagen y las críticas, naturalmente”, acotó.
Niega filiación aprista
En otro momento, el presidente del Poder Judicial negó tener filiación aprista y, en ese sentido, exigió a un diario local rectificar una caricatura en la que aparece con el símbolo del APRA en el pecho.
“Le estoy enviando una carta a Carlín, a quien le tengo respeto, porque hace un buen trabajo, pero no puedo aceptarle, de ninguna manera, que me vengan a poner una filiación con un partido político”, refirió.
“No solamente porque es mentira, sino que afecta a mi cargo. ¿Qué le pasa a ese señor? Estoy mandando una carta bajo apercibimiento, sino lo denuncio”, añadió.
Al respecto, aseguró que denunciará al caricaturista si no hay una rectificación inmediata. “Yo nunca he hecho una denuncia a ningún periodista o a una persona que trabaja para un medio, pero voy a tener que hacerlo si no hay una rectificación inmediata”, apuntó.
Amenaza
Carlín aclara al presidente del Poder
Judicial que la caricatura es una ficción
Confrontación. Una ‘Carlincatura’ ha enfrentado aEnrique Mendoza y Carlos Tovar.
Enrique Mendoza anunció que envía una carta a “Carlín” para que se rectifique. “Si no, lo denuncio”, advirtió. El caricaturista dijo que él sólo había dibujado una situación imaginaria.
Alfonso Rivadeneyra.
La República publicó el viernes último, como todos los días, la opinión gráfica de Carlos Tovar ‘Carlín’, uno de los caricaturistas más destacados del país, pero ayer el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, se sintió aludido con esa imagen y advirtió que lo denunciará si no se rectifica.
En declaraciones a RPP Radio, Mendoza informó que enviará una carta al dibujante en protesta por la ‘Carlincatura’ “porque ahí me ponen en una comparsa con una estrella aprista en el pecho”.
“Sí, le estoy enviando una carta a Carlín, a quien, la verdad, le tengo respeto porque hace un buen trabajo, en una sola figura conjuga una situación política… pero no puedo aceptarle de ninguna manera a ese señor Carlín que me venga a poner una filiación con un partido político, de ninguna manera, no solamente porque es mentira sino que afecta mi cargo. ¿Qué le pasa a ese señor? Está bien que quiera hacer bromas, pero le estoy enviando una carta bajo apercibimiento, si no lo denuncio”, anotó.
La ‘Carlincatura’ muestra a un grupo de personas con la estrella del APRA en el pecho y el siguiente texto: “Para que tengan una idea de lo que pasa en Venezuela: es como que, aquí, el presidente de la Corte Suprema, el del Consejo de la Magistratura, el fiscal de la Nación y la mayoría del Tribunal Constitucional fueran del mismo partido. ¡Imagínense!”.
Consultado sobre tal amenaza, Tovar indicó que la imagen mencionada pertenece al campo de la ficción, por lo cual desconoce la preocupación del juez.
“Lo que he dibujado es una situación imaginaria y al final del texto dice‘¡imagínense!’. Así que no sé por qué el señor presidente del Poder Judicial se preocupa de situaciones imaginarias”, indicó el dibujante.
“Las caricaturas en general pertenecen al mundo de la ficción y, si bien reflejan la realidad, nunca pretenden ser una descripción exacta. Creo que el señor presidente está equivocado y más aún en este caso que, como repito, claramente se dice que es una situación imaginaria… y por último yo no he mencionado ni siquiera el nombre del presidente del Poder Judicial”, explicó.
Fumigaciones y algo más
Augusto Álvarez Rodrich
Corrupción, mediocridad y dependencia en la justicia.
La amenaza de Enrique Mendoza de enjuiciar –en el Poder Judicial (PJ) que él preside– al notable Carlín, agrega evidencia de que el sistema judicial en su conjunto necesita ser fumigado para erradicar plagas como la corrupción, la mediocridad y la dependencia política.
Ante una caricatura estupenda de Carlín en la que aparecen varias autoridades con una estrella en el pecho que los vincula al Apra, Mendoza negó la filiación, y anunció que le “estoy mandando una carta bajo apercibimiento, si no lo denuncio”.
