Archivo de la etiqueta: Minería

COMO EVALUAR LA INDUSTRIA MINERA PERUANA

[Visto: 2099 veces]

Comenzaré repitiendo el viejo aforismo de que crisis significa también oportunidad para tratar este asunto de Conga y del futuro de las industrias extractivas en el Perú. En primer lugar creo que está claro que el modelo (Arellano, 2011) de relación estado, empresa, comunidad (un nuevo triángulo sin base podría decir Cotler), que dejaba toda la responsabilidad de desarrollo local a lo que pudieran hacer las empresas a cambio de las mayores ventajas para la realización de sus actividades, no va más.

20111205-q1.jpg

El modelo funcionó en los 1990 cuando el Perú salía de una guerra, el Estado no tenía recursos, los riesgos de inversión eran altos, y el tejido social estaba hecho girones en todos los niveles. A inicios de siglo este el modelo se expande no sin mostrar los síntomas de la crisis actual, y un aumento de la conflictividad social. Ya hacia finales del gobierno de García (2006-2011) varios proyectos se habían detenido, a una empresa se le quitó el permiso para operar utilizando las aguas de la Laguna de Conococha en Recuay, la Southern no pudo dar inicio al proyecto Tía María en Arequipa por un tema relacionado con el uso del agua, en Puno los campesinos marcharon contra la minería informal que contaminaba las aguas del Ramis. Los argumentos de los pobladores y sus representantes utilizaban con más frecuencia y radicalidad los argumentos ambientales. No había ninguna razón para que Conga no fuera diferente.

De otra parte el modelo fue tan inorgánico que casi podríamos decir que alentó la minería informal, apoyada ciertamente por los intereses inmediatistas que suelen animar a los gobiernos regionales ávidos de apoyo y de algunos ingresos extra, creando con ello nuevos problemas que producen nuevos espirales de violencia.

En resumen, el modelo de industria extractiva en el Perú está en cuestión, y al parecer ha llegado la hora de modificar las reglas del juego. Esto ha pasado muchas veces en nuestra historia, y en la de los países vecinos, y hemos tomado todos los caminos, menos el de ponernos a trabajar juntos para solucionar los problemas.

Apuntando en esta dirección es que presentamos una metodología de trabajo para evaluar nuestra minería es que queremos en este artículo dar a conocer la experiencia del Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible (IIDS) que en 2003 publicó “Siete preguntas para evaluar la sostenibilidad” un trabajo diseñado por Donald Berg y en el que además de expertos participaron las más importantes compañías mineras del mundo, varias de las cuales operan hoy en el Perú.

Las preguntas que se plantea el documento giran en torno a generar criterios e indicadores que permitan evaluar la compatibilidad de los proyectos mineros, independientemente de su fase de ejecución, con los principios del desarrollo sostenible. Es decir que sean compatibles con el desarrollo de otras actividades, permitan mejorar las condiciones de vida de la población del entorno, y sean amigables con la naturaleza. Y de esta manera contribuir a mejorar el sistema minero y a crear las bases para la cooperación e interrelación de los diversos grupos de interés vinculados a los diversos proyectos.

La primera lección que aparece luego de su lectura es que debemos considerar al conjunto de las actividades mineras en cada país y, determinar la fase y características de cada uno de ellas. No se trata de tomar a los proyectos en conflicto, o cuestionados, hay que revisarlo todo. Esto supone plantearse cuando menos los siguientes paquetes de preguntas:

A. ¿Cuál es el perfil de la minería peruana hoy? ¿Qué tipo de empresas participan? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué importancia tienen en la economía del sector?
B. Tomando en cuenta la perspectiva de los diferentes actores involucrados ¿Cuál es la contribución y relaciones de la minería con la población, sus comunidades, ecosistemas, tradiciones y economías? ¿Qué cambios se han producido en el tiempo?
C. ¿Cuáles son los principios, criterios y/o indicadores prácticos que puedan ser utilizados para dirigir o comprobar la exploración, diseño y operación de proyectos individuales y monitorear su desempeño? ¿Cuáles de ellos existen y son compatibles con los conceptos de sostenibilidad, y cuáles debe generarse? ¿Cómo y a través que mecanismos se hace el monitoreo para que sea efectivo?
D. ¿Cómo elaborar una agenda con medidas y fechas para que opere el cambio en las industrias extractivas en el que se encuentren y trabajen juntos los diferentes grupos de interés?
E. ¿Existen procesos de compromiso? y, si así fuera, ¿son eficaces? ¿Se mantendrá o mejorará el bienestar de la población? ¿Se está garantizando la integridad del medio ambiente a largo plazo? ¿Se ha garantizado la viabilidad económica del proyecto u operación y la economía de la comunidad y la economía en general mejorarán como resultado del proyecto u operación? ¿Están integradas de manera aceptable para las comunidades locales las actividades tradicionales y comerciales que realizan? ¿Existen reglas, incentivos y programas, así como las habilidades necesarias, para hacer frente a las consecuencias del proyecto o de las operaciones? ¿Existe una síntesis completa que muestre si el resultado neto será positivo o negativo a largo plazo, y habrá reevaluaciones periódicas?

Hay una minería en operación y otro paquete de proyectos por comenzar, si queremos que esta actividad sirva para el desarrollo del país en el corto y largo plazo, requerimos ponernos de acuerdo, fijando incluso los plazos para la revisión de lo que podamos acordar hoy y tengamos que cambiar en el futuro. Finalmente hay que agregar que ya contamos con experiencias, materiales y normas –como la ley de consulta- para iniciar esta evaluación, y así tomar decisiones sobre los cambios a realizar.

FFR
—–
ARELLANO, Javier (2011) ¿Minería sin fronteras?. PUCP, IEP UARM.
IIDS (2003) “Siete preguntas para evaluar la sostenibilidad”. ISBN 1-895536-78-2

Sigue leyendo

Hacia un cambio de la política minera peruana

[Visto: 1790 veces]

La mayor recaudación de los beneficios de la minería a favor del estado peruano aparece como un logro de la nueva política minera a la que se comprometió el presidente Humala. A ella se suma la promulgación de la ley de consulta previa a los pueblos indígenas cuyo reglamento debe promulgarse en breve, así como la intención de fortalecer Petroperú para convertirla en una gran empresa pública competitiva. No hay sin embargo señales respecto de lo que pasará con el marco institucional desde donde se regulan las actividades extractivas, ni sobre la necesidad de establecer en que lugares del territorio se pueden desarrollar o no actividades mineras. Dicho de otra manera el gobierno tiene respuestas de corto plazo, pero tanto el mediano como el largo plazo aparecen aún borrosos.

¿Qué impacto ha tenido sobre el sector extractivo? Los inversionistas esperan tener la nueva visión de conjunto para iniciar nuevas exploraciones o proyectos, mientras tanto se mantiene la inercia definida con las reglas de la etapa anterior. Por otro lado, los conflictos sociales relacionados con la minería y los hidrocarburos se mantiene funcionando también dentro de los parámetros anteriores como muestra el reciente conflicto en torno a las inversiones de Yanacocha en el proyecto Conga (Cajamarca) en el que participan Newmont Mining Corporation (51,35%), Compañía de Minas Buenaventura (43.65%) e International Finance Corporation – IFC (5%).

20111030-caratula arellano.png

En la reciente publicación de Javier Arellano, ¿Minería sin fronteras? Señala que las actividades referidas a la minería adolecen de tres problemas fundamentales: El primero tiene que ver con la captura que las empresas han hecho del estado, captura que quedaría en suspenso a partir del gobierno de Humala. Esta captura se expresa en algo tangible, a saber la incapacidad del estado para asumir, al menos en parte, los intereses de los afectados. El segundo se refiere a los condicionantes de una incapacidad de os gobiernos regionales y locales, que orienta el desarrollo de sus intereses en beneficio de quienes circunstancialmente los dirigen. Un tercer nivel de problema se sitúa a nivel de los conflictos sociales mismos, en la incapacidad de las instituciones públicas para hacer efectivo el cumplimiento de la ley.