La corrupción, mediocridad y dependencia política afecta a instituciones fundamentales como el PJ, Ministerio Público (MP), Tribunal Constitucional (TC), Policía (PNP) y, también, el derecho porque, lamentablemente, muchos abogados confunden su profesión con la mensajería de la coima que ‘aceita’ un sistema sustentado en la corrupción.
Este problema afecta la calidad de vida de las personas y la competitividad de la economía, entre muchas otras consecuencias negativas.
En ese contexto, Abugattás sugirió anteayer la fumigación del MP debido a una politización derivada del hecho de haberse convertido en un refugio de apristas investigados.
Las respuestas institucionales han tenido escasa credibilidad. Cuando Abugattás dijo que “los abogados hacen leguleyada y media para sacar de los delincuentes de la cárcel en menos de 24 horas”, el decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Chanamé, rechazó el comentario y dijo que en el año 2012 sancionaron a 200 abogados.
En cuanto al PJ, Mendoza dijo ayer que “hemos hecho fumigación: sacamos 77 jueces en tres años”.
Sobre el MP, Abugattás ha advertido que hay corruptos y que está controlado por el Apra para enjuagar las fechorías de sus integrantes. La respuesta: un comunicado de la junta de fiscales supremos rechazando “enérgicamente las ofensas, injurias, agravios e imputaciones” y solicitando a la Comisión de Ética del Congreso que sancione a Abugattás.
Asimismo, el congresista Víctor Andrés García Belaunde señaló hace poco que los fallos del TC se subastan, mientras que el problema de corrupción de la PNP es antiguo, clamoroso y difícil de erradicar.
No se puede generalizar, por supuesto, pues hay jueces, fiscales, tribunos y policías honestos, pero en estos predios también abundan, penosamente, muchos asaltantes.
La solución a la corrupción, la mediocridad y la dependencia política empieza por reconocer el problema. Pero si cada vez que esto se hace notar se va a recibir como respuesta la negación de la verdad, o una amenaza, lo único que va a ocurrir es la perpetuación del problema, que es lo que viene ocurriendo desde hace tanto tiempo.
En http://www.larepublica.pe/columnistas/claro-y-directo/fumigaciones-y-algo-mas-20-04-2013
Carlín responde a Mendoza y afirma que
no cabe rectificación
´Yo lo único que puedo hacer es una aclaración. Se trata de una situación imaginaria, nada más´, comentó el caricaturista en diálogo con RPP Noticias.
El caricaturista Carlos Tovar, más conocido como “Carlín”, señaló que el pedido de rectificaciónhecho por el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, quien expresó su molestia por una imagen en la que aparece con la estrella aprista en el pecho, no tiene cabida, ya que su imagen representa una “situación imaginaria”.
“Lo que está pidiendo (Mendoza) es una rectificación, pero no cabe en este caso. Yo lo único que puedo hacer es una aclaración. Se trata de una situación imaginaria, nada más“, señaló en diálogo con RPP Noticias.
“Nadie puede ser demandado por una situación imaginaria, solo que sea una demanda imaginaria. De repente, el presidente (del Poder Judicial) me quiere hacer una demanda imaginaria, también. Eso sería divertido”, ironizó.
En ese sentido, “Carlín” señaló que la caricatura a la que Mendoza hace referencia deja muy claro que la situación es imaginaria. “Me sorprende que el magistrado no se haya dado cuenta de eso”, sentenció.
“Además que a él no se le menciona con su nombre. Supongo que se ha sentido identificado con alguno de los personajes del dibujo”, añadió.
Finalmente, el artista dijo que, si el titular del Poder Judicial lo llega a demandar, presentará su queja ante el presidente de la Corte Suprema, a la sazón, el mismo Mendoza.
“En el peor de los casos, si me demandara, no me quedará más remedio que quejarme yo, y no voy a parar hasta llegar con mi queja hasta el mismo presidente de la Corte Suprema”, apuntó.
Pide más correa
García Toma sobre la caricatura de
Carlín: “Ha sido un error la denuncia”
El ex ministro de Justicia dijo que él se habría reído de la caricatura.
“Yo me habría reído, porque la verdad que la caricatura es muy buena”, refirió el ex titular de Justicia.
El ex ministro de Justicia Víctor García Toma aseveró que el titular del Poder Judicial,Enrique Mendoza, no se debe tomar tan en serio la caricatura de Carlos Tovar, “Carlín”. “Debe tener correa y no picarse”, dijo.
“Yo me habría reído, porque la verdad que la caricatura es muy buena. En segundo lugar, si no me hubiese reído, creo que tengo que mostrar tolerancia, digamos quien ingresa a este tipo de actividades tiene que tener mucha correa y no picarse”, declaró a Ideeleradio.
En tanto, Enrique Mendoza anunció que denunciaría al caricaturista de este diario si no se rectifica de lo difundido en su viñeta.
“(Esta vinculación) lo va a obligar a adoptar medidas, digamos, para tratar de decir ‘yo no soy (aprista)’ y tratar de no ser incomodado a través de este tipo de expresiones artísticas y se pierde perspectiva. Me parece que ha sido un error (el anuncio de denuncia)”, agregó García Toma.
Poder Judicial abre espacio de diálogo por nivelación de sueldos de jueces
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El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza Ramírez, informó hoy que su gestión ha abierto el diálogo con el Poder Ejecutivo respecto al tema de las remuneraciones de los jueces superiores, especializados y mixtos, y de paz letrados.
Remarcó que “es fundamental buscar una solución para que se cumplan las leyes con respecto a los reclamos vinculados con las remuneraciones de los jueces”.
Según dijo, el reclamo de los jueces no sólo se basa en el principio de legalidad sino en el convencimiento técnico de que una mejora salarial traerá consecuencias positivas para el sistema de justicia.
“Es un tema de principios y de fines y objetivos”, puntualizó.
Asimismo realizó una autocrítica respecto a la labor que cumplen algunos jueces en desmedro de la imagen del Poder Judicial, aunque, remarcó, se tratan de hechos puntuales.
En ese sentido, pidió separar estas situaciones de la buena labor que realiza la gran mayoría de los magistrados del Poder Judicial.
El titular del PJ declaró tras participar en la Séptima Reunión Anual 2013 de Presidentes y Administradores de Cortes Superiores de Justicia que se realiza en la ciudad de Huaraz, que culmina esta tarde.
ANDINA
Oidor o juez
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Raúl Chaname Orbe
La colonia nos legó un sistema judicial basado en el oidor que ejercía justicia en nombre del Rey, sus sentencias se ajustaban al interés de la corona; cuando se instala la primera Corte Suprema fue nombrado vocal Manuel Lorenzo de Vidaurre (1773-1841) – un ex oidor disidente-, por decreto del Libertador Simón Bolívar.
Ni el oidor virreinal ni el juez republicano fueron producto de un consenso social, sino un simple personero de un poder político unilateral. La Constitución de 1828 quiso superar esta dependencia, estableciendo un Poder Judicial simbólicamente independiente, la Carta Magna además dejaba abierta la posibilidad a la conciliación y a los jurados del pueblo, de ese impulso nacieron los jueces de paz a mediados del siglo XIX.
A pesar de los textos constitucionales, los jueces siguieron actuando como oidores, a tal extremo que hasta antes de la vigencia del Código Civil de 1852 se aplicaban las antiguas Leyes de Indias: el Fuero Juzgo, las Siete Partidas y la Recopilación de Castilla. Era una república nominal con normatividad colonial.
La estructura judicial careció de poder y autonomía, fue dependiente del Ejecutivo y ocasionalmente del Legislativo. Primó Maquiavelo sobre Montesquieu. Tuvo más fuerza el decreto que la sentencia.
Ni el Palacio de Justicia fue arquitectura de la magistratura, sino edificación inconclusa de la magnificencia de Augusto B. Leguía, quien copió la Corte de Bruselas en medio de un paisaje rocoso de injusticias. Tuvimos Palacio antes que un Código Civil moderno, ladrillos antes que jurisprudencia, mármol antes que casación.