Lo anterior configura una situación de equilibrio precario de los acuerdos entre las empresas y las comunidades, o poblaciones locales. Al respecto Arellano hace un aporte importante, la fragilidad de la relación resulta de un pacto de corto plazo en el que hay por lo menos tres actores, las autoridades locales, las nacionales y las empresas. Al contrario de lo que puede opinarse, no parce haber una oposición de los pueblos a la industria extractiva en particular. De lo que se trata para las partes es de cómo establecer la relación más beneficiosa en el corto plazo. Los conceptos de relación con las “generaciones futuras”, o límites al deterioro del medio ambiente como mecanismo de contención al cambio climático, son ideas o conceptos ausentes. Los pobladores buscan el mayor provecho y en esa medida utilizan los instrumentos de presión y negociación que tienen a la mano: la exigencia de una consulta popular, la protección de los medios de vida consuetudinarios, mejores condiciones al diseño de modo que procuren el mayor beneficio local, el aumento de las oportunidades laborales a nivel local, y finalmente elementos de planificación territorial que definan de mejor manera los límites de la actividad.

Si afectamos las causas definidas por Arellano el resultado sería el de acuerdos de mediano o largo plazo en los que participan el estado (en sus diferentes niveles de acción), las empresas y los pobladores. Falta entonces para caminar en esa dirección que las instituciones reguladoras se fortalezcan y que por ejemplo la realización de los Estudios de Impacto Ambiental tenga financiamiento independiente y su aprobación no dependa del mismo organismo que aprueba las concesiones, como lo es en la actualidad; se requieren de fortalecimiento de las organizaciones regionales, de aumento de las capacidades de gestión pública; además de un sistema de consulta basado en una relación abierta e informada con los pobladores; y finalmente que sean las organizaciones públicas y de pobladores los que construyan planes de desarrollo local en los que las empresas son un actor más.

ffr

Sigue leyendo

GUATEMALA, fuentes de información de la industria extractiva

[Visto: 1244 veces]

Públicas:

 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (MARN)

CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS (CONAP)

PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA

 

Institutos:

 

Instituto Nacional de Estadística

Instituto Nacional De Electrificación (INDE)

Instituto Geográfico Nacional -IGN

 

Organizaciones:

 

La Sociedad Geológica de Guatemala (SGG)

Cámara de industria de Guatemala

 

Otras relacionadas:

CENTRARSE

Guatemala contaminada

Albedrío

FLACSO Guatemala

Centro de Investigaciones Económicas Nacionales – CIEN

FUNDESA

Invest in Guatemala

Sigue leyendo

Colombia Minería, conflictos socioambientales – 2010

[Visto: 1795 veces]

“Conflictos socio-ambientales por la extracción minera en Colombia: Casos de la INVERSIÓN BRITÁNICA”
20110819-censat 2010.png
Amigos de la Tierra Colombia
Autores: Andrés Idárraga Franco, Diego Andrés Muñoz Casallas, Hildebrando Vélez Galeano
Enero de 2010. En: CENSAT

“El informe se divide en dos grandes partes. En la primera se dan indicaciones generales sobre la investigación, se sintetiza el estado actual de la minería en Colombia, se definen los criterios de selección de las empresas abordadas y se identifican los problemas que suscita la extracción minera en el país con una contextualización geopolítica, económica y normativa. En la segunda parte, se hace la descripción de los conflictos socio-ambientales, a partir de la caracterización de las empresas mineras implicadas en los proyectos, los impactos generados y las acciones de comunidades y organizaciones”

Sus objetivos son:

• Caracterizar las empresas que adelantan proyectos mineros en Colombia y que cuentan con participación británica.
• Identificar los proyectos mineros desarrollados por estas empresas y caracterizar los impactos socio-ambientales y territoriales que han generado.
• Identificar las capacidades organizativas a nivel regional, nacional e internacional y los procesos de articulación entre las diversas comunidades y organizaciones afectadas por la minería o solidarizadas con los perjudicados.