Se achaca la crisis de la magistratura a la designación politizada del juez vía el Senado (Constitución de 1933 y 1979), pasamos al nombramiento técnico vía el Consejo Nacional de la Magistratura. También se adujo el bajo nivel académico de los magistrados, creamos la Academia de la Magistratura. Se incrementó la remuneración, se reclamó el bono, se demandó la homologación. Todo ello ha sido insuficiente.
A su escasa aprobación ciudadana, se suman sentencias de procesos constitucionales que lejos de proteger bienes jurídicos superiores, envilecen las libertades a través de una retórica ilógica y carente de respaldo jurídico, que incrementa la desconfianza en el sistema judicial.
Si queremos superar la época del oidor, debemos hacer efectivo el mandato constitucional, que impida politizar la judicatura –expresión extrema de la renuncia a su autonomía- para hacer que las sentencias sean el resultado de un poder sin menoscabo, liberado de las vernalidades, el lobby económico o la presión mediática. Desterremos al oidor servil y que emerja el juez íntegro que construya el Estado de Jure que la República merece.
Falta una mayor protección para los convivientes
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Reconocen derechos sucesorios a uniones de hecho.
El reconocimiento de derechos sucesorios entre los miembros de uniones de hecho responde a las actuales previsiones constitucionales y es un paso importante dentro del carácter democrático, inclusivo e igualitario del derecho familiar contemporáneo.
Así lo sostuvieron diversos especialistas en derecho de familia al comentar la Ley N° 30007, que oficializa este reconocimiento y modifica los códigos civil y procesal civil, y la Ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos en sus partes pertinentes.
Al respecto, el experto en derecho de familia Enrique Varsi sostuvo que la norma llena un vacío en lo referente a la discriminación sucesoria entre cónyuges y convivientes. “Era un clamor popular por las tantas personas que conviven sin tener impedimento para casarse”, detalló.
Opinó que si bien la ley cumple con el fin del derecho familiar contemporáneo sustentado en un criterio democrático, inclusivo, de igualdad y equidad entre todos los sujetos relacionados familiarmente, este es solo un peldaño más que se supera para que la convivencia pueda estar completamente a tono con el matrimonio.
“Aún faltan por superar muchos otros peldaños más para equipararlos”, agregó el experto, quien sostuvo que en la actualidad entre convivientes no se puede adoptar a un niño, ni la conviviente puede tener el apellido de su compañero, por lo que la convivencia no termina siendo un estado civil debidamente reconocido.
Para el experto en derecho de familia Alex Plácido, la norma se sustenta en que la familia que nace de una unión de hecho merece la protección constitucional.
Justificación
A su juicio, bajo esa premisa y atendiendo a los fundamentos del derecho sucesorio, como es la protección a la familia, están claras las razones para reconocer derechos hereditarios entre convivientes.
Agregó que el Código Civil seguía el modelo de familia matrimonial de la Constitución de 1979, por lo que no se reconocían derechos hereditarios a los convivientes. “Las previsiones de la Constitución de 1993 no estuvieron presentes en el legislador del Código Civil, que data de 1984.”
Sin embargo, en el nuevo panorama constitucional, donde el modelo de familia es más comprensivo a otros tipos de familia, la decisión del legislador era muy esperada para los convivientes.
Según la Ley Nº 30007, la demanda para estos casos deberá acompañarse con la prueba de la calidad de sobreviviente de la unión de hecho. A la solicitud de sucesión intestada se deberá acompañar la constancia de inscripción de la unión de hecho en el Registro Personal.
Nuevas disposiciones
La ley reconoce derechos sucesorios entre un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que conforman una unión de hecho inscrita en el Registro Personal, de conformidad con el Art. 49 de la Ley Nº 26662, o reconocida por la vía judicial que reúna las condiciones señaladas en el Art. 326 del Código Civil y esté vigente al momento del fallecimiento de cualquiera de sus miembros. Son herederos forzosos los hijos y demás descendientes, padres y demás ascendientes, el cónyuge o, en su caso, el integrante sobreviviente de la unión de hecho..
Reacciones
“Hay que hacer una interpretación sistemática del ordenamiento, la unión de hecho debe cumplir las condiciones previstas en el
Art. 5 de la Constitución.”
Alex Plácido
Experto en derecho de familia
“El derecho sucesorio termina siendo un derecho humano que tiene toda persona de participar, luego de la muerte de otra, en el patrimonio”.
Enrique Varsi
Experto en derecho de familia
Publicado: 20/04/2013
En http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia-falta-una-mayor-proteccion-para-los-convivientes-4666.aspx
Usuario: Dra. Lorena
ID de usuario:
Host: 190.237.178.5
Comentario:Estimado Doctor Abanto, existe un error en la publicación que ha realizado en el presente articulo, ya que la modificación a la que hace referencia con respecto a ley del notariado ley 26662, está siendo modificada por la ley Nº 30007 sobre el reconocimiento del derecho a heredar por parte de los convivientes, dicha ley modifica el inciso 4 del artículo 39 de la ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos, y no como equivocadamente ha consignado en su artículo de conformidad con el artículo 49 de la ley 26662 ya que dicho artículo NO EXISTE; ello a fin de no brindar información errada al público, Gracias
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Comentario:Estimado Doctor Abanto, existe un error en la publicación que ha realizado en el presente articulo, ya que la modificación a la que hace referencia con respecto a ley del notariado ley 26662, está siendo modificada por la ley Nº 30007 sobre el reconocimiento del derecho a heredar por parte de los convivientes, dicha ley modifica el inciso 4 del artículo 39 de la ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos, y no como equivocadamente ha consignado en su artículo de conformidad con el artículo 49 de la ley 26662 ya que dicho artículo NO EXISTE; ello a fin de no brindar información errada al público, Gracias
Antonia Saquicuray Sánchez
TRAVESURAS DEL DESTINO Y TRAPISONDAS DE LA MAFIA
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Nicolás Yerovi – PARA LE MONDE DIPLOMATIQUE
El escritor que se plagió a sí mismo Once años de hostigamiento y persecución contra un periodista insobornable
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Imagínese que usted, ilustrado lector, soñó de niño con ser un Premio Nobel de Física, un eximio ebanista, un celebrado perito en matemáticas puras, un endocrinólogo de postín o un talabartero distinguido, pero no, señor, la naturaleza le mezquinó tales capacidades, confinándolo al dudosamente bien visto y peor remunerado talento creativo y, a falta de mejor opción, no tuvo para elegir más que la abnegada y procelosa profesión de escritor. Travesuras del destino. Imagínese que usted se consuela –mal de varios-, coligiendo que tanto su padre como su abuelo hubieron de afrontar similar carestía de dones, motivo por el cual se vieron precisados de acometer, al igual que usted, la literatura y el periodismo. Imagínese, plácido lector, que a fines de 1998, lleva más de veintiocho años de vida pública, ha cursado el bachillerato en Letras y Ciencias Humanas y el doctorado en Lingüística y Literatura Española, ha publicado siete libros de poemas, ha escrito diecisiete obras teatrales, todas ellas representadas durante varias temporadas, ha creado y publicado decenas de miles de páginas en todos los periódicos y revistas del Perú y algunos del extranjero, además de hacerlo en su propio semanario satírico, aquel que fundara su abuelo en 1905 y usted hiciera renacer hacia 1976, en plena dictadura militar y a lo largo de 541 ediciones. Imagínese que aguarda, con ilusión casi pueril, tener entre sus manos la primera novela que ha escrito, titulada Más allá del aroma, impresa en Bogotá, Colombia, por la editorial PEISA. De pronto, cuando eufórico se hallaba ante el regocijo del alumbramiento, aparece y se vende una edición pirata, mutilada y adulterada de su novela, Más allá del aroma, cuya impresión clandestina ha corrido por cuenta de alguien que jamás en su vida hubo escrito ni impreso nada más que su tarjeta de visita o su parte matrimonial. Vaya ironía la que debe afrontar un ironista. Imagínese, cándido lector, que usted y la editorial que posee los derechos de publicación de su novela, PEISA, recurren al INDECOPI para denunciar el delito, considerando que, además, su novela posee una partida de autoría