Los autores plantean en la introducción algunas interrogantes que definen la orientación de sus indagaciones. Sostienen que “habría que preguntarse ¿qué tan necesaria es la minería? y ¿para quién? y ¿para qué tipo de desarrollo?” Así tenemos que al mismo tiempo que se usan materiales para la construcción de las ciudades e industrias, éstos mismos se convierten también en desechos de bajo nivel de reciclaje que terminan contaminando las áreas rurales adyacentes.

Los ciclos de uso y extracción-producción de los productos mineros, señalan, suelen menospreciarse en los análisis de impacto. De otro lado no existen métodos que permitan traducir esos impactos en costos y en restauración ambiental.

Un segundo impacto del desarrollo de la minería en Colombia es su contribución a la reprimarización de la economía. Así las modificaciones legales manifiestas en “el desmonte progresivo de los mecanismos de audiencia y consulta pública y la reducción y eliminación de requisitos para autorizar licencias ambientales a las operaciones de las empresas del sector de hidrocarburos, de la gran minería y de las grandes obras de infraestructura, donde está principalmente concentrado el capital transnacional” (Vélez, 2004: 8).

Un tercer impacto es el financiero, la economía de la minería actual se basa en criterios de escasez absoluta y relativa de materiales de bajo reciclaje, que generan dinámicas financieras especulativas que distorsionan el funcionamiento de los mercados alternativos.

Ahora bien, yendo más allá de estas consecuencias, los afectados e interesados optan por diferentes alternativas:

• Paternariado (1) Acuerdos entre organizaciones y empresas para tener un plan común. Caso Greenpeace y UICN con Shell, la cual determinó el retiro de Amigos de la Tierra de UICN.
• Contractual. Las comunidades hacen un tipo de acuerdo contractual de las empresas.
• Diálogo. No hay contrato pero hay acuerdos. Opera mucho el paternalismo y la relación individual con el líder comunitario.
Formas de resistencia que son organizadas y que procuran la defensa de los territorios pero que no son opuestas a la minería.
• Boicot.

El informe trata de establecer las distintas formas de reacción, así como el contexto en el que éstas se definen.

Tabla de Contenido

INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS
METODOLOGÍA
LA MINERÍA EN COLOMBIA Y LA INVERSIÓN BRITÁNICA PROBLEMA
MARCO LEGAL MINERO EN COLOMBIA
Plan Nacional para el Desarrollo Minero (PNDM) visión 2019: ¿Colombia un país minero?
Territorio, derechos y transnacionales.
El Derecho, los derechos y su relación con la actividad de transnacionales mineras
PROYECTOS MINEROS CON PARTICIPACIÓN BRITÁNICA EN COLOMBIA Y SUS IMPACTOS SOCIO-AMBIENTALES
• CARBONES DEL CERREJÓN LLC
• BHP BILLITON
• ANGLO AMERICAN PLC
• ANGLOGOLD ASHANTI
• CAMBRIDGE MINERAL RESOURCES PLC
• RIO TINTO
LISTADO DE ACCIONES DE LAS COMUNIDADES Y LAS ORGANIZACIONES AFECTADAS O SOLIDARIZADAS CON LOS CONFLICTOS
BIBLIOGRAFÍA

———
(1) Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el partenariado es una manera de entender el desarrollo desde la participación, a través del diálogo y la negociación entre diversos actores que establecen un programa de acciones conjuntas, de manera que los beneficiarios se trasformen en actores de la acción de desarrollo. Siempre desde el respeto a los conocimientos indígenas y la perspectiva local.

Sigue leyendo