en el propio INDECOPI fechada el 6 de abril de 1998, registrada sin ninguna observación, por cierto. El INDECOPI ordena la incautación de la edición ilegal, la policía realiza el decomiso el 30 de diciembre de 1998 y el 5 de febrero de 1999 el pirata suscribe un acta de conciliación en las oficinas del INDECOPI –oronda confesión de culpa-, en presencia de su propio abogado y de la autoridad administrativa, reconociendo que usted es el autor de Más allá del aroma, comprometiéndose a no volver a publicarla jamás y a pagar una indemnización, cuyo monto discute con los agraviados, usted y la editorial PEISA, por lo tanto, el INDECOPI cita a los denunciantes y al denunciado pirata, para tratar ese único tema quince días después. Usted, candoroso lector, ya da por finalizado el episodio. Al fin y al cabo, más claro no puede estar el latrocinio. Olvida tan sólo un detalle, olvida que esto le ha sucedido a usted en el Perú asolado por la dictadura del japonés volador y su socio Montesinos. Vaya olvido, el de aquella tiranía corrupta de la cual usted se ha ocupado fervorosa y sarcásticamente todos los días en el diario La República y en el semanario que lleva su nombre propio. Olvida además que, primero, esta mafia intentó sobornarlo ofreciéndole el cielo en papel de regalo, utilizando para ello al padre de un compañero de estudios de la infancia y, segundo, a un general de la policía levemente allegado. Pero usted soltó la carcajada al oír tal despropósito y aseguró que los llamaría, después de sopesar tanta generosidad. Ellos pensaron que usted buscaba negociar las dimensiones de la gloria, pero se aburrieron de esperarlo. Muy cachaciento es usted, francamente. Pronto habría de constarle -ya que antes tan sólo lo sospechaba-, que su verdadera tragedia era ser peruano, honrado e insobornable al mismo tiempo. Demasiados requisitos, en pocas palabras, para ser feliz. Así las cosas ocurrieron, de improviso, tanto el disparate como la infamia. La propia Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI que presenció la confesión del denunciado pirata, pocas semanas después “vuelve la tortilla”, convierte al confeso delincuente en autor y a usted en pirata. Tras ocho meses de tinterilladas indignantes, risibles e innumerables, la Oficina de Derechos de Autor cancela su registro de autoría y lo denuncia ante el Ministerio Público. Trapisondas de la mafia. PEISA y usted apelan a la instancia superior, el Tribunal de Defensa de la Propiedad Intelectual, quien hacia septiembre del 2000 ratifica la vileza anterior, lo multa, embarga sus cuentas bancarias y lo despoja de su obra. Pero aún más, el tribunal prevaricador señala en su resolución, textualmente, lo siguiente: “…el denunciado (es decir, usted) a través de los medios de comunicación –diario La República- ha pretendido burlarse y ridiculizar las decisiones del INDECOPI así como de los funcionarios que las expidieron, llegando a poner en tela de juicio la objetividad e imparcialidad con que actúa la Autoridad administrativa. Tales circunstancias serán tomadas en cuenta al momento de fijar la multa”. De tanta impunidad se sentía gozador el citado tribunal que alardeaba de violentar la libertad de expresión. Imagínese usted, zarandeado lector, que después de aquello se debate en cavilaciones. ¿Qué podía haber sucedido con el criterio de aquellos funcionarios nombrados por el gobierno dictatorial de la mafia? ¿Corrupción? No, por Dios, cuándo había habido corrupción en el Perú, mucho menos en aquella década registrada, como luego se sabría, por los “vladivideos”. ¿Ignorancia? Qué locura, ¿cuándo un servidor público peruano había sido un nesciente conspicuo o un célebre ignaro? ¿Quizás llana oligofrenia, debilidad mental? Mucho menos. ¿En el Perú? Jamás. Habían pasado veinticinco meses desde que el pirata confesara su delito y usted había sido expoliado de su derecho a la propiedad intelectual por la entidad encargada de defenderlo. ¿No era divino? El tribunal mentado, ebrio del poder del cual se ufanaba esa dictadura farsesca, había omitido prestar atención al oficio de la Defensoría del Pueblo que le daba la razón a usted y a PEISA. Imagínese, vapuleado lector, que usted y PEISA apelan a la Sala Civil de la Corte Suprema y que ésta -seis años después del 5 de febrero de 1999 cuando el victimario era aún victimario y, además, confeso-, en el 2005, ratifica lo dicho por el prevaricador INDECOPI en sus dos instancias y prevarica también, ignorando un nuevo oficio de la Defensoría del Pueblo. Imagínese por un instante, candoroso lector, que usted pensó para entonces que ya había pasado lo peor, pero se equivocaba. El mediodía del 10 de enero del 2007, cuando usted regresó a casa después de enterrar a su madre, a quien había cuidado diariamente los últimos dieciséis años de su vida, encontró bajo la puerta una orden judicial del Sexto Juzgado Penal de Lima, obligándolo, de grado o fuerza, a concurrir el 14 de febrero para escuchar su sentencia por el delito contra la propiedad intelectual. ¿Se está usted divirtiendo, condenado lector? Imagínese que por primera vez, en junio del 2007, obtiene una victoria judicial en la sala Superior Penal, que anula la estólida sentencia de la instancia inferior y ordena la extinción de todos sus antecedentes policiales y penales. Usted no puede creerlo, naturalmente. Imagínese que en septiembre del 2009 logra otro triunfo procesal, cuando la sala Constitucional de la Corte Suprema anula el fallo de la Sala Civil de esa misma Corte, que lo había condenado, y dispone que ésta vuelva a estudiar el caso y se rectifique. Imagínese que esta mañana usted acaba de regresar del Palacio de Justicia, luego de asistir al informe oral de la causa ante los nuevos miembros de la misma Sala Civil que hace cuatro años prevaricara, condenándolo por “plagiarse a sí mismo”, como ha dado en llamar la prensa internacional a su caso. No, mejor no se imagine nada. Para qué. Es tan feo el masoquismo… |
| 28 de Marzo de 2013 |
Reducir la delincuencia
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Carlos Hugo Falconí Robles (*)
Cuál es la respuesta a esta vieja problemática de cuando reducir el índice delincuencial en un mundo polarizado cuyas diferencias entre pobres y ricos resultan abismales, lo que constituye un peligro para la paz social que se anhela. La respuesta es que sí es hora de reducir el índice delincuencial, aplicándose una política estatal que así lo determine.
Para ello se debe establecer la regla básica del Estado, cual es, generar trabajo masivo para desocupados mediante la preparación a los jóvenes en carreras técnicas que la empresas realmente necesitan a fin de que estén aptos para conseguir trabajo, hoy gracias a la políticas estatales de inclusión social es posible cambiar esa realidad con medidas económicas estratégicas en bien de todos los peruanos.
Asimismo es esencial impulsar una política de apoyo a la pequeña y mediana empresa, tenemos el ejemplo del penal de San Pedro de Lurigancho donde los internos se han organizado mediante la asociación de micro y pequeños empresarios y actualmente parte de su producción vinculada al rubro de artesanía ya se exporta al extranjero. El trabajo los dignifica y los esfuerzos de estas personas también contribuyen simultáneamente al desarrollo económico del país.
Por otro lado, es necesario esclarecer que el Código Penal vigente tiene como fin prevenir los delitos y faltas. Para consolidar esa función de prevención, los jueces están contribuyendo a la prevención colaborando en el Programa “Justicia en Tu Comunidad”, el cual difunde charlas en temas penales en los centros escolares de todos los niveles, efectivizando el principio de publicidad y advertencia sobre la comisión de nuevos delitos.
Ejecutando estas medidas saldremos de ser un país tercermundista a una civilización desarrollada, también lograremos reducir drásticamente las desigualdades sociales y con ello la criminalidad; es hora de reducir el índice delincuencial, la trata de personas en diversas modalidades, el narcotráfico, etc. El trabajo masivo cambiará esta dura realidad que parece insuperable. El Poder Judicial y el Ministerio Público, que no tienen un presupuesto adecuado, tramitarán menos procesos, al bajar el índice delincuencial. Lograremos así una sociedad que nos acerque a la justicia y a la paz social.
(*) Juez integrante del programa social “Justicia en tu Comunidad” de la Corte de Lima